11 enero 2013

¡Y ENCIMA TENEMOS LA CULPA NOSOTROS!

En los últimos años todos hemos comprobado cómo se han desplomado los salarios, tanto públicos como privados. También las pensiones han visto reducida su capacidad adquisitiva dado que se han incrementado por debajo del IPC. Las prestaciones por desempleo tampoco se han librado de los recortes. Hemos visto cómo se ha aumentado la edad de jubilación hasta los 67 años y se han endurecido las condiciones para lograr una pensión completa. Los ciudadanos se han visto obligados al copago farmacéutico, del que no se libran ni los pensionistas. Los inmigrantes sin papeles se han visto desatendidos y se les niega la asistencia sanitaria excepto en las urgencias, lo que supone no atender a enfermos crónicos por el hecho de su situación administrativa en la que se encuentran en territorio español. En este asunto ¡se ha llegado al cinismo de sugerirles que se hagan un seguro de 710 euros al año y más de 1.800 si son mayores de 65 años! Las tasas universitarias se han disparado y hay padres que no pueden enviar a sus hijos a la universidad. Se han endurecido las condiciones en las que una beca puede ser concedida. Y en algunas comunidades matricularse en FP de grado medio o superior cuesta más de 360 euros, lo que la convierte en inaccesible para muchos estudiantes sin  ingresos.

Qué decir del incremento generalizado de impuestos y tasas administrativas: IRPF, IVA, impuesto de patrimonio, céntimo sanitario, en muchas autonomías un euro por receta (además del copago establecido por el Gobierno central), incremento del canon del agua, del IBI, del transporte público (tren, bus e incluso taxi), del peaje del túnel de Sóller y los de la península, y así un largo etcétera. Las tasas portuarias y aeroportuarias son más caras, lo que compromete la competitividad de nuestros puertos y aeropuertos, las únicas vías de entrada al archipiélago. Ni siquiera se han librado de esta inaudita voracidad recaudadora los premios de Loterías y Apuestas del Estado, gravados a partir de ahora con el 20% aquellos que superen los 2.500 euros.

En Baleares se han establecido nuevos impuestos, que ahora el Govern del PP denomina impuestos ecológicos: aparcamientos en grandes superficies, bebidas embotelladas y alquiler de vehículos sin conductor. Y se han incrementado de forma generalizada las tasas, amén de crearse algunas nuevas como la inscripción en el registro de parejas de hecho, segunda revisión de la dependencia, amarre de barcos en Cabrera, excursiones en los parques naturales, etc. Padecemos un incremento sustancial del precio de la electricidad, gas, butano, teléfono y de los carburantes, que convierte a Baleares en la comunidad donde los ciudadanos pagan el combustible más caro.

Todo esto hace que el ciudadano medio, acribillado a tasas e impuestos que a menudo son confiscatorios, disponga de mucho menos dinero disponible para gastar, lo que repercute de forma directa en el consumo y singularmente en el comercio y que provoca el cierre de establecimientos y negocios.

Paralelamente a todo esto se ha producido una reducción radical del número de empleados públicos y se han congelado las convocatorias de nuevas ofertas, lo que inevitablemente ha incrementado el número de parados. Los derechos laborales de los asalariados han sufrido una mutilación gravísima con las sucesivas reformas laborales emprendidas por el Gobierno. Se ha abaratado el despido y se han dado mayores facilidades a los empresarios para iniciar expedientes de regulación de ocupación sin supervisión de la Administración. Todo esto nos ha conducido a unas tasas de desempleo record en España que sumadas a la disminución de políticas activas de empleo, cursos de formación para desempleados y servicios de orientación laboral abocan a un callejón sin salida a los casi seis millones de parados que hacen cola en las oficinas de empleo.

Por si todo esto no fuera poco, la imposición de tasas judiciales abusivas en las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa impiden acceder a la Justicia a gente sin los suficientes recursos, lo que favorecerá la comisión de abusos por parte de los poderosos.

La paralización de ayudas a discapacitados y a personas dependientes, la reducción del número de docentes y sanitarios, el cierre de centros de salud y la limitación de los derechos laborales y sindicales configura un panorama catastrófico para el Estado social y democrático de Derecho que reconoce nuestra Constitución, nunca tan en cuestión como ahora.

Y como toda situación por dramática que sea, es susceptible de empeorar, pues además hay quien exige desde los medios de comunicación y desde tribunas públicas una ley de huelga que dificulte el ejercicio de este derecho fundamental reconocido en la Constitución y ponga fin a las protestas de la ciudadanía. Lo que sumado a un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la represión de tales protestas, nos transporta directamente a épocas predemocráticas casi sin darnos cuenta y sin que apenas nadie lo denuncie.

Con ser todo lo dicho gravísimo, lo peor es que se ha inoculado en los ciudadanos el virus de la sospecha general en el vecino. La culpa de todo lo que sucede es nuestra, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. O más concretamente de los funcionarios, o de los inmigrantes sin papeles, o de los ancianos que no pagaban por sus medicamentos, de los universitarios que apenas pagaban por sus estudios o de los sindicalistas liberados. Esto es lo peor de todo, que no nos demos cuenta de que la ciudadanía es la víctima de la desastrosa gestión de una clase política privilegiada y de los abusos de banqueros corruptos y avariciosos. La colocación de Rodrigo Rato en Telefónica, después de haber quebrado Bankia, sin que ni PP ni PSOE hayan movido un dedo para que fuera procesado, lo prueba todo.

1 comentario:

Anónimo dijo...

El ejercicio de la protesta es algo que viene inherente a una cultura. Y por desgracia, los ciudadanos de este país que algunos se empeñan en llamar España y que por más inri quieren llamar Europeo, se lucha siempre contra la protesta salvaguardando lo que llaman el espíritu de la transición, como si dicho espíritu no estuviera ya enterrado en los libros de historia. La transición no se tiene que sostener como el ideal del fomento de los valores democráticos, por el simple hecho de que esta transición no habría tenido sentido si no se hubiera establecido el fascismo en España, transición que se produjo como resultado de la muerte de un dictador y con la disposición en la Jefatura de Estado de alguien de su libre elección (qué engañados que nos tienen con lo de la monarquía...es como el timo de la estampita). Pero como no podemos luchar contra la historia (que ironía), estamos viendo que en según qué aspectos existen sectores que quieren que se repita, tal y como menciona el Sr. Perpinyà en su artículo: el recorte de derechos fundamentales como el derecho a sanidad, educación, y la regulación de un derecho como es el de la Huelga (de qué estamos hablando¡¡¡). Estamos hablando de regular el derecho a la protesta, y el legitimar los medios para controlarla mediante lo que se puede llamar "atrocidad policial", como es la prohibición de grabar imágenes de los representantes del orden público (la imagen la guardia real de los zares que arremetían violentamente contra el pueblo cuando éste protestaba porque se le daba comida podrida se me rememora y me viene a la memoria cuando observo acciones policiales como las que nos han regalado en los últimos tiempo). Por eso mismo, aunque el tono del artículo parece tener un toque alarmista, es un recuento de los atentados a los valores de igualdad que promulga ese texto que parece tan intocable en nuestra sociedad, como es la Constitución. Por eso es positivo que existen voces disonantes, y que la protesta ante los atentados a las libertades individuales y ante lo que puede considerarse abuso y desigualdad, debería educarse no en cuanto a su contenido, sino en cuanto a la forma de detectarlo y de actuar ante él. Aunque el sentido común ya tendría que ser suficiente: pero esto es mucho pedir a muchos de los que se hacen llamar españoles