LA GOTA QUE COLMA EL VASO

Era un día de verano, como hoy, 20 de agosto de 2000. Sallent de Gállego (Huesca). Cuartel de la Guardia Civil. Son las 6 de la mañana. Irene Fernández Pereda, de 32 años y su compañero de patrulla, José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, se disponen a iniciar su servicio hasta las 14:00 h. Se montan en el Nissan Patrol que está aparcado en la calle frente, al cuartel. Allí lleva desde el día anterior por la noche, sin ninguna vigilancia. El cuartel de Sallent de Gállego es de los que no están abiertos las 24 horas por falta de personal, como tantos otros. Tampoco hay circuito cerrado de TV. La patrulla que finalizó el servicio a las 22:00 h. lo dejó aparcado y cerrado en el reservado para vehículos de la Guardia Civil que está a la puerta del cuartel. Los asesinos de ETA aprovecharon esta circunstancia para adosar una bomba lapa con 10 kilos de explosivo en los bajos del todoterreno. Irene Fernández se convirtió así en la primera mujer guardia civil asesinada por ETA. Triste efeméride.

Casi 9 años más tarde, el 30 de julio de este año 2009, ETA coloca una bomba lapa en los bajos de otro Nissan Patrol aparcado frente a la oficina de atención al ciudadano de Magalluf (Calvià). Tuvieron toda la noche para hacerlo, pues los vehículos oficiales de la Guardia Civil en Calvià pasan la noche en la calle. Sin vigilancia, como todo el mundo sabe. Murieron Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. El primer atentado de ETA con víctimas mortales en Baleares. Triste efeméride.

Han pasado casi nueve años entre un atentado y otro, pero los asesinos de ETA han podido actuar siguiendo el mismo modus operandi, y se han encontrado con las mismas facilidades: vehículos policiales aparcados en la vía pública durante horas, también por la noche, sin vigilancia y sin cámaras de seguridad.

Algunos guardias civiles tienen la sensación de estar abandonados a su suerte por los Gobiernos de turno. Y los atentados de Burgos y Mallorca parecen haber sido la gota que colma el vaso de estos pacientes y abnegados funcionarios, que se lo echan todo a la espalda y que sólo protestan en voz alta cuando la razón les desborda, porque saben de qué forma se reprimen las quejas en la Benemérita Institución, gracias a su naturaleza militar, aunque se tenga toda la razón del mundo. Eso aquí es lo de menos.

¿No sabemos todos los españoles en qué estado están la mayoría de las casas cuartel y puestos diseminados por la geografía nacional? Cualquiera que haya visitado uno, lo habrá comprobado con sus propios ojos. Pero tras lo sucedido en Palmanova, los guardias y sus familias han dicho basta, aunque desgraciadamente unos pocos piensen que morir asesinado por ETA viene implícito en el empleo, lo cual es una aberración. Una cosa es que la sociedad no le ponga a ningún polideportivo de nueva construcción el nombre de un guardia civil asesinado por los etarras; o que ninguna fundación de abultado presupuesto lleve el nombre de ningún agente de las fuerzas de seguridad víctima del terrorismo. Pero otra cosa muy distinta es que las instalaciones donde trabajan los agentes carezcan de medidas de seguridad adecuadas.

Los guardias civiles y sus familiares parecen mostrar síntomas de cansancio de poner las víctimas que luego son condecoradas a título póstumo por las autoridades gubernamentales. Y es comprensible, porque llevan desde el 7 de junio de 1968, cuando fue asesinado el guardia civil de tráfico José Pardines Arcay en Villabona (Guipúzcoa) poniendo muchas víctimas, familiares, amigos y compañeros: 208 hasta hoy; y muchas casas cuartel de la Guardia Civil tienen las mismas medidas de seguridad de entonces. O sea, muy pocas. Y a nadie parece importarle, hasta que hay muertos. Es necesario que haya víctimas y entonces, se revisan las medidas de seguridad. Y yo pregunto: ¿cómo se revisaron después del atentado de Sallent de Gállego? ¿Trascurrirán nueve años y volveremos a ver agentes asesinados por bombas lapa en vehículos de la Guardia Civil aparcados en la calle?

El ministro del Interior debe coger el toro por los cuernos y dotar de sistemas de seguridad a todas las instalaciones dependientes de su ministerio. Sólo se trata de dinero. Pero ¿acaso no merece la pena la inversión, en tal de ahorrarnos una sola víctima y ponérselo algo más difícil a las alimañas terroristas? No es fácil encontrar una sola dependencia oficial de cualquier departamento ministerial que no cuente con videocámaras. Sin embargo, en la Guardia Civil parece ser habitual.

La derrota de ETA pasa por la firmeza en nuestras convicciones democráticas y en el Estado de Derecho, la unidad de todos los demócratas para no dar nada a los terroristas y por último, y no menos importante, la seguridad de todos los amenazados directamente por los etarras. Y eso pasa, en la medida de lo posible, por aumentar las medidas de seguridad en las dependencias policiales. Todo riesgo es eliminable, aunque no sea totalmente. Si no lo es, debe ser reducido al mínimo. Y no parece que a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil esta máxima de la protección de riesgos laborales se les haya aplicado con rigor, sino todo lo contrario. El Gobierno debe escuchar las justas reivindicaciones de los guardias civiles. Ha llegado la hora de hacer los esfuerzos que sean necesarios, que sólo son presupuestarios, y no exponer a los guardias civiles a mayores riesgos que los estrictamente indispensables. 208 muertos ya son bastantes, hasta para la Guardia Civil.