Los términos en que la Fiscalía ha redactado la querella por el caso del Hospital de Son Espases son de inusitada dureza, incluso puestos en boca del fiscal Pedro Horrach, que no se ha caracterizado nunca por su flaqueza verbal. Llaman poderosamente la atención algunas de las expresiones usadas, que son sentencias en sí mismas, pero es importante que en asuntos de tanta trascendencia no nos quedemos solo en la literatura ni en las formas, sino en el fondo del asunto. El relato de los hechos deberá ir acompañado de pruebas que corroboren o desmientan las sospechas de la Fiscalía. El Ministerio Público, en su papel de acusador, parte del convencimiento que existió una trama criminal, pero eso no es suficiente.
En cualquier caso, tanto la Fiscalía como el magistrado José Castro (a quien, ¡oh sorpresa!, le ha correspondido por reparto el estudio de la querella y en caso de que se admita a trámite, la instrucción de la causa), deben saber que su trabajo, por más que riguroso y profesional, carece de sentido y está fuera de lugar, porque unas mentes preclaras antes que ellos ya juzgaron hace meses todo lo que sucedió relativo al concurso para la construcción del polémico hospital. Solo tienen que llamar a los miembros de la Comisión de Investigación que en la legislatura pasada esclareció todos los detalles de la operación. Dictaron sentencia en forma de conclusiones. Y ya se sabe que las conclusiones de un Parlamento elegido democráticamente, son mucho más ciertas que a las que pueda llegar cualquier juez o fiscal. La actual consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago (Més) y Antoni Diéguez (PSIB) estarán encantados de declarar ante el juez Castro para ilustrarle sobre los pormenores del caso que nadie conoce tan bien como ellos.
Sostiene el fiscal Horrach que habrá que investigar si se solicitaron y pagaron sobornos o comisiones. Las sospechas son fundadas, pero probarlas no lo es tanto. Si una constructora modesta como Sacresa pudo distraer nada menos que 3 millones de euros para pagar un soborno por el concurso de Can Domenge, sin que ni la Agencia Tributaria ni los sabuesos del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía sospechasen de las enormes cantidades sacadas en efectivo de sus cuentas, ¿qué no podrán hacer constructoras como OHL del marqués de Villar Mir, o aún más FCC del gran Florentino Pérez, en cuyo imperio jamás se pone el sol?
(Publicado en Última Hora)
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