10 mayo 2014

POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS


¿Ha perdido el juez Castro la independencia a lo largo de la instrucción del caso Nóos? Deducir eso solo por haberse atrevido a imputar a la Infanta Cristina no parece muy razonable. Más bien parece lo contrario. No hay por qué dudar de su independencia, ni hay por qué pensar que él no actúa siguiendo fiel y estrictamente su propio criterio, sin injerencias inoportunas de sus superiores y basándose exclusivamente en su convencimiento personal y jurídico. Es una lástima que Castro, siempre tan prudente y discreto, no ofrezca conferencias. Sería estupendo oírle recordar a todo el mundo que si alguien judicializó la investigación del patrimonio de Matas, paralizada desde la Fiscalía General del Estado, fue justamente él. Nadie le acusó entonces  de falta de independencia. Al fin y al cabo, en los últimos años solo dos jueces se han inhibido de instruir causas por presunta corrupción, Pedro Barceló y Antoni Rotger. Lo hicieron alegando amistad con alguno de los imputados. Pero nunca ni un juez ni un fiscal se han abstenido por enemistad manifiesta, cosa que también contempla la Ley. Quizás para preservar la independencia que tanto preocupa ahora, hubiese sido lo más adecuado.

Esta semana hemos comprobado una vez más que cuando la corrupción afecta al PP y al PSOE reciben un trato distinto (sería adecuado denominarlo trato preferente) al dispensado a políticos del resto de formaciones. El sobrecoste en las obras del Ave Madrid – Barcelona (del 203% de lo presupuestado) ha motivado la ‘operación Yogui’ que, de momento, ha supuesto la detención de 9 sospechosos, todos ellos funcionarios de Adif y trabajadores de la constructora Corsan, adjudicataria de las obras. Se sospecha que se hincharon los presupuestos. Vemos cómo la investigación empieza por la base de la pirámide y parece descartarse el mangoneo por parte de responsables políticos. En Baleares habitualmente sucede justo al revés. De entrada todas las sospechas recaen en los políticos, se señala a la cúspide jerárquica y se exonera a los técnicos y funcionarios. Son múltiples los casos en los que las irregularidades no hubieran podido ser cometidas sin la connivencia de funcionarios que miraban hacia otro lado. Y sin embargo se van de rositas. ¿Por qué en el caso del AVE no sucede así? Magdalena Álvarez y José Blanco, ministros de Fomento del PSOE en el periodo investigado, tienen suerte de no vivir en Baleares.

(Publicado en Última Hora)

No hay comentarios: