Esta fue la pregunta que lanzó al Tribunal Supremo Miquel Arbona, abogado de Josep Joan Cardona, el ex conseller de Jaume Matas encarcelado desde el 30 de julio. Ante una condena de 16 años en el ‘caso Scala’, basada exclusivamente en los testimonios de Antònia Ordinas (la de la caja de Cola Cao enterrada en el jardín con 250.000 €) y de Kurt Viaene (quien en vísperas del juicio cambió su versión sostenida más de 4 años), el ex presidente del PP de Ibiza y Formentera defiende su inocencia y sostiene que sus antiguos subordinados, pillados en graves irregularidades ajenas a él, le incriminaron a cambio de sustanciosas –y escandalosas– rebajas de pena tras pactar con la Fiscalía. “Si una persona que tiene el procedimiento en contra por la cantidad de pruebas abrumadoras, no aporta datos objetivos sino que se convierte en fuente de prueba y tiene animadversión hacia quien acusa, ¿dónde está el límite?”, se preguntaba Arbona, juez en excedencia.
Recordaba al alegato que el también ex juez José Antonio
Choclán, defensor de Maria Antònia Munar, pronunció en el ‘caso Can Domenge’
denunciando las técnicas inquisitoriales de la Fiscalía. Citó al inquisidor
Nicolau Eymeric en su Manual para la Inquisición sobre cómo obtener una
confesión de un hereje: “Se procurará convertirlos, enviándoles sacerdotes y
religiosos. Primero en un calabozo cargado de grillos. Si se resistiera, se
buscarían otros medios con blandura como un aposento cómodo. Y si se fallare,
se haría venir a sus hijos y a sus mujeres”. La declaración de Bartomeu Vicens
fue sonsacada bajo amenaza de encarcelar a su esposa, para quien se pedían 13
años en el ‘caso Metalumba’ y que tras el “arrepentimiento” quedaron en una multa.
El propio Vicens confesó presiones en las cartas que envió desde la cárcel a
Munar, pero no bastó para invalidar su testimonio. También Antònia Ordinas vio
como, gracias a su confesión y a su “arrepentimiento”, su esposa Isabel
Rosselló se libraba de la cárcel y era condenada a 18 meses. Y ella misma pasó
de una pena inicial de 20 años a solo 3 años y pico.
Para condenar a alguien no debería ser suficiente con la
palabra de un coimputado pillado con cajas de Cola Cao llenas de dinero
proveniente de comisiones, a quien se ha presionado con encarcelar a su cónyuge
y a quien se acaba condenando mínimamente tras incriminar a sus superiores. El
Supremo debe poner un límite y decir basta.
(Publicado en Última Hora)
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