El 20 de enero de 2007 miles de
agentes de la Guardia Civil nos manifestamos de uniforme, convocados por la
mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), bajo el lema
“Derechos ¡ya!”. Yo entonces lideré la propuesta como secretario general de la
organización convocante. Fui elegido en septiembre de 2006 con un encargo muy
claro: exigir el cumplimiento del programa electoral del PSOE, que en 2004 se
comprometió a eliminar los arrestos del régimen disciplinario de los guardias
civiles, así como restringir la aplicación del Código Penal Militar a las
misiones militares (que son poquísimas y excepcionales) y no durante las
misiones policiales (que son las comunes y generalizadas). Y también la
regulación del asociacionismo profesional en el instituto armado, de modo
similar al reconocido a jueces y fiscales.
Nosotros hicimos generosas
concesiones porque realmente nuestro anhelo y el de la inmensa mayoría de
guardias civiles era entonces, como ahora, la unificación de la Guardia Civil
con el Cuerpo Nacional de Policía (eso sí que supondría ahorro y poner fin al
despilfarro de dos megaestructuras policiales paralelas, una civil y otra
militar, descoordinados y compitiendo entre sí), la desmilitarización de la
Guardia Civil y el reconocimiento del derecho de sindicación.
A través de la negociación con el
Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista logramos llegar a un terreno
común aceptable para el PSOE y para nosotros, que todos los grupos de la oposición
aplaudieron (Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista
Vasco, Izquierda Unida, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Chunta
Aragonesista y Eusko Alkartasuna), excepto el Partido Popular, para quien
resultó inaceptable, al igual que para la cúpula militar de la Guardia Civil y
del Ministerio de Defensa, que se conjuraron para no aplicar aquello que el
Parlamento aprobó mayoritariamente en su día a través de dos leyes orgánicas
(la 11/2007 y la 12/2007, aprobadas en octubre de 2007). La Justicia Militar
fue la encargada de revestir de una apariencia legal lo que constituía una
flagrante y persistente incumplimiento de la Ley y de su espíritu. Pese a la
modificación del Código Penal Militar para evitar su aplicación a los guardias
civiles cuando realizasen funciones policiales, se continuó aplicando a través
de una interpretación torticera de la Ley y con la excusa de que la Guardia
Civil continuaba siendo un cuerpo militar.
19 dirigentes de AUGC fuimos
expedientados y sancionados duramente. Yo mismo, el cabecilla de la revuelta y
quien llevó el peso de las negociaciones, fui apartado de la Guardia Civil
durante un año y casi 6 años después de haber sido sancionado y de haber
cumplido la sanción, aún estoy a la espera de que la Sala de lo Militar (¡qué
paradoja!) del Tribunal Supremo diga la última palabra sobre la legalidad o no
de la sanción. ¡6 años esperando una resolución firme.
Abandoné la Guardia Civil en
noviembre de 2011, pronto hará 2 años, y aunque a mí ya no me afecta
personalmente, se ha anunciado que el Partido Popular se dispone a reformar el
Código Penal Militar, lo que supone un paso atrás y un retroceso a la situación
anterior al año 2007, volviendo a introducir la aplicación de las leyes penales
militares en la Guardia Civil. El Partido Popular estuvo completamente sólo en
2007 defendiendo las cárceles militares para castigar a los guardias civiles.
Ahora consiente en ceder ante el conservadurismo más inmovilista y devolver a
los guardias civiles al marco legal anterior a 2007 sin pensar en las
consecuencias de este retroceso: que volverán a aflorar los problemas que
atenazaban a los guardias civiles sin posibilidad de resolución.
El PP no entiende que la Guardia
Civil no es más eficaz por ser militar, sino todo lo contrario. Y que en todo
caso, tratar del mismo modo a los miembros de la Guardia Civil que a los
militares profesionales es un despropósito, porque sus misiones nada tienen que
ver. Los guardias civiles no son legionarios, ni infantes de marina, ni
paracaidistas, ni sus misiones tienen que ver con las de las Fuerzas Armadas.
Son agentes de policía que realizan misiones relativas a la seguridad
ciudadana. Empeñarse en darles un trato que no es el adecuado avivará tensiones
y problemas que ya hace años deberían haberse superado. Este empecinamiento del
PP en tratar a todos los militares igual, sin atender ni entender que la
Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas, es incomprensible.
Sólo deseo que AUGC y las demás
asociaciones profesionales estén a la altura de las circunstancias y de la
gravedad del paso atrás que se pretende imponer, y estén dispuestas a combatir
democráticamente para impedir un atropello de este calibre. Que lo que nos
llevó a manifestarnos a la calle en 2007, vuelva a convocarnos ahora, sin
ningún miedo.
(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/8241-un-enorme-paso-atras-en-la-guardia-civil)
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