09 julio 2013

UN ENORME PASO ATRÁS EN LA GUARDIA CIVIL

El 20 de enero de 2007 miles de agentes de la Guardia Civil nos manifestamos de uniforme, convocados por la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), bajo el lema “Derechos ¡ya!”. Yo entonces lideré la propuesta como secretario general de la organización convocante. Fui elegido en septiembre de 2006 con un encargo muy claro: exigir el cumplimiento del programa electoral del PSOE, que en 2004 se comprometió a eliminar los arrestos del régimen disciplinario de los guardias civiles, así como restringir la aplicación del Código Penal Militar a las misiones militares (que son poquísimas y excepcionales) y no durante las misiones policiales (que son las comunes y generalizadas). Y también la regulación del asociacionismo profesional en el instituto armado, de modo similar al reconocido a jueces y fiscales.
 
Nosotros hicimos generosas concesiones porque realmente nuestro anhelo y el de la inmensa mayoría de guardias civiles era entonces, como ahora, la unificación de la Guardia Civil con el Cuerpo Nacional de Policía (eso sí que supondría ahorro y poner fin al despilfarro de dos megaestructuras policiales paralelas, una civil y otra militar, descoordinados y compitiendo entre sí), la desmilitarización de la Guardia Civil y el reconocimiento del derecho de sindicación.
 
A través de la negociación con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista logramos llegar a un terreno común aceptable para el PSOE y para nosotros, que todos los grupos de la oposición aplaudieron (Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista y Eusko Alkartasuna), excepto el Partido Popular, para quien resultó inaceptable, al igual que para la cúpula militar de la Guardia Civil y del Ministerio de Defensa, que se conjuraron para no aplicar aquello que el Parlamento aprobó mayoritariamente en su día a través de dos leyes orgánicas (la 11/2007 y la 12/2007, aprobadas en octubre de 2007). La Justicia Militar fue la encargada de revestir de una apariencia legal lo que constituía una flagrante y persistente incumplimiento de la Ley y de su espíritu. Pese a la modificación del Código Penal Militar para evitar su aplicación a los guardias civiles cuando realizasen funciones policiales, se continuó aplicando a través de una interpretación torticera de la Ley y con la excusa de que la Guardia Civil continuaba siendo un cuerpo militar.
 
19 dirigentes de AUGC fuimos expedientados y sancionados duramente. Yo mismo, el cabecilla de la revuelta y quien llevó el peso de las negociaciones, fui apartado de la Guardia Civil durante un año y casi 6 años después de haber sido sancionado y de haber cumplido la sanción, aún estoy a la espera de que la Sala de lo Militar (¡qué paradoja!) del Tribunal Supremo diga la última palabra sobre la legalidad o no de la sanción. ¡6 años esperando una resolución firme.
 
 
Abandoné la Guardia Civil en noviembre de 2011, pronto hará 2 años, y aunque a mí ya no me afecta personalmente, se ha anunciado que el Partido Popular se dispone a reformar el Código Penal Militar, lo que supone un paso atrás y un retroceso a la situación anterior al año 2007, volviendo a introducir la aplicación de las leyes penales militares en la Guardia Civil. El Partido Popular estuvo completamente sólo en 2007 defendiendo las cárceles militares para castigar a los guardias civiles. Ahora consiente en ceder ante el conservadurismo más inmovilista y devolver a los guardias civiles al marco legal anterior a 2007 sin pensar en las consecuencias de este retroceso: que volverán a aflorar los problemas que atenazaban a los guardias civiles sin posibilidad de resolución.
 
El PP no entiende que la Guardia Civil no es más eficaz por ser militar, sino todo lo contrario. Y que en todo caso, tratar del mismo modo a los miembros de la Guardia Civil que a los militares profesionales es un despropósito, porque sus misiones nada tienen que ver. Los guardias civiles no son legionarios, ni infantes de marina, ni paracaidistas, ni sus misiones tienen que ver con las de las Fuerzas Armadas. Son agentes de policía que realizan misiones relativas a la seguridad ciudadana. Empeñarse en darles un trato que no es el adecuado avivará tensiones y problemas que ya hace años deberían haberse superado. Este empecinamiento del PP en tratar a todos los militares igual, sin atender ni entender que la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas, es incomprensible.

Sólo deseo que AUGC y las demás asociaciones profesionales estén a la altura de las circunstancias y de la gravedad del paso atrás que se pretende imponer, y estén dispuestas a combatir democráticamente para impedir un atropello de este calibre. Que lo que nos llevó a manifestarnos a la calle en 2007, vuelva a convocarnos ahora, sin ningún miedo.
 

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