03 enero 2015

PENALISMO A LA CARTA


La Fiscalía de Barcelona ha anunciado que recurrirá el tercer grado que la Conselleria de Justicia de Catalunya otorgó antes de Navidad a José Luis Núñez, padre e hijo. No hay por qué pensar que el trato de favor otorgado a los Núñez tenga algo que ver con su posición en el puesto 67º de las grandes fortunas españolas, estimada entre 400 y 500 millones €. De ahí que haya que aplaudir el recurso, aunque solo sea para que parezca que se trata a todos los corruptos por igual.
 
Román Sanahuja, propietario de la constructora Sacresa, fue uno de los denunciados por Núñez en el caso Can Domenge. Sanahuja acordó con el Consell de Mallorca de Maria Salom pagar inmediatamente 3 millones de euros. Gracias a eso las acusaciones suavizaron sus peticiones de cárcel y la cosa quedó en una condena a 12 meses sustituibles por 180.000 euros de multa, cuando inicialmente se pedían 2 años de prisión. Pues bien, Sanahuja pagó solo 2 millones y debe uno, por lo que no ha cumplido con su compromiso adquirido ante los magistrados de la Audiencia Provincial. El Consell se lo reclama, pero él aún no ha pagado. Sin embargo no se queda ahí el asunto porque ahora Sacresa y Ferratur, la UTE que ganó el concurso de Can Domenge (concurso que los jueces declararon fraudulento y amañado) reclaman por vía judicial al Ayuntamiento de Palma 1,2 millones € que pagaron por las licencias de obra para construir en el polémico solar. Igual Sacresa pretende pagar al Consell con el dinero que le saque a Cort, lo que resulta paradójico.
 
A menudo muchos critican el urbanismo a la carta, pero no se alteran cuando ven  “penalismo” a la carta, igual de escandaloso. Los sindicatos exigían la modificación del art. 315 del Código Penal para evitar casos como el de Katiana Vicens, la líder de CC.OO. juzgada por un delito contra los derechos de los trabajadores del que resultó absuelta, aunque condenada por daños y coacciones a pagar 4.000 euros. El Gobierno ha aceptado complacerles y suavizará la pena de prisión en estos casos. Pareciera la contraprestación que reciben los sindicatos por su fotografía junto a la CEOE para firmar en La Moncloa su primer acuerdo social con Mariano Rajoy, la ayuda de 426 euros para parados de larga duración. Sin embargo Katiana calificó de electoralista la reforma del Código Penal que hasta ahora su sindicato suplicaba. ¿Pero no era lo que pedían hasta ahora? ¿Alguien lo entiende?
 
(Publicado en Última Hora)

No hay comentarios: