La Fiscalía de Barcelona ha anunciado que recurrirá el tercer grado que la Conselleria de Justicia de Catalunya otorgó antes de Navidad a José Luis Núñez, padre e hijo. No hay por qué pensar que el trato de favor otorgado a los Núñez tenga algo que ver con su posición en el puesto 67º de las grandes fortunas españolas, estimada entre 400 y 500 millones €. De ahí que haya que aplaudir el recurso, aunque solo sea para que parezca que se trata a todos los corruptos por igual.
Román Sanahuja, propietario de la constructora
Sacresa, fue uno de los denunciados por Núñez en el caso Can Domenge. Sanahuja
acordó con el Consell de Mallorca de Maria Salom pagar inmediatamente 3
millones de euros. Gracias a eso las acusaciones suavizaron sus peticiones de
cárcel y la cosa quedó en una condena a 12 meses sustituibles por 180.000 euros
de multa, cuando inicialmente se pedían 2 años de prisión. Pues bien, Sanahuja
pagó solo 2 millones y debe uno, por lo que no ha cumplido con su compromiso
adquirido ante los magistrados de la Audiencia Provincial. El Consell se lo
reclama, pero él aún no ha pagado. Sin embargo no se queda ahí el asunto porque
ahora Sacresa y Ferratur, la UTE que ganó el concurso de Can Domenge (concurso
que los jueces declararon fraudulento y amañado) reclaman por vía judicial al
Ayuntamiento de Palma 1,2 millones € que pagaron por las licencias de obra para
construir en el polémico solar. Igual Sacresa pretende pagar al Consell con el
dinero que le saque a Cort, lo que resulta paradójico.
A menudo muchos critican el urbanismo a la carta, pero no se
alteran cuando ven “penalismo” a la
carta, igual de escandaloso. Los sindicatos exigían la modificación del art.
315 del Código Penal para evitar casos como el de Katiana Vicens, la
líder de CC.OO. juzgada por un delito contra los derechos de los trabajadores
del que resultó absuelta, aunque condenada por daños y coacciones a pagar 4.000
euros. El Gobierno ha aceptado complacerles y suavizará la pena de prisión en
estos casos. Pareciera la contraprestación que reciben los sindicatos por su
fotografía junto a la CEOE para firmar en La Moncloa su primer acuerdo social
con Mariano Rajoy, la ayuda de 426 euros para parados de larga duración.
Sin embargo Katiana calificó de electoralista la reforma del Código Penal que
hasta ahora su sindicato suplicaba. ¿Pero no era lo que pedían hasta ahora?
¿Alguien lo entiende?
(Publicado en Última Hora)
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