Qué decir del incremento
generalizado de impuestos y tasas administrativas: IRPF, IVA, impuesto de patrimonio,
céntimo sanitario, en muchas autonomías un euro por receta (además del copago establecido
por el Gobierno central), incremento del canon del agua, del IBI, del transporte
público (tren, bus e incluso taxi), del peaje del túnel de Sóller y los de la
península, y así un largo etcétera. Las tasas portuarias y aeroportuarias son más
caras, lo que compromete la competitividad de nuestros puertos y aeropuertos,
las únicas vías de entrada al archipiélago. Ni siquiera se han librado de esta
inaudita voracidad recaudadora los premios de Loterías y Apuestas del Estado,
gravados a partir de ahora con el 20% aquellos que superen los 2.500 euros.
En Baleares se
han establecido nuevos impuestos, que ahora el Govern del PP denomina impuestos
ecológicos: aparcamientos en grandes superficies, bebidas embotelladas y
alquiler de vehículos sin conductor. Y se han incrementado de forma
generalizada las tasas, amén de crearse algunas nuevas como la inscripción en
el registro de parejas de hecho, segunda revisión de la dependencia, amarre de
barcos en Cabrera, excursiones en los parques naturales, etc. Padecemos un incremento
sustancial del precio de la electricidad, gas, butano, teléfono y de los
carburantes, que convierte a Baleares en la comunidad donde los ciudadanos pagan
el combustible más caro.
Todo esto hace
que el ciudadano medio, acribillado a tasas e impuestos que a menudo son
confiscatorios, disponga de mucho menos dinero disponible para gastar, lo que repercute
de forma directa en el consumo y singularmente en el comercio y que provoca el
cierre de establecimientos y negocios.
Paralelamente a
todo esto se ha producido una reducción radical del número de empleados
públicos y se han congelado las convocatorias de nuevas ofertas, lo que inevitablemente
ha incrementado el número de parados. Los derechos laborales de los asalariados
han sufrido una mutilación gravísima con las sucesivas reformas laborales
emprendidas por el Gobierno. Se ha abaratado el despido y se han dado mayores
facilidades a los empresarios para iniciar expedientes de regulación de
ocupación sin supervisión de la Administración. Todo esto nos ha conducido a
unas tasas de desempleo record en España que sumadas a la disminución de
políticas activas de empleo, cursos de formación para desempleados y servicios
de orientación laboral abocan a un callejón sin salida a los casi seis millones
de parados que hacen cola en las oficinas de empleo.
Por si todo esto no fuera poco, la imposición de tasas judiciales abusivas en las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa impiden acceder a la Justicia a gente sin los suficientes recursos, lo que favorecerá la comisión de abusos por parte de los poderosos.
La paralización
de ayudas a discapacitados y a personas dependientes, la reducción del número
de docentes y sanitarios, el cierre de centros de salud y la limitación de los derechos
laborales y sindicales configura un panorama catastrófico para el Estado social
y democrático de Derecho que reconoce nuestra Constitución, nunca tan en
cuestión como ahora.
Y como toda
situación por dramática que sea, es susceptible de empeorar, pues además hay
quien exige desde los medios de comunicación y desde tribunas públicas una ley
de huelga que dificulte el ejercicio de este derecho fundamental reconocido en
la Constitución y ponga fin a las protestas de la ciudadanía. Lo que sumado a
un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en la represión de tales protestas, nos transporta directamente
a épocas predemocráticas casi sin darnos cuenta y sin que apenas nadie lo denuncie.
Con ser todo lo
dicho gravísimo, lo peor es que se ha inoculado en los ciudadanos el virus de
la sospecha general en el vecino. La culpa de todo lo que sucede es nuestra,
que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. O más concretamente de
los funcionarios, o de los inmigrantes sin papeles, o de los ancianos que no
pagaban por sus medicamentos, de los universitarios que apenas pagaban por
sus estudios o de los sindicalistas liberados. Esto es lo peor de todo, que no nos demos cuenta de que la ciudadanía
es la víctima de la desastrosa gestión de una clase política privilegiada y de los
abusos de banqueros corruptos y avariciosos. La colocación de Rodrigo Rato en Telefónica,
después de haber quebrado Bankia, sin que ni PP ni PSOE hayan movido un dedo para
que fuera procesado, lo prueba todo.
1 comentario:
El ejercicio de la protesta es algo que viene inherente a una cultura. Y por desgracia, los ciudadanos de este país que algunos se empeñan en llamar España y que por más inri quieren llamar Europeo, se lucha siempre contra la protesta salvaguardando lo que llaman el espíritu de la transición, como si dicho espíritu no estuviera ya enterrado en los libros de historia. La transición no se tiene que sostener como el ideal del fomento de los valores democráticos, por el simple hecho de que esta transición no habría tenido sentido si no se hubiera establecido el fascismo en España, transición que se produjo como resultado de la muerte de un dictador y con la disposición en la Jefatura de Estado de alguien de su libre elección (qué engañados que nos tienen con lo de la monarquía...es como el timo de la estampita). Pero como no podemos luchar contra la historia (que ironía), estamos viendo que en según qué aspectos existen sectores que quieren que se repita, tal y como menciona el Sr. Perpinyà en su artículo: el recorte de derechos fundamentales como el derecho a sanidad, educación, y la regulación de un derecho como es el de la Huelga (de qué estamos hablando¡¡¡). Estamos hablando de regular el derecho a la protesta, y el legitimar los medios para controlarla mediante lo que se puede llamar "atrocidad policial", como es la prohibición de grabar imágenes de los representantes del orden público (la imagen la guardia real de los zares que arremetían violentamente contra el pueblo cuando éste protestaba porque se le daba comida podrida se me rememora y me viene a la memoria cuando observo acciones policiales como las que nos han regalado en los últimos tiempo). Por eso mismo, aunque el tono del artículo parece tener un toque alarmista, es un recuento de los atentados a los valores de igualdad que promulga ese texto que parece tan intocable en nuestra sociedad, como es la Constitución. Por eso es positivo que existen voces disonantes, y que la protesta ante los atentados a las libertades individuales y ante lo que puede considerarse abuso y desigualdad, debería educarse no en cuanto a su contenido, sino en cuanto a la forma de detectarlo y de actuar ante él. Aunque el sentido común ya tendría que ser suficiente: pero esto es mucho pedir a muchos de los que se hacen llamar españoles
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