Can Domenge se ha convertido en un embrollo jurídico tal que ni las diferentes acusaciones y la instructora coinciden con las mismas figuras delictivas. La fiscalía les acusa de: prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración, pidiendo seis años de prisión para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer. La jueza en noviembre apreciaba: prevaricación, fraude a la administración, facilitación y uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos, coincidiendo con el ministerio público sólo en dos delitos.
Ahora, el Consell de Mallorca en manos de Francina Armengol, pide nueve años de cárcel (obviando que debe su cargo a las mismas personas contra quienes ejerce la acusación particular) y mantiene la malversación de caudales públicos, cuando no cabe aplicar tal delito según la fiscalía. Arguye que lo hace como única forma de recuperar Can Domenge, pero Sacresa y Ferrá Tur le ofrecieron devolver el solar a cambio del dinero pagado por él y al PSOE no le interesó.
Por su parte, Sacresa pactó con la fiscalía diciendo lo que los fiscales querían oír, centrando la acusación en el pater familias Román Sanahuja y librando a sus cuatro hijos de sentarse en el banquillo. Un nuevo ejercicio que a los ciudadanos les repugna, pues los pactos con la fiscalía son moralmente inaceptables.
Los querellantes Núñez i Navarro, que ofertaron 60 millones de euros suponiendo que ni los tendrían que pagar ni el solar los valía, piden 10 años porque, como ha confirmado el Juzgado contencioso administrativo nº 3 de Palma, se frustró el pelotazo de levantar viviendas de lujo en la fachada marítima. Ofrecieron una millonada en el concurso sin cuestionar el pliego de condiciones jamás ni oponerse a la concesión a Sacresa, lo que les ha legitimado para querellarse y así vengarse de los políticos de UM porque catalogaron como BIC el edificio de GESA.
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