Nada más y nada menos que 22 días de huelga entre los meses de abril y julio (incluyendo la Semana Santa) han convocado los sindicatos que representan a los 11.000 trabajadores de AENA, la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que según decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero va a ser privatizada. En comunidades turísticas como Baleares, este anuncio supone un verdadero terremoto empresarial, político y social porque cuando media Europa está decidiendo dónde va a pasar sus vacaciones, se les envía el mensaje de que si optan por venir a Baleares, igual se encuentran con un caos importante en los aeropuertos, con retrasos y cancelaciones de vuelos.
Ante esta difícil tesitura, siempre hay quien, frente al anuncio en tiempo y forma y posterior ejercicio de un derecho constitucional (art. 28.2 CE) como es el derecho de huelga, carga las tintas sobre los trabajadores que se ven abocados a tan dura acción porque no tienen otra medida de presión, debido a que se pretende poner en manos de empresas privadas (en mayor o menor medida) lo que hasta ahora estaba completamente en manos de un ente público y los trabajadores han superado las correspondientes oposiciones.
Hay algunos que se atreven a tanto como a sugerir que se apruebe una ley de huelga, pero no lo proponen con la sana intención de favorecer o garantizar su ejercicio, sino para limitarlo a las bravas, cercenando un derecho fundamental. El mismísimo presidente de Ryanair (excelente compañía que todo el mundo sabe cuanto respeto profesa no sólo a los derechos de sus clientes, sino también a los derechos de sus trabajadores…) ha exigido a la Unión Europea que limite el ejercicio de huelga. No se reclama que haya avances en la negociación colectiva, sino que se exige la decapitación del Estado social. Yo estoy claramente a favor de una ley de huelga que permita superar el caduco y pre constitucional marco legal que impone eñ Real Decreto Ley 17/1977, y permita conjugar de forma más apropiada tanto el derecho de huelga como la prestación de los servicios esenciales a la comunidad. Pero no me parece bien que solo se reclame esta ley desde el punto de vista de aquellos que quieren cercenar un derecho constitucional y privar de él a miles de trabajadores.
De este y otros asuntos tuvimos oportunidad de charlar anoche en el programa ‘Tot 4’ del nuevo Canal 4 Business y subo el vídeo para aquellos a quienes les interese saber mi opinión sobre la privatización de AENA, la postura de los trabajadores y las repercusiones en los ciudadanos de Baleares y de los usuarios del transporte aéreo, que de forma forzosa somos todos en un archipiélago.
Por supuesto, deseo que se llegue a un acuerdo justo entre AENA y los sindicatos CC.OO, UGT y USO, pero no me parece bien que se criminalice de la huelga únicamente a los trabajadores. Es verdad que ellos deciden los días que las hacen (y pierden el salario correspondiente), pero es el Gobierno quien ha decidido privatizar y, además, fijará los servicios mínimos que ya veremos cuán respetuosos serán con el derecho de huelga de los trabajadores.
Quisiera apuntar, por último, cuando se critican las fechas en que la huelga ha sido convocada (el president Antich lo ha calificado de absolutament inoportuna y a mi me gustaría saber cuándo le parecería a él oportuna o justificada...), se olvida que los trabajadores de AENA ya hicieron en su día un ejercicio de responsabilidad cuando aplazaron sus legítimas protestas para cuando se hubiese solucionado el conflicto con los controladores aéreos y el SEPLA. Téngase eso en cuenta y que nadie caiga en el engaño de confundir y comparar las protestas de ahora con las de los controladores, que fueron ilegales y que nunca pudieron recibir el nombre de huelga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario