La reducción de la velocidad máxima de circulación en autopistas y autovías para turismos y motocicletas en 10 km/h es la nueva ocurrencia que ha alumbrado el Gobierno para hacer frente al encarecimiento del precio del petróleo. A partir de ahora, el máximo permitido es de 110 km/h, y aquellos conductores de turismos y motos pillados por los radares de la Guardia Civil de Tráfico a una velocidad de entre 111 y 140 km/h serán multados con 100 euros. Por supuesto, el ministro Miguel Sebastián ha dicho hoy que es “absurdo” que se acuse al Gobierno de afán recaudatorio, porque Hacienda también recaudará menos por el impuesto sobre los hidrocarburos. Y tiene razón, pero sin duda recaudará muchísimo más en las multas por exceso de velocidad, cosa que se ha guardado mucho de comentar.
Lo que considero un abuso es que una medida como la expuesta sea obligatoria en todo el territorio nacional, y sin embargo, otra medida aprobada en el paquete de ahorro –al menos así se anunció en el Consejo de Ministros- y que beneficia a los ciudadanos que utilizan el transporte público, no sea aplicada en todo el territorio nacional, sino allí donde quiera el gobierno autonómico de turno. De tal modo que en Baleares, aunque gobierna un Ejecutivo del mismo color político que el Gobierno central y también está presidido por un miembro del PSOE, se decide que no se bajan las tarifas de tren y se quedan tan panchos.
La portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, elogió el viernes pasado la medida del recorte de la velocidad máxima permitida, pero no le pareció oportuno rebajar el precio de tren en Mallorca (aviso para quien no lo sepa que esta es la única isla del archipiélago que cuenta con tren). Y teniendo en cuenta que como ciudadanos españoles que somos, también pagamos con nuestros impuestos a la RENFE, compañía de la cual no recibimos ningún servicio en todo el territorio, una vez más nos vemos agraviados y humillados como ciudadanos isleños. Pero en esta ocasión, y aquí viene lo más escandaloso del asunto, por decisión de nuestro propio gobierno autonómico, en teoría aquel que nos representa y nos defiende. Y probado queda lo bien que lo hace en esta ocasión…
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