Parece que poco a poco las cosas van recobrando la senda de la lógica a través de la negociación entre AENA y los sindicatos de los trabajadores de esta empresa pública. Hoy mismo la Federación de Servicios Públicos de UGT ha hecho público un comunicado de prensa anunciando que el ministerio de Fomento les ha hecho una contrapropuesta, lo que supone un paso adelante destacable en la negociación. Dicen también que el documento que les ha propuesto Fomento no es ya un borrador preliminar, sino que constituye una propuesta coherente y estructurada con la que poder sentarse a buscar una solución y, además, recoge aspectos hasta ahora considerados líneas rojas por la dirección de AENA. Y añaden “considerado todo lo cual, el texto constituye una oferta real de negociación, por primera vez en todo el proceso, que es el primer paso para vislumbrar que existe un camino, difícil pero posible, para la resolución del conflicto”.
Ayer mismo se produjo un debate en el club Diario de Mallorca para analizar este conflicto y sus peligrosas consecuencias en la temporada turística balear, donde intervinieron el dirigente de CC.OO. y miembro de la ejecutiva estatal en Aena, Ramón Carreras; la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Marilén Pol; el delegado sindical de UGT, Miquel Mas; la presidenta de las agencias Aviba, Sylvia Riera; y el director general de Desarrollo Turístico del Govern de les Illes Balears, Antoni Munar. El titular que en las páginas de Diario de Mallorca podemos leer es: “Sindicatos y patronal culpan al Gobierno en el conflicto de Aena” y se subtitula “la privatización de los aeropuertos despierta el rechazo de los trabajadores y los empresarios”. (Ver noticia en Diario de Mallorca)
Ayer, en la tertulia del programa “Bon dia Balears” de IB3 TV, con Joana Maria Roque, tuve la oportunidad nuevamente de exponer mi opinión sobre el conflicto derivado de la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) e insistir en los argumentos que utilizo contra aquellos que pretenden cercenar el derecho de huelga o, yendo más lejos, deslegitimar la función constitucional de los sindicatos.
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