08 noviembre 2014

MÁXIMA ALARMA


Ante la situación de “máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política” que denuncian en un comunicado 5 asociaciones de jueces y fiscales, era previsible que la sección 2ª de la Audiencia no dejase ir sin más a Cristina de Borbón. Hubiesen podido evitar que fuera juzgada, asumiendo las tesis de su defensa y de la Fiscalía –a la que censuran duramente por criticar al juez Castro y por considerar que carecía de interés en recurrir y de legitimación–, pero no lo han hecho. Admiten que pueden existir 2 delitos fiscales cometidos por la infanta, aunque la exoneran del blanqueo de capitales. Es curioso porque estos mismos jueces, en otros asuntos muy  relevantes, han condenado al considerar lógico que unos acusados debían estar al corriente de lo que hacían sus subordinados; pero la hermana del Rey no tenía por qué saber de las fechorías que cometía su esposo y de cuyo fruto ella se beneficiaba a través de Aizoon, sociedad pantalla participada al 50% por ambos cónyuges. La infanta debe renunciar ya a sus derechos dinásticos y prepararse para ir a juicio. Sus abogados han sufrido un durísimo  varapalo y deberán encomendarse a la doctrina Botín, de dudosa aplicación a este caso.
 
Jueces y fiscales se han erigido como el último dique de contención contra la corrupción. Esta “máxima alarma” aconseja a la Fiscalía recurrir el 3er grado de Jaume Matas. Nadie se conforma con verle entrar en prisión por una condena de 9 meses por la que nadie sería encarcelado. Ahora se exige abolir la progresión de grado e incluso aprobar el cumplimiento íntegro de penas, como a los terroristas. ¡Ejemplaridad! Se alega la alarma social que causa que Matas salga de la prisión, pero Antònia Ordinas y Felipe Ferré, condenados a más de 3 años de cárcel, ya disfrutan de permisos, salen a la calle y nadie se alarma por eso. Los socialistas acusan al Gobierno de conceder un indulto encubierto a Matas al otorgarle el 3er grado pero ellos, como el resto de grupos parlamentarios, apoyaron en 1979 la Ley Penitenciaria. Seguramente se les olvidó impedir la progresión de grado si el penado se apellida Matas. En circunstancias normales el expresident estaría 3 meses encerrado, 3 en 3er grado y 3 en libertad condicional, pero no vivimos en la normalidad y los jueces y fiscales han determinado que a grandes males, grandes remedios, con el grado de injusticia que eso conlleva.
 
(Publicado en Última Hora)

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