Katiana Vicens, líder de CC.OO. Baleares, ha recurrido la condena a pagar una multa de 3.960 euros que le fue impuesta por un delito de coacciones y otro de daños. Por suerte para ella resultó absuelta de la acusación más grave, un delito contra los derechos de los trabajadores por el que la Fiscalía solicitaba (y sigue solicitando, ya que también ha recurrido con una persistencia digna de mejor causa) 4 años y medio de cárcel, cosa excesiva a todas luces. Tras el juicio Vicens criticó que la actuación del Ministerio Público rozaba la inconstitucionalidad. PSIB, MÉS, UGT y STEI-i, entre otros, le mostraron su apoyo.
También acabamos de conocer la condena a Marcel Pich
de Endavant-OSAN y Robert Abela de CGT, a 8 meses de cárcel y 240 euros
de multa. La Fiscalía les acusó de desorden público, lesiones y atentado a la
autoridad durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012, por lo que
pedía 4 años de cárcel para cada uno de ellos, muy lejos de la pena impuesta
afortunadamente. A raíz de esta condena, el sindicato STEI-i ha denunciado el
“montaje policial y judicial” llevado a cabo contra Pich y Abela, y rechaza “la
represión contra las personas que impulsan el despertar del pueblo mallorquín”.
MÉS se pronunció en parecidos términos, mostrando su solidaridad con los
condenados y rechazando “la criminalización de los movimientos sociales y
sindicales”.
La izquierda nacionalista considera toda actuación judicial
contra sus afines o amigos como actos de represión intolerables, mientras que
las actuaciones policiales y judiciales contra otras formaciones políticas,
entidades sociales o colectivos son aplaudidas y jaleadas. Cuando han ocurrido,
los de MÉS se han felicitado públicamente pero cuando son ellos los puestos en
la picota, se trata de actuaciones represivas contra el pueblo mallorquín. Los
de Biel Barceló hablan de “acción coordinada desde altas instancias del
Estado Español”, pero sólo alzan la voz cuando los suyos o sus allegados son
las pretendidas víctimas. Si los procesos son a otros, se trata de la pura y
simple acción de la Justicia. No les parece censurable la interrupción a gritos
de una celebración religiosa en un templo católico, ni la ocupación tumultuosa del
despacho de un conseller, pero si se juzga y condena a dos activistas por
enfrentarse a la Policía, estamos ante un montaje policial y judicial. ¡Y luego
querrán que los tomemos en serio!
(Publicado en Última Hora)
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