12 julio 2014

ARREPENTIDOS DE CONVENIENCIA


Katiana Vicens de CC.OO. afirma que “lo más grave es sentir que la Fiscalía te persigue”. En mayo dijo: “yo siempre había pensado que eran quienes acusaban los que tenían que probar que se había cometido un delito, y que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero ahora veo que no es así”. Katiana se siente  perseguida por la Fiscalía. Es algo que le ha sucedido a mucha gente en Baleares. Parecido a lo que debe sentir Joan Font, portavoz de Més en el Consell, imputado en un caso de falsedad documental para supuestamente beneficiar a la empresa de un amigo de su pueblo. Se declara inocente –y lo es hasta que un tribunal sentencie lo contrario– y afirma que no piensa dimitir. Parece que excepto Joana Lluïsa Mascaró nadie de entre las filas econacionalistas está dispuesto a beber del aceite de ricino que ellos iban recetando a todo el mundo. La credibilidad se les está yendo de entre los dedos porque no es lo mismo predicar que dar trigo.

Igual de escasos de credibilidad están los arrepentidos de conveniencia, contritos de nada pero capaces de ver que conviene decir lo que la Fiscalía quiere oír en tal de librarse de la cárcel o de obtener una suculenta rebaja de pena. El estrambótico caso del tesorero del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, es de vergüenza ajena. Una vez más vemos cómo un imputado cambia de versión para acusar a otros sin la más mínima prueba para beneficiarse directamente. ¿A eso le llaman colaborar con la Justicia? ¡Venga ya! Como afirma el juez Castro, se exige un “acto de fe”. En este caso y en tantos otros donde el cambio de versión se ha producido en vísperas del juicio y sin probar absolutamente nada. En la mayoría de casos los jueces han creído y han condenado, pero al margen de las pruebas. Como un acto de fe.

Otro “arrepentido” de conveniencia, Bartomeu Vicens, impulsó en 2004 un cambio urbanístico para aumentar la edificabilidad en todos los polígonos de Mallorca. Tras la sentencia del caso Metalumba, Cort inició la modificación del PGOU para anular aquella normativa. Ahora los industriales de Asima recogen firmas para que el Ayuntamiento de Palma no cambie nada. O sea, que el cambio que promovió Vicens fue positivo, al margen de que cobrase comisiones.

Jaume Matas y Antonio Alemany deberán ingresar en la cárcel. El gobierno de Rajoy les ha denegado el indulto. No se pueden quejar. Otros les llevan años de ventaja.

(Publicado en Última Hora)

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