Cuando en su mensaje de Navidad el rey dijo aquella obviedad de “afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”, aunque días más tarde se apresuró a precisar ante los periodistas que no se refería a su yerno, Iñaki Urdangarín, mucha gente creyó que sus palabras eran sinceras. La decisión de apartar de los actos oficiales al duque de Palma reafirmaba esta teoría. Pero ahora sabemos que no era verdad.
Viendo con cierta perspectiva el estrambote protagonizado por la Casa Real para anunciar que Urdangarín quedaba apartado de los actos oficiales de la familia del rey, con el patético cruce de comunicados y desmentidos que hace unos días le ha costado el cargo al jefe de prensa Ramón Iribarren, nadie en su sano juicio puede creer que ante la catarata de informaciones aparecidas sobre la hija del rey, la infanta Cristina y su marido, en Zarzuela se estén quietecitos y sin hacer nada, confiando en la Justicia, en la profesionalidad del juez Castro y en que pronto todo se aclare convenientemente. No es sensato pensar eso. Y menos cuando el jueves día 2, en un acto de la Federación de Colegios de Abogados de Europa el rey dijo “Quiero subrayar la especial protección que merece el derecho de defensa, del que deben gozar todos los ciudadanos en cualquier Estado de Derecho”. ¡Qué casualidad!
Es natural que el rey mueva todos los resortes a su alcance (y nadie puede dudar que son muchos y muy poderosos) para defender a su familia. Se busca que en primer lugar, el estropicio no vaya a más. Y después que su yerno salga lo mejor parado posible. Es absolutamente comprensible. Pero no lo es tanto como para que al resto de simples mortales, que diría el juez Castro, nos creamos que no hay trato de favor con Urdangarín. El cortafuegos creado por Zarzuela y materializado por la fiscalía anticorrupción, se ha mostrado eficaz hasta ahora para evitar que la infanta Cristina sea siquiera llamada a declarar en calidad de testigo, cuando más de 110 empleados del Instituto Nóos han sido interrogados por el fiscal Pedro Horrach en Barcelona y seguro que tenían infinitamente menos implicación que la esposa de Urdangarín, quien por lo demás es propietaria al 50% y secretaria de Aizoon, una de las empresas que habrían servido para vaciar patrimonialmente el citado Instituto Nóos. El ministerio fiscal tampoco considera necesario interrogar al tesorero de Nóos, Carlos García Revenga, quien además es secretario personal de las infantas Elena y Cristina, y por tanto alto funcionario de la Casa Real. Lo dicho va totalmente en contra de toda lógica, como ya ha apuntado a título particular el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano. Además, el sindicato de funcionarios Manos Limpias, personado como acusación popular en la causa, ha manifestado su intención de pedir que la infanta Cristina sea citada como imputada al ser “beneficiaria de los supuestos ingresos fraudulentos”. Por tanto, la fiscalía está plenamente imbuida de la importancia de su misión y del mantenimiento del robusto cortafuego que impida a las llamas alcanzar a la hija del rey, a su secretario y alto funcionario Carlos García Revenga y/o al propio monarca.
Pero como sucede que el magistrado titular del juzgado de instrucción nº 3 de Palma, José Castro, parece ser alguien que se escapa de todo control por su conocida independencia y profesionalidad, en previsión de que se le pudiese ocurrir en el ejercicio de su labor instructora cruzar las líneas rojas antes citadas, en los últimos días se le envían mensajes atronadores que él no ha podido ignorar. Que la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, diga públicamente en TVE que “no todos los imputados son iguales”, que “no todos los asuntos judiciales tienen la misma relevancia y no en todas las ocasiones se puede estigmatizar tanto la imagen o el honor de una persona” y que “no se trata de adoptar estas medidas por ser quien es sino por las circunstancias que concurren en este caso, derivada por esas dimensiones mediáticas del asunto”, es un mensaje de una contundencia brutal. Reforzado, si cabe, por el anuncio de la apertura de una investigación por parte del propio CGPJ sobre las filtraciones habidas en este caso. Eso supone colocar convenientemente la espada de Damocles sobre el pescuezo del magistrado, quien parece haber captado el mensaje. Porque si ha caído un juez de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, ¡qué no podrán hacer con un humilde juez de pueblo de las islas adyacentes a poco que se lo propongan! Como se separe lo más mínimo del guión establecido, le cortan el cuello de forma inmisericorde. ¿Se atreverán los indómitos fiscales Horrach o Carrau a pedir una fianza millonaria y la retirada del pasaporte, como hicieron con tantos otros? ¿Se atreverá Castro a imponerla?
Las repetidas admoniciones sobre la ausencia de trato de favor al duque de Palma han sido rotundamente desmentidas por los hechos: se le cita a declarar un sábado para evitar que los medios de comunicación entren en los juzgados de Vía Alemania y capten imágenes del yerno del rey entrando a testificar. No se le grabará en vídeo para que no podamos ver sus respuestas, lo cual es una verdadera lástima porque nos divertimos mucho viendo el vídeo del propio juez Castro increpando a Jaume Matas y diciéndole aquello de que “ha venido a reírse de los simples mortales” o “si quiere que su mujer trabaje, la pone de cajera en el Mercadona”. Ahora estas escenas no estarán a nuestra disposición, aunque sospecho que además, José Castro se conducirá con más respeto y mesura. Otro trato de favor que no dispensa al resto. Y además, el coche del duque podrá entrar en el aparcamiento del juzgado, situado en su parte trasera, aduciendo motivos de seguridad (como si les hubiese importado alguna vez la seguridad, la integridad moral y el honor del resto de imputados que han desfilado por allí), aunque la verdadera razón es para evitar que la gente le increpe y las cámaras inmortalicen el momento. Pero que nadie se despiste, que este no es el tema. No se trata de si Urdangarín deberá bajar la rampa a pie o lo hará en coche. Se trata de que el juez Castro sepa desde el minuto uno que “no todos los imputados son iguales”. No todos los días hay una cumbre de policías y jueces con un comisario de la Casa Real.
¿Le ha preocupado en algún momento al juez Castro, al decano de los jueces de Palma, Francisco Martínez Espinosa o a la portavoz del CGPJ la seguridad, la integridad moral, la intimidad o la dignidad de alguno del centenar largo de imputados que han pasado por los juzgados de Palma y que fueron vejados con la ‘pena del telediario’? ¿Con alguno de ellos se han tomado las prevenciones que se están tomando con Urdangarín? ¿Trataron de evitar que los ciudadanos increparan a Jaume Matas a su llegada a los juzgados o recientemente en la Audiencia Provincial de Palma? Seguramente ya nadie recuerde cómo exhibieron a otros imputados encadenados como leones de feria en el patio del juzgado.
Claro que está habiendo trato de favor. Claro que no se está llevando este asunto como los demás. Claro que está habiendo presiones intolerables sobre el juez Castro. Y claro que con su comportamiento absolutamente impresentable se burlan de los ciudadanos y se está haciendo saltar por los aires su confianza en la Justicia, si es que en algún momento la tuviesen. Francamente, no es mi caso.
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