Cort se ha cubierto de gloria en el caso del bombero Alejandro Ribas. Quizá este sea el ejemplo máximo y más dramático de ineficacia administrativa vivida en Palma en los últimos años. Que un trabajador del Cos de Bombers fallezca luchando contra un incendio entra dentro de lo posible. Pero que hayan transcurrido diez meses desde el siniestro y, como denuncian los familiares del fallecido, no haya un informe técnico oficial que establezca lo que sucedió, las causas de la muerte y los responsables de las fatales deficiencias tanto en el material como en la organización de los bomberos de Palma, es deplorable. Lo único que ha hecho el consistorio palmesano es inaugurar una plaza con su nombre en Can Pastilla, muy poco para alguien que dio su vida salvando las de sus conciudadanos.
Si no nos importa como ciudadanos en qué condiciones, con qué medios materiales, con qué preparación, con qué medidas de seguridad trabajan los funcionarios públicos que tienen la obligación de acudir a nuestro rescate si acontece un desastre, ¿cómo podremos exigirles que cumplan debidamente con lo que esperamos de ellos?
Los bomberos, un colectivo de trabajadores admirable, tuvo que ayudar económicamente a la esposa de Ribas y a su hijo de dos años entregándoles parte de lo recaudado con el calendario anual porque, según informaron, en octubre del año pasado aún no se había abonado a su familia el seguro de vida suscrito por Cort. Y además, la seguridad social le denegó la correspondiente pensión a su viuda porque no estaban casados cuando tienen un hijo en común y muchos años de convivencia. Una completa indecencia.
Mientras no haya explicaciones oficiales de las causas del siniestro será imposible actuar para impedir que vuelva a ocurrir. Y por tanto, es una cuestión vital no solo para los bomberos, sino para todos los ciudadanos que dependemos de ellos si algo fatal ocurre. Y ocurre todos los días, aunque no queramos verlo.
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