14 noviembre 2009

UNA PICA EN CAN DOMENGE


Lograr que la presidenta del Parlament y presidenta del Consell de Mallorca en la anterior legislatura, Maria Antònia Munar, deba acudir el lunes próximo al TSJB para declarar en calidad de imputada, no es poca cosa y desde este punto de vista, los autores de la demanda están de enhorabuena. Pero al margen de esto, creo que es conveniente huir de planteamientos habituales en ciertos medios de comunicación, donde unos son muy buenos y otros muy malos. Y opino que hay ciertos aspectos relativos a Can Domenge que sería bueno analizar, dejando de lado nuestras simpatías políticas, si es que tal cosa es posible hoy en día, de lo cual tengo mis dudas.

¿Alguna otra empresa de las que se presentaron al concurso de Can Domenge, ha presentado querellas criminales por la adjudicación a Sacresa? De los 13 proyectos presentados, ninguno de los concursantes lo hizo, a excepción de la constructora barcelonesa Núñez y Navarro, aunque únicamente tras saberse perdedora. ¿No es extraño que aprecie indicios de responsabilidad penal y se considere gravemente perjudicada una única empresa de las concursantes, cuando supuestamente el proceso fue, según argumentan algunos, tan plagado de irregularidades?

Núñez y Navarro es una potente empresa inmobiliaria, promotora y constructora. Tenía previsto ejecutar una fase de la fachada marítima, donde tras derribar el antiguo edificio de GESA, construiría una nueva muralla de Palma con cuatro bloques de viviendas de lujo en primera línea de mar. Tras la declaración del edificio como Bien Catalogado en mayo de 2007 por parte del Consell de Mallorca, presidido por Munar, a instancias, entre otros, del Colegio de Arquitectos, Núñez y Navarro debió sentirse gravemente perjudicada económicamente por tal decisión. Tanto o más que por no ganar el concurso de Can Domenge. Y ha podido utilizar Can Domenge como venganza contra los responsables de aquella decisión. Esto es sólo una teoría, claro está.

En el concurso por el solar de Can Domenge, se especificaba que la cuantía máxima a pagar al Consell de Mallorca por los terrenos era de 30 millones de euros. Las pujas superiores a dicha cuantía no puntuarían más. Todos los concursantes lo sabían y sin embargo, Núñez y Navarro extrañamente ofreció 57 millones de euros por el solar. ¿Es lógico que una empresa se comprometa a pagar casi el doble de la cantidad máxima exigida en el concurso, sabiendo que lo que sobrepasase los 30 millones no sería tomado en consideración ni puntuaría más para hacerse con el proyecto? Cuesta creerlo.

Finalmente, la ganadora del concurso fue la UTE Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrà Tur, que además de ofertar la cantidad económica máxima marcada por el Consell de Mallorca, aportó un proyecto arquitectónico solvente y emblemático para la ciudad, avalado por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel. El pleno del Consell aprobó por amplia mayoría la concesión del proyecto a Sacresa, como acertadamente argumenta Fernando Rubio, quien entonces era portavoz del PP en la institución insular, con todos los informes jurídicos favorables. ¿Tenemos que pensar que los 19 consellers que votaron a favor de declarar vencedor del concurso a Sacresa son todos unos corruptos? Cuesta creer algo semejante.

Planteadas estas cuestiones, y al margen de lo que se esclarezca en la instrucción judicial, albergo más dudas sobre la bondad de las actuaciones de Núñez y Navarro, que sobre la legalidad de las decisiones del Consell de Mallorca. Porque no todos son tan buenos, ni otros son tan malos. Pero Núñez y Navarro ya ha conseguido lo que quería y ha colocado una pica en Flandes. O mejor sería decir en Can Domenge.

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