LA CORRUPCIÓN NO ADMITE MEDIAS TINTAS

El Diario de Mallorca de hoy, publica el siguiente artículo de opinion mío. Es la respuesta a otro artículo que a su vez fue publicado el pasado día 9 de septiembre y que se puede leer en este enlace.


LA CORRUPCIÓN NO ADMITE MEDIAS TINTAS

El miércoles 9 de septiembre, leímos un artículo de opinión del Sr. Antonio Pizá, titulado “Estrellas en la bocamanga”, referido a la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial, contra dos coroneles y un capitán de la Guardia Civil. No es necesario que el autor del artículo fuerce su imaginación en absoluto. Basta con que lea la sentencia que tan frívola y demagógicamente critica.

Resulta contradictorio aseverar por un lado que le “resulta imposible ver en esos dos coroneles de la Guardia Civil a un par de delincuentes”, y por otro lado, afirmar que “los coroneles idearon, en maldita la hora, la chapuza, obviamente ilegal, de simular unas facturas no reales”. Los coroneles García Peña y Cuadri fueron condenados a tres años de prisión como autor e inductor-cooperador necesario, respectivamente, de un delito de falsificación en documento público. Para tratar de apaciguar en lo posible el desasosiego del Sr. Pizá, debemos apuntar que no vemos en la citada sentencia “un punto de desproporción, de decaimiento de la relación causa-efecto, y de menoscabo del sentido común”, como tampoco lo ven los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial, donde en una sentencia jurídicamente impecable, señalaron que los condenados infringieron la ley de forma “libre y voluntaria”, y además “de un modo personal y directo”. Y ahora, tras estudiar la sentencia –y aquí radica la novedad– tampoco lo ven como el Sr. Pizá la Fiscalía y concretamente los fiscales del Supremo.

Pasa por alto el articulista la circunstancia no desdeñable que los coroneles García Peña y Cuadri, y el capitán López García Trujillo, eran y son a día de hoy funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. De ahí que su voluntad inequívoca de transgredirla, o de tolerar su trasgresión, desoyendo en repetidas ocasiones las indicaciones del comandante interventor de la Comandancia, que así testificó en el juicio, les colocara voluntaria y completamente en el ámbito de la actuación delictiva. Fueron avisados –como si no lo supieran por ellos mismos– de que lo que pretendían hacer era ilegal. Y sin embargo, decidieron hacerlo.

El Sr. Pizá parece sostener la tesis de que la vivienda oficial donde iba a ser obligado a residir el coronel García Peña era una especie de infravivienda, que estaba en un estado lamentable y era, por tanto, prácticamente inhabitable. Me resulta difícil creer que su antecesor en el cargo, el coronel Cristóbal Santadreu, actualmente general jefe de la zona de Valencia, residiera junto a su esposa y sus dos hijos en una pocilga inhabitable e indigna. Diré más: cualquier guardia civil de Baleares cambiaría inmediatamente y con los ojos cerrados su vivienda oficial o particular por el pabellón del coronel; el cual, como sugiere el sentido común, es el mejor, el más grande, el más equipado y el que se encuentra en mejor estado –en óptimo estado, diría yo– de los varios centenares de pabellones oficiales existentes en las islas. Sin embargo, la “rigidez interna y la racanería presupuestaria por parte del poder político”, según el peculiar criterio del Sr. Pizá, le obligó a delinquir para poder habitar dignamente una pocilga. Porque pocilga seguirá siendo, suponemos, dado que el presupuesto aprobado para hacer obras de reforma no se ejecutó, contrariamente a lo certificado en falso por el coronel García Peña, y se destinaron los fondos recibidos a la compra de muebles y electrodomésticos. Por tanto, pocilga pero bien amueblada, con dinero de todos los contribuyentes –por tanto sí hay un daño a terceros y un detrimento en las arcas públicas–, aunque no fueran muebles de Roche Bobois.

Debo destacar que la categórica afirmación de que “nadie se llevó un céntimo a la butxaca y tampoco nada de lo adquirido” es gratuita, dado que nada de eso se dice en la sentencia. Es más, la acusación popular –que no acusación privada–, denunció que algunos de los enseres adquiridos no figuraban en el inventario confeccionado por los funcionarios de Asuntos Internos al inspeccionar el pabellón del Sr. García Peña. Sin embargo, este asunto no fue investigado ni valorado en el juicio, ni ganas que hubo, puesto que el perjudicado en tal caso sería el Estado, no AUGC, y la Abogacía del Estado desistió de personarse en la causa. Por tanto, tan gratuito es afirmar que nadie se llevó nada, como gratuito e irresponsable sería sostener que se llevaron muebles que fueron comprados pero no aparecen en el inventario y por tanto se apropiaron indebidamente de ellos; o sostener que el coronel García Peña, si nada se hubiera descubierto, al finalizar su destino en Palma se hubiera llevado todos los muebles y los enseres adquiridos, pues de lo que había constancia oficial era de un gasto en obras por valor de 12.000 euros y nadie le hubiese podido reclamar nada de acuerdo con la documentación existente. Esa cuestión no se juzgó y nada de ello se dice en la sentencia. Se juzgó una falsedad en documento público. Nada más, pero nada menos.

También es rotundamente falso sostener que “en el ejercicio en curso no había partida presupuestaria para ello”. Si esto es así ¿como se explica que se asignaran casi de forma inmediata 12.000 euros en concepto de reparaciones de edificios? Para superar la tradición de las “cutres casa vivienda de la Guardia Civil”, la Administración sólo puede dedicar dinero a su reparación, no a amueblarlas a gusto y necesidad del inquilino, aunque sea el coronel jefe de la zona.

Debo congratularme del cambio de criterio de la Fiscalía a la vista de la Sentencia, que viene a darnos la razón, como ya nos la dio la Audiencia Provincial. Y debo darle la razón al Sr. Pizá cuando afirma que la personación en la causa de AUGC impidió un “pacto de conformidad”, que significaba en gran medida una burla a la Justicia (como suele suceder en los casos que tan acertadamente cita el Sr. Pizá en su artículo) e impunidad para uno de los ahora condenados. Vamos, un bautizo con cera del Corpus para los acusados. La gravedad de lo sucedido estriba no tanto en la cantidad del dinero indebidamente percibido y destinado a fines fraudulentos para los que se urdió toda la trama por parte de los condenados, sino por el cargo relevante de los acusados, máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares, primer y segundo jefes de la Comandancia. Ahí radica la gravedad de lo sucedido y la severidad de la sentencia. La corrupción no admite medias tintas. Con nadie, ni político ni funcionario. Que un alto funcionario público, urda una trama que incluye falsificar documentos públicos e incitar a terceros que hagan lo propio, con el objetivo espurio de destinar un dinero para otros fines que no son los originariamente autorizados, para adquirir enseres de exclusivo uso y personal disfrute, es algo objetivamente grave. Así lo ha considerado la Audiencia Provincial y así lo considera, también ahora, la Fiscalía. Aunque tengan estrellas en la bocamanga.


Joan Miquel Perpinyà
Ex secretario general de AUGC