O ESCAÑOS O BOMBAS

Por primera vez en su historia, Batasuna y sus herederos ideológicos se desmarcan de ETA y rechazan la violencia para hacer política, poder presentarse a las elecciones del 22 de mayo y, si así lo quieren los ciudadanos, entrar en los ayuntamientos. Rufino Etxeberría anuncia que con la fundación de un nuevo partido denominado “Sortu”, que según afirma “no es la continuidad de ninguna otra organización”, se da por cerrado el ciclo de la lucha armada y su justificación persistente por parte de Batasuna. ¿Es sincera esta conversión? ¿Obedece únicamente a la necesidad de presentar unas siglas a las próximas elecciones municipales o se han dado cuenta de que el terrorismo sólo les puede llevar a la cárcel, donde por cierto ya han estado casi todos los fundadores de la nueva formación? Aún es pronto para decirlo, pero ya se han levantado voces virulentas en contra de su legalización.

La Ley Orgánica de Partidos Políticos se elaboró en el año 2002 para hacer frente a ETA y a su entorno político –Batasuna– y tener el instrumento jurídico que permitiera expulsar de las instituciones a quienes ocupaban escaños y a la vez empuñaban pistolas y asesinaban a los rivales políticos, cuando no establecían a quién había que liquidar y justificaban los crímenes, secuestros, extorsiones y demás actos terroristas. Se les impuso cumplir unos requisitos muy claros y optar por las palabras o las bombas. Sin embargo, cabe recordar que fue una ley muy contestada por parte de no pocas organizaciones políticas y por amplios sectores de la ciudadanía, especialmente en Euskadi, que la consideraban un retroceso democrático porque privaba de voz a miles de ciudadanos, pues no se olvide que Euskal Herritarrok (la última marca legal con la que pudieron presentarse a unas elecciones municipales en junio de 1999) obtuvo 228.147 votos (el 19,63% de los electores) y 679 concejales en el País Vasco.

Tras ocho años y medio de aplicación de la Ley, esta ha demostrado su utilidad y el debilitamiento de ETA y su entorno operativo y político es evidente y de tal magnitud que no es fácil que puedan soportar cuatro años más proscritos de la vida política. Por eso tratan de inscribir una nueva organización que renuncia explícitamente a la violencia y marca distancias con ETA. Por eso y porque parecen haber concluido, tras un proceso interno de debate, que la violencia y el terrorismo les aparta de sus objetivos políticos más que les conduce a ellos. Pero es razonable que la sociedad española que ha sufrido su crueldad y sus crímenes, recele. Es muy normal que haya miles de ciudadanos que protesten en la calle ante el miedo de que puedan volver a estar en el Parlamento vasco y hasta en el Congreso de los Diputados (aun recordamos a Jon Idígoras, que en paz descanse, fumando en su escaño) y recelen de que sea una nueva trampa, la enésima, para colarse en las instituciones que les dan cargos y dinero. Ante este dilema sólo cabe la aplicación de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia.

El PP en boca de su secretaria general, Mª Dolores de Cospedal, exigió al Gobierno que “no deje presentarse a Batasuna ni con un nuevo partido, ni con listas blancas ni con listas de partidos legales”. Merece la pena detenerse en esta exigencia, porque a fuerza de vivir en un estado de excepción política permanente nos hemos acostumbrado a no detectar las agresiones al sistema democrático. ¿Puede el poder ejecutivo en un Estado de Derecho impedir que otras formaciones políticas que hacen lo que la Ley les exige y cumplen los requisitos que en ella se imponen –aunque sea a regañadientes- impedir la legalización de una fuerza política para obstaculizar su concurrencia a unas elecciones? Como impone el sentido común y la separación de poderes, el órgano jurisdiccional competente no es ni puede ser jamás el Gobierno.

“Si la ley les hubiese obligado a decir '¡Viva España!' lo hubiesen dicho”, apuntó el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal. Y yo me pregunto perplejo: ¿Cabe esperar otra cosa que el cumplimiento de la Ley? Nada más podemos exigir, porque de lo contrario tendremos que concluir que no hay libertades políticas en este país, que sería tanto como darles la razón a los terroristas. Es perverso que algunos mantengan que si los batasunos cumplen a rajatabla lo que la Ley de Partidos exige, “han buscado una treta para burlar la Ley” y si no condenan la violencia, son lo mismo que ETA… ¿Qué les estamos demandando realmente? Oigo a Federico Jiménez Losantos preguntar “¿Han pedido la disolución de la banda? ¿Han pedido la entrega de las armas? ¿Han pedido que se entreguen los terroristas y tras pedir perdón a las víctimas, asuman las consecuencias penales de sus crímenes? ¡Noooooooo!”. Y yo me pregunto ¿es que acaso eso lo exige la Ley? ¡Noooooooo! Entonces, se les está pidiendo ir más allá de lo que la ley impone. El propio periodista lo reconoce un poco más tarde al decir “si aplican la ley de partidos la legalizarán”.

Si Sortu cumple estrictamente con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, solo puede ser legalizada y no hay nada más que hablar desde el punto de vista jurídico y político. Y cualquier maniobra para presionar a los Tribunales en un sentido o en otro ha de ser claramente denunciada. En los últimos años ha habido importantes avances en la lucha contra ETA y su entorno, como el encarcelamiento de los integrantes de la mesa nacional de Batasuna. Pero también importantes fracasos que han supuesto un deterioro brutal de las libertades públicas establecidas en la Constitución. Estoy hablando de la muy reciente sentencia del caso Udalbiltza y del cierre indebido del diario Eguin. Quizá sea la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos la mejor forma de propinar un certero descabello a ETA, porque en esta ocasión lo que les dará alas será una eventual prohibición. Y si vuelven a engañarnos, los promotores de la nueva formación acabarán todos a la cárcel. Ellos sabrán lo que les conviene: o escaños o bombas.