SIN AUGC NO HUBIERA HABIDO JUICIO
El miércoles 25 de febrero conocimos la sentencia del conocido como “caso facturas”, donde fueron juzgados el coronel de la Guardia Civil Fco. Javier García Peña (quien fuera primer jefe de la Comandancia entre agosto de 2005 y septiembre de 2006), el también coronel del mismo Cuerpo Luis Cuadri Duque (quien ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en Baleares y que en el momento de los hechos ocupaba el cargo de segundo jefe de la Comandancia) y el capitán José López García Trujillo (actual jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Calvià), además del constructor Jaime Ferragut (fallecido hace algunas semanas, desdichadamente).
La sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palma condena a penas que cabe calificar de severas y ejemplarizantes a los cuatro acusados. A los dos coroneles, García Peña y Cuadri, les impone idéntica pena: 3 años de prisión, multa de 6 meses a razón de 6 €/día, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 2 años y al pago de ¼ parte de las costas del proceso a cada uno de ellos. Estas penas se imponen a García Peña como autor de un delito de falsificación en documento público y a Cuadri como inductor - cooperador necesario. Recordemos que la fiscalía solicitaba el sobreseimiento libre de las actuaciones contra Cuadri. El capitán Trujillo es condenado a una pena de 6 meses de prisión, multa de 6 meses a razón de 6 €/día e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 años, además del pago de ¼ parte de las costas procesales por haber inducido a su buen amigo, el constructor Jaime Ferragut, a cometer un delito de falsificación en documento oficial (expedir una factura falsa por valor de 12.505,32 €)
La Justicia ha hablado, de forma clara y rotunda. Y aunque la sentencia aun no es firme, cabe la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cosa que a buen seguro los coroneles harán para evitar su ingreso en prisión. Desde AUGC en su día decidimos personarnos como acusación popular bajo dos premisas básicas: erradicar de raíz cualquier caso de corrupción que se detectara en el seno del Instituto Armado y conseguir acabar con la sensación de impunidad que algunos altos mandos del Cuerpo tienen a la hora de ejercer sus responsabilidades, infringiendo la ley de forma “libre y voluntaria” como los acusados hicieron, “de un modo personal y directo”, como establece literalmente la sentencia.
Las penas que solicitó provisionalmente la fiscalía en su momento nos parecieron excesivamente laxas y poco adecuadas a la gravedad de lo sucedido y a las pruebas e indicios existentes, considerando no tanto la cantidad del dinero indebidamente percibido y destinado a fines fraudulentos para los que se urdió toda la trama por parte de los condenados, según declara probado el Tribunal sentenciador, sino por el cargo relevante de los acusados, máximos responsables de la Guardia Civil en Baleares, primer y segundo jefes de la Comandancia. Ahí radica la gravedad de lo sucedido. Por eso, el letrado de AUGC, Jacobo Planas de Oleza, quien ha llevado a cabo una excelente, eficaz y muy profesional labor durante todo el proceso, solicitó penas considerablemente mayores y más severas que las propuestas por el Ministerio Fiscal. Finalmente, la Justicia nos ha dado la razón y sólo cabe acatar la sentencia, y esperar que actos como los llevados a cabo por los condenados, no vuelvan a acontecer jamás. La ciudadanía debe tener plena y total confianza en la Guardia Civil y en la honorabilidad y la honradez de quienes integramos esta Institución, cuya misión constitucional es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana. Y humildemente, creemos haber contribuido a que la honestidad de los 86.000 hombres y mujeres que a ella pertenecemos, quede fuera de toda duda, a pesar de las inevitables y contadas excepciones en un colectivo tan numeroso, porque sin AUGC el caso no hubiese sido ni juzgado siquiera. El Tribunal ha entendido la gravedad de lo que hicieron los ahora condenados, como demuestra la Sentencia, sensibilidad que echamos de menos en la Fiscalía, en la Abogacía del Estado (que ni siquiera se personó en el proceso), y en el Delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías.
Joan Miquel Perpinyà
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