Fue una casualidad. La víspera de la primera manifestación de policías y guardias civiles que ha habido en España, allá por diciembre del año 1976, los policías y carabineros de Roma se manifestaron contra el terrorismo y condenaban los atentados de la extrema izquierda. “Estamos cansados de morir”, gritaban. Y tenían motivos. En tan sólo 24 horas habían caído 5 de sus compañeros en atentados terroristas de las Brigadas Rojas que habían surgido siete años antes como un desafío al Estado democrático. Unos mil policías marcharon a un cuartel contiguo a la comisaría central de Roma exigiendo a gritos seguridad, garantías y mayor rigor de la justicia. Pero el terrorismo por causas políticas que se cebaba contra funcionarios de policía no era exclusivo de Italia. Lo mismo estaba sucediendo en Irlanda del Norte, en Córcega, y como no, en el País Vasco donde secuestros y asesinatos no daban tregua a militares, policías y guardias civiles.
Al día siguiente, el 17 de diciembre de 1976 en Madrid, se produjo la primera manifestación de policías y guardias civiles de paisano que ha habido en España. Julián Delgado, un ex-policía armado que posteriormente ingresó en la Guardia Urbana de Barcelona, lo cuenta en su libro Los grises, víctimas y verdugos del franquismo de este modo:
«El 6 de diciembre de 1976, un grupo de policías armados y guardias civiles decidieron reunirse en la Casa de Campo de Madrid y acordaron llevar a cabo una manifestación en la vía pública, fijando la fecha del día 17 de ese mismo mes. Algunos componentes de sindicatos de clase, que también asistieron, presionaron para que se realizara el día 15, haciéndola coincidir con el referéndum convocado por el Gobierno para aprobar la reforma política del Estado.
Desde el día siguiente se dieron consignas por las radios de los vehículos policiales de forma constante: “Todos a la Plaza de Oriente, día 17 a las 12 horas”. Los organizadores sabían lo que se jugaban, estaban sometidos a la disciplina castrense y un acto semejante podría ser considerado como rebelión militar. No obstante, se apreciaba una gran determinación por parte de los organizadores. El día D a la hora H, los policías comenzaron a llegar a la plaza en gran número; los oficiales que, de servicio, fuero a intentar controlar la situación o, al menos, a tomar buena nota de las posibles faltas o delitos que pudieran cometerse, no daban crédito a lo que estaban viendo. Se organizaron en asamblea y eligieron a dos vocales representativos, uno por cada uno de los Cuerpos. A continuación se leyó un manifiesto y, acto seguido, partieron en manifestación cruzando Madrid, hasta llegar frente al Ministerio de la Gobernación. Allí, jefes y oficiales, la mayoría de la cercana Inspección General de Policía Armada, intentaron por todos los medios abortar la manifestación enfrentándose a los líderes y manifestantes que más se destacaban. Lo consiguieron con algunos, que abandonaron al tomar conciencia de lo que se estaba produciendo, pero no con la mayoría, que persistió de forma violenta en actos contrarios a la disciplina y al Código de Justicia Militar como empujones a superiores, insultos, desobediencia, etc.
El general Chicharro, persona de una extraordinaria calidad humana, llevado por su personalidad vehemente, convencido de que, siendo el de mayor graduación, le correspondía dar la cara, e incapaz de tolerar un espectáculo como aquel protagonizado por profesionales sujetos a disciplina militar, intentó frenarlo –en un alarde de valor no exento de irracionalidad– lanzándose contra los manifestantes, pistola en mano. Fue agredido por un policía, que le tiró al suelo, produciéndole un fuerte hematoma en la cara: un acto claro de agresión a un superior dentro de un acto de rebelión militar. El general se levantó y ordenó a una CRG y a una sección de Caballería que se encontraba de servicio en el lugar que cargaran contra los manifestantes. No le obedecieron, y se quedaron en su lugar, en actitud pasiva.
Hubo una buena documentación gráfica, y no gracias a los funcionarios del Cuerpo General, que entregaron sus carretes velados o con fotografías desenfocadas, sino a las que obtuvo el servicio de información de la Policía Armada. Sirvieron para identificar a numerosos participantes, a sus dirigentes y agresores. Todos fueron detenidos e interrogados. En la cárcel de Soria, habilitada como prisión militar, y en diversos calabozos de cuarteles militares, ingresaron 280 policías y guardias civiles. Fueron juzgados y condenados 240 por los delitos de sedición e insultos a superior, 14 de ellos fueron expulsados. Fueron cesados el director general de Seguridad, Rodríguez Román, y el director general de la Guardia Civil, Ángel Campano».
El rotativo El País en su edición del día 18 de diciembre afirma que los manifestantes –unos 400 miembros de la Policía Armada, Cuerpo General de Policía y Guardia Civil– pidieron la dimisión del ministro Martín Villa y sembraba dudas acerca de las motivaciones de los agentes: “Los motivos de esta manifestación no han quedado totalmente claros, pues junto a una serie de puntos reivindicativos que podríamos llamar laborales, otras fuentes han hablado de motivaciones políticas, en el sentido de que, al menos una parte de los participantes en los actos de ayer, quieren expresar su desacuerdo y su voluntad de no transigir con la dirección que están tomando los acontecimientos políticos en nuestro país. Por el contrario, otros de los manifestantes han comunicado a El País que sus reivindicaciones son esencialmente laborales. Entre ellas se incluye el deseo de ser considerados como profesionales del orden público y no como soldados”. La prensa también publicó informaciones sobre incidentes entre algunos jefes y los manifestantes: “Al parecer, también se produjeron algunos incidentes entre los policías y los jefes que intentaron disuadirles. Uno de éstos, según los manifestantes, les dijo que estáis hundiendo España, a lo que se le contestó que sólo defendían sus derechos”. Otras informaciones apuntaban la posibilidad de que una comisión nombrada por los agentes hubiera sido recibida por el ministro Martín Villa y por el Vicepresidente para la Defensa, el teniente general Gutiérrez Mellado, quien se encontraba en el edificio. “Parece ser que la entrevista tuvo lugar por fin, aunque no se ha podido confirmar este extremo, ni tampoco el posible contenido de la misma. Lo cierto es que poco después de la hora en que pudo haberse producido, hacia las tres de la tarde, la concentración se disolvió pacíficamente” informaba El País.
«El 6 de diciembre de 1976, un grupo de policías armados y guardias civiles decidieron reunirse en la Casa de Campo de Madrid y acordaron llevar a cabo una manifestación en la vía pública, fijando la fecha del día 17 de ese mismo mes. Algunos componentes de sindicatos de clase, que también asistieron, presionaron para que se realizara el día 15, haciéndola coincidir con el referéndum convocado por el Gobierno para aprobar la reforma política del Estado.
Desde el día siguiente se dieron consignas por las radios de los vehículos policiales de forma constante: “Todos a la Plaza de Oriente, día 17 a las 12 horas”. Los organizadores sabían lo que se jugaban, estaban sometidos a la disciplina castrense y un acto semejante podría ser considerado como rebelión militar. No obstante, se apreciaba una gran determinación por parte de los organizadores. El día D a la hora H, los policías comenzaron a llegar a la plaza en gran número; los oficiales que, de servicio, fuero a intentar controlar la situación o, al menos, a tomar buena nota de las posibles faltas o delitos que pudieran cometerse, no daban crédito a lo que estaban viendo. Se organizaron en asamblea y eligieron a dos vocales representativos, uno por cada uno de los Cuerpos. A continuación se leyó un manifiesto y, acto seguido, partieron en manifestación cruzando Madrid, hasta llegar frente al Ministerio de la Gobernación. Allí, jefes y oficiales, la mayoría de la cercana Inspección General de Policía Armada, intentaron por todos los medios abortar la manifestación enfrentándose a los líderes y manifestantes que más se destacaban. Lo consiguieron con algunos, que abandonaron al tomar conciencia de lo que se estaba produciendo, pero no con la mayoría, que persistió de forma violenta en actos contrarios a la disciplina y al Código de Justicia Militar como empujones a superiores, insultos, desobediencia, etc.
El general Chicharro, persona de una extraordinaria calidad humana, llevado por su personalidad vehemente, convencido de que, siendo el de mayor graduación, le correspondía dar la cara, e incapaz de tolerar un espectáculo como aquel protagonizado por profesionales sujetos a disciplina militar, intentó frenarlo –en un alarde de valor no exento de irracionalidad– lanzándose contra los manifestantes, pistola en mano. Fue agredido por un policía, que le tiró al suelo, produciéndole un fuerte hematoma en la cara: un acto claro de agresión a un superior dentro de un acto de rebelión militar. El general se levantó y ordenó a una CRG y a una sección de Caballería que se encontraba de servicio en el lugar que cargaran contra los manifestantes. No le obedecieron, y se quedaron en su lugar, en actitud pasiva.
Hubo una buena documentación gráfica, y no gracias a los funcionarios del Cuerpo General, que entregaron sus carretes velados o con fotografías desenfocadas, sino a las que obtuvo el servicio de información de la Policía Armada. Sirvieron para identificar a numerosos participantes, a sus dirigentes y agresores. Todos fueron detenidos e interrogados. En la cárcel de Soria, habilitada como prisión militar, y en diversos calabozos de cuarteles militares, ingresaron 280 policías y guardias civiles. Fueron juzgados y condenados 240 por los delitos de sedición e insultos a superior, 14 de ellos fueron expulsados. Fueron cesados el director general de Seguridad, Rodríguez Román, y el director general de la Guardia Civil, Ángel Campano».
El rotativo El País en su edición del día 18 de diciembre afirma que los manifestantes –unos 400 miembros de la Policía Armada, Cuerpo General de Policía y Guardia Civil– pidieron la dimisión del ministro Martín Villa y sembraba dudas acerca de las motivaciones de los agentes: “Los motivos de esta manifestación no han quedado totalmente claros, pues junto a una serie de puntos reivindicativos que podríamos llamar laborales, otras fuentes han hablado de motivaciones políticas, en el sentido de que, al menos una parte de los participantes en los actos de ayer, quieren expresar su desacuerdo y su voluntad de no transigir con la dirección que están tomando los acontecimientos políticos en nuestro país. Por el contrario, otros de los manifestantes han comunicado a El País que sus reivindicaciones son esencialmente laborales. Entre ellas se incluye el deseo de ser considerados como profesionales del orden público y no como soldados”. La prensa también publicó informaciones sobre incidentes entre algunos jefes y los manifestantes: “Al parecer, también se produjeron algunos incidentes entre los policías y los jefes que intentaron disuadirles. Uno de éstos, según los manifestantes, les dijo que estáis hundiendo España, a lo que se le contestó que sólo defendían sus derechos”. Otras informaciones apuntaban la posibilidad de que una comisión nombrada por los agentes hubiera sido recibida por el ministro Martín Villa y por el Vicepresidente para la Defensa, el teniente general Gutiérrez Mellado, quien se encontraba en el edificio. “Parece ser que la entrevista tuvo lugar por fin, aunque no se ha podido confirmar este extremo, ni tampoco el posible contenido de la misma. Lo cierto es que poco después de la hora en que pudo haberse producido, hacia las tres de la tarde, la concentración se disolvió pacíficamente” informaba El País.
Según afirma Javier Fernández López en su libro El rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España (1969-1982), el general Sáez de Tejada afirmó que fue uno de los momentos que él recordaba con mayor tensión, ya que unidades de la División Acorazada llegaron a estar municionadas y preparadas para disparar en caso de ser preciso.
¿Qué reivindicaban aquellos elementos subversivos que se atrevían a desafiar al orden establecido siendo militares e incluso desobedecían la prohibición gubernativa de manifestarse? ¿Qué movía a aquellos agentes de las Fuerzas de Orden Público a jugarse su futuro, el pan de sus hijos, en una protesta de aquella naturaleza emprendida escasamente dos años después de la muerte de Franco y tan sólo un mes después de la aprobación de la Ley para la reforma política, que daba inicio al fin del régimen franquista? Aquellos valientes servidores públicos pedían tener derecho a la Seguridad Social y algunas otras mejoras laborales. Como afirman Juan Emilio Ballesteros y Antonio López Hidalgo en su libro El sindicato clandestino de la Guardia Civil, editado en 1990, “a pesar del tremendo aparato de represión sindical desplegado por el Estado Mayor de la Guardia Civil, las primeras consecuencias de la manifestación fueron inmediatas. El Gobierno, que también se negaba a reconocer esta lucha, concedió a los funcionarios de la Benemérita el derecho a acogerse a los beneficios del régimen general de la Seguridad Social”.
En el Consejo de Ministros del 23 de diciembre fue nombrado nuevo director general de la Guardia Civil el hasta entonces general de División Antonio Ibáñez Freire, hombre proclive a las reformas democráticas, según le confesó al propio Vicepresidente teniente general Gutiérrez Mellado. Ibáñez Freire fue ascendido a teniente general saltándose a varios compañeros que le precedían en el escalafón generando el consiguiente malestar entre los que se consideraban perjudicados por ese ascenso, uno de los cuales era el carismático Jaime Milans del Bosch, jefe de la División Acorazada, quien a raíz del incidente dejó de acudir de forma ostensible a su destino. Prueba del malestar que generó el cese de Campano tras la manifestación de los policías y guardias civiles, es que el teniente general Campano, que había sido destituido, en contra de la costumbre y de la buena educación, no asistió a la toma de posesión de su antecesor.
¿Qué reivindicaban aquellos elementos subversivos que se atrevían a desafiar al orden establecido siendo militares e incluso desobedecían la prohibición gubernativa de manifestarse? ¿Qué movía a aquellos agentes de las Fuerzas de Orden Público a jugarse su futuro, el pan de sus hijos, en una protesta de aquella naturaleza emprendida escasamente dos años después de la muerte de Franco y tan sólo un mes después de la aprobación de la Ley para la reforma política, que daba inicio al fin del régimen franquista? Aquellos valientes servidores públicos pedían tener derecho a la Seguridad Social y algunas otras mejoras laborales. Como afirman Juan Emilio Ballesteros y Antonio López Hidalgo en su libro El sindicato clandestino de la Guardia Civil, editado en 1990, “a pesar del tremendo aparato de represión sindical desplegado por el Estado Mayor de la Guardia Civil, las primeras consecuencias de la manifestación fueron inmediatas. El Gobierno, que también se negaba a reconocer esta lucha, concedió a los funcionarios de la Benemérita el derecho a acogerse a los beneficios del régimen general de la Seguridad Social”.
En el Consejo de Ministros del 23 de diciembre fue nombrado nuevo director general de la Guardia Civil el hasta entonces general de División Antonio Ibáñez Freire, hombre proclive a las reformas democráticas, según le confesó al propio Vicepresidente teniente general Gutiérrez Mellado. Ibáñez Freire fue ascendido a teniente general saltándose a varios compañeros que le precedían en el escalafón generando el consiguiente malestar entre los que se consideraban perjudicados por ese ascenso, uno de los cuales era el carismático Jaime Milans del Bosch, jefe de la División Acorazada, quien a raíz del incidente dejó de acudir de forma ostensible a su destino. Prueba del malestar que generó el cese de Campano tras la manifestación de los policías y guardias civiles, es que el teniente general Campano, que había sido destituido, en contra de la costumbre y de la buena educación, no asistió a la toma de posesión de su antecesor.
Ya en tiempos algo más recientes, concretamente en diciembre del año 2001, se produjo una manifestación de gendarmes en muchas ciudades de Francia. La más espectacular se desarrolló en las calles de París, donde miles de agentes de uniforme (algunas fuentes hablaban de 24.000 agentes en todo el país, el 20% de la plantilla) y algunos hasta con vehículos oficiales, conseguían que el Primer Ministro Lionel Jospin ordenara al ministro de Defensa Alain Richard formar una mesa de negociación para mejorar las condiciones laborales de los gendarmes. Ver a los miembros de la Gendarmería en pie de guerra contra el Gobierno dejaba al descubierto problemas de calado en el seno de este Cuerpo militar que formando parte del Ejército, lo que no sucede en la Guardia Civil, lleva a cabo funciones eminentemente policiales. Tras las movilizaciones, el ministro del Interior, Daniel Vaillant, anunció un sustancial aumento del presupuesto del orden de 50.000 millones de pesetas en un año, el aumento de 3.000 efectivos y la adquisición de 50.000 chalecos antibalas.
Los dos ejemplos que he citado antes se complementan con lo sucedido en España el 20 de enero de este año, donde gracias a la movilización de miles de agentes de la Guardia Civil de uniforme, convocados por AUGC, el Gobierno ha aprobado dos proyectos de ley que en la actualidad se están tramitando en el Congreso de los Diputados: una nueva ley disciplinaria que elimina la sanción de arresto y la aplicación del Código Penal Militar y una ley de derechos y deberes que configura el estatuto propio de los guardias civiles y que regula el derecho al asociacionismo profesional. Estas dos viejas aspiraciones se han materializado gracias al esfuerzo y al sacrificio de muchos compañeros y compañeras quienes arriesgando mucho y siendo audaces, han sido capaces de poner cara y voz a las reivindicaciones de mejoras profesionales. Lo cual demuestra que si hacemos las cosas bien, podemos conseguir nuestros objetivos por difíciles que estos parezcan.
Otro día hablaré de aquellos que tan alegremente critican los proyectos de ley, aunque quizás no merezcan ni siquiera que se hable de ellos. Aquellos que no han arriesgado nada y que, parapetados y a salvo, no han vacilado en criticar a aquellos que nos hemos mojado para que ahora ellos también coman pescado. Aunque si fueran coherentes, que jamás lo han sido, deberían renunciar al pescado que otros hemos sacado del río con las consecuencias de todos conocidas.
1 comentario:
El barco de la fotografia tiene una esvástica, es curioso porque creo que no tiene nada que ver con el contenido del blog una foto tan particular.
Un saludo.
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