Durante el Gobierno del Molt Honorable (es el tratamiento
correcto que le otorga la Ley diga lo que diga con evidente animus injuriandi Laura Camargo) José Ramón
Bauzá no se movía un folio en la Abogacía de la Comunitat Autònoma sin que
lo supiera el titular de la conselleria de Presidència, Antoni Gómez. Ahora la Abogacía, dirigida por jurista Lluís J. Segura, se retira del
ejercicio de acciones penales como acusación particular y perjudicada en la
pieza separada número 24 del caso Palma Arena, sobre la compra del palacete de
la calle San Felio por parte del expresident del Govern, Jaume Matas, dejando vía libre y expedita a la Fiscalía en el pacto
que parece haber alcanzado con el expresident. Y también ha pedido el archivo
de la pieza separada número 3, más conocida como caso Ópera, relativa al
proyecto de construcción de un palacio de la ópera en el puerto de Palma,
encargado al arquitecto Santiago
Calatrava. Resulta difícil creer que
se trate de una coincidencia y aún más difícil aceptar que la Abogacía funcione
por libre y no informe de sus actuaciones de calado a la consellera, Pilar Costa. Ambas cosas son gravísimas
y lo natural sería que Segura fuese cesado o que lo fuera la consellera
ibicenca. Imaginemos que esto hubiese ocurrido con un Govern del PP. ¿Qué
hubiese dicho el PSIB? Los alaridos de indignación y el rechinar de dientes
hubiesen sido ensordecedores y con razón. Pero la gravedad de lo ocurrido no
depende del color político del Govern, sino de la decisión de la Abogacía en
sí, lo que obliga a que alguien asuma la responsabilidad de lo ocurrido porque
de lo contrario habrá que concluir que ha sido una decisión perfectamente
consciente y voluntaria del Govern, por más que parezca inexplicable y que
nieguen toda participación en la adopción de la misma. A Matas le ha tocado la
lotería y no se sabe muy bien cómo ni por qué, su futuro plagado de nubarrones
se torna de la noche a la mañana en una soleada y bucólica jornada primaveral,
gracias a la disposición de la Fiscalía a pactar -por la endeblez de las
pruebas existentes contra el exministro de Medio Ambiente, al menos en las dos
causas citadas- y gracias a la misteriosa retirada de la acusación particular
que ejercía la Abogacía de la CAIB. Ya se comprende que desde Podem y Més se
tiren de los pelos porque con esto hay motivo y no con los planes de Francina Armengol de recuperar Son
Dureta.
(Publicado en Última Hora)
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