PENALISMO A LA CARTA

La Fiscalía de Barcelona ha anunciado que recurrirá el tercer grado que la Conselleria de Justicia de Catalunya otorgó antes de Navidad a José Luis Núñez, padre e hijo. No hay por qué pensar que el trato de favor otorgado a los Núñez tenga algo que ver con su posición en el puesto 67º de las grandes fortunas españolas, estimada entre 400 y 500 millones €. De ahí que haya que aplaudir el recurso, aunque solo sea para que parezca que se trata a todos los corruptos por igual.

 

Román Sanahuja, propietario de la constructora Sacresa, fue uno de los denunciados por Núñez en el caso Can Domenge. Sanahuja acordó con el Consell de Mallorca de Maria Salom pagar inmediatamente 3 millones de euros. Gracias a eso las acusaciones suavizaron sus peticiones de cárcel y la cosa quedó en una condena a 12 meses sustituibles por 180.000 euros de multa, cuando inicialmente se pedían 2 años de prisión. Pues bien, Sanahuja pagó solo 2 millones y debe uno, por lo que no ha cumplido con su compromiso adquirido ante los magistrados de la Audiencia Provincial. El Consell se lo reclama, pero él aún no ha pagado. Sin embargo no se queda ahí el asunto porque ahora Sacresa y Ferratur, la UTE que ganó el concurso de Can Domenge (concurso que los jueces declararon fraudulento y amañado) reclaman por vía judicial al Ayuntamiento de Palma 1,2 millones € que pagaron por las licencias de obra para construir en el polémico solar. Igual Sacresa pretende pagar al Consell con el dinero que le saque a Cort, lo que resulta paradójico.

 

A menudo muchos critican el urbanismo a la carta, pero no se alteran cuando ven  “penalismo” a la carta, igual de escandaloso. Los sindicatos exigían la modificación del art. 315 del Código Penal para evitar casos como el de Katiana Vicens, la líder de CC.OO. juzgada por un delito contra los derechos de los trabajadores del que resultó absuelta, aunque condenada por daños y coacciones a pagar 4.000 euros. El Gobierno ha aceptado complacerles y suavizará la pena de prisión en estos casos. Pareciera la contraprestación que reciben los sindicatos por su fotografía junto a la CEOE para firmar en La Moncloa su primer acuerdo social con Mariano Rajoy, la ayuda de 426 euros para parados de larga duración. Sin embargo Katiana calificó de electoralista la reforma del Código Penal que hasta ahora su sindicato suplicaba. ¿Pero no era lo que pedían hasta ahora? ¿Alguien lo entiende?

 

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NÚÑEZ, EL MÁS RICO DE LA CÁRCEL

Pese a sus 83 años y su inmensa fortuna, José Luis Núñez ingresó junto a su hijo en la prisión barcelonesa de Quatre Camins. Una condena de la Audiencia de Barcelona a 6 años de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda, que luego el Supremo redujo a 2 años y 2 meses, ha terminado poniendo entre rejas a quien fue presidente del F.C. Barcelona entre 1978 y 2000. Defraudaron a finales de los 90 más de 13 millones de euros pagando a  inspectores con dinero e inmuebles por más de un millón.

 

Núñez desembarcó en Mallorca en septiembre de 2004 al adquirir 37.000 metros cuadrados en la fachada marítima. Solo 2 meses antes el responsable de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, había anunciado la reforma de la fachada marítima. Núñez quería  demoler el edificio Gesa y edificar 3 bloques de pisos de lujo de hasta 7 alturas. El Colegio Oficial de Arquitectos quiso impedirlo y solicitó al Consell la protección del emblemático edificio de Josep Ferragut. Al ver sus planes frustrados, Núñez se querelló contra la cúpula del Consell por la adjudicación 7 meses antes del solar de Can Domenge. Una venganza en toda regla que consiguió llevar a Munar, Nadal y Vicens a la cárcel. Incluso encargó a los detectives de la agencia Método 3 que espiasen a Munar. Finalmente la compraventa del solar de la fachada marítima fue anulada y Endesa debe devolver los 73 millones que Núñez pagó por el solar. Debe ser el tipo más rico de la cárcel de Quatre Camins.

 

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MÁS QUE UN CONSTRUCTOR

Hoy se enfrentan el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Este último club, que es más que un club, fue presidido entre 1978 y 2000 por un constructor que siempre fue mucho más que un constructor: José Luis Núñez. Durante las 22 temporadas que duró su mandato en Can Barça, el equipo se hizo con 7 ligas, 6 copas del Rey, una liga de Campeones y 4 recopas de Europa, entre otros trofeos. Su fama de avaro le persiguió siempre. No en vano, dejó marchar a grandes estrellas como Maradona, Schuster, Ronaldo o Stoichkov por no querer aumentarles el sueldo al renovar sus contratos. Su desmedido afán de ganar dinero a toda costa le llevó en la década de los 90 a sobornar a unos inspectores de Hacienda. Les pagó un millón de euros y así logró  defraudar más de 13. Núñez y su hijo fueron condenados en julio de 2011 a 6 años de cárcel y a devolver los 13 millones, más el pago de otros 2 de multa. En su sentencia el tribunal hizo un durísimo reproche social contra los condenados porque “fueron un referente empresarial, social y en algunos casos cultural” mientras cometían los delitos y “optaron por primar sus espurios intereses y enriquecerse personalmente, a costa del sacrificio del resto de contribuyentes”. A pesar de lo elevado de la condena, inexplicablemente no se ordenó su ingreso en prisión. Fíjense que ayer, por una condena no firme de 5 años y medio, Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez, ha sido encarcelado sin esperar lo que diga el Supremo. Los Núñez recurrieron y continuaron en libertad. En enero de este año el Supremo rebajó la condena a 2 años y 2 meses por dilaciones indebidas, ¡cómo no! Solicitaron un indulto, pero este martes el tribunal ha ordenado que ingresen en prisión sin esperar más, aunque aún cabe recurso.

¿Es verosímil que un tipo tacaño como Núñez ofreciese por Can Domenge 60 millones € solo porque “el solar lo valía”, cuando las bases del concurso fijaban un tope de 30 millones? Lo hizo para reventar el concurso y poder querellarse contra la cúpula del Consell de Mallorca por haber protegido el edificio Gesa, acusándoles de –paradojas de la vida– soborno, justo por lo que él y su hijo irán a la cárcel. ¿Qué es más fácil, sobornar inspectores de Hacienda o árbitros de fútbol? Siempre nos quedará la duda de si el brillante palmarés del Barça bajo la presidencia de Núñez fue logrado honestamente o gracias al modus operandi habitual en el personaje.

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NOS LIBRAMOS DE NÚÑEZ

Al fin nos hemos librado de José Luis Núñez. En Cort por fin respiran tranquilos. El Supremo ha anulado la compraventa del edificio Gesa. El avaro constructor recupera los 85 millones € que pagó en 2004 más intereses (en total unos 103 millones) pero ya no es titular del solar y no tiene legitimidad para pleitear en los 22 contenciosos que interpuso para doblegar al Ajuntament. Nunca aceptó más compensación que derribar el emblemático edificio de Josep Ferragut y construir sus pisos de lujo de hasta 7 alturas. Sí fue posible llegar a acuerdos con Mapfre y también lo será con Endesa, a buen seguro. De nada sirvieron sus estratagemas para impedir la protección del inmueble por el Consell –catalogación totalmente correcta y legal según el TSJB–, como presentarse al concurso de Can Domenge y ofrecer el doble del máximo puntuable. No logró demoler Gesa pero empantanó jurídicamente toda la fachada marítima. Ahora nos hemos librado de sus aberrantes edificios de lujo para siempre. Junto al horroroso Palau de Congresos de Patxi Mangado hubiesen constituido el mayor atentado urbanístico perpetrado en Palma en los últimos años. Jaume Matas y Rodrigo de Santos trajeron a Núñez para que hiciese negocio en la mejor zona posible. No hay por qué sospechar nada al respecto, aunque Núñez está condenado por pagar sobornos y Matas por cobrarlos.

Núñez es un sobornador convicto. Fue condenado en 2011 junto a su hijo a 6 años de cárcel por sobornar inspectores de Hacienda –algo que a menudo se oculta– y el Supremo rebajó la condena hasta los 2 años y 3 meses. Pidió un indulto y de momento elude la cárcel. Sin embargo Matas por solo 9 meses ingresará. Incluso el fundador, primer director y editorialista de El Mundo – El Día de Baleares –algo que a menudo se oculta– Antonio Alemany Dezcallar, con sus 78 años irá a la cárcel. Por el contrario Núñez y su hijo siguen disfrutando de sus millones en libertad, aunque sus delitos se remontan a los años 80. Como expresidente del Barça es el único del entorno culé que ha salido bien parado de la Justicia.

Román Sanahuja y Núñez amasaron su fortuna con la burbuja inmobiliaria. Ambos han sido condenados por corrupción pero no han ido a la cárcel y es dudoso que lo hagan. Y eso que Sanahuja aún debe un millón al Consell de Maria Salom por lo de Can Domenge. Detrás de un político corrupto siempre hay un empresario que paga y se beneficia. Pero estos siempre se libran.

 

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UNA CONDENA PORQUE SÍ

Los 16 años de cárcel de Josep Joan Cardona que el Supremo ha ratificado son un despropósito porque no ha matado a nadie. También lo son los 4 años y medio de cárcel que la Fiscalía pide para la líder de CC.OO. Katiana Vicens. Obedece, como apunta Fernández Toxo, a las directrices recibidas por la Fiscalía para perseguir a los miembros de piquetes informativos en huelga. Hay más de 40 causas judiciales contra sindicalistas en todo el país.

 

El martes en la manifestación de apoyo a Katiana, vimos a Francina Armengol y al ex ministro Valeriano Gómez. Ellos siempre tan oportunistas. Gómez encabezó la manifestación en protesta por la reforma laboral del PSOE de 2010 durante la huelga general del 29-S, lo que no le impidió solo 22 días más tarde jurar el cargo de Ministro de Trabajo de ZP. Eso da idea de su hipocresía, similar al cinismo de Armengol. Cuando en 2008 el PSOE logró en Baleares el mejor resultado de su historia con 1.205 votos más que el PP, ella y otros gerifaltes del PSIB  desataron una brutal caza de brujas contra sus adversarios políticos azuzando a la Fiscalía. Ahora Armengol les critica y presiona a los jueces, como si el PSOE no hubiese utilizado a la Fiscalía a su capricho.

El Supremo ha ratificado también la condena a Maria Antònia Munar por Can Domenge. Lo más sorprendente –y alarmante– es leer en la sentencia: “(…) la concreta intervención  consciente y dolosa de la recurrente (Munar) no encuentra una verdadera corroboración a pesar de los esforzados intentos, en tal sentido, llevados a cabo por los integrantes de la Sala”. O  “ninguno de quienes declararon, como acusados o testigos, con la excepción del referido Vicens, señalan con la rotundidad necesaria a María Antonia Munar como partícipe en los delitos enjuiciados”. O “No existe tampoco ninguna otra declaración en la causa que directa y expresamente incrimine a la recurrente”. Admiten pues que la condena a Munar se basa exclusivamente en la palabra de un coimputado,  Bartomeu Vicens, que con sus acusaciones libró a su mujer Antònia Martorell de ir a la cárcel por el caso Metalumba. Sin más pruebas concretas de su intervención en el delito, Munar es condenada a 6 años de cárcel, mucho más que al resto de condenados. La condenan sin pruebas concluyentes y porque les cuadra la versión de Vicens, pero sin “una verdadera corroboración” de su participación en los hechos. Porque sí y punto final.

¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE?

Esta fue la pregunta que lanzó al Tribunal Supremo Miquel Arbona, abogado de Josep Joan Cardona, el ex conseller de Jaume Matas encarcelado desde el 30 de julio. Ante una condena de 16 años en el ‘caso Scala’, basada exclusivamente en los testimonios de Antònia Ordinas (la de la caja de Cola Cao enterrada en el jardín con  250.000 €) y de Kurt Viaene (quien en vísperas del juicio cambió su versión sostenida más de 4 años), el ex presidente del PP de Ibiza y Formentera defiende su inocencia y sostiene que sus antiguos subordinados, pillados en graves irregularidades ajenas a él, le incriminaron a cambio de sustanciosas –y escandalosas– rebajas de pena tras pactar con la Fiscalía. “Si una persona que tiene el procedimiento en contra por la cantidad de pruebas abrumadoras, no aporta datos objetivos sino que se convierte en fuente de prueba y tiene animadversión hacia quien acusa, ¿dónde está el límite?”, se preguntaba Arbona, juez en excedencia.

 

Recordaba al alegato que el también ex juez José Antonio Choclán, defensor de Maria Antònia Munar, pronunció en el ‘caso Can Domenge’ denunciando las técnicas inquisitoriales de la Fiscalía. Citó al inquisidor Nicolau Eymeric en su Manual para la Inquisición sobre cómo obtener una confesión de un hereje: “Se procurará convertirlos, enviándoles sacerdotes y religiosos. Primero en un calabozo cargado de grillos. Si se resistiera, se buscarían otros medios con blandura como un aposento cómodo. Y si se fallare, se haría venir a sus hijos y a sus mujeres”. La declaración de Bartomeu Vicens fue sonsacada bajo amenaza de encarcelar a su esposa, para quien se pedían 13 años en el ‘caso Metalumba’ y que tras el “arrepentimiento” quedaron en una multa. El propio Vicens confesó presiones en las cartas que envió desde la cárcel a Munar, pero no bastó para invalidar su testimonio. También Antònia Ordinas vio como, gracias a su confesión y a su “arrepentimiento”, su esposa Isabel Rosselló se libraba de la cárcel y era condenada a 18 meses. Y ella misma pasó de una pena inicial de 20 años a solo 3 años y pico.

 

Para condenar a alguien no debería ser suficiente con la palabra de un coimputado pillado con cajas de Cola Cao llenas de dinero proveniente de comisiones, a quien se ha presionado con encarcelar a su cónyuge y a quien se acaba condenando mínimamente tras incriminar a sus superiores. El Supremo debe poner un límite y decir basta.

 

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NÚÑEZ ES UN MAL ENEMIGO

La sentencia del juez Francisco Úbeda dejó claro que el Consell no infringió ningún trámite procedimental, ni se había demostrado que la protección del edificio Gesa respondiese a desviación de poder o a fines distintos a los intereses públicos. Lo confirma ahora el TSJB, arrumbando definitivamente la teoría de la ‘vendetta’, aunque ya lo hacía la cronología de los hechos. Sentados los valores arquitectónicos y artísticos innegables y la absoluta legalidad del procedimiento, conviene recordar que la remodelación de la fachada marítima en 2004 suponía un pelotazo colosal. El derrumbe de las viviendas del Baluard del Príncep; el derribo de la sede de Gesa y la edificación de pisos de lujo, con aparcamiento subterráneo y centro comercial; la construcción del Palacio de Congresos y dos hoteles anexos;  bulevar peatonal y soterramiento del tráfico; reforma del Moll Vell con hoteles, comercios y zonas de ocio; y la guinda del pastel, la ópera de Santiago Calatrava. Esto es lo que tenía planeado el PP de Jaume Matas, un colosal proyecto especulativo y sobre todo, lucrativo, acorde a la ambición del líder. La “herencia recibida” a la que se debe referir José Ramón Bauzá.

 

José Luis Núñez se apuntó al negocio de construir pisos de lujo (quien sabe si animado por Matas y  Rodrigo de Santos), como los hoteleros se apuntaron al Palacio de Congresos para luego dar la espantada y dejarlo “como una ballena varada”, por utilizar el símil de Patxi Mangado. Sin embargo, cuando el Colegio de Arquitectos y su decano Luis Corral vieron el peligro que corría la gran obra de Josep Ferragut, solicitaron al Consell su protección. Núñez, para abortar la maniobra, se presentó al concurso de Can Domenge y ofreció 60 millones a sabiendas de que ni los valía ni los tendría que desembolsar jamás, solo para poder denunciar al Consell si Gesa era protegido. Y efectivamente, solo 6 días después de que la Comisión de Patrimonio catalogase el edificio, Núñez presentó la querella por Can Domenge, cuando la adjudicación a Sacresa había tenido lugar 8 meses antes. Maria Antònia Munar cayó en la trampa que le tendió Núñez, condenado en enero por el Supremo a 2 años y 2 meses junto a su hijo por sobornar inspectores de Hacienda aunque aún no han ingresado en la cárcel. Matas tenía razón cuando le dijo a Munar que Núñez era un mal enemigo. De no haber protegido Gesa, no hubiese existido el caso Can Domenge.

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EN GESA NO HUBO 'VENDETTA'

El TSJB ha dicho la última palabra sobre el edificio Gesa. La declaración de Bien  Catalogado se ajusta a la Ley y el edificio de Josep Ferragut es digno de protección. Ante esta sentencia procede dar el pésame a María Salom y a Mateo Isern. En marzo de 2012 anunciaron compungidos y con cara de funeral que no habían encontrado ningún técnico que asumiera la primera sentencia favorable a la descatalogación del edificio. En contra de su voluntad, pero obligada por los técnicos de Patrimonio del Consell, Salom se vio forzada a recurrir. No quería, pero no le quedó más remedio. “El PP siempre ha sido partidario de no proteger Gesa y como partido proponíamos su derrumbe”, dijo entonces Salom. El PP de Palma se verá privado de cumplir su promesa electoral de derruir el emblemático inmueble,   aunque siempre podrán enviar las excavadoras por la noche, como hizo Cirer con el Pont d’es Tren del arquitecto Bennàssar. Así es como habitualmente el PP protege “lo nostro”: reduciéndolo a escombros. ¿Dónde queda la teoría de la vendetta de UM contra Núñez? Una pura infamia. Fue Núñez quien denunció en Can Domenge a quienes protegieron legalmente Gesa a instancias del Colegio Oficial de Arquitectos.

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CONDENA SIN PRUEBAS

Esta semana el Supremo ha celebrado la vista por el recurso de casación del caso Can Domenge. Recordemos que aquel fue el juicio donde no se juzgaba el soborno que dijo haber pagado Román Sanahuja, propietario de la constructora Sacresa, aunque no se habló de otra cosa. Fueron condenados todos los acusados (Bartomeu Vicens, Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer, Maria Antònia Munar, Santiago Fiol y el propio Sanahuja) en una sentencia que batió todos los récords de rapidez (19 días tardaron en redactarla) y también de plagio, ya que los magistrados hicieron un grosero copiar y pegar de 23 folios del escrito de acusación de la Fiscalía.

Los condenados y las acusaciones han expuesto sus argumentos a favor y en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial. Si los analizamos, es alarmante la falta de pruebas con que fue condenado Miquel Àngel Flaquer, ex conseller de Hacienda del Consell. Es verdad que la pena no es excesiva (un año de cárcel y 13 de inhabilitación) pero la responsabilidad civil es astronómica (1.800.000 €). No participó en nada ilegal y jamás habló con Sacresa. No consta que recibiera comisión alguna ni que estuviera al corriente de las maniobras de Vicens y Nadal. Pero a pesar de todo fue condenado por fraude a la Administración y prevaricación.

Con Munar sucede otro tanto de lo mismo. Su delito fue ser la presidenta del Consell. Nadie, excepto Vicens, la ha vinculado con el amaño del concurso. No lo hizo Sanahuja ni tampoco Nadal. Pero Vicens, tras 3 años manteniendo una versión y escribiendo de su puño y letra desde la cárcel que estaba siendo presionado por la Fiscalía para implicar a Munar (“No les basta la condena, tienen que seguir torturando, es una vergüenza”, llegó a escribir en abril de 2011), cambió radicalmente de versión pocos días antes de iniciarse el juicio. Pactó con los fiscales a cambio de una reducción brutal de la condena, que pasó de 6 años a solo 8 meses, y de evitar la prisión a su mujer en el caso Metalumba, donde la Fiscalía pedía para ella 13 años de cárcel y se quedó en 2. Vicens declaró haber entregado dinero a Munar del soborno de 4 millones que su amigo Miquel Llinàs cobró de Sacresa. ¿Dónde están las pruebas? No las hay. Únicamente su palabra que no debiera valer nada porque es a cambio de un precio y bajo presión. Creíamos que hacían falta pruebas para condenar a alguien a la cárcel, pero estábamos equivocados.

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GESA, UN EDIFICIO MAGNÍFICO Y POLÉMICO

Jamás pudo sospechar el arquitecto Josep Ferragut Pou cuando en 1963 recibió el encargo de proyectar el edificio que sería la sede de la eléctrica Gesa en la calle Joan Maragall de Palma,  que su mejor obra se convertiría en el edificio más polémico de toda la ciudad. La que sería su obra cumbre, empezada a edificar en 1967 y terminada en 1977, se vio envuelta en una polémica interminable que se prolonga hasta la actualidad. Él, que no pudo ver terminado el edificio al ser asesinado el 26 de febrero de 1968 por dos delincuentes en extrañas circunstancias a los 66 años de edad, nunca hubiese podido sospechar las discusiones técnicas, jurídicas y también políticas que su obra acabaría teniendo muchos años después de su muerte.

FACHADA MARÍTIMA

En mayo de 2003, tras la aprobación del planeamiento urbano del sector Levante de acuerdo a los planos del arquitecto Joan Busquets por encargo del Ayuntamiento de Palma, el constructor y ex presidente del Fútbol Club Barcelona José Luis Núñez, decidió invertir en Mallorca 73,6 millones de euros y comprar a Gesa unos 37.000 metros cuadrados de suelo edificable en la fachada marítima de la ciudad. La inversión era ciertamente arriesgada pero en pleno boom inmobiliario la rentabilidad de un solar en primera línea de mar en Palma de Mallorca estaba asegurada. A pesar de carecer de otros negocios conocidos e infraestructura propia en la isla, Núñez entendió –o alguien le invitó a que lo hiciera–, que el solar edificable propiedad de Gesa era una magnífica oportunidad ya que, como había presentado al público la entonces alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, acompañada del teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, junto a él se iba a construir el tan ansiado Palacio de Congresos y dos hoteles de lujo adyacentes, con un centro comercial y un aparcamiento subterráneo. La zona entera sería radicalmente remodelada, desde la entrada a la ciudad que sería convertida en un bulevard soterrando el tráfico rodado, hasta el Baluard del Príncep, cuyas viviendas militares serían derruidas y construido un centro de interpretación del caso antiguo. La posibilidad de construir allí 200 viviendas de lujo en tres bloques de edificios de alturas escalonadas de entre 5 y 7 pisos se antojaba un negocio muy lucrativo. La compra de Núñez a Gesa incluía el compromiso de la eléctrica de derribar el emblemático edificio de Ferragut y entregar el solar libre y listo para edificar pisos de lujo.

 

PETICIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS

Al trascender a la opinión pública la posibilidad real de que el edificio Gesa pudiera acabar reducido a escombros, el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) solicitó al Consell de Mallorca la preservación del inmueble. El COAIB defendió entonces el valor arquitectónico del edificio y mostró su frontal oposición al derribo. El Consell inició los trámites legales para estudiar la petición del COAIB y en febrero de 2006 se solicitó un informe a la UIB, quien en un dictamen suscrito por la catedrática del Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, Catalina Cantarellas, informó a favor de la protección del emblemático edificio. Tras el informe de la UIB, en junio de 2006 la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Mallorca acordó la incoación del expediente de declaración como Bien Catalogado.

Ya en enero de 2007, Rodrigo de Santos en una rueda de prensa donde manifestó la oposición del consistorio a la protección del edificio, afirmó que era “un grano que conviene extirpar”. El PP movilizó todos sus resortes para oponerse a la protección del edificio y multitud de entidades presentaron alegaciones en contra: Afedeco, asociaciones vecinales, tres asociaciones hoteleras (Palma, Playa de Palma y Mallorca), además de Fomento de Turismo, entre otras. Sin embargo, otras muchas entidades se mostraron partidarias de proteger el edificio incluso con un nivel superior de protección: COAIB, ARCA, asociaciones de vecinos del Polígono de Llevant y Ses Veles, la plataforma Salvem La Façana y la Fundación Docomomo ibérico (documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno).

El 16 de febrero de 2007 la Comisión de Urbanismo informó favorablemente el expediente y fue elevado al Pleno del Consell. Tan solo seis días después de este informe favorable que materializaba de facto la conservación del edificio, José Luis Núñez presentó una querella criminal contra la adjudicación mediante concurso del solar de Can Domenge por parte del Consell de Mallorca, a pesar de que la adjudicación se había producido en junio de 2006, 8 meses atrás, con los votos a favor del PP y de UM. Inicialmente Núñez dirigió su querella contra todos aquellos que votaron a favor de la adjudicación de Can Domenge (PP y UM), aunque posteriormente los consellers del PP fueron exonerados al alegar que habían votado en virtud del pacto que tenían suscrito con los nacionalistas y porque los informes técnicos eran favorables, si bien el pacto entre PP y UM nada decía expresamente de Can Domenge y en caso de discrepancia en algo no precisado en el acuerdo, cada grupo tenía plena libertad de voto. El día 2 de abril de 2007 el Pleno del Consell aprobó la declaración de Bien Catalogado del edificio Gesa, con los votos a favor de todos los grupos (PSIB-PSOE, EU-EV, PSM y UM) y el único voto en contra del Partido Popular. Javier Rodrigo de Santos, responsable de Urbanismo de Cort,  se enfureció sobremanera y no dudó en acusar a las demás formaciones de “corruptas”. La catalogación del edificio Gesa supuso un grave contratiempo para el PP y especialmente para  Rodrigo de Santos, quien años más tarde sería condenado por malversación de caudales públicos y abusos sexuales a menores y actualmente cumple condena en la cárcel de Palma.

CAMBIOS EN EL PGOU

En las elecciones municipales de 2007 el 2º Pacte de Progreso logró desalojar al PP de las principales instituciones: Govern, Consell y Ayuntamiento de Palma. Aina Calvo logró hacerse con la alcaldía de Palma el 16 de mayo tras repartirse los departamentos entre el PSOE, Bloc y UM. Y paralizó las obras de la fachada marítima, iniciando una modificación del PGOU para que los solares adquiridos por Núñez pasasen a ser propiedad municipal, cediendo el inmueble de Emaya en la calle Joan Maragall y otros solares de segunda línea y trasladando la edificabilidad a otros solares en el Polígono de Levante. Esta modificación provocó una catarata de recursos por parte de los afectados, especialmente de Núñez.

PALACIO DE CONGRESOS

Una vez protegido el edificio Gesa e impedido legalmente el derribo, la fachada marítima que el PP había planeado en 2003 quedó desdibujada. Y los grupos hoteleros que habían mostrado interés en construir y explotar el Palacio de Congresos y los hoteles anexos decidieron uno detrás de otro, abandonar el proyecto. Primero los grupos Globalia, Iberostar y Sampol. Más tarde, en mayo de 2009, el grupo Barceló con el 95% de las acciones abandonaba el barco alegando motivos económicos y que el proyecto tenía poco futuro. Los hoteleros que se habían unido en 2007 en una UTE para construir, gestionar y explotar el Palacio de Congresos y su hotel, aparcamiento y centro comercial, y que tanto presionaron a la clase política para emprender un proyecto estrella que teóricamente permitiría desestacionalizar la oferta turística de Mallorca, dejaron en la estacada a la Administración. Además, Endesa fue condenada en octubre de 2011 a pagar 86 millones de euros a Núñez por no haber demolido el edificio como se había comprometido, aunque Endesa recurrió esta resolución judicial. 

NÚÑEZ CONDENADO POR SOBORNO

Entre septiembre de 2009 y junio de 2010 el impulsor de la demolición del edificio Gesa, José Luis Núñez, fue juzgado por al Audiencia de Barcelona en el conocido como ‘caso Hacienda’, por el soborno a inspectores de la Agencia Tributaria. En julio de 2011 Núñez y su hijo fueron condenados a 6 años de prisión como autores de un delito continuado de cohecho activo e inductores de falsedad en documento oficial. Según la sentencia, sobornaron a inspectores de Hacienda en la década de los 90 con casi un millón de euros a cambio de que estos hiciesen la vista gorda y lograr defraudar más de 13 millones de euros. Además de la pena de prisión, fueron condenados a pagar 2 millones de multa y a la devolución de lo defraudado. Núñez recurrió y el Tribunal Supremo a finales de enero de 2014 confirmó la condena por cohecho, si bien redujo la pena hasta los 2 años y 2 meses de cárcel, al igual que para su hijo, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia. Ambos resultaron absueltos del delito de falsedad documental. Sin embargo, la Sala muestra su extrañeza porque los acusados no fueron acusados del delito de fraude fiscal.  

EL PP QUIERE EL DERRIBO

Aunque el Partido Popular se comprometió en su programa electoral a derribar el singular edificio si ganaba las elecciones municipales de 2011, al ocupar Cort de la mano de Mateo Isern sus planes tuvieron que paralizarse hasta que los tribunales se pronunciasen en los recursos interpuestos por Núñez.

 

En febrero de 2012 una sentencia del juzgado contencioso administrativo nº 1 de Palma anuló la catalogación del singular edificio de Ferragut, teniendo en cuenta únicamente un dictamen pericial aportado por Núñez. La sentencia reconocía que la tramitación del expediente fue correcta y que no se había aportado “prueba alguna que permita determinar que la finalidad de dicha catalogación estuviere dirigida a alcanzar fines distintos de los legalmente previstos en la norma”, arrumbando la teoría de la “vendetta” aventada por algún medio de comunicación próximo al Grupo Barceló, con intereses en la fachada marítima. Sin embargo, el juez Francisco Úbeda concluyó que “no se alcanza a entender los intereses específicos de índole arquitectónica que han promovido la declaración de Bien Catalogado”. La sentencia fue recurrida por el Consell a regañadientes y su presidenta, María Salom, quien compareció con el alcalde de Palma para anunciar el recurso, aseguró que no podía hacer otra cosa porque ningún funcionario o técnico había querido firmar para no recurrir. Por su parte, Mateo Isern aseguró que el consistorio palmesano no recurriría la sentencia.

DECISIÓN DEL TSJB

El Tribunal Superior de Justicia tiene ahora la última palabra sobre la existencia del edificio. Y para mejor decidir, acordó solicitar un informe pericial a la Universidad Politécnica de Madrid. La autora del peritaje, la profesora Lilia Maure Rubio, ha concluido que el inmueble tiene valores suficientes para ser declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento y no únicamente Bien Catalogado como el que actualmente posee. Además destaca que Josep Ferragut “es en las islas lo que Miguel Fisac en la península, dos contemporáneos cuya obra es ejemplo de innovación y genialidad”. Y alerta que “su pérdida, alteración de sus valores esenciales, o acoso urbanístico en su entorno inmediato iría en detrimento de nuestra propia historia contemporánea y del referente que el edificio constituye en la fachada marítima de Palma”.

 

Si el tribunal atiende las conclusiones de este peritaje independiente, la pervivencia del edificio Gesa está asegurada y el consistorio palmesano se vería en la obligación, como titular del edificio, de darle uso y asegurar su correcto mantenimiento y adecuada conservación.

 

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PRIORIDADES EQUIVOCADAS

Hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción anunciaba que sus actuaciones habían permitido la recuperación de 50 millones €. La mayor parte proviene de operaciones contra 2 cabecillas de la mafia rusa (Petrov y Romanov) y de la lucha contra el fraude fiscal. Esos 50 millones no son producto de la corrupción política ni de lejos. El fiscal jefe Barceló y el fiscal Carrau se mostraron exultantes, pero de una sola tacada ha sido  recuperada la misma cantidad para las arcas públicas que toda la recuperada por Anticorrupción desde 2006. Se trata de los 50 millones que TUI Travel PLC ha pagado a la Agencia Tributaria (30 millones en impuestos y 20 millones en intereses y la multa correspondiente) por 5 delitos fiscales de los que se responsabiliza el secretario del consejo de administración del turoperador para evitar la cárcel. Este dato quizás refleja que las prioridades están muy equivocadas porque se han dedicado y se dedican ingentes recursos a investigar contratos menores de 18.000 €, cuando se constata que las grandes defraudaciones y actividades del crimen organizado pasan inadvertidas. Es como si se dedicasen  todos los medios humanos y materiales disponibles al menudeo de droga, descuidando a los narcos más importantes que nutren a los clanes.

El miércoles próximo el Tribunal Supremo celebrará la vista por los recursos de Can Domenge que presentaron Munar, Nadal, Flaquer y Fiol. Vicens y Sanahuja pactaron con la Fiscalía y obtuvieron condenas menores. La sentencia, dictada solo 19 días después de la conclusión del juicio y con 28 folios copiados literalmente del escrito de conclusiones de la Fiscalía, condenó a Munar a 3 años por fraude a la Administración y otros 3 años por revelación de secretos. Está fuera de toda duda que Sacresa tuvo las bases del concurso con antelación a sus competidores, que se las proporcionó Nadal y que exculpó a Munar de ello en el juicio. Que a cambio de ganar el concurso el propietario de Sacresa, Román Sanahuja, entregó 4 millones en metálico en 2 pagos a Miguel Llinás, enviado de Vicens. Y que Vicens tenía 600.000 € en Andorra, cosa que ocultó deliberadamente en el juicio. Pero lo más preocupante es que Sanahuja sacara de las cuentas de Sacresa, como testificó en su día, 4 millones en efectivo sin que eso hiciese sonar las alarmas. Y tras una minuciosa investigación ese movimiento no levantase sospechas. ¿No parece increíble?

 

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EL CASINO Y SON PUIG

No es la primera vez que la negativa del Ajuntament de Palma a conceder las licencias municipales causa un grave quebranto a las arcas públicas, como aventuro que sucederá en el caso del segundo casino. El Gran Casino Teatro Balear ganó en noviembre el concurso público convocado por la Conselleria d’Economia i Competitivitat. Consta en el expediente administrativo un informe de idoneidad del primer teniente de alcalde de turismo del Ajuntament de Palma y coordinador municipal, Álvaro Gijón, del que ahora reniega. La Gerencia de Urbanismo ha denegado la licencia a los promotores alegando motivos absurdos y peregrinos que jamás impidieron ni dificultaron la actividad anterior de bingo en el mismo local. Ni la superficie, ni las viviendas contiguas, ni las plazas de aparcamiento jamás fueron obstáculo. Todo es un burdo pretexto para forzar al Govern a retirar la licencia recién otorgada a quien ganó el concurso legalmente, Teatro Balear, y otorgársela al proyecto por el que sentían preferencia, no es difícil imaginar por qué. Se cansaron de decir que querían un nuevo hotel en Playa de Palma con casino, que cual bálsamo de Fierabrás desestacionalizará el turismo y los magnates árabes dejarán de ir a Montecarlo para venir a s’Arenal. Imposible hacer las cosas peor y no es menos irónico que el Govern presente el anteproyecto de Ley del Juego teniendo este marronazo gracias al PP de Palma, a su secretario general y alcalde en la sombra, José Mª Rodríguez y a su mano derecha Gijón.

Los Populares de ambas instituciones, Govern y Ajuntament, insisten en que el único responsable, a pesar de haber ganado el concurso, es el promotor del Teatro Balear, pero conviene recordar que cuando FCC ganó el concurso para la sede de TV Mallorca en 2006, el entonces responsable de Urbanismo de Cort, Javier Rodrigo de Santos, denegó los permisos caprichosamente a pesar de los informes que aportó la concesionaria, como también lo hizo en Can Domenge. Años más tarde el Consell fue condenado a pagar 13 millones a FCC, lo que llevó a la quiebra a TV Mallorca que tuvo que cerrar. Las chapuzas del Ajuntament las acabaremos pagando todos. Aunque puede que la Justicia responsabilice a los políticos y les obligue a pagar de su bolsillo. Álvaro Gijón y Jesús Valls pueden preguntarle a sus compañeros del último Consejo de Administración de RTV Mallorca. Por jugar a la ligera con dinero ajeno.

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NÚÑEZ A LA CÁRCEL

El constructor José Luis Núñez, gran prohombre y prócer, ha sido condenado por el Supremo a 2 años y 2 meses de cárcel junto a su hijo, por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda y defraudar 13 millones €. Así se entienden mejor sus vastos conocimientos sobre pago de sobornos que demostró al querellarse por el concurso de Can Domenge, solo 6 días después de que la Comisión Insular de Urbanismo aprobara la catalogación del edificio Gesa que impedía su demolición y edificar pisos de lujo junto al Palacio de Congresos. Este dechado de moralidad tendrá que ingresar en la cárcel, un contratiempo que no disuadirá a Mateo Isern de nombrarle cualquier día Hijo Ilustre de Palma, en atención a los pleitos con que ha empantanado la fachada marítima. Sería un detalle por parte del PP, que tanto tiene que agradecer al expresidente del Barça, como bien saben Jaume Matas y Rodrigo de Santos, a la sazón su director de campaña.

 

Todo delito contra un niño es repugnante. Si los autores del infanticidio son su propia madre y su compañero, hay que hablar de un crimen abominable. Como de costumbre la Fiscalía no lo ve así e impulsa componendas que suponen penas mínimas a los asesinos de la pequeña Ainhoa, de 8 años, quienes el 18 de junio de 2011 le asestaron una paliza que le causó la muerte. Un ser indefenso al que, además, no auxiliaron hasta 12 horas después de la brutal agresión. Estremecedor excepto para la Fiscalía, que pacta una condena de 12 años de cárcel para ella y 10 para él. Josep Joan Cardona fue condenado a 16 años sin matar a nadie. Eso es proporcionalidad.

 

Pero no todo son reproches. La cesión de la mansión del mafioso ruso Gennadios Petrov a la entidad Amadip-Esment es una buena noticia. Mas inevitablemente surge una pregunta: ¿por qué a Amadip y no a cualquier otra entidad de interés público? ¿A qué obedece este trato de favor por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que propuso que fueran ellos los beneficiarios? Esta adjudicación a dedo, sin concurso ni ofrecimiento a otras organizaciones, es digna de análisis y otro día lo haremos. Es paradójico que Amadip termine beneficiándose de la fuga de Petrov, a quien inexplicablemente se le concedió un permiso carcelario para visitar a su suegra en Rusia y como es natural, ya no volvió. Gracias a su huida, Amadip tiene cedida gratuitamente una lujosa mansión en Calvià. Una bonita carambola.

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CASTRO, ATURA'T!

Para atreverse a atacar al juez Castro, el fiscal Pedro Horrach debe estar muy angustiado. La dureza de sus críticas recuerda otros “avisos” de la Fiscalía a jueces incómodos para el Estado. Y deja entrever que lejos de una divergencia jurídica  estamos ante un pulso en toda regla, ya anticipado en Vanity Fair. Las cosas han llegado muy lejos, le vienen a decir al veterano magistrado. Como en el Parado de Selva: ‘tura’t ben aviat, perquè si no t’atures seràs ‘turat! ¿Seríamos testigos de una confrontación así de no afectar a la hija del Rey? En ningún caso. Como tampoco el fiscal hubiese nunca recurrido una imputación del juez si la encausada no fuera la Infanta Cristina. Que ahora acuse a Castro de dilatar el procedimiento con diligencias que él considera innecesarias, redundantes y contradictorias, es tan grave como sórdido. No descarten que pida que pida el procesamiento del juez por filtraciones a la prensa.

“No se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho”. Tiene razón el fiscal, pero omite que él mismo ha solicitado la imputación de decenas de personas con  menos indicios delictivos. Los ha interrogado con toda dureza para aclarar su implicación y no le ha preocupado el perjuicio que ello les pudiera acarrear porque forma parte de la acción de la Justicia. No estamos aún ante un juicio, sino ante una ciudadana que debe dar explicaciones de hechos delictivos protagonizados por su marido y de los que ella, cuanto menos, se ha beneficiado directamente, cosa que ya nadie duda. Horrach protege a la Infanta por ser lo que es, al margen de lo que haya hecho. Su nula voluntad de investigarla aflora en el reproche a Castro por haberlo hecho “provocando una dilación no conveniente”. No hay que restar importancia al “tipo, cuantía y color de los globos” de las fiestas del matrimonio ducal, porque bien que interesó el de las famosas escobillas de váter de Sant Feliu.

Tras 6 meses de minuciosa investigación del presunto soborno de Can Domenge, solo ha aparecido dinero no declarado en Andorra. ¿De quién? De Bartomeu Vicens. En el juicio nada dijo entonces del dinero en Andorra, sino que solo devolvió 160.000 € y aseguró no tener más. Mintió. Los fiscales no registraron su domicilio y solo fueron a casa de Munar y Nadal, donde nada hallaron. Igual si hubiesen ido a casa del “arrepentido” habrían tenido más suerte.

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LA GUINDA DEL PASTEL

Uno de los tipos que fue descubierto con las manos en la caja pública se dirige a la Fiscalía y apunta el nombre de Jaume Matas. Entonces su delito es reducido sustancialmente y la pena es mínima. Eso es lo que obedeciendo al Ministerio Público ha hecho Juan Francisco Gálvez, exdirector general de Juventud. Por el mero hecho de acusar sin la más mínima prueba al expresidente Matas, ve reducida su pena de los 12 años iniciales hasta tan solo 3 años. Desde que en 2008 se destapó el caso Turisme Jove, Gálvez no había implicado jamás a Matas, pero pocos días antes del juicio se forja un pacto de conformidad, se va al juzgado y dice que actuaba por orden del ex president. ¿Qué credibilidad puede otorgársele? Ninguna. Gálvez no ha sido acusado de cohecho, delito del que sí se ha acusado a Gosálvez y Amengual. ¿Cómo es posible que siendo el superior inmediato en la cadena jerárquica, Gálvez sea exonerado del soborno? Es el premio que le otorga la Fiscalía por acusar a Matas. Ni la exconsellera Rosa Puig ni la eurodiputada Rosa Estarás, que disfruta de su exilio dorado en el Europarlamento, se ven implicadas en el asunto. No son el objetivo a batir, por suerte para ellas.

 

Veremos idéntico proceder en el caso Metalumba. El juicio comenzará el lunes y se sentarán en el banquillo Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y otros cinco acusados, entre los que está el abogado Jaime Montis. La Fiscalía solicitaba 19 años y 3 meses para Vicens, pero tras servirles en bandeja la cabeza de Munar en Can Domenge, la pena no superará los 3 años y además su mujer, Antonia Martorell, no tendrá que ir a la cárcel cuando le pedían 13 años y 3 meses. La Fiscalía debería explicar a cuento de qué rebaja de este modo sus peticiones de pena. Vicens es otro que por acusar a su superior se lleva el premio gordo. Infame.

 

Pero la guinda del pastel es el papel del fiscal Horrach a la hora de proteger a la Infanta Cristina. Primero fue un insólito recurso ante una citación como imputada. Ahora se anticipa al juez Castro y se retrata con un escrito que pretende absurdamente justificar lo injustificable, actuando de defensor y no de acusador. No es que Horrach no quiera llevar a juicio a la hija del Rey, ¡es que ni siquiera tiene curiosidad por oír su versión de los hechos en un interrogatorio en el juzgado! Desde que es fiscal anticorrupción, ¿con cuantas personas ha actuado así? Con ninguna. Jamás.

 

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SIN PRUEBAS, NO

¿Quién tiene razón, el juez Castro cuando ve indicios de un montón de delitos cometidos por Francisco Camps y Rita Barberá, o los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quienes creen que no hay pruebas para imputar a dos aforados del parlamento autonómico? Si tenemos en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Supremo en otras causas que ha instruido el juez Castro, parece que está claro que en Baleares hay cierta alegría a la hora de imputar delitos de corrupción a políticos, sustentando las acusaciones con poca base probatoria y con mucha imaginación. Vamos, que todo empezó con un enriquecimiento ilícito de Jaume Matas y su compra del palacete de San Felio y hemos acabado encarcelando al autor de los discursos del president. Y se investiga la organización de unas conferencias por parte del yerno del Rey y si cobró mucho o poco y cómo se le concedió la organización de las jornadas. Cosas que pueden parecer bien o mal, caras o baratas, provechosas o inútiles, pero hechas al fin y al cabo. Según el TSJV, discutibles éticamente, pero sin base suficiente penalmente.

 

El fiscal Horrach dijo en la conferencia que pronunció en Santa Margalida que es muy lícito usar el testimonio de arrepentidos. Y defendió que habría que pagarles por ello. Produce escalofríos pensarlo porque Vicens aseguró ante el tribunal del caso Can Domenge que a pesar de haberse quedado con 600.000 € del soborno, entregaba a la Justicia tan solo 160.000 porque no le quedaba más ya que lo había destinado a pagar fianzas, abogados y para vivir. Terminado el juicio y antes de dictarse sentencia se supo que tenía 600.000 euros en una cuenta en Andorra. Por tanto mintió al tribunal. Y es normal que lo hiciera, porque busca salir lo mejor posible de todos los casos que tiene abiertos y sobre todo, librar a su mujer de la cárcel. Horrach obvió que se está dando un trato de favor a un reo que miente, solo porque incrimina a quien está por encima de él. Y es que ese es el único objetivo, según reconoció el propio fiscal: cargarse a los de arriba, con o sin pruebas. Pero no lo ven así los jueces de Madrid y Valencia.

 

A veces da la sensación que en Baleares todo el mundo se ha liado la manta a la cabeza con la presunta corrupción de la legislatura 2003/2007 y se arman sumarios y se juzgan casos que conduzcan a la “limpieza” de aquella época, sin atender a las pruebas, que es lo que realmente cuenta.

 

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JUECES AMIGOS Y ENEMIGOS

Vicens afirmó en el juicio de Can Domenge que había entregado dinero a Maria Antònia Munar cuando él ejercía de abogado de Gestora de Desarrollo Son Oms. Sin ninguna espontaneidad la confesión pareció prefabricada y teniendo en cuenta lo que se jugaba Vicens es natural que confesase todo lo quisiera la Fiscalía, sea verdad o mentira. Su petición de pena pasó de 6 años de cárcel a solo 8 meses. Bajo la amenaza del encarcelamiento de su esposa cualquiera admitiría ser incluso adorador del diablo. Vicens dijo sentirse presionado y torturado en la cárcel. A raíz de esta confesión la Fiscalía solicita la imputación de Munar en el caso Son Oms.

El juez del caso, Pedro Barceló, ha acordado abstenerse alegando amistad íntima con Munar. Ya anunció públicamente en noviembre de 2011 que lo haría. Entonces fue atacado y se le acusó de solicitar la plaza en el Juzgado de Instrucción nº 2 para favorecer procesalmente a Munar. En un ejercicio de honestidad extraordinario, ha reconocido amistad con ella, lo que le obliga a apartarse del caso. Se dice que Barceló se declara amigo de Munar y por eso rechaza investigarla. Es absolutamente falso. La Ley le impide hacerlo. Barceló, un juez honesto –esto sí que es noticia– se ha limitado a cumplir con lo que la Ley del Poder Judicial establece. Pocos jueces y fiscales podrán decir lo mismo. ¿Cuántos de ellos se han apartado de un caso por enemistad manifiesta? No lo ha hecho nadie nunca y es evidente que concurren causas para ello. Un juez se abstiene por amistad con Munar, pero ningún juez o fiscal lo hace por enemistad, cuando la Ley les obliga a ello.

Munar lleva en prisión preventiva 18 días. Los jueces que la condenaron no esperan a que el Supremo revise su sentencia. La Fiscalía se opone a su excarcelación alegando un riesgo de fuga inexistente, subjetivo e infundado. Les basta con suponerlo, sin ninguna prueba. Dicen que tiene dinero oculto procedente de un soborno que no ha sido juzgado ni probado. Dinero tan oculto que no fue hallado en los registros, ni en la investigación del patrimonio de Munar ni de su familia, ni tampoco hay rastro de cuentas en el extranjero, lo cual prueba fehacientemente, según los fiscales, que lo hay. Es escalofriante que alguien esté en la cárcel preventivamente, sin sentencia firme, por hechos no juzgados –como el cohecho– y porque la Fiscalía cree que tiene dinero oculto sin que aparezca.

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FICTICIO RIESGO DE FUGA

En Baleares pagamos la gasolina más cara y padecemos una Justicia que no merece tal nombre. Una Justicia que se imparte en nombre del Rey de España y que trastabilla como él. Los que ahora aplauden a los jueces de la Audiencia son los mismos que hoy hace 60 días les insultaban por absolver a ‘La Paca’ o por impedir que la hija de aquel en nombre de quien administran justicia, es un decir, compareciese ante el juez Castro como imputada. Son los mismos jueces quienes envían a la cárcel a Maria Antònia Munar sin esperar a que el Tribunal Supremo revise si su sentencia se ajusta a Derecho, porque a menudo se confirma que no lo hace.

 

Si el Supremo en la sentencia de Matas lamenta que “no es usual examinar en casación una sentencia de instancia cuyos hechos probados se extienden en 23 páginas”, ¿qué dirán de la de Can Domenge, con 41 folios de hechos probados, 28 de los cuales son un burdo copiar y pegar del escrito de acusación redactado por Carrau y Horrach el 14 de marzo de 2011, cuando no había confesiones de soborno? El juicio de Can Domenge parecía más amañado de lo que pudo estarlo el concurso. La sentencia, más plagiada que las bases que facilitó Sacresa y fundamentada en la confesión de otros delitos no juzgados. La prisión preventiva a Munar está fundada en la suma de los años de condena impuesta por los mismos que dictan la prisión sin esperar a que sean definitivos; un ficticio y subjetivo riesgo de fuga; el hallazgo de 600.000 € de Vicens en Andorra, cuando sólo le han condenado a 8 meses;  y el convencimiento de que a ella le espera un “desalentador y negativo horizonte procesal”, prueba irrefutable de que está condenada de antemano sin necesidad de más juicios. Pero la sentencia del Supremo que absuelve a Matas de 4 de los 5 delitos por los que fue condenado demuestra que hay acusados dispuestos a confesar la comisión de delitos en tal de no ir a la cárcel, como Joan Martorell o Miguel Romero. Y si se reconocen torturados desde la prisión como Vicens, ni te cuento.

 

Ningún riesgo hay de que Munar se fugue. Al menos, no más del que se observa en Miquel Nadal, que tiene más de 10 años de condena, una de ellas firme, y se supone que también tiene dinero oculto a ojos de la Fiscalía y además es piloto y tiene avioneta. Y sin embargo no lo han llevado a la cárcel inmediatamente. Que vaya cuando quiera. Munar, la que de verdad interesa, ya está bajo llave.

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MUNAR, EMPROADA I TANCADA

No hi ha hagut a Mallorca una dona com ella. Ni crec que encara ara, després de més de tres anys d'haver abandonat la política, trobem una dona que desperti més odis, però també més simpaties que ella. No hi ha terme mitjà. La dona que posava i treia governs, amb qui tots varen haver de pactar per arribar a governar les institucions, tots!, ha passat la seva primera nit a la presó de Palma. Alguns ho celebren com si els hagués tocat l'Euromilió. Altres consideren que ha anat allà on mereixen estar tots els polítics ara mateix. Ningú, llevat d'un molt reduït cercle d'amics, no la defensa públicament. Molts pensen que és la víctima propiciatòria que ha permès als magistrats de l'Audiència Provincial venjar-se de la sentència del Tribunal Suprem que absol Jaume Matas de tots els delictes pels quals va ser condemnat el març de l'any passat, llevat del tràfic d'influències. S'haurien atrevit els jutges de l'Audiència a enviar a presó incondicional i sense fiança algú del PP o del PSOE? És mal de creure, perquè no els hem vist gaire valents fins ara amb la filla del rei d'Espanya. Ni tampoc amb Francisca Cortés Picazo, la Paca , absolta vergonyosament per aquells mateixos que ara han empresonat preventivament Maria Antònia Munar.

 

La dona de la qual un dia es va dir que havia pactat la seva immunitat amb Alfredo Pérez Rubalcaba a canvi de permetre el segon Pacte de Progrés i l'arribada al Consolat de la Mar per segona vegada de Francesc Antich va ser conduïda ahir migdia fins a l'hotel de la carretera de Sóller per la Policia Judicial. Retransmès en directe pels informatius. Li estalviaren el tràngol de posar-li els grillons. No tothom va rebre un tracte tan correcte. Però ella continua essent una senyora.

 

Els advertiments manuscrits de Bartomeu Vicens des de la presó s'han confirmat íntegrament. Emproada pels fiscals Anticorrupció, han fet feina de valent per aconseguir que la tanquin després de la segona sentència condemnatòria, tot i que no són fermes, amb uns fets provats que són un groller copia i enganxa de l'escrit d'acusació de la Fiscalia. I tot abans d'anar-se'n de vacances. Pim-pam.

Ella sempre va defensar la legalitat del procediment i l'excel·lència del projecte de Jean Nouvel que un jurat independent va declarar guanyador del concurs. Exactament igual que els funcionaris del Consell. I encara que ningú no la vinculà amb la revelació de secrets, ni tan sols Miquel Nadal, l'autor confés d'aquest delicte, el tribunal la condemnà a 3 anys de presó, més 3 anys per frau a l'Administració. I es dóna la paradoxa que el tribunal castiga més severament la inductora (3 anys) que l'autor del delicte (2 anys).

 

Deixant de banda el que cadascú pugui pensar sobre els fets pels quals ha estat condemnada Maria Antònia Munar, fan falta proves. I si no n'hi ha, després succeeix com amb Jaume Matas, que els han d'absoldre. No hi ha a tot Balears un patrimoni més investigat que el de l'expresidenta del Parlament. En aquestes circumstàncies, parlar de la possibilitat que tingui doblers a l'estranger sense dir on és parlar de creences, de possibilitats, no de proves. Ho han de demostrar!

 

Munar està tancada a la presó, però el cas Can Domenge és lluny de poder-se considerar resolt. El tribunal parla a la sentència del suborn, diu que està convençut que n'hi va haver i ho utilitza com a element de corroboració d'altres coses. Però això pot causar evident indefensió. És mal de creure que hi hagués suborn i ella no se n'assabentés. Però això no era el que es jutjava aquí i aquest encaparrotament a voler fer dos judicis per Can Domenge només es pot explicar per les presses de tancaur a la presó Munar com més aviat millor. I ja ho han fet.

(Publicat al diari ARA Balears)

PROSTITUIR LAS INSTITUCIONES

Vivimos días de excesos verbales. El PP calificó de nazismo las protestas de la Plataforma anti desahucios para criminalizar a todo un movimiento social. El fiscal anticorrupción Juan Carrau califica de organización criminal a toda Unió Mallorquina y la compara con la mafia, como forma de criminalización general que justifica toda actuación. Esta forma de banalizar el mal, de trivializar los crímenes de la mafia, la violencia, las extorsiones y los asesinatos, para justificar la utilización de métodos extraordinarios que resultan contrarios al Estado de Derecho, son muy preocupantes. Mucho más si provienen de un representante de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, quien debiera ver a simple vista que nada de lo sucedido en Baleares soporta ninguna comparación con la Cosa Nostra ni con la Camorra, con miles de muertos a sus espaldas. ¿Qué diríamos si alguien hiciera comparaciones de este tipo con los asesinatos de ETA?

 

Tras su alusión a los delitos militares de “traición” y “deslealtad”, competencia de los juzgados castrenses, ya sólo cabe esperar que la Fiscalía solicite la aplicación de la legislación antiterrorista. ¿Cabe mayor barbaridad? Pero lo más llamativo de todo es que la Fiscalía Anticorrupción hable de “prostitución de las instituciones”. Es imposible olvidar quién ha protagonizado una férrea defensa de la Infanta Cristina en el caso Nóos, mutando su función en la de abogados defensores de la hija del Rey. En Can Domenge se apela a la lógica y a lo que cuesta creer, no a las pruebas, para sustentar la acusación. Sin embargo, en el caso Nóos los fiscales defensores (perdón por la antítesis) establecen, contra el criterio del juez Castro, que no hay ni siquiera indicios para llamar a declarar a la Infanta, cuando es notorio que fue beneficiaria a título lucrativo, como mínimo.

 

La dignidad con la que se reviste el señor fiscal es impostada. Nada la sustenta. Aun menos pretender el enaltecimiento de los “pentiti” cuando no lo son. Ordinas, Vicens, Sanahuja y otros, son delincuentes confesos que han echado cuentas y ven que reciben un trato de favor obsceno por apuntar hacia otros. No hay ningún heroísmo. Además, son legión los imputados en Mallorca, con el estigma consiguiente, por no plegarse a las presiones de la Fiscalía. En este contexto, hablar de “prostitución de las instituciones” es una frivolidad.

 

(Publicado en Última Hora)