PAGAR A DIEGO TORRES

Pese a los esfuerzos de la Casa Real y el Gobierno por evitarlo, hoy Su Alteza Real doña Cristina de Borbón, Infanta de España, duquesa de Palma, hija del Rey y hermana del próximo Rey Felipe VI, comparece ante un modesto juez de instrucción asistida por un brillante equipo de abogados defensores que lidera el fiscal Pedro Horrach.

Nada se le preguntará de los millones saqueados a empresas que contrataron al Instituto Nóos para no hacer nada. Ni por la donación encubierta camuflada de préstamo de 1,2 millones que le hizo su padre en 2004, evitando pagar el impuesto de donaciones. Ni por el tráfico de influencias que la Audiencia de Palma zanjó, por más que Jaume Matas y Francisco Camps contrataron a Nóos porque ella y su marido, el duque empalmado, lideraban el tinglado. Manos Limpias solicitó su imputación por dos veces y le fue denegada por el juez Castro. Cambió de criterio tras los correos aportados por Diego Torres, socio de la Infanta y de su marido en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro usada para enriquecerse. En ellos queda claro que la Casa Real estaba en el ajo, como lo estaban la Infanta, vocal de la Junta Directiva y el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, tesorero de Nóos y hoy imputado, a pesar de lo cual la Casa Real lo mantiene en nómina para que tenga la boca cerrada.

Torres y sus correos nos han traído hasta aquí, después de que Urdangarin le responsabilizase a él y a su mujer Ana Tejeiro de las irregularidades. Como no quiere comerse el marrón afirmó que en Nóos “tomaban las decisiones los 5 miembros de la Junta Directiva, incluida la Infanta Cristina” y que la Casa Real estaba al tanto. Es un escándalo que la Fiscalía diga que no hay pruebas contra la Infanta porque siempre le ha sobrado la palabra de un coimputado para acusar y llevar a juicio. Con Josep Joan Cardona le bastó la palabra de Antonia Ordinas. Con Matas basta la palabra de Juan Francisco Gálvez, condenado en el caso Turisme Jove. Para acusar a José Mª Rodríguez y a Pere Rotger basta la palabra de Daniel Mercado de Over Marketing. Para acusar a Mª Antonia Munar en Son Oms sobra con la palabra de Bartomeu Vicens. Sin embargo la palabra y los correos de Torres no son suficientes ahora, según Horrach, para acusar a doña Cristina. ¿No dijo el fiscal en Santa Margalida que había que premiar económicamente a los denunciantes? Pues que pague a Diego Torres.

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UN FISCAL CONSPIRANOICO

Pedro Horrach ha desertado de su tarea de fiscal para ejercer obscenamente de abogado defensor de Cristina de Borbón. En el juicio del caso Scala, Horrach acusó al PP balear de atacar sistemáticamente a la Fiscalía con una “teoría de la conspiración”. Lo mismo que él hace ahora con el juez Castro. “Se llama teoría de la conspiración y se repite hasta la saciedad hasta que cala en parte de la opinión pública”, fueron sus palabras. En Mallorca todo el mundo conspira excepto él, un conspiranoico pertinaz que concede entrevistas a Vanity Fair repitiendo hasta la saciedad la inocencia de la Infanta, a ver si cala.

Se trata del mismo fiscal que ante la Audiencia declaró que a decir de sus respuestas, Jaume Matas más que el presidente del Govern, parecía una figura simbólica. El mismo que mostró su indignación no solo “por el saqueo premeditado de fondos públicos, tantas veces impune”, sino también por “ver cómo, sin escrúpulos, no se asumen las consecuencias penales derivadas de sus propios actos”. El mismo que habló de las dificultades para “romper las pantallas” que se convierten en “barreras casi infranqueables”, que los cargos públicos levantan para ocultar sus delitos. El mismo fiscal que afirmaba que “no es posible” que Matas no supiera nada de la contratación irregular de Antonio Alemany. Y que parafraseando al capitán Schettino, afirmó que Matas y Alemany “se cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí”. Él, que acusó al expresidente de “aprovecharse de forma sibilina” de su cargo y que sentenció “¡miente Matas y miente su mujer!”. Y que en alusión al desconocimiento del hotelero Miquel Ramis del trabajo desempeñado por Maite Areal se preguntaba alborotado “¡cómo lo vamos a saber nosotros!” y “¿se pueden creer que Ramis no supiese lo que hacen sus empleados y más siendo la mujer del presidente?”. El mismo fiscal que aseguraba al jurado que “en el mundo de la gente normal esto no sucede” y que “suena a chiste de mal gusto”. El mismo que alardeaba de “pasos cortos, vista larga y bastante mala uva” y de tener, en cuestiones de corrupción, una capacidad de sorpresa “cada vez menor”.

Recordamos sus televisivos alegatos. Si Horrach está determinado a ridiculizarse, arrastrando con él a toda la Fiscalía Anticorrupción, allá él. Pero mejor sería pedir una excedencia e irse a trabajar al bufete Roca Junyent. Y que no difame más a José Castro de forma tan soez.

 

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CASTRO, ATURA'T!

Para atreverse a atacar al juez Castro, el fiscal Pedro Horrach debe estar muy angustiado. La dureza de sus críticas recuerda otros “avisos” de la Fiscalía a jueces incómodos para el Estado. Y deja entrever que lejos de una divergencia jurídica  estamos ante un pulso en toda regla, ya anticipado en Vanity Fair. Las cosas han llegado muy lejos, le vienen a decir al veterano magistrado. Como en el Parado de Selva: ‘tura’t ben aviat, perquè si no t’atures seràs ‘turat! ¿Seríamos testigos de una confrontación así de no afectar a la hija del Rey? En ningún caso. Como tampoco el fiscal hubiese nunca recurrido una imputación del juez si la encausada no fuera la Infanta Cristina. Que ahora acuse a Castro de dilatar el procedimiento con diligencias que él considera innecesarias, redundantes y contradictorias, es tan grave como sórdido. No descarten que pida que pida el procesamiento del juez por filtraciones a la prensa.

“No se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho”. Tiene razón el fiscal, pero omite que él mismo ha solicitado la imputación de decenas de personas con  menos indicios delictivos. Los ha interrogado con toda dureza para aclarar su implicación y no le ha preocupado el perjuicio que ello les pudiera acarrear porque forma parte de la acción de la Justicia. No estamos aún ante un juicio, sino ante una ciudadana que debe dar explicaciones de hechos delictivos protagonizados por su marido y de los que ella, cuanto menos, se ha beneficiado directamente, cosa que ya nadie duda. Horrach protege a la Infanta por ser lo que es, al margen de lo que haya hecho. Su nula voluntad de investigarla aflora en el reproche a Castro por haberlo hecho “provocando una dilación no conveniente”. No hay que restar importancia al “tipo, cuantía y color de los globos” de las fiestas del matrimonio ducal, porque bien que interesó el de las famosas escobillas de váter de Sant Feliu.

Tras 6 meses de minuciosa investigación del presunto soborno de Can Domenge, solo ha aparecido dinero no declarado en Andorra. ¿De quién? De Bartomeu Vicens. En el juicio nada dijo entonces del dinero en Andorra, sino que solo devolvió 160.000 € y aseguró no tener más. Mintió. Los fiscales no registraron su domicilio y solo fueron a casa de Munar y Nadal, donde nada hallaron. Igual si hubiesen ido a casa del “arrepentido” habrían tenido más suerte.

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ENCHUFISMO

Copyright: Esteban Mercer.

Cuando el director de la Agencia Tributaria afirma que él no permitiría que hubiese injerencias políticas en su departamento –aunque es por eso que ha dimitido el director de Inspección–, suena casi tan falso como cuando el fiscal Pedro Horrach sostiene que él no está “para tapar a nadie ni para ocultar nada”. El entrevistado estrella de este mes en Vanity Fair –algo inaudito– se reivindica con una encendida apología de la Infanta Cristina de Borbón y nos fuerza a elegir entre creerle a él o creer al juez Castro. Naturalmente hay que confiar en Castro porque de momento no da entrevistas para justificarse ni para presionar a nadie y mucho menos para alimentar su vanidad.

 

Horrach dice que necesita algo a lo que agarrarse para imputar a la Infanta, aunque jamás ha necesitado tantos asideros para los centenares de mallorquines a los que ha imputado. El juez Castro se los proporciona en abundancia, pero ni él ni el Fiscal General del Estado los ven porque no quieren. Por el contrario se ha mostrado inflexible con Jaume Matas porque un hotelero –casualmente el principal competidor en la bahía de Alcudia de la compañía hotelera de la familia Horrach–  contrató a su mujer a requerimiento del ex president. Se ha montado un circo peripatético con dos fiscales, ¡dos!, acusando a Matas de recibir un soborno, con decenas de testigos y un jurado para que finalmente Matas sea condenado a pagar  9.000 € de multa, que es bastante menos de lo que ha costado el juicio. Contrasta el hecho que Maite Areal fuese nombrada asesora en la Comunidad de Madrid durante 5 años cobrando un suculento sueldo público, solo por ser la esposa del ministro de Medio Ambiente y sin embargo eso no constituya ninguna ilegalidad. Así está la Justicia. Los fiscales tras conocerse el veredicto se mostraron exultantes en público y se propinaron buenos abrazos en plena calle, como si Matas fuese el único que pidió trabajo para su mujer prevaliéndose de su cargo. Habrá que esperar a que José Mª Rodríguez algún día esté en disposición de hablar.

 

Para no perder la costumbre esta semana la Audiencia Provincial ha absuelto a otros 9 narcotraficantes de Ibiza al anular unas escuchas telefónicas. Suman 96 absoluciones en lo que va de año. ¿Ningún responsable policial va a ser cesado por esto? La Delegada del Gobierno, Teresa Palmer, debe abandonar su puesto si nadie asume su responsabilidad por este desastre continuado.

 

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PLACAS Y LOSAS

Dice el juez José Castro que el último alegato del fiscal Horrach donde exonera a la Infanta Cristina es muy cualificado. Sin duda se trata de cortesía procesal. Cuando un fiscal muta su función de acusador público y se convierte en defensor real, es todo menos cualificado. Recuerda al fiscal Jaime Guasp defendiendo al Govern en la muerte de Alpha Pam. Bien es verdad que este fiscal en enero de este año ya desbarró con comentarios que sonaron xenófobos en el juicio de un marroquí que había violado e intentado asesinar a la ciudadana británica Cheryl Maddison.  

 

Nuestros representantes políticos están muy aburridos y como modo de luchar contra la abulia que les somete, a menudo se dedican a realizar propuestas absurdas y en muchos casos populistas que, además, nos cuestan dinero. A algunos de estos perezosos gestores de lo público les ha dado por proponer la retirada de las placas conmemorativas de la inauguración de infraestructuras si en ellas aparece el nombre de algún político condenado por corrupción. A sensu contrario si la condena fuera por traficar con droga, pederastia o conducir borracho, no sería necesario proceder a la retirada de la placa en cuestión. Así lo han acordado, entre otros, los ayuntamientos de Alcudia y Andratx, aunque otros seguirán la moda. El presidente Bauzá no es ajeno a estos pasatiempos. Ordenó retirar el cuadro de Jaume Matas, pero no hizo lo propio con el de Gabriel Cañellas, implicado en el caso de financiación ilegal del PP con las comisiones del túnel de Sóller, que se libró de la condena porque el delito había prescrito. Maria Salom, que sabe bastante del escabroso asunto, ha decidido que el cuadro de Munar no sea exhibido, aunque está hecho y buen dinero nos costó. Confío en que cuando abandone el cargo dará instrucciones para que tampoco cuelguen el suyo dada su implicación en el cobro de comisiones del Túnel de Sóller.

 

Salom, política profesional de las que dice aborrecer José Ramón Bauzá –a quien, por cierto, alguien debería explicar las diferencias entre una sentencia y el escrito de un fiscal–, dice que los problemas de Televisión de Mallorca derivan de la compra de Son Puig, un inmueble que no servía como sede del ente. Debería leerse las dos sentencias que dicen lo contrario y no pasarse de lista. Ella decidió el cierre de [M] y ella debe apechugar con las consecuencias políticas de su decisión. Esa es su losa.

 

 

LA GUINDA DEL PASTEL

Uno de los tipos que fue descubierto con las manos en la caja pública se dirige a la Fiscalía y apunta el nombre de Jaume Matas. Entonces su delito es reducido sustancialmente y la pena es mínima. Eso es lo que obedeciendo al Ministerio Público ha hecho Juan Francisco Gálvez, exdirector general de Juventud. Por el mero hecho de acusar sin la más mínima prueba al expresidente Matas, ve reducida su pena de los 12 años iniciales hasta tan solo 3 años. Desde que en 2008 se destapó el caso Turisme Jove, Gálvez no había implicado jamás a Matas, pero pocos días antes del juicio se forja un pacto de conformidad, se va al juzgado y dice que actuaba por orden del ex president. ¿Qué credibilidad puede otorgársele? Ninguna. Gálvez no ha sido acusado de cohecho, delito del que sí se ha acusado a Gosálvez y Amengual. ¿Cómo es posible que siendo el superior inmediato en la cadena jerárquica, Gálvez sea exonerado del soborno? Es el premio que le otorga la Fiscalía por acusar a Matas. Ni la exconsellera Rosa Puig ni la eurodiputada Rosa Estarás, que disfruta de su exilio dorado en el Europarlamento, se ven implicadas en el asunto. No son el objetivo a batir, por suerte para ellas.

 

Veremos idéntico proceder en el caso Metalumba. El juicio comenzará el lunes y se sentarán en el banquillo Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y otros cinco acusados, entre los que está el abogado Jaime Montis. La Fiscalía solicitaba 19 años y 3 meses para Vicens, pero tras servirles en bandeja la cabeza de Munar en Can Domenge, la pena no superará los 3 años y además su mujer, Antonia Martorell, no tendrá que ir a la cárcel cuando le pedían 13 años y 3 meses. La Fiscalía debería explicar a cuento de qué rebaja de este modo sus peticiones de pena. Vicens es otro que por acusar a su superior se lleva el premio gordo. Infame.

 

Pero la guinda del pastel es el papel del fiscal Horrach a la hora de proteger a la Infanta Cristina. Primero fue un insólito recurso ante una citación como imputada. Ahora se anticipa al juez Castro y se retrata con un escrito que pretende absurdamente justificar lo injustificable, actuando de defensor y no de acusador. No es que Horrach no quiera llevar a juicio a la hija del Rey, ¡es que ni siquiera tiene curiosidad por oír su versión de los hechos en un interrogatorio en el juzgado! Desde que es fiscal anticorrupción, ¿con cuantas personas ha actuado así? Con ninguna. Jamás.

 

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POGROMO DE POLÍTICOS

Las juezas de la Audiencia habrán concedido a lo largo de su carrera  centenares de suspensiones de condena a narcotraficantes, maltratadores, estafadores, ladrones, agresores sexuales, personas violentas, conductores borrachos y todo tipo de criminales que se han librado de la cárcel por tener condenas menores de 2 años y carecer de antecedentes penales. Pese a que reconocen la nula peligrosidad criminal de Jaume Matas y que la pena impuesta por el Supremo no es grave, han decidido vengarse. La frustración que les causó la sentencia, como reconoció el fiscal Horrach, desató un pogromo a políticos que persigue encarcelar al mayor número posible de ellos, aunque sea por penas menores. Nada hay más arbitrario porque a igual condena menor, unos se libran, como Miquel Oliver y otros deberán ingresar. Dicen que Matas tiene otras causas abiertas, pero obvian que la suspensión de la condena está condicionada a que el penado no vuelva a delinquir en un plazo determinado. Se demuestra así que Matas no tiene ningún trato de favor, sino que es víctima de una cacería judicial.

Los magistrados pretenden resarcirse del varapalo del Supremo y en lugar de cobrar 10.840 euros de multa a Matas, harán que entre todos costeemos los 55 euros al día que cuesta un preso. La cárcel no es gratis y además en este caso no sirve para nada, como reconocen Sus Señorías. Primero fue Munar y más tarde Cardona, quien pronto no será el único conseller de Matas entre rejas. El ex president es la siguiente pieza a batir a toda costa y sea como sea. Le reprochan que no se haya arrepentido, pero ¿han demostrado los jueces arrepentimiento por haberle condenado indebidamente a 6 años? Ni piden perdón ni aceptan la sentencia del Supremo.

Matas, contrariamente a lo que los jueces de la Audiencia dijeron, no se quedó ni un céntimo público. No malversó, no defraudó a la Administración, no falsificó documentos ni tampoco prevaricó. Pero aún así lo encierran para escarmiento general. No para castigo de sus delitos, sino para que sirva de ejemplo, como en los autos de fe de la Santa Inquisición. Mientras tanto los mismos jueces se entretienen echando por tierra el trabajo de la Guardia Civil y absuelven a ‘La Paca’, ‘El Moreno’, ‘La Guapi’, ‘El Ico’ y otros 87 narcos este año anulando escuchas telefónicas. Parece que consideran preferible encerrar antes a políticos que a narcotraficantes de Son Banya.

 

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SIN PRUEBAS, NO

¿Quién tiene razón, el juez Castro cuando ve indicios de un montón de delitos cometidos por Francisco Camps y Rita Barberá, o los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quienes creen que no hay pruebas para imputar a dos aforados del parlamento autonómico? Si tenemos en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Supremo en otras causas que ha instruido el juez Castro, parece que está claro que en Baleares hay cierta alegría a la hora de imputar delitos de corrupción a políticos, sustentando las acusaciones con poca base probatoria y con mucha imaginación. Vamos, que todo empezó con un enriquecimiento ilícito de Jaume Matas y su compra del palacete de San Felio y hemos acabado encarcelando al autor de los discursos del president. Y se investiga la organización de unas conferencias por parte del yerno del Rey y si cobró mucho o poco y cómo se le concedió la organización de las jornadas. Cosas que pueden parecer bien o mal, caras o baratas, provechosas o inútiles, pero hechas al fin y al cabo. Según el TSJV, discutibles éticamente, pero sin base suficiente penalmente.

 

El fiscal Horrach dijo en la conferencia que pronunció en Santa Margalida que es muy lícito usar el testimonio de arrepentidos. Y defendió que habría que pagarles por ello. Produce escalofríos pensarlo porque Vicens aseguró ante el tribunal del caso Can Domenge que a pesar de haberse quedado con 600.000 € del soborno, entregaba a la Justicia tan solo 160.000 porque no le quedaba más ya que lo había destinado a pagar fianzas, abogados y para vivir. Terminado el juicio y antes de dictarse sentencia se supo que tenía 600.000 euros en una cuenta en Andorra. Por tanto mintió al tribunal. Y es normal que lo hiciera, porque busca salir lo mejor posible de todos los casos que tiene abiertos y sobre todo, librar a su mujer de la cárcel. Horrach obvió que se está dando un trato de favor a un reo que miente, solo porque incrimina a quien está por encima de él. Y es que ese es el único objetivo, según reconoció el propio fiscal: cargarse a los de arriba, con o sin pruebas. Pero no lo ven así los jueces de Madrid y Valencia.

 

A veces da la sensación que en Baleares todo el mundo se ha liado la manta a la cabeza con la presunta corrupción de la legislatura 2003/2007 y se arman sumarios y se juzgan casos que conduzcan a la “limpieza” de aquella época, sin atender a las pruebas, que es lo que realmente cuenta.

 

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VAYA DILEMA: CON EL JUEZ O CON EL FISCAL

En esta vida a veces hay que tomar partido. Y llama profundamente la atención que aquellos que continuamente lo hacen, escribiendo en los periódicos y opinando en emisoras de radio, en esta ocasión callen como muertos. Ante la posible imputación de la Infanta Cristina de Borbón, hija menor del Rey Juan Carlos I, no se entiende que ilustres cronistas de Tribunales y Sucesos,  usualmente bien informados a través de acreditadas fuentes de la Fiscalía y/o de los juzgados, se dediquen a mirar desde la barrera y con absoluta asepsia quirúrgica se limiten a informar del estado de la cuestión sin pronunciar su sentencia, por lo común inapelable.

Es una situación inaudita porque en todos los casos de corrupción suelen dictar sentencia con inusitada contundencia, conocedores de todo el sumario y de los detalles ocultos, solo conocidos por los investigadores. La presunción de inocencia es algo que a menudo olvidan y no les cabe en la cabeza la existencia de argumentos exculpatorios, porque siendo sus fuentes las que son, estos argumentos no interesan y carecen de toda credibilidad para ellos, motivo por el cual los obvian, contribuyendo con entusiasmo al juicio paralelo.

 

En el caso Urdangarin y con respecto a la posible imputación de la duquesa de Palma, solo se puede estar a favor del juez José Castro, que es quien quiere escuchar la versión de la Infanta Cristina, o a favor del fiscal Pedro Horrach, quien ha recurrido la decisión del juez instructor ante la Audiencia Provincial y ha logrado paralizarla. Se nos presenta, por tanto, una dicotomía perfecta: se está a favor del juez Castro o a favor del fiscal Horrach. No hay matices. O blanco o negro, sin escala de grises. Este dilema ha desenmascarado definitivamente a un puñado de falsos periodistas, obligados entre decidir por una fuente o por otra, lo que lleva a desacreditar a la contraria. Y eso es tanto como preguntarle a un niño: ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Imposible contestar.

 

Y de esta forma tenemos a tan ilustres informadores, a menudo trocados en fiscales y jueces desde su estrado del medio de comunicación para el que trabajan, situados habitualmente por encima del bien y del mal, siempre en posesión de la verdad absoluta, dictando sentencias condenatorias sin atender a más argumentos que los acusatorios, que en este caso concreto –si acaso el más difícil–, guardan silencio y omiten su veredicto. Nos quedamos huérfanos de su criterio y por eso lo exigimos ahora. Pero ahora callan porque no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo.

 

Si tuvieran el más mínimo criterio propio y no fueran meros transmisores mediocres del parecer de otros, ahora nos iluminarían con su discernimiento. Pero no. Y fíjense si es fácil. Lo estamos viendo en los últimos días. Los medios monárquicos atacan con dureza al juez Castro y defienden las tesis del fiscal. Los medios republicanos aplauden a rabiar al magistrado, acusando al fiscal de cobarde y de no atreverse con la hija del Rey de España. Prácticamente todo el mundo ha tomado partido. Pero los excelsos  periodistas de Tribunales y Sucesos especializados en el caso Palma Arena –y por ello en el caso Nóos– mantienen una equidistancia tan sospechosa como reveladora de que sus crónicas durante los últimos años no han sido información periodística, como era su deber, sino la de meros escribientes de las fuentes que les facilitaban acceso al sumario, conculcando la Ley y sus obligaciones de funcionarios públicos. Incapaces de sostener una tesis si no es la indicada por otro. Y eso no ha sido nunca periodismo.

 

Publicado en www.ciutat.es:

http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/6804-vaya-dilema-con-el-juez-o-con-el-fiscal