LA PROCESSÓ DE L'ENCONTRE

Este martes una multitud de periodistas de diversos medios de comunicación acudieron a los juzgados a presenciar la Processó de l’Encontre. Aunque no era muy probable que sucediera, esperaban cual aparición mariana que Jaume Matas y Maria Antònia Munar se encontraran cara a cara en los juzgados y querían inmortalizar el momento como si se tratara del encuentro de la Mare de Déu con Jesús resucitado. Pero aún estamos en Cuaresma,  el martes no era domingo de Pascua ni los juzgados de Palma son lugar para que se desarrollen reuniones de este tipo. Tuvieron que fastidiarse sin poder disimular su contrariedad. Sin embargo la satisfacción era patente entre algunos porque esta vez Munar sí llevaba esposas en sus muñecas, aunque las disimulara bajo un pañuelo y presentaba un aspecto físico cada vez más demacrado. Otros se lamentaban porque no iba cargada con cadenas, una bola de hierro en cada tobillo o con harapos que permitieran la contemplación del cuerpo desnudo con sus llagas y úlceras correspondientes. Pero cuidado porque como dice un refrán castellano, “el que se ríe del mal de su vecino, a él le viene de camino”.

 

Por lo demás, las diferencias entre Matas y Munar son evidentes a simple vista. Ella acudió a declarar (tras la negativa del juez a que lo hiciese por videoconferencia) conducida por la Policía desde la cárcel de Palma. Él está en libertad mientras se tramita el expediente de indulto. Y es que no es lo mismo haber pertenecido a un gran partido político de ámbito nacional como el PP, que a otro pequeño y nacionalista como UM. En ambos casos, tanto Matas como Munar son acusados por coimputados que han pactado con la Fiscalía generosas rebajas de sus condenas por hechos delictivos que ellos sí cometieron exclusivamente en beneficio y lucro propios, Juan Francisco Gálvez y Bartomeu Vicens.

 

Vicens ya fue juzgado a finales de 2013 por el caso Metalumba, una pieza separada de Son Oms. Inicialmente la Fiscalía solicitaba para él 19 años de cárcel y 13 años para su mujer, Antonia Martorell. Tras el pacto correspondiente fue condenado a 5 años y 9 meses, y su mujer a solo 2 años, lo que la libró de la cárcel. Vicens con sus acusaciones está cumpliendo con su parte del trato. Y es que comprobamos que la palabra acusatoria de un coimputado vale más que la palabra exculpatoria de un testigo. Además, solo es tenida en cuenta cuando incrimina, nunca cuando exonera.

 

(Publicado en Última Hora)

HUMILLAR A MATAS

Si no hay circunstancias extraordinarias de reincidencia y peligrosidad, cuando alguien es condenado a una pena no superior a 2 años de cárcel y no tiene antecedentes penales, lo normal es que no sea encarcelado. Así lo recomienda la penología y la ciencia penitenciaria al atender los efectos perniciosos de la cárcel en delincuentes primarios, en aras de la reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad que  establece la Constitución. Así lo ha hecho casi siempre la Audiencia Provincial hasta que llegó el caso de Jaume Matas. Aunque no existe ningún riesgo de reincidencia, los jueces quieren darle un escarmiento, con extrema dureza, para que sirva de aviso a navegantes, lo que lleva implícito un agravio comparativo y un disfavor y por tanto una injusticia. Los magistrados y los fiscales quieren expiar sus propias culpas por su actuación hace años en Mapau y Bitel. El fiscal jefe Antonio de Vicente Tutor, fallecido recientemente, intentó sin éxito que aquello no quedara impune, lo que a la postre le costó el cargo entre cuchilladas de sus propios compañeros. Ahora parece que hay quien se lame las heridas y quiere cerrar un ciclo.

¿Por qué Antonia Martorell –por poner un ejemplo– condenada a 2 años por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, elude la cárcel si paga 7.200 € y Matas no puede eludir 9 meses pagando 10.840 €? En el primer caso, la esposa de Vicens elaboraba facturas falsas para ocultar los cobros ilegales a través de Metalumba hasta un total de 517.000 €. Por el contrario, en el caso de Matas el delito es de tráfico de influencias por haber beneficiado a Antonio Alemany con 140.000 €. ¿Dónde está la proporcionalidad?

Matas lo tiene todo en su contra y solo puede hacer dos cosas: claudicar e ir a prisión o esperar el indulto del Consejo de Ministros, que contará con los informes desfavorables de la Fiscalía y del tribunal. Si va a la cárcel, el primer trimestre estará en régimen cerrado, el segundo posiblemente se le conceda el tercer grado y los últimos 3 meses estará en libertad condicional. En nada se favorece la reinserción social del reo pero da igual porque lo que se persigue es humillar a Matas. Quizás le convenga al ex president que no le den el indulto porque las juezas que tan mal han encajado la sentencia del Supremo al enmendar su sentencia, se cobrarán venganza en los demás casos que están por juzgar.

 

(Publicado en Última Hora)

LA GUINDA DEL PASTEL

Uno de los tipos que fue descubierto con las manos en la caja pública se dirige a la Fiscalía y apunta el nombre de Jaume Matas. Entonces su delito es reducido sustancialmente y la pena es mínima. Eso es lo que obedeciendo al Ministerio Público ha hecho Juan Francisco Gálvez, exdirector general de Juventud. Por el mero hecho de acusar sin la más mínima prueba al expresidente Matas, ve reducida su pena de los 12 años iniciales hasta tan solo 3 años. Desde que en 2008 se destapó el caso Turisme Jove, Gálvez no había implicado jamás a Matas, pero pocos días antes del juicio se forja un pacto de conformidad, se va al juzgado y dice que actuaba por orden del ex president. ¿Qué credibilidad puede otorgársele? Ninguna. Gálvez no ha sido acusado de cohecho, delito del que sí se ha acusado a Gosálvez y Amengual. ¿Cómo es posible que siendo el superior inmediato en la cadena jerárquica, Gálvez sea exonerado del soborno? Es el premio que le otorga la Fiscalía por acusar a Matas. Ni la exconsellera Rosa Puig ni la eurodiputada Rosa Estarás, que disfruta de su exilio dorado en el Europarlamento, se ven implicadas en el asunto. No son el objetivo a batir, por suerte para ellas.

 

Veremos idéntico proceder en el caso Metalumba. El juicio comenzará el lunes y se sentarán en el banquillo Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y otros cinco acusados, entre los que está el abogado Jaime Montis. La Fiscalía solicitaba 19 años y 3 meses para Vicens, pero tras servirles en bandeja la cabeza de Munar en Can Domenge, la pena no superará los 3 años y además su mujer, Antonia Martorell, no tendrá que ir a la cárcel cuando le pedían 13 años y 3 meses. La Fiscalía debería explicar a cuento de qué rebaja de este modo sus peticiones de pena. Vicens es otro que por acusar a su superior se lleva el premio gordo. Infame.

 

Pero la guinda del pastel es el papel del fiscal Horrach a la hora de proteger a la Infanta Cristina. Primero fue un insólito recurso ante una citación como imputada. Ahora se anticipa al juez Castro y se retrata con un escrito que pretende absurdamente justificar lo injustificable, actuando de defensor y no de acusador. No es que Horrach no quiera llevar a juicio a la hija del Rey, ¡es que ni siquiera tiene curiosidad por oír su versión de los hechos en un interrogatorio en el juzgado! Desde que es fiscal anticorrupción, ¿con cuantas personas ha actuado así? Con ninguna. Jamás.

 

(Publicado en Última Hora)

CONFESAR POR 30 MILLONES

Hasta ahora la Fiscalía sostenía que Can Domenge fue vendido por 30 millones € cuando realmente valía el doble, casi 60, y por tanto el perjuicio causado a las arcas del Consell se estableció en 27,8 millones €, a lo que hay que sumar un tercio. De ahí que se fijase la fianza civil en 37,1 millones €, a pagar conjunta y solidariamente entre todos los acusados, a quienes se embargaron sus bienes. Sin embargo, las dudas sobre el valor del solar persisten y serán motivo de ardua discusión en el juicio, porque hay varios peritajes que ratifican la inicial valoración del Consell. Román Sanahuja insiste en que el “único valor real razonable de la finca” eran los 30 millones que él pagó y no 60, y asegura que lo demostrará en el juicio. La Fiscalía podría relajar su tesis del valor del solar a cambio de la confesión del pago de 4 millones € a UM. Esto justificaría el giro de 180º de Sanahuja tan sólo dos días antes de empezar el juicio.

 

Un fiscal se trasladó a Barcelona para persuadir a Sanahuja y la posibilidad de salvar más de 30 millones ha convencido al propietario de Sacresa. Se trata de una cifra que quita la respiración, aunque para alguien a quien en 2009 se le calculaba un patrimonio conocido de 5.500 millones € y que figuraba en el tercer puesto del ranking de los más ricos de España (por detrás de Amancio Ortega, de Inditex y Rafael del Pino, de Ferrovial) sea una minucia. Sanahuja salva los 37 millones de responsabilidad civil y la Fiscalía asegura la confesión del pago de 4 millones, ya veremos si vía soborno o vía extorsión, además de dejar a sus 4 hijos tranquilos y librarle a él de la cárcel, atendiendo a su edad. No cabe duda que se trata de un buen pacto para él.

 

El otro “arrepentido” hasta ahora, Bartomeu Vicens, evitará con su contradictoria confesión que su esposa vaya a la cárcel por blanquear dinero de Metalumba. Recordemos que la Fiscalía le pide en su escrito de acusación 13 años y otros 19 para Vicens que se reducirán hasta sólo 3, lo que le permitirá empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios e incluso del tercer grado en 2014. Tampoco está mal.

 

Está claro que nadie confiesa a cambio de nada. La Fiscalía se ha acostumbrado a ir a juicio fundamentando las acusaciones básicamente en testimonios de coimputados y hasta ahora la Audiencia Provincial ha dado credibilidad a estos testimonios, pero falta saber qué dirá el Tribunal Supremo.

 

(Publicado en Última Hora)

EL LÍO DE CAN DOMENGE

Al principio la acusación fue que el concurso que convocó el Consell de Mallorca en enero de 2006 para vender el solar de Can Domenge debía haber sido una subasta. Ese argumento cayó porque había otras cosas a tener en cuenta, como un buen proyecto arquitectónico, al margen de la oferta económica que únicamente hubiese servido para especular. Según los técnicos, todo fue completamente legal.

Luego vino la polémica del precio máximo, 30 millones. Otro argumento arrumbado porque de las 6 o 7 valoraciones existentes en la causa, únicamente 2 de ellas (la del COAIB y la de Hacienda) lo tasan en 60 millones € y las otras confirman la valoración inicial de 30 millones €. Que finalmente BMN - Sa Nostra haya acabado vendiendo el solar por 7 millones a Cotesa indica claramente que las tasaciones de 60 millones estaban hinchadas.

Luego se habló de información privilegiada, en teoría a favor de Sacresa, cuando las revelaciones de Bartomeu Vicens a la Fiscalía Anticorrupción para impedir que su mujer acabe encarcelada por el caso Metalumba, apuntan a que el concurso estaba supuestamente amañado para que ganase Grup Fer, con lo que sería absurdo que se facilitase información privilegiada a Sacresa. O quizás lo que sucedió es que todos tenían información nada privilegiada y que los sucesivos borradores de las  bases del concurso circulaban con bastante alegría, incluso en la prensa, porque no había en ellos nada de confidencial ni privilegiado. De hecho, aunque el concurso estaba supuestamente “amañado” ganó el mejor proyecto según un jurado técnico independiente que está fuera de sospecha.

Luego vino la querella de José Luis Núñez, ex presidente del F.C. Barcelona, aunque no inmediatamente después de la adjudicación del solar a Sacresa, sino 8 meses más tarde. Curiosamente sólo 6 días después de que la Comisión Insular de Urbanismo aprobara la protección del edificio Gesa en la fachada marítima, que la eléctrica debía demoler para entregar el solar completamente despejado y que Núñez pudiera levantar sus bloques de pisos de lujo de hasta 7 alturas, cosa que con el edificio de Ferragut protegido era imposible. Recordemos que Núñez y su hijo fueron condenados en julio de 2011 por la Audiencia de Barcelona a 6 años de prisión por sobornar a inspectores de Hacienda para defraudar más de 13 millones €. Núñez recurrió la sentencia y está pendiente del Supremo.

 

Luego se dijo que en mayo de 2006 el yate 'Cap de Quers' de la familia Sanahuja, patroneado por José Manuel Baldor, había transportado de Barcelona a Palma dinero en efectivo en bolsas de plástico. La minuciosa investigación de la Fiscalía y de la Policía no logró dar resultados y las diligencias fueron archivadas, aunque Anticorrupción ha citado como testigo de la acusación al capitán Baldor. Ahora se dice que el dinero (se precisa que 4 millones €) no fue trasladado en yate, sino dentro de maletines en un avión privado por un hijo de Román Sanahuja, dueño de Sacresa, en dos viajes.

 

La declaración inculpatoria de Vicens motivó que se registraran los domicilios de Munar y Nadal en busca del dinero supuestamente cobrado (600.000 € según Vicens), pero extrañamente la Fiscalía no registró su casa cuando este sólo ha entregado 120.000 € y se sabe que tiene dinero en efectivo desde que su mujer protagonizó el extraño episodio de los 22 billetes de 500 € escondidos en los zapatos que intentó llevar a su marido a la cárcel. ¿Por qué no se ordenó la búsqueda del dinero también en casa de Vicens? Sin embargo, aprovechando el registro, los investigadores se hicieron con documentación relevante para la defensa de Munar y Nadal e incluso examinaron sus argumentos de defensa, según denuncia Munar.

 

Con todo este lío se inicia hoy el juicio en la Audiencia Provincial, aunque la Fiscalía no va a acusar a nadie por el cohecho, que se deja para mejor ocasión, aunque sí por prevaricación, fraude a la administración y revelación y uso de información confidencial. ¿Cómo se pretende abstraer este juicio de las acusaciones de soborno que sobrevuelan permanentemente, aún más cuando ayer lo confesó por escrito el propio dueño de Sacresa? ¿Cómo se hará para que las investigaciones abiertas a raíz de la confesión de Vicens y Sanahuja no impregnen este juicio, sin forman parte de él mismo y de los hechos que van a ser juzgados? Lo lógico y normal sería que el juicio fuera suspendido y que se prosiga con la investigación por parte del Juez de Instrucción. Hacer otra cosa es comprometer seriamente la viabilidad legal del caso, porque todo acusado tiene derecho a un juicio justo con todas las garantías, a saber de qué se le acusa y a no sufrir indefensión.

 

(Publicado en Última Hora) 

UNAS PIEZAS QUE NO ENCAJAN

Más allá del escándalo generado por las declaraciones de Bartomeu Vicens sobre Can Domenge, conviene entrar en el fondo de su relato para ver si las piezas encajan o no. No perdamos de vista que Vicens es coimputado y además, está preso por dos condenas firmes de malversación de caudales públicos de 3 años cada una. No podemos darle a sus palabras valor absoluto ni más del que estrictamente tienen, esencialmente porque él busca salir de la cárcel cuanto antes obteniendo un trato de favor que de otro modo no conseguiría. Y sobre todo quiere evitar que su esposa acabe encarcelada por blanquear dinero de Son Oms a través de Metalumba, motivo por el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel para ella y otros 19 para él. Casi nada.

Vicens ha introducido un elemento inédito sobre Can Domenge: que el concurso se amañó presuntamente por orden de Munar y Nadal para que ganase el Grup Fer y no Sacresa, como hasta ahora creía Anticorrupción, a cambio de una comisión de 3 millones €. Pero el Grup Fer no ganó porque el proyecto que presentó no era lo suficientemente bueno. O sea, que inicialmente el concurso no estaba amañado para que ganase Sacresa, como hasta ahora decía la Fiscalía, sino el Grup Fer, cosa que finalmente no sucedió. ¿Cómo es posible que se considere amañado un concurso y la empresa a beneficiar acabe en tercera posición? ¿Qué clase de amaño es este? Vicens afirma que el jurado técnico “fue totalmente imparcial” y que ganó el mejor proyecto, el de Sacresa – Ferrá Tur firmado por Jean Nouvel. Entonces ¿dónde está el amaño si ganó el mejor? Explica entonces Vicens que es después de que Sacresa obtenga la mejor puntuación cuando se le exige el pago del soborno, ahora 4 millones (la mitad por delante) pero no parece lógico que pague cuando ya ha ganado.

Vicens sólo ha devuelto 160.000 € que es un exiguo 26,6% de lo que dice haber cobrado y sólo un 4% de toda la supuesta comisión. Y por ahora no se ha encontrado más dinero a pesar de los registros. Las piezas no encajan y debe seguir investigándose. En estas circunstancias, llevar a juicio el caso Can Domenge sin que se juzgue el presunto soborno se antoja un disparate colosal. Una chapuza jurídica porque el cohecho sería el móvil del concurso y es ilógico juzgar una cosa sin la otra. Absurdo.  Puede acabar pasando que las prisas por despachar el asunto sin indagar convenientemente den al traste con todo el caso.

 

(Publicado en Última Hora el 25.5.2013)

CÓMO DOBLEGAR A UN PRESO

Bartomeu Vicens ha aguantado mucho tiempo la presión pero si quería evitar que su esposa ingresara en prisión ha tenido que plegarse a las exigencias de la Fiscalía, que pedía para ella 13 años y 3 meses de prisión y para él 19 años por el caso Metalumba que se juzgará en noviembre. Vicens estuvo en el punto de mira de Anticorrupción desde que ingresó en la cárcel el 6 de julio de 2010 para cumplir una condena de 3 años por malversación, al pagar 12.000 € de fondos públicos a su contable. En mayo de 2012 fue condenado a otros 3 años de cárcel por un caso muy similar, cuando otorgó casi 12.000 euros a la productora Studio Media en 2004. La Fiscalía entonces le reconoció una  atenuante al devolver el dinero, pero no la de colaboración con la Justicia por su negativa a confirmar sus sospechas en Can Domenge. Ahora parece que Vicens ha aprendido la lección.

 

Los fiscales Carrau y Horrach visitaron en varias ocasiones a Vicens en prisión, junto a sus abogados Valdivia y Campaner, quienes ahora han renunciado a su defensa porque al parecer no cobran. Los fiscales tentan a Vicens y la recompensa es mucha: impunidad para su esposa y para él, cumplimiento como máximo del triple de la condena mayor que se le ha impuesto, que es de 3 años. En resumen: 9 años y por tanto, en 2014 acceso al tercer grado. Ya lo tuvieron más de 2 años sin pisar la calle ni en navidades, hasta que en noviembre del año pasado la Audiencia acordó la concesión de permisos de salida, en contra del criterio de la juez de Vigilancia Penitenciaria y de la Fiscalía. Había que doblegarlo como fuera.

 

Ante la  perspectiva de una condena muy elevada y la posibilidad de que su esposa acabe encarcelada por Metalumba, Vicens ha acabado cediendo. Acepta  pactar con la Fiscalía pero deberá facilitar información inédita. Se dice que confiesa haber cobrado un soborno de 600.000 € pero ¿dónde está el dinero? Si los tiene, es extraño que sus abogados hayan renunciado a su defensa porque no cobran. Y más extraño aún es que teniendo tanto dinero no lo utilizase para pagar la fianza de 100.000 € que en las navidades de 2009 le permitió eludir la prisión gracias a la colecta hecha entre sus compañeros de UM y otros amigos. Por todo esto no se puede descartar que Vicens sólo esté diciendo lo que la Fiscalía quiere oír, sin ninguna prueba y sin entregar el dinero. ¿Le bastará eso para recibir un trato de favor?

 

(Publicado en Última Hora, 18.5.2013)