MÁXIMA ALARMA

Ante la situación de “máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política” que denuncian en un comunicado 5 asociaciones de jueces y fiscales, era previsible que la sección 2ª de la Audiencia no dejase ir sin más a Cristina de Borbón. Hubiesen podido evitar que fuera juzgada, asumiendo las tesis de su defensa y de la Fiscalía –a la que censuran duramente por criticar al juez Castro y por considerar que carecía de interés en recurrir y de legitimación–, pero no lo han hecho. Admiten que pueden existir 2 delitos fiscales cometidos por la infanta, aunque la exoneran del blanqueo de capitales. Es curioso porque estos mismos jueces, en otros asuntos muy  relevantes, han condenado al considerar lógico que unos acusados debían estar al corriente de lo que hacían sus subordinados; pero la hermana del Rey no tenía por qué saber de las fechorías que cometía su esposo y de cuyo fruto ella se beneficiaba a través de Aizoon, sociedad pantalla participada al 50% por ambos cónyuges. La infanta debe renunciar ya a sus derechos dinásticos y prepararse para ir a juicio. Sus abogados han sufrido un durísimo  varapalo y deberán encomendarse a la doctrina Botín, de dudosa aplicación a este caso.

 

Jueces y fiscales se han erigido como el último dique de contención contra la corrupción. Esta “máxima alarma” aconseja a la Fiscalía recurrir el 3^er grado de Jaume Matas. Nadie se conforma con verle entrar en prisión por una condena de 9 meses por la que nadie sería encarcelado. Ahora se exige abolir la progresión de grado e incluso aprobar el cumplimiento íntegro de penas, como a los terroristas. ¡Ejemplaridad! Se alega la alarma social que causa que Matas salga de la prisión, pero Antònia Ordinas y Felipe Ferré, condenados a más de 3 años de cárcel, ya disfrutan de permisos, salen a la calle y nadie se alarma por eso. Los socialistas acusan al Gobierno de conceder un indulto encubierto a Matas al otorgarle el 3^er grado pero ellos, como el resto de grupos parlamentarios, apoyaron en 1979 la Ley Penitenciaria. Seguramente se les olvidó impedir la progresión de grado si el penado se apellida Matas. En circunstancias normales el expresident estaría 3 meses encerrado, 3 en 3^er grado y 3 en libertad condicional, pero no vivimos en la normalidad y los jueces y fiscales han determinado que a grandes males, grandes remedios, con el grado de injusticia que eso conlleva.

 

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REEDUCAR Y REINSERTAR

En vísperas del encarcelamiento de Jaume Matas y Antonio Alemany Dezcallar cabe preguntarse una vez más si el sistema penitenciario sirve para aquello que dice la Carta Magna en su art. 25.2 y en la Ley General Penitenciaria: la reeducación y reinserción social de los condenados. Por graves y reprochables que sean los delitos, el castigo debe estar orientado a tal fin porque de lo contrario se vulnera la Constitución, aunque a nadie parece importarle. ¿Servirán para eso los 6 meses efectivos que estará privado de libertad el expresident? No lo parece. ¿Será reeducado Antonio Alemany? Se antoja difícil, dados su carácter y edad. ¿No sería más provechoso que hubiesen sido condenados a trabajos en beneficio de la comunidad, como han hecho en Italia con Silvio Berlusconi?  Más provechoso y más barato, porque cada recluso nos cuesta 54 € diarios y 20.000 € al año.

 

Otros dos que pueden acabar entre rejas son Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Cuando apareció en el caso Palma Arena el yerno del Rey Juan Carlos, muchos creímos que hasta ahí habría llegado la broma. Sin embargo ha terminado imputada hasta la infanta Cristina. Fuimos descreídos y desconfiamos de la Justicia. Y a pesar de todos los obstáculos, el juez José Castro ha avanzado en la investigación lento pero implacable, como avanza la apisonadora de la Justicia, presta a triturar a cuantos pille a su alcance. Hay quien acusa a Torres de ser un desvergonzado que se dedica a tirar mierda contra la Familia Real en tal de exculpar a su mujer Ana Maria Tejeiro. No hay reproche que hacer porque no es el primer imputado que lo hace y con bastante éxito. Rápidamente se les ha bautizado como “arrepentidos” y se ha tomado por veraces sus acusaciones, sin más. Lo hizo Bartomeu Vicens y nadie cuestionó que sus revelaciones fuesen verdad. Lo hicieron Antònia Ordinas y Kurt Viaenne. Más recientemente lo hizo Juan Francisco Gálvez al acusar a Jaume Matas de ordenar un pago ilegal de 120.000 euros al ex concejal del PP de Calvià Jesús García Oeo. ¿Por qué no sucede lo mismo con lo que cuenta Diego Torres, quien además lo demuestra con correos electrónicos muy reveladores? Pues porque entonces la trama pergeñada por él y Urdangarin, con la inestimable “colaboración silenciosa” de su mujer la infanta Cristina de Borbón, acabaría salpicando a toda la Real Familia, incluyendo al actual monarca Felipe VI y por descontado, a su padre.

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¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE?

Esta fue la pregunta que lanzó al Tribunal Supremo Miquel Arbona, abogado de Josep Joan Cardona, el ex conseller de Jaume Matas encarcelado desde el 30 de julio. Ante una condena de 16 años en el ‘caso Scala’, basada exclusivamente en los testimonios de Antònia Ordinas (la de la caja de Cola Cao enterrada en el jardín con  250.000 €) y de Kurt Viaene (quien en vísperas del juicio cambió su versión sostenida más de 4 años), el ex presidente del PP de Ibiza y Formentera defiende su inocencia y sostiene que sus antiguos subordinados, pillados en graves irregularidades ajenas a él, le incriminaron a cambio de sustanciosas –y escandalosas– rebajas de pena tras pactar con la Fiscalía. “Si una persona que tiene el procedimiento en contra por la cantidad de pruebas abrumadoras, no aporta datos objetivos sino que se convierte en fuente de prueba y tiene animadversión hacia quien acusa, ¿dónde está el límite?”, se preguntaba Arbona, juez en excedencia.

 

Recordaba al alegato que el también ex juez José Antonio Choclán, defensor de Maria Antònia Munar, pronunció en el ‘caso Can Domenge’ denunciando las técnicas inquisitoriales de la Fiscalía. Citó al inquisidor Nicolau Eymeric en su Manual para la Inquisición sobre cómo obtener una confesión de un hereje: “Se procurará convertirlos, enviándoles sacerdotes y religiosos. Primero en un calabozo cargado de grillos. Si se resistiera, se buscarían otros medios con blandura como un aposento cómodo. Y si se fallare, se haría venir a sus hijos y a sus mujeres”. La declaración de Bartomeu Vicens fue sonsacada bajo amenaza de encarcelar a su esposa, para quien se pedían 13 años en el ‘caso Metalumba’ y que tras el “arrepentimiento” quedaron en una multa. El propio Vicens confesó presiones en las cartas que envió desde la cárcel a Munar, pero no bastó para invalidar su testimonio. También Antònia Ordinas vio como, gracias a su confesión y a su “arrepentimiento”, su esposa Isabel Rosselló se libraba de la cárcel y era condenada a 18 meses. Y ella misma pasó de una pena inicial de 20 años a solo 3 años y pico.

 

Para condenar a alguien no debería ser suficiente con la palabra de un coimputado pillado con cajas de Cola Cao llenas de dinero proveniente de comisiones, a quien se ha presionado con encarcelar a su cónyuge y a quien se acaba condenando mínimamente tras incriminar a sus superiores. El Supremo debe poner un límite y decir basta.

 

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PROSTITUIR LAS INSTITUCIONES

Vivimos días de excesos verbales. El PP calificó de nazismo las protestas de la Plataforma anti desahucios para criminalizar a todo un movimiento social. El fiscal anticorrupción Juan Carrau califica de organización criminal a toda Unió Mallorquina y la compara con la mafia, como forma de criminalización general que justifica toda actuación. Esta forma de banalizar el mal, de trivializar los crímenes de la mafia, la violencia, las extorsiones y los asesinatos, para justificar la utilización de métodos extraordinarios que resultan contrarios al Estado de Derecho, son muy preocupantes. Mucho más si provienen de un representante de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, quien debiera ver a simple vista que nada de lo sucedido en Baleares soporta ninguna comparación con la Cosa Nostra ni con la Camorra, con miles de muertos a sus espaldas. ¿Qué diríamos si alguien hiciera comparaciones de este tipo con los asesinatos de ETA?

 

Tras su alusión a los delitos militares de “traición” y “deslealtad”, competencia de los juzgados castrenses, ya sólo cabe esperar que la Fiscalía solicite la aplicación de la legislación antiterrorista. ¿Cabe mayor barbaridad? Pero lo más llamativo de todo es que la Fiscalía Anticorrupción hable de “prostitución de las instituciones”. Es imposible olvidar quién ha protagonizado una férrea defensa de la Infanta Cristina en el caso Nóos, mutando su función en la de abogados defensores de la hija del Rey. En Can Domenge se apela a la lógica y a lo que cuesta creer, no a las pruebas, para sustentar la acusación. Sin embargo, en el caso Nóos los fiscales defensores (perdón por la antítesis) establecen, contra el criterio del juez Castro, que no hay ni siquiera indicios para llamar a declarar a la Infanta, cuando es notorio que fue beneficiaria a título lucrativo, como mínimo.

 

La dignidad con la que se reviste el señor fiscal es impostada. Nada la sustenta. Aun menos pretender el enaltecimiento de los “pentiti” cuando no lo son. Ordinas, Vicens, Sanahuja y otros, son delincuentes confesos que han echado cuentas y ven que reciben un trato de favor obsceno por apuntar hacia otros. No hay ningún heroísmo. Además, son legión los imputados en Mallorca, con el estigma consiguiente, por no plegarse a las presiones de la Fiscalía. En este contexto, hablar de “prostitución de las instituciones” es una frivolidad.

 

(Publicado en Última Hora)

EL FISCAL CONTRA EL PP

Sabíamos por sus hechos que la Fiscalía Anticorrupción hacía el trabajo sucio del PSIB.  Ahora lo sabemos también por sus palabras. El fiscal Pedro Horrach lo confirmó el jueves en un ejercicio de sinceridad que hay que agradecer. Pero sorprende que lo haga con tanto desparpajo desde la sala del juicio del caso Scala, cuando el martes supimos que el fiscal jefe de Baleares Bartomeu Barceló ha dado instrucciones para que se reactive el caso Ibiza Centro, señal inequívoca de que estaba paralizado no sabemos si por orden suya. Ya demostró el fiscal jefe Barceló durante la apertura del año judicial en septiembre del año pasado que encaja muy mal las críticas y subyace aquí una preocupante y peligrosa propensión a silenciarlas. Muy a menudo lo consiguen facilitando información y acceso a los sumarios a algunos periodistas, aunque con ello conculquen la Ley. Pero de vez en cuando se oyen voces críticas por las actuaciones de la Fiscalía, en especial cuando se desvela en ofrecer un generoso trato de favor a una Infanta de España, que diría el canciller García-Margallo.

 

Es inexplicable que un sabueso como Horrach no vea que las críticas que se le hacen a la Fiscalía no son por los casos que han investigado, sino por los que no lo han hecho, aquellos donde aparecen miembros del PSOE. Es manifiesto el celo investigador en los casos que afectan a PP y UM y la flojera que dedican a otras formaciones políticas. Los ejemplos son innumerables. El último, el archivo de la denuncia del Ajuntament de Palma por el contrato de Jardins de Tramontana en 2008.

 

Dejaremos de lado esta querencia del fiscal Horrach de utilizar su turno de conclusiones finales para hacer política de baja estofa. Perdonaremos sus conferencias abarrotadas de  ex consellers y diputados socialistas aplaudiéndole. Tampoco tendremos en cuenta las fiestas en casa de Aina Salom junto a otros conspicuos socialistas. Pero no podemos disimular la rabia con la que hablaba porque no se acumula en un solo día. Y es comprensible que las críticas por su vergonzosa actuación en defensa de la Infanta Cristina hayan hecho mella en su ánimo, pero nunca tanta como para considerar “digna de admiración” la entereza de Antònia Ordinas, la mayor ladrona confesa de Baleares. Horrach no puede haber trabucado tanto como para confundir desvergüenza con entereza. Esperemos que no.

(Publicado en Última Hora el 10.3.2013)

 

¿ARREPENTIDA DE QUÉ?

He aquí a una persona sin escrúpulos de ningún tipo, una sinvergüenza de marca mayor, de cabo a rabo, pillada in fraganti llevándose el dinero de nuestros impuestos a espuertas, exigiendo y cobrando comisiones a empresarios que trabajaban para la empresa pública que se dedicó a desfalcar sin rubor, según su propia confesión. Antònia Ordinas ha logrado que todo el mundo atienda sus arrogantes y delirantes explicaciones, dirigiendo la atención sobre otra persona. Esta descarada, que guardaba 240.000 euros en latas de Cola Cao enterradas en su jardín y que una vez trascendió la existencia de un agujero presupuestario en el CDEIB se negó a devolver 18.000 euros, pretende que otra persona cargue con el muerto: el ex Conseller Josep Joan Cardona.

Ordinas está rebautizada indecentemente con el adjetivo de “arrepentida”, que en Mallorca se antepone al nombre de aquellos delincuentes sorprendidos en pleno saqueo de los fondos públicos que no aciertan a pronunciar aquello de “no es lo que parece” sino “yo sólo obedecía órdenes”. Un adjetivo nunca peor utilizado. “Arrepentida” sería si antes de ser sorprendida hubiese comparecido ante la Policía para denunciar los hechos y no una vez descubierta con el botín. ¿Qué arrepentimiento es este? ¿Arrepentida de qué? Sin embargo la Fiscalía la premia generosamente como si hubiese sido una confesión a iniciativa propia. Sin que nada hubiese sido desenmascarado. Piden 21 años para Cardona y sólo 4 para Ordinas. Y todo porque Ordinas incrimina a su superior, el ex conseller Cardona y ya de paso a Toni Pastor, a Biel Company y al que haga falta, emulando a Diego Torres.

Ordinas no está “arrepentida”, está envilecida. Ya que en la cárcel no estará ni dos años, el tribunal debiera condenarla a destierro, por su infinita desvergüenza y su intensa dedicación al latrocinio indiscriminado. Para la Fiscalía la lección es muy sencilla: “por mucho que hayas robado, si cuando te pillan apuntas a tus superiores te vas prácticamente indemne, aunque tus argumentos sean rocambolescos e increíbles y no tengas pruebas”. Todo imputado puede mentir y previsiblemente lo hará si eso puede beneficiarle. Es incomprensible que jueces y fiscales se presten a esto porque no se trata de “arrepentidos”, sino de caraduras ejerciendo de lo que son y a los que la Fiscalía da un trato de privilegio por ello. Nada más nauseabundo y alejado de la Justicia.

(Publicado en Última Hora, 13.4.2013)