EL CASINO Y SON PUIG

No es la primera vez que la negativa del Ajuntament de Palma a conceder las licencias municipales causa un grave quebranto a las arcas públicas, como aventuro que sucederá en el caso del segundo casino. El Gran Casino Teatro Balear ganó en noviembre el concurso público convocado por la Conselleria d’Economia i Competitivitat. Consta en el expediente administrativo un informe de idoneidad del primer teniente de alcalde de turismo del Ajuntament de Palma y coordinador municipal, Álvaro Gijón, del que ahora reniega. La Gerencia de Urbanismo ha denegado la licencia a los promotores alegando motivos absurdos y peregrinos que jamás impidieron ni dificultaron la actividad anterior de bingo en el mismo local. Ni la superficie, ni las viviendas contiguas, ni las plazas de aparcamiento jamás fueron obstáculo. Todo es un burdo pretexto para forzar al Govern a retirar la licencia recién otorgada a quien ganó el concurso legalmente, Teatro Balear, y otorgársela al proyecto por el que sentían preferencia, no es difícil imaginar por qué. Se cansaron de decir que querían un nuevo hotel en Playa de Palma con casino, que cual bálsamo de Fierabrás desestacionalizará el turismo y los magnates árabes dejarán de ir a Montecarlo para venir a s’Arenal. Imposible hacer las cosas peor y no es menos irónico que el Govern presente el anteproyecto de Ley del Juego teniendo este marronazo gracias al PP de Palma, a su secretario general y alcalde en la sombra, José Mª Rodríguez y a su mano derecha Gijón.

Los Populares de ambas instituciones, Govern y Ajuntament, insisten en que el único responsable, a pesar de haber ganado el concurso, es el promotor del Teatro Balear, pero conviene recordar que cuando FCC ganó el concurso para la sede de TV Mallorca en 2006, el entonces responsable de Urbanismo de Cort, Javier Rodrigo de Santos, denegó los permisos caprichosamente a pesar de los informes que aportó la concesionaria, como también lo hizo en Can Domenge. Años más tarde el Consell fue condenado a pagar 13 millones a FCC, lo que llevó a la quiebra a TV Mallorca que tuvo que cerrar. Las chapuzas del Ajuntament las acabaremos pagando todos. Aunque puede que la Justicia responsabilice a los políticos y les obligue a pagar de su bolsillo. Álvaro Gijón y Jesús Valls pueden preguntarle a sus compañeros del último Consejo de Administración de RTV Mallorca. Por jugar a la ligera con dinero ajeno.

(Publicado en Última Hora)

ECHARLE LA CULPA AL EMPEDRADO

Si el Consell finalmente tiene que indemnizar con 13 millones € a FCC por la compra de Son Puig, que debía haber sido la sede de TV Mallorca, será gracias a  Rodrigo de Santos, teniente de alcalde de Urbanismo de Catalina Cirer, que denegó pertinaz y caprichosamente las licencias de obras para rehabilitar la finca, fiel a su estilo de torpedear todo proyecto ajeno por la vía de no conceder las licencias. Afirma el actual conseller insular de Presidencia, Jaume Juan, que es una barbaridad que TV Mallorca comprara Son Puig ya que “en ningún momento ha servido para lo que tenía que servir y que no se tomaran las medidas adecuadas para saber lo que se compraba”. Omite maliciosamente y así lo ha dicho la Justicia, que existían informes favorables del Servei d’Urbanisme del Departament del Territori del Consell sobre su adecuación arquitectónica y del doctor en economía de la UIB Antonio Serra Cantallops sobre la propuesta económica. Ambos informes concluían que la oferta técnico-económica del licitador era viable y ajustada a los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas.

 

En dos ocasiones se han pronunciado los tribunales sobre la compra de Son Puig y en ambas ocasiones se constató su legalidad y que FCC ofreció soluciones técnicas viables que contaron con el visto bueno de la Comisión de Centro Histórico y del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Pero la gerencia de Urbanismo, ya en enero de 2008, siendo alcaldesa y regidora del área en cuestión Aina Calvo, volvió por enésima vez a denegar la licencia. Calvo es, por tanto, la segunda gran responsable de esta ruina. Por más proyectos que se presentaron el Ajuntament de Palma no concedió las licencias de obras. Primero fue el PP y luego el PSOE. Dice la Audiencia Provincial que FCC “procuró el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con numerosos e infructuosos esfuerzos unilaterales ante la administración municipal”. Y es por ello que los Tribunales condenaron a TV Mallorca a pagarle 13 millones.

 

Cuando Marisa Goñi, con el respaldo de Francina Armengol, rescindió el contrato con FCC cavó la tumba de TV Mallorca. Y María Salom ofició unas exequias de lujo, incluyendo el archivo de RTV Mallorca, que tendrá que pagar. Si lo quería para el Consell, habérselo pensado antes de acordar su cierre. Con semejante panorama ya se entiende que hagan como el cojo, que siempre le echa la culpa al empedrado.

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