EL CASINO Y SON PUIG

No es la primera vez que la negativa del Ajuntament de Palma a conceder las licencias municipales causa un grave quebranto a las arcas públicas, como aventuro que sucederá en el caso del segundo casino. El Gran Casino Teatro Balear ganó en noviembre el concurso público convocado por la Conselleria d’Economia i Competitivitat. Consta en el expediente administrativo un informe de idoneidad del primer teniente de alcalde de turismo del Ajuntament de Palma y coordinador municipal, Álvaro Gijón, del que ahora reniega. La Gerencia de Urbanismo ha denegado la licencia a los promotores alegando motivos absurdos y peregrinos que jamás impidieron ni dificultaron la actividad anterior de bingo en el mismo local. Ni la superficie, ni las viviendas contiguas, ni las plazas de aparcamiento jamás fueron obstáculo. Todo es un burdo pretexto para forzar al Govern a retirar la licencia recién otorgada a quien ganó el concurso legalmente, Teatro Balear, y otorgársela al proyecto por el que sentían preferencia, no es difícil imaginar por qué. Se cansaron de decir que querían un nuevo hotel en Playa de Palma con casino, que cual bálsamo de Fierabrás desestacionalizará el turismo y los magnates árabes dejarán de ir a Montecarlo para venir a s’Arenal. Imposible hacer las cosas peor y no es menos irónico que el Govern presente el anteproyecto de Ley del Juego teniendo este marronazo gracias al PP de Palma, a su secretario general y alcalde en la sombra, José Mª Rodríguez y a su mano derecha Gijón.

Los Populares de ambas instituciones, Govern y Ajuntament, insisten en que el único responsable, a pesar de haber ganado el concurso, es el promotor del Teatro Balear, pero conviene recordar que cuando FCC ganó el concurso para la sede de TV Mallorca en 2006, el entonces responsable de Urbanismo de Cort, Javier Rodrigo de Santos, denegó los permisos caprichosamente a pesar de los informes que aportó la concesionaria, como también lo hizo en Can Domenge. Años más tarde el Consell fue condenado a pagar 13 millones a FCC, lo que llevó a la quiebra a TV Mallorca que tuvo que cerrar. Las chapuzas del Ajuntament las acabaremos pagando todos. Aunque puede que la Justicia responsabilice a los políticos y les obligue a pagar de su bolsillo. Álvaro Gijón y Jesús Valls pueden preguntarle a sus compañeros del último Consejo de Administración de RTV Mallorca. Por jugar a la ligera con dinero ajeno.

(Publicado en Última Hora)

PLACAS Y LOSAS

Dice el juez José Castro que el último alegato del fiscal Horrach donde exonera a la Infanta Cristina es muy cualificado. Sin duda se trata de cortesía procesal. Cuando un fiscal muta su función de acusador público y se convierte en defensor real, es todo menos cualificado. Recuerda al fiscal Jaime Guasp defendiendo al Govern en la muerte de Alpha Pam. Bien es verdad que este fiscal en enero de este año ya desbarró con comentarios que sonaron xenófobos en el juicio de un marroquí que había violado e intentado asesinar a la ciudadana británica Cheryl Maddison.  

 

Nuestros representantes políticos están muy aburridos y como modo de luchar contra la abulia que les somete, a menudo se dedican a realizar propuestas absurdas y en muchos casos populistas que, además, nos cuestan dinero. A algunos de estos perezosos gestores de lo público les ha dado por proponer la retirada de las placas conmemorativas de la inauguración de infraestructuras si en ellas aparece el nombre de algún político condenado por corrupción. A sensu contrario si la condena fuera por traficar con droga, pederastia o conducir borracho, no sería necesario proceder a la retirada de la placa en cuestión. Así lo han acordado, entre otros, los ayuntamientos de Alcudia y Andratx, aunque otros seguirán la moda. El presidente Bauzá no es ajeno a estos pasatiempos. Ordenó retirar el cuadro de Jaume Matas, pero no hizo lo propio con el de Gabriel Cañellas, implicado en el caso de financiación ilegal del PP con las comisiones del túnel de Sóller, que se libró de la condena porque el delito había prescrito. Maria Salom, que sabe bastante del escabroso asunto, ha decidido que el cuadro de Munar no sea exhibido, aunque está hecho y buen dinero nos costó. Confío en que cuando abandone el cargo dará instrucciones para que tampoco cuelguen el suyo dada su implicación en el cobro de comisiones del Túnel de Sóller.

 

Salom, política profesional de las que dice aborrecer José Ramón Bauzá –a quien, por cierto, alguien debería explicar las diferencias entre una sentencia y el escrito de un fiscal–, dice que los problemas de Televisión de Mallorca derivan de la compra de Son Puig, un inmueble que no servía como sede del ente. Debería leerse las dos sentencias que dicen lo contrario y no pasarse de lista. Ella decidió el cierre de [M] y ella debe apechugar con las consecuencias políticas de su decisión. Esa es su losa.

 

 

ECHARLE LA CULPA AL EMPEDRADO

Si el Consell finalmente tiene que indemnizar con 13 millones € a FCC por la compra de Son Puig, que debía haber sido la sede de TV Mallorca, será gracias a  Rodrigo de Santos, teniente de alcalde de Urbanismo de Catalina Cirer, que denegó pertinaz y caprichosamente las licencias de obras para rehabilitar la finca, fiel a su estilo de torpedear todo proyecto ajeno por la vía de no conceder las licencias. Afirma el actual conseller insular de Presidencia, Jaume Juan, que es una barbaridad que TV Mallorca comprara Son Puig ya que “en ningún momento ha servido para lo que tenía que servir y que no se tomaran las medidas adecuadas para saber lo que se compraba”. Omite maliciosamente y así lo ha dicho la Justicia, que existían informes favorables del Servei d’Urbanisme del Departament del Territori del Consell sobre su adecuación arquitectónica y del doctor en economía de la UIB Antonio Serra Cantallops sobre la propuesta económica. Ambos informes concluían que la oferta técnico-económica del licitador era viable y ajustada a los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas.

 

En dos ocasiones se han pronunciado los tribunales sobre la compra de Son Puig y en ambas ocasiones se constató su legalidad y que FCC ofreció soluciones técnicas viables que contaron con el visto bueno de la Comisión de Centro Histórico y del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Pero la gerencia de Urbanismo, ya en enero de 2008, siendo alcaldesa y regidora del área en cuestión Aina Calvo, volvió por enésima vez a denegar la licencia. Calvo es, por tanto, la segunda gran responsable de esta ruina. Por más proyectos que se presentaron el Ajuntament de Palma no concedió las licencias de obras. Primero fue el PP y luego el PSOE. Dice la Audiencia Provincial que FCC “procuró el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con numerosos e infructuosos esfuerzos unilaterales ante la administración municipal”. Y es por ello que los Tribunales condenaron a TV Mallorca a pagarle 13 millones.

 

Cuando Marisa Goñi, con el respaldo de Francina Armengol, rescindió el contrato con FCC cavó la tumba de TV Mallorca. Y María Salom ofició unas exequias de lujo, incluyendo el archivo de RTV Mallorca, que tendrá que pagar. Si lo quería para el Consell, habérselo pensado antes de acordar su cierre. Con semejante panorama ya se entiende que hagan como el cojo, que siempre le echa la culpa al empedrado.

(Publicado en Última Hora)

LOS LUGARES DE LA VERGÜENZA

Imaginemos cómo sería Mallorca si proyectos urbanísticos que se quedaron en meras intenciones, hubiesen visto la luz. Muchos de esos lugares son actualmente zonas severamente degradadas y sin ninguna utilidad pública ni privada. Sucios, abandonados, refugio de indigentes, algunos ruinosos y otros con perspectivas de futuro muy inciertas. La mayoría de ellos se quedaron estancados por una deficiente gestión, siendo benévolos. Algunos de ellos sufrieron el impulso de una administración y el boicot de otra. Otros son sencillamente fruto de la inacción y la negligencia. Pero Palma sería una ciudad mucho mejor si se hubiese logrado reconvertir estos espacios en lugares útiles.

 

El Lluís Sitjar permanece en el limbo entre la demolición del viejo campo de fútbol y la construcción de un nuevo estadio, eterno sueño de todo mallorquinista. Son Busquets pelea por no morir de asco mientras se espera la urbanización de sus 100.000 m². La fachada marítima y el edificio Gesa están a la espera de lo que decidan los tribunales, sin descartar que Núñez logre la demolición del viejo edificio del arquitecto Ferragut y construya sus edificios de lujo en ese solar y sobre el parque recién inaugurado. Can Domenge, refugio de toxicómanos,  continúa su lenta pero imparable degradación sin que el Consell de Mallorca -ni José Luis Núñez, que decía estar dispuesto a pagar 60 millones de euros por el solar- hayan acudido a la subasta judicial ni hecho ninguna oferta a Sa Nostra, dispuesta a vender la finca por muchísimo menos de los 30 millones que cobró el Consell. El canódromo se pudre sin la más mínima voluntad de ampliar la falca verde de Joan Fageda. La vieja cárcel convalece sin utilidad ninguna y completamente vacía, sin que Instituciones Penitenciarias ceda la instalación al consistorio, por más que se le regaló un solar en Son Morro, donde construyó el Centro de Inserción Social y la cárcel de madres. La posesión de Son Puig en La Vileta, a pesar de ser un bien protegido y catalogado, amenaza ruina por la negativa de Rodrigo de Santos y de Aina Calvo de permitir la instalación de la Ràdio i Televisió de Mallorca, con el perjuicio económico consiguiente recién declarado por los tribunales.

 

Los casos citados no son más que el resultado de la política de trampas y minas que hemos sufrido en Baleares. Nuestros políticos se han dedicado a poner palos en las ruedas de los proyectos de otras formaciones antes que a trabajar todos juntos por el bien común. Y así tenemos todos estos espacios emblemáticos convertidos en auténticos monumentos a la incompetencia de nuestros gobernantes.

 

Publicado en Última Hora. 16.2.2013