PENALISMO A LA CARTA

La Fiscalía de Barcelona ha anunciado que recurrirá el tercer grado que la Conselleria de Justicia de Catalunya otorgó antes de Navidad a José Luis Núñez, padre e hijo. No hay por qué pensar que el trato de favor otorgado a los Núñez tenga algo que ver con su posición en el puesto 67º de las grandes fortunas españolas, estimada entre 400 y 500 millones €. De ahí que haya que aplaudir el recurso, aunque solo sea para que parezca que se trata a todos los corruptos por igual.

 

Román Sanahuja, propietario de la constructora Sacresa, fue uno de los denunciados por Núñez en el caso Can Domenge. Sanahuja acordó con el Consell de Mallorca de Maria Salom pagar inmediatamente 3 millones de euros. Gracias a eso las acusaciones suavizaron sus peticiones de cárcel y la cosa quedó en una condena a 12 meses sustituibles por 180.000 euros de multa, cuando inicialmente se pedían 2 años de prisión. Pues bien, Sanahuja pagó solo 2 millones y debe uno, por lo que no ha cumplido con su compromiso adquirido ante los magistrados de la Audiencia Provincial. El Consell se lo reclama, pero él aún no ha pagado. Sin embargo no se queda ahí el asunto porque ahora Sacresa y Ferratur, la UTE que ganó el concurso de Can Domenge (concurso que los jueces declararon fraudulento y amañado) reclaman por vía judicial al Ayuntamiento de Palma 1,2 millones € que pagaron por las licencias de obra para construir en el polémico solar. Igual Sacresa pretende pagar al Consell con el dinero que le saque a Cort, lo que resulta paradójico.

 

A menudo muchos critican el urbanismo a la carta, pero no se alteran cuando ven  “penalismo” a la carta, igual de escandaloso. Los sindicatos exigían la modificación del art. 315 del Código Penal para evitar casos como el de Katiana Vicens, la líder de CC.OO. juzgada por un delito contra los derechos de los trabajadores del que resultó absuelta, aunque condenada por daños y coacciones a pagar 4.000 euros. El Gobierno ha aceptado complacerles y suavizará la pena de prisión en estos casos. Pareciera la contraprestación que reciben los sindicatos por su fotografía junto a la CEOE para firmar en La Moncloa su primer acuerdo social con Mariano Rajoy, la ayuda de 426 euros para parados de larga duración. Sin embargo Katiana calificó de electoralista la reforma del Código Penal que hasta ahora su sindicato suplicaba. ¿Pero no era lo que pedían hasta ahora? ¿Alguien lo entiende?

 

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CONDENA SIN PRUEBAS

Esta semana el Supremo ha celebrado la vista por el recurso de casación del caso Can Domenge. Recordemos que aquel fue el juicio donde no se juzgaba el soborno que dijo haber pagado Román Sanahuja, propietario de la constructora Sacresa, aunque no se habló de otra cosa. Fueron condenados todos los acusados (Bartomeu Vicens, Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer, Maria Antònia Munar, Santiago Fiol y el propio Sanahuja) en una sentencia que batió todos los récords de rapidez (19 días tardaron en redactarla) y también de plagio, ya que los magistrados hicieron un grosero copiar y pegar de 23 folios del escrito de acusación de la Fiscalía.

Los condenados y las acusaciones han expuesto sus argumentos a favor y en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial. Si los analizamos, es alarmante la falta de pruebas con que fue condenado Miquel Àngel Flaquer, ex conseller de Hacienda del Consell. Es verdad que la pena no es excesiva (un año de cárcel y 13 de inhabilitación) pero la responsabilidad civil es astronómica (1.800.000 €). No participó en nada ilegal y jamás habló con Sacresa. No consta que recibiera comisión alguna ni que estuviera al corriente de las maniobras de Vicens y Nadal. Pero a pesar de todo fue condenado por fraude a la Administración y prevaricación.

Con Munar sucede otro tanto de lo mismo. Su delito fue ser la presidenta del Consell. Nadie, excepto Vicens, la ha vinculado con el amaño del concurso. No lo hizo Sanahuja ni tampoco Nadal. Pero Vicens, tras 3 años manteniendo una versión y escribiendo de su puño y letra desde la cárcel que estaba siendo presionado por la Fiscalía para implicar a Munar (“No les basta la condena, tienen que seguir torturando, es una vergüenza”, llegó a escribir en abril de 2011), cambió radicalmente de versión pocos días antes de iniciarse el juicio. Pactó con los fiscales a cambio de una reducción brutal de la condena, que pasó de 6 años a solo 8 meses, y de evitar la prisión a su mujer en el caso Metalumba, donde la Fiscalía pedía para ella 13 años de cárcel y se quedó en 2. Vicens declaró haber entregado dinero a Munar del soborno de 4 millones que su amigo Miquel Llinàs cobró de Sacresa. ¿Dónde están las pruebas? No las hay. Únicamente su palabra que no debiera valer nada porque es a cambio de un precio y bajo presión. Creíamos que hacían falta pruebas para condenar a alguien a la cárcel, pero estábamos equivocados.

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UN SINDIÓS

No es el juicio del soborno, pero no se habla de otra cosa. Debió haberlo, porque Sanahuja dice que lo pagó y Vicens que lo cobró –aunque oculta la persona que envió de su parte a recibir el maletín–, pero eso ya se verá. Munar niega todo y Nadal dice que del cohecho no quiere hablar, que ya declarará ante el juez que lo investiga, aunque reconoce que pasó borradores a Sacresa, pero defiende que el concurso fue impecable. Un completo follón que a parte de poner en evidencia un supuesto cobro de comisiones y la guerra entre PP y UM desarrollada en la legislatura 2003-2007, hace muy difícil aclarar quién hizo qué. Demasiados interrogantes que a buen seguro no serían tantos si se hubiese juzgado todo junto, porque a ver cómo se hará en el previsible juicio Can Domenge 2 por el supuesto soborno para evitar internarse en la cosa juzgada y que se arruine todo el proceso. Quizás las prisas de la Fiscalía y el tribunal hayan puesto en bandeja la futura anulación de todo este sindiós.

 

Vicens dice que el concurso estaba amañado para que ganase Grup Fer, pero no ganó esta constructora sino Sacresa. También confiesa que cobró, por la cuenta que le trae. Dice que pagó a Nadal y a Munar. Nadal confiesa haber pasado información a Sacresa a través de Fiol, que dice que no sabe nada. Sacresa dice que ganó limpiamente, aunque Nadal le exigió pagar 4 millones para cerrar el asunto y pagó. Munar dice que no cobró nada, ni tampoco el partido, algo que corrobora Flaquer. Nadal dice que la expresidenta no estaba al corriente de los tejemanejes con Sacresa y los de Sacresa no saben nada de Munar. Al final, el único que la incrimina es Vicens.

 

Se lamenta el Fiscal diciendo que Nadal sólo habla de lo que le interesa. ¿Quién no lo hace? ¿No lo hace Vicens? La maniobra de aprovechar el registro en casa de Munar para descubrir su estrategia de defensa es muy hábil, aunque obscena. No encontraron dinero pero aprovecharon para descubrir la correspondencia entre ella y Vicens y presentar como cuestión previa las cartas que Vicens tenía, que nada demuestran. Pero Choclán presenta las cartas de Vicens a Munar, donde la advierte de que la tienen ben emproada y se lamenta de las “torturas” y la presión a la que le someten en la cárcel. ¿Quién sale peor parado con la revelación del intercambio epistolar? No quiero pensar lo que puede acabar diciendo alguien que se siente torturado en la cárcel.

 

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EL CONSELL PERDONA A LOS BANCOS EN CAN DOMENGE

El Consell desistió el día 6 de reclamar a La Caixa, Sa Nostra y Banca March, que financiaron a Sacresa para comprar Can Domenge. Hasta ahora reclamaba el solar o 30.160.973 €, tomando como bueno el valor dado por los arquitectos del COAIB (60.160.973 €) y despreciando el dictamen que el Consell encargó al catedrático Josep Roca, que calificó la valoración inicial del CIM como correcta. El Consell defendía que los bancos eran “partícipes por título lucrativo”. ¿Por qué razón renuncia ahora a exigirles su responsabilidad civil? Debieran explicarlo. Y también por qué el Consell presentó un escrito en octubre de 2012 retirando la acusación contra Santiago Fiol, abogado de Sacresa y hermano del exconseller del PP Francesc Fiol, aunque la Sala no aceptó ya que no había pasado por el pleno del Consell.

Hoy declararán los acusados pero antes la Sala deberá resolver  la solicitud de suspensión planteada por Munar por las confesiones de Vicens y Sanahuja y la que previsiblemente hará Miquel Nadal.

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EL LÍO DE CAN DOMENGE

Al principio la acusación fue que el concurso que convocó el Consell de Mallorca en enero de 2006 para vender el solar de Can Domenge debía haber sido una subasta. Ese argumento cayó porque había otras cosas a tener en cuenta, como un buen proyecto arquitectónico, al margen de la oferta económica que únicamente hubiese servido para especular. Según los técnicos, todo fue completamente legal.

Luego vino la polémica del precio máximo, 30 millones. Otro argumento arrumbado porque de las 6 o 7 valoraciones existentes en la causa, únicamente 2 de ellas (la del COAIB y la de Hacienda) lo tasan en 60 millones € y las otras confirman la valoración inicial de 30 millones €. Que finalmente BMN - Sa Nostra haya acabado vendiendo el solar por 7 millones a Cotesa indica claramente que las tasaciones de 60 millones estaban hinchadas.

Luego se habló de información privilegiada, en teoría a favor de Sacresa, cuando las revelaciones de Bartomeu Vicens a la Fiscalía Anticorrupción para impedir que su mujer acabe encarcelada por el caso Metalumba, apuntan a que el concurso estaba supuestamente amañado para que ganase Grup Fer, con lo que sería absurdo que se facilitase información privilegiada a Sacresa. O quizás lo que sucedió es que todos tenían información nada privilegiada y que los sucesivos borradores de las  bases del concurso circulaban con bastante alegría, incluso en la prensa, porque no había en ellos nada de confidencial ni privilegiado. De hecho, aunque el concurso estaba supuestamente “amañado” ganó el mejor proyecto según un jurado técnico independiente que está fuera de sospecha.

Luego vino la querella de José Luis Núñez, ex presidente del F.C. Barcelona, aunque no inmediatamente después de la adjudicación del solar a Sacresa, sino 8 meses más tarde. Curiosamente sólo 6 días después de que la Comisión Insular de Urbanismo aprobara la protección del edificio Gesa en la fachada marítima, que la eléctrica debía demoler para entregar el solar completamente despejado y que Núñez pudiera levantar sus bloques de pisos de lujo de hasta 7 alturas, cosa que con el edificio de Ferragut protegido era imposible. Recordemos que Núñez y su hijo fueron condenados en julio de 2011 por la Audiencia de Barcelona a 6 años de prisión por sobornar a inspectores de Hacienda para defraudar más de 13 millones €. Núñez recurrió la sentencia y está pendiente del Supremo.

 

Luego se dijo que en mayo de 2006 el yate 'Cap de Quers' de la familia Sanahuja, patroneado por José Manuel Baldor, había transportado de Barcelona a Palma dinero en efectivo en bolsas de plástico. La minuciosa investigación de la Fiscalía y de la Policía no logró dar resultados y las diligencias fueron archivadas, aunque Anticorrupción ha citado como testigo de la acusación al capitán Baldor. Ahora se dice que el dinero (se precisa que 4 millones €) no fue trasladado en yate, sino dentro de maletines en un avión privado por un hijo de Román Sanahuja, dueño de Sacresa, en dos viajes.

 

La declaración inculpatoria de Vicens motivó que se registraran los domicilios de Munar y Nadal en busca del dinero supuestamente cobrado (600.000 € según Vicens), pero extrañamente la Fiscalía no registró su casa cuando este sólo ha entregado 120.000 € y se sabe que tiene dinero en efectivo desde que su mujer protagonizó el extraño episodio de los 22 billetes de 500 € escondidos en los zapatos que intentó llevar a su marido a la cárcel. ¿Por qué no se ordenó la búsqueda del dinero también en casa de Vicens? Sin embargo, aprovechando el registro, los investigadores se hicieron con documentación relevante para la defensa de Munar y Nadal e incluso examinaron sus argumentos de defensa, según denuncia Munar.

 

Con todo este lío se inicia hoy el juicio en la Audiencia Provincial, aunque la Fiscalía no va a acusar a nadie por el cohecho, que se deja para mejor ocasión, aunque sí por prevaricación, fraude a la administración y revelación y uso de información confidencial. ¿Cómo se pretende abstraer este juicio de las acusaciones de soborno que sobrevuelan permanentemente, aún más cuando ayer lo confesó por escrito el propio dueño de Sacresa? ¿Cómo se hará para que las investigaciones abiertas a raíz de la confesión de Vicens y Sanahuja no impregnen este juicio, sin forman parte de él mismo y de los hechos que van a ser juzgados? Lo lógico y normal sería que el juicio fuera suspendido y que se prosiga con la investigación por parte del Juez de Instrucción. Hacer otra cosa es comprometer seriamente la viabilidad legal del caso, porque todo acusado tiene derecho a un juicio justo con todas las garantías, a saber de qué se le acusa y a no sufrir indefensión.

 

(Publicado en Última Hora) 

UNAS PIEZAS QUE NO ENCAJAN

Más allá del escándalo generado por las declaraciones de Bartomeu Vicens sobre Can Domenge, conviene entrar en el fondo de su relato para ver si las piezas encajan o no. No perdamos de vista que Vicens es coimputado y además, está preso por dos condenas firmes de malversación de caudales públicos de 3 años cada una. No podemos darle a sus palabras valor absoluto ni más del que estrictamente tienen, esencialmente porque él busca salir de la cárcel cuanto antes obteniendo un trato de favor que de otro modo no conseguiría. Y sobre todo quiere evitar que su esposa acabe encarcelada por blanquear dinero de Son Oms a través de Metalumba, motivo por el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel para ella y otros 19 para él. Casi nada.

Vicens ha introducido un elemento inédito sobre Can Domenge: que el concurso se amañó presuntamente por orden de Munar y Nadal para que ganase el Grup Fer y no Sacresa, como hasta ahora creía Anticorrupción, a cambio de una comisión de 3 millones €. Pero el Grup Fer no ganó porque el proyecto que presentó no era lo suficientemente bueno. O sea, que inicialmente el concurso no estaba amañado para que ganase Sacresa, como hasta ahora decía la Fiscalía, sino el Grup Fer, cosa que finalmente no sucedió. ¿Cómo es posible que se considere amañado un concurso y la empresa a beneficiar acabe en tercera posición? ¿Qué clase de amaño es este? Vicens afirma que el jurado técnico “fue totalmente imparcial” y que ganó el mejor proyecto, el de Sacresa – Ferrá Tur firmado por Jean Nouvel. Entonces ¿dónde está el amaño si ganó el mejor? Explica entonces Vicens que es después de que Sacresa obtenga la mejor puntuación cuando se le exige el pago del soborno, ahora 4 millones (la mitad por delante) pero no parece lógico que pague cuando ya ha ganado.

Vicens sólo ha devuelto 160.000 € que es un exiguo 26,6% de lo que dice haber cobrado y sólo un 4% de toda la supuesta comisión. Y por ahora no se ha encontrado más dinero a pesar de los registros. Las piezas no encajan y debe seguir investigándose. En estas circunstancias, llevar a juicio el caso Can Domenge sin que se juzgue el presunto soborno se antoja un disparate colosal. Una chapuza jurídica porque el cohecho sería el móvil del concurso y es ilógico juzgar una cosa sin la otra. Absurdo.  Puede acabar pasando que las prisas por despachar el asunto sin indagar convenientemente den al traste con todo el caso.

 

(Publicado en Última Hora el 25.5.2013)