Jamás pudo sospechar el arquitecto Josep Ferragut Pou cuando
en 1963 recibió el encargo de proyectar el edificio que sería la sede de la
eléctrica Gesa en la calle Joan Maragall de Palma,
que su mejor obra se convertiría en el
edificio más polémico de toda la ciudad. La que sería su obra cumbre, empezada
a edificar en 1967 y terminada en 1977, se vio envuelta en una polémica
interminable que se prolonga hasta la actualidad. Él, que no pudo ver terminado
el edificio al ser asesinado el 26 de febrero de 1968 por dos delincuentes en
extrañas circunstancias a los 66 años de edad, nunca hubiese podido sospechar
las discusiones técnicas, jurídicas y también políticas que su obra acabaría
teniendo muchos años después de su muerte.
FACHADA MARÍTIMA
En mayo de 2003, tras la aprobación del planeamiento urbano
del sector Levante de acuerdo a los planos del arquitecto Joan Busquets por
encargo del Ayuntamiento de Palma, el constructor y ex presidente del Fútbol
Club Barcelona José Luis Núñez, decidió invertir en Mallorca 73,6 millones de
euros y comprar a Gesa unos 37.000 metros cuadrados de suelo edificable en la
fachada marítima de la ciudad. La inversión era ciertamente arriesgada pero en
pleno boom inmobiliario la rentabilidad de un solar en primera línea de mar en
Palma de Mallorca estaba asegurada. A pesar de carecer de otros negocios
conocidos e infraestructura propia en la isla, Núñez entendió –o alguien le invitó
a que lo hiciera–, que el solar edificable propiedad de Gesa era una magnífica
oportunidad ya que, como había presentado al público la entonces alcaldesa de
Palma, Catalina Cirer, acompañada del teniente de alcalde de Urbanismo, Javier
Rodrigo de Santos, junto a él se iba a construir el tan ansiado Palacio de Congresos
y dos hoteles de lujo adyacentes, con un centro comercial y un aparcamiento
subterráneo. La zona entera sería radicalmente remodelada, desde la entrada a
la ciudad que sería convertida en un bulevard soterrando el tráfico rodado,
hasta el Baluard del Príncep, cuyas viviendas militares serían derruidas y
construido un centro de interpretación del caso antiguo. La posibilidad de
construir allí 200 viviendas de lujo en tres bloques de edificios de alturas
escalonadas de entre 5 y 7 pisos se antojaba un negocio muy lucrativo. La
compra de Núñez a Gesa incluía el compromiso de la eléctrica de derribar el
emblemático edificio de Ferragut y entregar el solar libre y listo para
edificar pisos de lujo.
PETICIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
Al trascender a la opinión pública la posibilidad real de
que el edificio Gesa pudiera acabar reducido a escombros, el Colegio Oficial de
Arquitectos de Baleares (COAIB) solicitó al Consell de Mallorca la preservación
del inmueble. El COAIB defendió entonces el valor arquitectónico del edificio y
mostró su frontal oposición al derribo. El Consell inició los trámites legales para
estudiar la petición del COAIB y en febrero de 2006 se solicitó un informe a la
UIB, quien en un dictamen suscrito por la catedrática del Departamento de
Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, Catalina Cantarellas, informó a
favor de la protección del emblemático edificio. Tras el informe de la UIB, en
junio de 2006 la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Patrimonio Histórico de Mallorca acordó la incoación del expediente de
declaración como Bien Catalogado.
Ya en enero de 2007, Rodrigo de Santos en una rueda de
prensa donde manifestó la oposición del consistorio a la protección del
edificio, afirmó que era “un grano que conviene extirpar”. El PP movilizó todos
sus resortes para oponerse a la protección del edificio y multitud de entidades
presentaron alegaciones en contra: Afedeco, asociaciones vecinales, tres
asociaciones hoteleras (Palma, Playa de Palma y Mallorca), además de Fomento de
Turismo, entre otras. Sin embargo, otras muchas entidades se mostraron
partidarias de proteger el edificio incluso con un nivel superior de
protección: COAIB, ARCA, asociaciones de vecinos del Polígono de Llevant y Ses
Veles, la plataforma Salvem La Façana y la Fundación Docomomo ibérico
(documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del movimiento
moderno).
El 16 de febrero de 2007 la Comisión de Urbanismo informó
favorablemente el expediente y fue elevado al Pleno del Consell. Tan solo seis
días después de este informe favorable que materializaba de facto la
conservación del edificio, José Luis Núñez presentó una querella criminal
contra la adjudicación mediante concurso del solar de Can Domenge por parte del
Consell de Mallorca, a pesar de que la adjudicación se había producido en junio
de 2006, 8 meses atrás, con los votos a favor del PP y de UM. Inicialmente
Núñez dirigió su querella contra todos aquellos que votaron a favor de la
adjudicación de Can Domenge (PP y UM), aunque posteriormente los consellers del
PP fueron exonerados al alegar que habían votado en virtud del pacto que tenían
suscrito con los nacionalistas y porque los informes técnicos eran favorables,
si bien el pacto entre PP y UM nada decía expresamente de Can Domenge y en caso
de discrepancia en algo no precisado en el acuerdo, cada grupo tenía plena libertad
de voto. El día 2 de abril de 2007 el Pleno del Consell aprobó la declaración
de Bien Catalogado del edificio Gesa, con los votos a favor de todos los grupos
(PSIB-PSOE, EU-EV, PSM y UM) y el único voto en contra del Partido Popular.
Javier Rodrigo de Santos, responsable de Urbanismo de Cort, se enfureció sobremanera y no dudó en acusar a
las demás formaciones de “corruptas”. La catalogación del edificio Gesa supuso
un grave contratiempo para el PP y especialmente para Rodrigo de Santos, quien años más tarde sería
condenado por malversación de caudales públicos y abusos sexuales a menores y
actualmente cumple condena en la cárcel de Palma.
CAMBIOS EN EL PGOU
En las elecciones municipales de 2007 el 2º Pacte de
Progreso logró desalojar al PP de las principales instituciones: Govern,
Consell y Ayuntamiento de Palma. Aina Calvo logró hacerse con la alcaldía de
Palma el 16 de mayo tras repartirse los departamentos entre el PSOE, Bloc y UM.
Y paralizó las obras de la fachada marítima, iniciando una modificación del
PGOU para que los solares adquiridos por Núñez pasasen a ser propiedad
municipal, cediendo el inmueble de Emaya en la calle Joan Maragall y otros solares
de segunda línea y trasladando la edificabilidad a otros solares en el Polígono
de Levante. Esta modificación provocó una catarata de recursos por parte de los
afectados, especialmente de Núñez.
PALACIO DE CONGRESOS
Una vez protegido el edificio Gesa e impedido legalmente el
derribo, la fachada marítima que el PP había planeado en 2003 quedó desdibujada.
Y los grupos hoteleros que habían mostrado interés en construir y explotar el
Palacio de Congresos y los hoteles anexos decidieron uno detrás de otro,
abandonar el proyecto. Primero los grupos Globalia, Iberostar y Sampol. Más
tarde, en mayo de 2009, el grupo Barceló con el 95% de las acciones abandonaba
el barco alegando motivos económicos y que el proyecto tenía poco futuro. Los
hoteleros que se habían unido en 2007 en una UTE para construir, gestionar y
explotar el Palacio de Congresos y su hotel, aparcamiento y centro comercial, y
que tanto presionaron a la clase política para emprender un proyecto estrella
que teóricamente permitiría desestacionalizar la oferta turística de Mallorca,
dejaron en la estacada a la Administración. Además, Endesa fue condenada en
octubre de 2011 a pagar 86 millones de euros a Núñez por no haber demolido el
edificio como se había comprometido, aunque Endesa recurrió esta resolución
judicial.
NÚÑEZ CONDENADO POR SOBORNO
Entre septiembre de 2009 y junio de 2010 el impulsor de la
demolición del edificio Gesa, José Luis Núñez, fue juzgado por al Audiencia de
Barcelona en el conocido como ‘caso Hacienda’, por el soborno a inspectores de
la Agencia Tributaria. En julio de 2011 Núñez y su hijo fueron condenados a 6
años de prisión como autores de un delito continuado de cohecho activo e
inductores de falsedad en documento oficial. Según la sentencia, sobornaron a
inspectores de Hacienda en la década de los 90 con casi un millón de euros a
cambio de que estos hiciesen la vista gorda y lograr defraudar más de 13
millones de euros. Además de la pena de prisión, fueron condenados a pagar 2
millones de multa y a la devolución de lo defraudado. Núñez recurrió y el Tribunal
Supremo a finales de enero de 2014 confirmó la condena por cohecho, si bien
redujo la pena hasta los 2 años y 2 meses de cárcel, al igual que para su hijo,
aplicando la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre
los hechos y la sentencia. Ambos resultaron absueltos del delito de falsedad
documental. Sin embargo, la Sala muestra su extrañeza porque los acusados no
fueron acusados del delito de fraude fiscal.
EL PP QUIERE EL DERRIBO
Aunque el Partido Popular se comprometió en su programa
electoral a derribar el singular edificio si ganaba las elecciones municipales
de 2011, al ocupar Cort de la mano de Mateo Isern sus planes tuvieron que
paralizarse hasta que los tribunales se pronunciasen en los recursos
interpuestos por Núñez.
En febrero de 2012 una sentencia del juzgado contencioso
administrativo nº 1 de Palma anuló la catalogación del singular edificio de
Ferragut, teniendo en cuenta únicamente un dictamen pericial aportado por Núñez.
La sentencia reconocía que la tramitación del expediente fue correcta y que no
se había aportado “prueba alguna que permita determinar que la finalidad de
dicha catalogación estuviere dirigida a alcanzar fines distintos de los
legalmente previstos en la norma”, arrumbando la teoría de la “vendetta”
aventada por algún medio de comunicación próximo al Grupo Barceló, con
intereses en la fachada marítima. Sin embargo, el juez Francisco Úbeda concluyó
que “no se alcanza a entender los intereses específicos de índole
arquitectónica que han promovido la declaración de Bien Catalogado”. La
sentencia fue recurrida por el Consell a regañadientes y su presidenta, María
Salom, quien compareció con el alcalde de Palma para anunciar el recurso,
aseguró que no podía hacer otra cosa porque ningún funcionario o técnico había
querido firmar para no recurrir. Por su parte, Mateo Isern aseguró que el
consistorio palmesano no recurriría la sentencia.
DECISIÓN DEL TSJB
El Tribunal Superior de Justicia tiene ahora la última
palabra sobre la existencia del edificio. Y para mejor decidir, acordó
solicitar un informe pericial a la Universidad Politécnica de Madrid. La autora
del peritaje, la profesora Lilia Maure Rubio, ha concluido que el inmueble
tiene valores suficientes para ser declarado Bien de Interés Cultural en la
categoría de monumento y no únicamente Bien Catalogado como el que actualmente
posee. Además destaca que Josep Ferragut “es en las islas lo que Miguel Fisac
en la península, dos contemporáneos cuya obra es ejemplo de innovación y
genialidad”. Y alerta que “su pérdida, alteración de sus valores esenciales, o
acoso urbanístico en su entorno inmediato iría en detrimento de nuestra propia
historia contemporánea y del referente que el edificio constituye en la fachada
marítima de Palma”.
Si el tribunal atiende las conclusiones de este peritaje
independiente, la pervivencia del edificio Gesa está asegurada y el consistorio
palmesano se vería en la obligación, como titular del edificio, de darle uso y
asegurar su correcto mantenimiento y adecuada conservación.
(Publicado en Última Hora)
