POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS

¿Ha perdido el juez Castro la independencia a lo largo de la instrucción del caso Nóos? Deducir eso solo por haberse atrevido a imputar a la Infanta Cristina no parece muy razonable. Más bien parece lo contrario. No hay por qué dudar de su independencia, ni hay por qué pensar que él no actúa siguiendo fiel y estrictamente su propio criterio, sin injerencias inoportunas de sus superiores y basándose exclusivamente en su convencimiento personal y jurídico. Es una lástima que Castro, siempre tan prudente y discreto, no ofrezca conferencias. Sería estupendo oírle recordar a todo el mundo que si alguien judicializó la investigación del patrimonio de Matas, paralizada desde la Fiscalía General del Estado, fue justamente él. Nadie le acusó entonces  de falta de independencia. Al fin y al cabo, en los últimos años solo dos jueces se han inhibido de instruir causas por presunta corrupción, Pedro Barceló y Antoni Rotger. Lo hicieron alegando amistad con alguno de los imputados. Pero nunca ni un juez ni un fiscal se han abstenido por enemistad manifiesta, cosa que también contempla la Ley. Quizás para preservar la independencia que tanto preocupa ahora, hubiese sido lo más adecuado.

Esta semana hemos comprobado una vez más que cuando la corrupción afecta al PP y al PSOE reciben un trato distinto (sería adecuado denominarlo trato preferente) al dispensado a políticos del resto de formaciones. El sobrecoste en las obras del Ave Madrid – Barcelona (del 203% de lo presupuestado) ha motivado la ‘operación Yogui’ que, de momento, ha supuesto la detención de 9 sospechosos, todos ellos funcionarios de Adif y trabajadores de la constructora Corsan, adjudicataria de las obras. Se sospecha que se hincharon los presupuestos. Vemos cómo la investigación empieza por la base de la pirámide y parece descartarse el mangoneo por parte de responsables políticos. En Baleares habitualmente sucede justo al revés. De entrada todas las sospechas recaen en los políticos, se señala a la cúspide jerárquica y se exonera a los técnicos y funcionarios. Son múltiples los casos en los que las irregularidades no hubieran podido ser cometidas sin la connivencia de funcionarios que miraban hacia otro lado. Y sin embargo se van de rositas. ¿Por qué en el caso del AVE no sucede así? Magdalena Álvarez y José Blanco, ministros de Fomento del PSOE en el periodo investigado, tienen suerte de no vivir en Baleares.

(Publicado en Última Hora)

PROSTITUIR LAS INSTITUCIONES

Vivimos días de excesos verbales. El PP calificó de nazismo las protestas de la Plataforma anti desahucios para criminalizar a todo un movimiento social. El fiscal anticorrupción Juan Carrau califica de organización criminal a toda Unió Mallorquina y la compara con la mafia, como forma de criminalización general que justifica toda actuación. Esta forma de banalizar el mal, de trivializar los crímenes de la mafia, la violencia, las extorsiones y los asesinatos, para justificar la utilización de métodos extraordinarios que resultan contrarios al Estado de Derecho, son muy preocupantes. Mucho más si provienen de un representante de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, quien debiera ver a simple vista que nada de lo sucedido en Baleares soporta ninguna comparación con la Cosa Nostra ni con la Camorra, con miles de muertos a sus espaldas. ¿Qué diríamos si alguien hiciera comparaciones de este tipo con los asesinatos de ETA?

 

Tras su alusión a los delitos militares de “traición” y “deslealtad”, competencia de los juzgados castrenses, ya sólo cabe esperar que la Fiscalía solicite la aplicación de la legislación antiterrorista. ¿Cabe mayor barbaridad? Pero lo más llamativo de todo es que la Fiscalía Anticorrupción hable de “prostitución de las instituciones”. Es imposible olvidar quién ha protagonizado una férrea defensa de la Infanta Cristina en el caso Nóos, mutando su función en la de abogados defensores de la hija del Rey. En Can Domenge se apela a la lógica y a lo que cuesta creer, no a las pruebas, para sustentar la acusación. Sin embargo, en el caso Nóos los fiscales defensores (perdón por la antítesis) establecen, contra el criterio del juez Castro, que no hay ni siquiera indicios para llamar a declarar a la Infanta, cuando es notorio que fue beneficiaria a título lucrativo, como mínimo.

 

La dignidad con la que se reviste el señor fiscal es impostada. Nada la sustenta. Aun menos pretender el enaltecimiento de los “pentiti” cuando no lo son. Ordinas, Vicens, Sanahuja y otros, son delincuentes confesos que han echado cuentas y ven que reciben un trato de favor obsceno por apuntar hacia otros. No hay ningún heroísmo. Además, son legión los imputados en Mallorca, con el estigma consiguiente, por no plegarse a las presiones de la Fiscalía. En este contexto, hablar de “prostitución de las instituciones” es una frivolidad.

 

(Publicado en Última Hora)

VAYA DILEMA: CON EL JUEZ O CON EL FISCAL

En esta vida a veces hay que tomar partido. Y llama profundamente la atención que aquellos que continuamente lo hacen, escribiendo en los periódicos y opinando en emisoras de radio, en esta ocasión callen como muertos. Ante la posible imputación de la Infanta Cristina de Borbón, hija menor del Rey Juan Carlos I, no se entiende que ilustres cronistas de Tribunales y Sucesos,  usualmente bien informados a través de acreditadas fuentes de la Fiscalía y/o de los juzgados, se dediquen a mirar desde la barrera y con absoluta asepsia quirúrgica se limiten a informar del estado de la cuestión sin pronunciar su sentencia, por lo común inapelable.

Es una situación inaudita porque en todos los casos de corrupción suelen dictar sentencia con inusitada contundencia, conocedores de todo el sumario y de los detalles ocultos, solo conocidos por los investigadores. La presunción de inocencia es algo que a menudo olvidan y no les cabe en la cabeza la existencia de argumentos exculpatorios, porque siendo sus fuentes las que son, estos argumentos no interesan y carecen de toda credibilidad para ellos, motivo por el cual los obvian, contribuyendo con entusiasmo al juicio paralelo.

 

En el caso Urdangarin y con respecto a la posible imputación de la duquesa de Palma, solo se puede estar a favor del juez José Castro, que es quien quiere escuchar la versión de la Infanta Cristina, o a favor del fiscal Pedro Horrach, quien ha recurrido la decisión del juez instructor ante la Audiencia Provincial y ha logrado paralizarla. Se nos presenta, por tanto, una dicotomía perfecta: se está a favor del juez Castro o a favor del fiscal Horrach. No hay matices. O blanco o negro, sin escala de grises. Este dilema ha desenmascarado definitivamente a un puñado de falsos periodistas, obligados entre decidir por una fuente o por otra, lo que lleva a desacreditar a la contraria. Y eso es tanto como preguntarle a un niño: ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Imposible contestar.

 

Y de esta forma tenemos a tan ilustres informadores, a menudo trocados en fiscales y jueces desde su estrado del medio de comunicación para el que trabajan, situados habitualmente por encima del bien y del mal, siempre en posesión de la verdad absoluta, dictando sentencias condenatorias sin atender a más argumentos que los acusatorios, que en este caso concreto –si acaso el más difícil–, guardan silencio y omiten su veredicto. Nos quedamos huérfanos de su criterio y por eso lo exigimos ahora. Pero ahora callan porque no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo.

 

Si tuvieran el más mínimo criterio propio y no fueran meros transmisores mediocres del parecer de otros, ahora nos iluminarían con su discernimiento. Pero no. Y fíjense si es fácil. Lo estamos viendo en los últimos días. Los medios monárquicos atacan con dureza al juez Castro y defienden las tesis del fiscal. Los medios republicanos aplauden a rabiar al magistrado, acusando al fiscal de cobarde y de no atreverse con la hija del Rey de España. Prácticamente todo el mundo ha tomado partido. Pero los excelsos  periodistas de Tribunales y Sucesos especializados en el caso Palma Arena –y por ello en el caso Nóos– mantienen una equidistancia tan sospechosa como reveladora de que sus crónicas durante los últimos años no han sido información periodística, como era su deber, sino la de meros escribientes de las fuentes que les facilitaban acceso al sumario, conculcando la Ley y sus obligaciones de funcionarios públicos. Incapaces de sostener una tesis si no es la indicada por otro. Y eso no ha sido nunca periodismo.

 

Publicado en www.ciutat.es:

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