REEDUCAR Y REINSERTAR

En vísperas del encarcelamiento de Jaume Matas y Antonio Alemany Dezcallar cabe preguntarse una vez más si el sistema penitenciario sirve para aquello que dice la Carta Magna en su art. 25.2 y en la Ley General Penitenciaria: la reeducación y reinserción social de los condenados. Por graves y reprochables que sean los delitos, el castigo debe estar orientado a tal fin porque de lo contrario se vulnera la Constitución, aunque a nadie parece importarle. ¿Servirán para eso los 6 meses efectivos que estará privado de libertad el expresident? No lo parece. ¿Será reeducado Antonio Alemany? Se antoja difícil, dados su carácter y edad. ¿No sería más provechoso que hubiesen sido condenados a trabajos en beneficio de la comunidad, como han hecho en Italia con Silvio Berlusconi?  Más provechoso y más barato, porque cada recluso nos cuesta 54 € diarios y 20.000 € al año.

 

Otros dos que pueden acabar entre rejas son Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Cuando apareció en el caso Palma Arena el yerno del Rey Juan Carlos, muchos creímos que hasta ahí habría llegado la broma. Sin embargo ha terminado imputada hasta la infanta Cristina. Fuimos descreídos y desconfiamos de la Justicia. Y a pesar de todos los obstáculos, el juez José Castro ha avanzado en la investigación lento pero implacable, como avanza la apisonadora de la Justicia, presta a triturar a cuantos pille a su alcance. Hay quien acusa a Torres de ser un desvergonzado que se dedica a tirar mierda contra la Familia Real en tal de exculpar a su mujer Ana Maria Tejeiro. No hay reproche que hacer porque no es el primer imputado que lo hace y con bastante éxito. Rápidamente se les ha bautizado como “arrepentidos” y se ha tomado por veraces sus acusaciones, sin más. Lo hizo Bartomeu Vicens y nadie cuestionó que sus revelaciones fuesen verdad. Lo hicieron Antònia Ordinas y Kurt Viaenne. Más recientemente lo hizo Juan Francisco Gálvez al acusar a Jaume Matas de ordenar un pago ilegal de 120.000 euros al ex concejal del PP de Calvià Jesús García Oeo. ¿Por qué no sucede lo mismo con lo que cuenta Diego Torres, quien además lo demuestra con correos electrónicos muy reveladores? Pues porque entonces la trama pergeñada por él y Urdangarin, con la inestimable “colaboración silenciosa” de su mujer la infanta Cristina de Borbón, acabaría salpicando a toda la Real Familia, incluyendo al actual monarca Felipe VI y por descontado, a su padre.

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ARREPENTIDOS DE CONVENIENCIA

Katiana Vicens de CC.OO. afirma que “lo más grave es sentir que la Fiscalía te persigue”. En mayo dijo: “yo siempre había pensado que eran quienes acusaban los que tenían que probar que se había cometido un delito, y que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero ahora veo que no es así”. Katiana se siente  perseguida por la Fiscalía. Es algo que le ha sucedido a mucha gente en Baleares. Parecido a lo que debe sentir Joan Font, portavoz de Més en el Consell, imputado en un caso de falsedad documental para supuestamente beneficiar a la empresa de un amigo de su pueblo. Se declara inocente –y lo es hasta que un tribunal sentencie lo contrario– y afirma que no piensa dimitir. Parece que excepto Joana Lluïsa Mascaró nadie de entre las filas econacionalistas está dispuesto a beber del aceite de ricino que ellos iban recetando a todo el mundo. La credibilidad se les está yendo de entre los dedos porque no es lo mismo predicar que dar trigo.

Igual de escasos de credibilidad están los arrepentidos de conveniencia, contritos de nada pero capaces de ver que conviene decir lo que la Fiscalía quiere oír en tal de librarse de la cárcel o de obtener una suculenta rebaja de pena. El estrambótico caso del tesorero del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, es de vergüenza ajena. Una vez más vemos cómo un imputado cambia de versión para acusar a otros sin la más mínima prueba para beneficiarse directamente. ¿A eso le llaman colaborar con la Justicia? ¡Venga ya! Como afirma el juez Castro, se exige un “acto de fe”. En este caso y en tantos otros donde el cambio de versión se ha producido en vísperas del juicio y sin probar absolutamente nada. En la mayoría de casos los jueces han creído y han condenado, pero al margen de las pruebas. Como un acto de fe.

Otro “arrepentido” de conveniencia, Bartomeu Vicens, impulsó en 2004 un cambio urbanístico para aumentar la edificabilidad en todos los polígonos de Mallorca. Tras la sentencia del caso Metalumba, Cort inició la modificación del PGOU para anular aquella normativa. Ahora los industriales de Asima recogen firmas para que el Ayuntamiento de Palma no cambie nada. O sea, que el cambio que promovió Vicens fue positivo, al margen de que cobrase comisiones.

Jaume Matas y Antonio Alemany deberán ingresar en la cárcel. El gobierno de Rajoy les ha denegado el indulto. No se pueden quejar. Otros les llevan años de ventaja.

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POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS

¿Ha perdido el juez Castro la independencia a lo largo de la instrucción del caso Nóos? Deducir eso solo por haberse atrevido a imputar a la Infanta Cristina no parece muy razonable. Más bien parece lo contrario. No hay por qué dudar de su independencia, ni hay por qué pensar que él no actúa siguiendo fiel y estrictamente su propio criterio, sin injerencias inoportunas de sus superiores y basándose exclusivamente en su convencimiento personal y jurídico. Es una lástima que Castro, siempre tan prudente y discreto, no ofrezca conferencias. Sería estupendo oírle recordar a todo el mundo que si alguien judicializó la investigación del patrimonio de Matas, paralizada desde la Fiscalía General del Estado, fue justamente él. Nadie le acusó entonces  de falta de independencia. Al fin y al cabo, en los últimos años solo dos jueces se han inhibido de instruir causas por presunta corrupción, Pedro Barceló y Antoni Rotger. Lo hicieron alegando amistad con alguno de los imputados. Pero nunca ni un juez ni un fiscal se han abstenido por enemistad manifiesta, cosa que también contempla la Ley. Quizás para preservar la independencia que tanto preocupa ahora, hubiese sido lo más adecuado.

Esta semana hemos comprobado una vez más que cuando la corrupción afecta al PP y al PSOE reciben un trato distinto (sería adecuado denominarlo trato preferente) al dispensado a políticos del resto de formaciones. El sobrecoste en las obras del Ave Madrid – Barcelona (del 203% de lo presupuestado) ha motivado la ‘operación Yogui’ que, de momento, ha supuesto la detención de 9 sospechosos, todos ellos funcionarios de Adif y trabajadores de la constructora Corsan, adjudicataria de las obras. Se sospecha que se hincharon los presupuestos. Vemos cómo la investigación empieza por la base de la pirámide y parece descartarse el mangoneo por parte de responsables políticos. En Baleares habitualmente sucede justo al revés. De entrada todas las sospechas recaen en los políticos, se señala a la cúspide jerárquica y se exonera a los técnicos y funcionarios. Son múltiples los casos en los que las irregularidades no hubieran podido ser cometidas sin la connivencia de funcionarios que miraban hacia otro lado. Y sin embargo se van de rositas. ¿Por qué en el caso del AVE no sucede así? Magdalena Álvarez y José Blanco, ministros de Fomento del PSOE en el periodo investigado, tienen suerte de no vivir en Baleares.

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INDULTO A MATAS

La mayoría del Parlament es favorable a que el Gobierno de Mariano Rajoy conceda el indulto al ex president Jaume Matas. Esta categórica afirmación se deduce del rechazo por el pleno el pasado martes a la proposición no de ley presentada por el grupo MÉS que instaba al Ejecutivo a denegar el indulto que solicitó Matas a fin de eludir su ingreso en prisión para cumplir una pena de 9 meses, pena que en buena lógica nadie que no tuviera antecedentes penales cumpliría en condiciones normales. No es el caso. Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia (cuyo departamento antiguamente se denominaba ministerio de Gracia y Justicia, para disipar cualquier duda desde el minuto cero) advirtió hace algunas semanas que el Gobierno no concederá indultos en casos de corrupción. Es más, presumió de no haberlo hecho nunca y como tal afirmación no se ajusta a la realidad, al día siguiente matizó lo dicho precisando que no ha indultado a ningún político que se haya “llevado dinero al bolsillo”. Según esto, Jaume Matas será indultado porque la condena que pesa sobre él de 9 meses de cárcel es por un delito de tráfico de influencias y no consta en la sentencia revisada por el Tribunal Supremo que él se llevase ni un céntimo de euro público a su bolsillo.

Cada cual puede sospechar lo que quiera, también la Fiscalía, pero Matas no ha robado. Tampoco Munar. Esta categórica afirmación se desprende de la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y a que ningún tribunal, tras un juicio justo, ha dicho lo contrario en sentencia firme. Cuando todos esperábamos que el juez Castro, tras años de minuciosa investigación, probara que el sobre coste del velódromo Palma Arena se lo había embuchado Jaume Matas, resulta que eso aún no ha sucedido y que por el momento solo consta según la Justicia que hizo gestiones para que su esposa trabajara en el Hotel Valparaíso y que se empeñó en contratar a Antonio Alemany “fort i no et moguis”. Pero de su pretendida riqueza amasada en innumerables comisiones, tras más de 5 años de investigación, no hay nada de nada. Por tanto, Jaume Matas será indultado, si se atiende a las premisas del Parlament y del ministro de Justicia.

Resulta curioso que algunos consideren un escándalo que el Gobierno pueda indultar a Matas, que no ha robado, y no sea igual de escandaloso que la Fiscalía consienta que los defraudadores se vayan de rositas tras pagar una multa.

 

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PAGAR A DIEGO TORRES

Pese a los esfuerzos de la Casa Real y el Gobierno por evitarlo, hoy Su Alteza Real doña Cristina de Borbón, Infanta de España, duquesa de Palma, hija del Rey y hermana del próximo Rey Felipe VI, comparece ante un modesto juez de instrucción asistida por un brillante equipo de abogados defensores que lidera el fiscal Pedro Horrach.

Nada se le preguntará de los millones saqueados a empresas que contrataron al Instituto Nóos para no hacer nada. Ni por la donación encubierta camuflada de préstamo de 1,2 millones que le hizo su padre en 2004, evitando pagar el impuesto de donaciones. Ni por el tráfico de influencias que la Audiencia de Palma zanjó, por más que Jaume Matas y Francisco Camps contrataron a Nóos porque ella y su marido, el duque empalmado, lideraban el tinglado. Manos Limpias solicitó su imputación por dos veces y le fue denegada por el juez Castro. Cambió de criterio tras los correos aportados por Diego Torres, socio de la Infanta y de su marido en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro usada para enriquecerse. En ellos queda claro que la Casa Real estaba en el ajo, como lo estaban la Infanta, vocal de la Junta Directiva y el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, tesorero de Nóos y hoy imputado, a pesar de lo cual la Casa Real lo mantiene en nómina para que tenga la boca cerrada.

Torres y sus correos nos han traído hasta aquí, después de que Urdangarin le responsabilizase a él y a su mujer Ana Tejeiro de las irregularidades. Como no quiere comerse el marrón afirmó que en Nóos “tomaban las decisiones los 5 miembros de la Junta Directiva, incluida la Infanta Cristina” y que la Casa Real estaba al tanto. Es un escándalo que la Fiscalía diga que no hay pruebas contra la Infanta porque siempre le ha sobrado la palabra de un coimputado para acusar y llevar a juicio. Con Josep Joan Cardona le bastó la palabra de Antonia Ordinas. Con Matas basta la palabra de Juan Francisco Gálvez, condenado en el caso Turisme Jove. Para acusar a José Mª Rodríguez y a Pere Rotger basta la palabra de Daniel Mercado de Over Marketing. Para acusar a Mª Antonia Munar en Son Oms sobra con la palabra de Bartomeu Vicens. Sin embargo la palabra y los correos de Torres no son suficientes ahora, según Horrach, para acusar a doña Cristina. ¿No dijo el fiscal en Santa Margalida que había que premiar económicamente a los denunciantes? Pues que pague a Diego Torres.

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UN FISCAL CONSPIRANOICO

Pedro Horrach ha desertado de su tarea de fiscal para ejercer obscenamente de abogado defensor de Cristina de Borbón. En el juicio del caso Scala, Horrach acusó al PP balear de atacar sistemáticamente a la Fiscalía con una “teoría de la conspiración”. Lo mismo que él hace ahora con el juez Castro. “Se llama teoría de la conspiración y se repite hasta la saciedad hasta que cala en parte de la opinión pública”, fueron sus palabras. En Mallorca todo el mundo conspira excepto él, un conspiranoico pertinaz que concede entrevistas a Vanity Fair repitiendo hasta la saciedad la inocencia de la Infanta, a ver si cala.

Se trata del mismo fiscal que ante la Audiencia declaró que a decir de sus respuestas, Jaume Matas más que el presidente del Govern, parecía una figura simbólica. El mismo que mostró su indignación no solo “por el saqueo premeditado de fondos públicos, tantas veces impune”, sino también por “ver cómo, sin escrúpulos, no se asumen las consecuencias penales derivadas de sus propios actos”. El mismo que habló de las dificultades para “romper las pantallas” que se convierten en “barreras casi infranqueables”, que los cargos públicos levantan para ocultar sus delitos. El mismo fiscal que afirmaba que “no es posible” que Matas no supiera nada de la contratación irregular de Antonio Alemany. Y que parafraseando al capitán Schettino, afirmó que Matas y Alemany “se cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí”. Él, que acusó al expresidente de “aprovecharse de forma sibilina” de su cargo y que sentenció “¡miente Matas y miente su mujer!”. Y que en alusión al desconocimiento del hotelero Miquel Ramis del trabajo desempeñado por Maite Areal se preguntaba alborotado “¡cómo lo vamos a saber nosotros!” y “¿se pueden creer que Ramis no supiese lo que hacen sus empleados y más siendo la mujer del presidente?”. El mismo fiscal que aseguraba al jurado que “en el mundo de la gente normal esto no sucede” y que “suena a chiste de mal gusto”. El mismo que alardeaba de “pasos cortos, vista larga y bastante mala uva” y de tener, en cuestiones de corrupción, una capacidad de sorpresa “cada vez menor”.

Recordamos sus televisivos alegatos. Si Horrach está determinado a ridiculizarse, arrastrando con él a toda la Fiscalía Anticorrupción, allá él. Pero mejor sería pedir una excedencia e irse a trabajar al bufete Roca Junyent. Y que no difame más a José Castro de forma tan soez.

 

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NEUTRALIZAR AL JUEZ CASTRO

Hace ya muchos meses que Cristina de Borbón, si no fuera la hija del Rey, hubiera comparecido ante el juez José Castro para dar explicaciones de su presunta participación en los hechos protagonizados por su esposo Iñaki Urdangarin a través de la sociedad Aizoon, propiedad de ambos. Su mismísimo secretario y miembro del personal de La Zarzuela, Carlos García Revenga, ya lo hizo como imputado en febrero del año pasado, ya que fue tesorero del Instituto Nóos. Los indicios son abrumadores para cualquiera que quiera verlos y los esfuerzos de la Fiscalía para ahorrarle el trance chocan frontalmente con un mínimo sentido de la Justicia muy difícil de aceptar. ¿Hemos de creer a Horrach cuando afirma, tras reunirse con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio  Salinas, que se está pensando si recurrir o no y que tiene las manos libres para actuar según su propio criterio? Es difícil hacerlo.

Hace falta estar muy convencido de lo que se hace para actuar como lo está haciendo el magistrado Castro. A pesar de sus comentarios a veces fuera de lugar y de su exceso de ironía, está demostrando tener un enorme coraje y un profundo sentido del deber. Los insultos y ataques que los medios conservadores y monárquicos profieren contra él, le enaltecen y retratan a la perfección a aquellos que los emiten, contrarios a que la Infanta sea investigada. La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado están actuando de una forma torticera para proteger a Dña. Cristina y a su través, a la Corona. Están consiguiendo justamente lo contrario.

En la anterior desimputación de la Infanta, la Sección 2ª de la Audiencia se mostró dividida y el magistrado Juan Jiménez emitió un voto particular al discrepar de sus colegas. Jiménez acusó al fiscal de neutralizar la acción investigadora del juez y de pretender “que la convocatoria a declarar ante el Magistrado Instructor contenga la determinación de los hechos que se imputan”, cosa que al final Horrach ha logrado. Además, afirmó refiriéndose a Urdangarin: “No se puede descartar que su esposa tuviera conocimiento de la situación”. Es de suponer que Jiménez mantendrá su criterio favorable al juez Castro y a que Dña. Cristina comparezca ante él como imputada. Lo que finalmente suceda está en manos de Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna, jueces que se mostraron implacables con UM. Habrá que ver si la hija del Rey les amilana.

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CASTRO, ATURA'T!

Para atreverse a atacar al juez Castro, el fiscal Pedro Horrach debe estar muy angustiado. La dureza de sus críticas recuerda otros “avisos” de la Fiscalía a jueces incómodos para el Estado. Y deja entrever que lejos de una divergencia jurídica  estamos ante un pulso en toda regla, ya anticipado en Vanity Fair. Las cosas han llegado muy lejos, le vienen a decir al veterano magistrado. Como en el Parado de Selva: ‘tura’t ben aviat, perquè si no t’atures seràs ‘turat! ¿Seríamos testigos de una confrontación así de no afectar a la hija del Rey? En ningún caso. Como tampoco el fiscal hubiese nunca recurrido una imputación del juez si la encausada no fuera la Infanta Cristina. Que ahora acuse a Castro de dilatar el procedimiento con diligencias que él considera innecesarias, redundantes y contradictorias, es tan grave como sórdido. No descarten que pida que pida el procesamiento del juez por filtraciones a la prensa.

“No se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho”. Tiene razón el fiscal, pero omite que él mismo ha solicitado la imputación de decenas de personas con  menos indicios delictivos. Los ha interrogado con toda dureza para aclarar su implicación y no le ha preocupado el perjuicio que ello les pudiera acarrear porque forma parte de la acción de la Justicia. No estamos aún ante un juicio, sino ante una ciudadana que debe dar explicaciones de hechos delictivos protagonizados por su marido y de los que ella, cuanto menos, se ha beneficiado directamente, cosa que ya nadie duda. Horrach protege a la Infanta por ser lo que es, al margen de lo que haya hecho. Su nula voluntad de investigarla aflora en el reproche a Castro por haberlo hecho “provocando una dilación no conveniente”. No hay que restar importancia al “tipo, cuantía y color de los globos” de las fiestas del matrimonio ducal, porque bien que interesó el de las famosas escobillas de váter de Sant Feliu.

Tras 6 meses de minuciosa investigación del presunto soborno de Can Domenge, solo ha aparecido dinero no declarado en Andorra. ¿De quién? De Bartomeu Vicens. En el juicio nada dijo entonces del dinero en Andorra, sino que solo devolvió 160.000 € y aseguró no tener más. Mintió. Los fiscales no registraron su domicilio y solo fueron a casa de Munar y Nadal, donde nada hallaron. Igual si hubiesen ido a casa del “arrepentido” habrían tenido más suerte.

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ENCHUFISMO

Copyright: Esteban Mercer.

Cuando el director de la Agencia Tributaria afirma que él no permitiría que hubiese injerencias políticas en su departamento –aunque es por eso que ha dimitido el director de Inspección–, suena casi tan falso como cuando el fiscal Pedro Horrach sostiene que él no está “para tapar a nadie ni para ocultar nada”. El entrevistado estrella de este mes en Vanity Fair –algo inaudito– se reivindica con una encendida apología de la Infanta Cristina de Borbón y nos fuerza a elegir entre creerle a él o creer al juez Castro. Naturalmente hay que confiar en Castro porque de momento no da entrevistas para justificarse ni para presionar a nadie y mucho menos para alimentar su vanidad.

 

Horrach dice que necesita algo a lo que agarrarse para imputar a la Infanta, aunque jamás ha necesitado tantos asideros para los centenares de mallorquines a los que ha imputado. El juez Castro se los proporciona en abundancia, pero ni él ni el Fiscal General del Estado los ven porque no quieren. Por el contrario se ha mostrado inflexible con Jaume Matas porque un hotelero –casualmente el principal competidor en la bahía de Alcudia de la compañía hotelera de la familia Horrach–  contrató a su mujer a requerimiento del ex president. Se ha montado un circo peripatético con dos fiscales, ¡dos!, acusando a Matas de recibir un soborno, con decenas de testigos y un jurado para que finalmente Matas sea condenado a pagar  9.000 € de multa, que es bastante menos de lo que ha costado el juicio. Contrasta el hecho que Maite Areal fuese nombrada asesora en la Comunidad de Madrid durante 5 años cobrando un suculento sueldo público, solo por ser la esposa del ministro de Medio Ambiente y sin embargo eso no constituya ninguna ilegalidad. Así está la Justicia. Los fiscales tras conocerse el veredicto se mostraron exultantes en público y se propinaron buenos abrazos en plena calle, como si Matas fuese el único que pidió trabajo para su mujer prevaliéndose de su cargo. Habrá que esperar a que José Mª Rodríguez algún día esté en disposición de hablar.

 

Para no perder la costumbre esta semana la Audiencia Provincial ha absuelto a otros 9 narcotraficantes de Ibiza al anular unas escuchas telefónicas. Suman 96 absoluciones en lo que va de año. ¿Ningún responsable policial va a ser cesado por esto? La Delegada del Gobierno, Teresa Palmer, debe abandonar su puesto si nadie asume su responsabilidad por este desastre continuado.

 

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LA GUINDA DEL PASTEL

Uno de los tipos que fue descubierto con las manos en la caja pública se dirige a la Fiscalía y apunta el nombre de Jaume Matas. Entonces su delito es reducido sustancialmente y la pena es mínima. Eso es lo que obedeciendo al Ministerio Público ha hecho Juan Francisco Gálvez, exdirector general de Juventud. Por el mero hecho de acusar sin la más mínima prueba al expresidente Matas, ve reducida su pena de los 12 años iniciales hasta tan solo 3 años. Desde que en 2008 se destapó el caso Turisme Jove, Gálvez no había implicado jamás a Matas, pero pocos días antes del juicio se forja un pacto de conformidad, se va al juzgado y dice que actuaba por orden del ex president. ¿Qué credibilidad puede otorgársele? Ninguna. Gálvez no ha sido acusado de cohecho, delito del que sí se ha acusado a Gosálvez y Amengual. ¿Cómo es posible que siendo el superior inmediato en la cadena jerárquica, Gálvez sea exonerado del soborno? Es el premio que le otorga la Fiscalía por acusar a Matas. Ni la exconsellera Rosa Puig ni la eurodiputada Rosa Estarás, que disfruta de su exilio dorado en el Europarlamento, se ven implicadas en el asunto. No son el objetivo a batir, por suerte para ellas.

 

Veremos idéntico proceder en el caso Metalumba. El juicio comenzará el lunes y se sentarán en el banquillo Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y otros cinco acusados, entre los que está el abogado Jaime Montis. La Fiscalía solicitaba 19 años y 3 meses para Vicens, pero tras servirles en bandeja la cabeza de Munar en Can Domenge, la pena no superará los 3 años y además su mujer, Antonia Martorell, no tendrá que ir a la cárcel cuando le pedían 13 años y 3 meses. La Fiscalía debería explicar a cuento de qué rebaja de este modo sus peticiones de pena. Vicens es otro que por acusar a su superior se lleva el premio gordo. Infame.

 

Pero la guinda del pastel es el papel del fiscal Horrach a la hora de proteger a la Infanta Cristina. Primero fue un insólito recurso ante una citación como imputada. Ahora se anticipa al juez Castro y se retrata con un escrito que pretende absurdamente justificar lo injustificable, actuando de defensor y no de acusador. No es que Horrach no quiera llevar a juicio a la hija del Rey, ¡es que ni siquiera tiene curiosidad por oír su versión de los hechos en un interrogatorio en el juzgado! Desde que es fiscal anticorrupción, ¿con cuantas personas ha actuado así? Con ninguna. Jamás.

 

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SIN PRUEBAS, NO

¿Quién tiene razón, el juez Castro cuando ve indicios de un montón de delitos cometidos por Francisco Camps y Rita Barberá, o los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quienes creen que no hay pruebas para imputar a dos aforados del parlamento autonómico? Si tenemos en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Supremo en otras causas que ha instruido el juez Castro, parece que está claro que en Baleares hay cierta alegría a la hora de imputar delitos de corrupción a políticos, sustentando las acusaciones con poca base probatoria y con mucha imaginación. Vamos, que todo empezó con un enriquecimiento ilícito de Jaume Matas y su compra del palacete de San Felio y hemos acabado encarcelando al autor de los discursos del president. Y se investiga la organización de unas conferencias por parte del yerno del Rey y si cobró mucho o poco y cómo se le concedió la organización de las jornadas. Cosas que pueden parecer bien o mal, caras o baratas, provechosas o inútiles, pero hechas al fin y al cabo. Según el TSJV, discutibles éticamente, pero sin base suficiente penalmente.

 

El fiscal Horrach dijo en la conferencia que pronunció en Santa Margalida que es muy lícito usar el testimonio de arrepentidos. Y defendió que habría que pagarles por ello. Produce escalofríos pensarlo porque Vicens aseguró ante el tribunal del caso Can Domenge que a pesar de haberse quedado con 600.000 € del soborno, entregaba a la Justicia tan solo 160.000 porque no le quedaba más ya que lo había destinado a pagar fianzas, abogados y para vivir. Terminado el juicio y antes de dictarse sentencia se supo que tenía 600.000 euros en una cuenta en Andorra. Por tanto mintió al tribunal. Y es normal que lo hiciera, porque busca salir lo mejor posible de todos los casos que tiene abiertos y sobre todo, librar a su mujer de la cárcel. Horrach obvió que se está dando un trato de favor a un reo que miente, solo porque incrimina a quien está por encima de él. Y es que ese es el único objetivo, según reconoció el propio fiscal: cargarse a los de arriba, con o sin pruebas. Pero no lo ven así los jueces de Madrid y Valencia.

 

A veces da la sensación que en Baleares todo el mundo se ha liado la manta a la cabeza con la presunta corrupción de la legislatura 2003/2007 y se arman sumarios y se juzgan casos que conduzcan a la “limpieza” de aquella época, sin atender a las pruebas, que es lo que realmente cuenta.

 

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ES GUANYAR FA RIURE!

La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticularon a finales de julio una banda de delincuentes denominada “los ángeles del infierno” en una brillante operación.  Según parece, contaban con ayuda de algunos policías locales, uno de los cuales ingresó en prisión provisional. Otro, acuciado por múltiples expedientes disciplinarios, reveló que tenía documentos que probarían el supuesto amaño de los exámenes de promoción interna a oficial. A raíz de esto el juez José Castro se rehabilita de sus escarceos con la abogada de Manos Limpias y envía al fiscal anticorrupción Juan Carrau a registrar el cuartel de la Avenida San Fernando, ante las supuestas evidencias de que los exámenes habrían sido filtrados a algunos aspirantes. El director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, es el principal sospechoso y se ha visto obligado a dimitir. El concejal Guillermo Navarro no gana para dolores de cabeza. Ya sufrió las críticas de algunos mandos por el concurso-oposición para la plaza de intendente jefe de la Policía Local, quienes acusaron al Ayuntamiento de montar un traje medida para que el actual intendente Antonio Vera tenga la plaza en propiedad.

 

Siguiendo el modus operandi habitual, un tipo (en este caso un policía local) ofrece a la Fiscalía su colaboración en un caso de mayor trascendencia mediática y política a cambio de ver atenuados sus problemas con la Justicia. La Fiscalía acepta participar en el “conchabeo” y espera que el juez Castro, ¡qué casualidad!, esté de guardia para solicitar el registro y pedir el secreto del sumario, como tantas otras veces. Un bofetón a José María Rodríguez en el trasero de Enrique Calvo por las fotos publicadas esta semana en ABC y por su almuerzo con Matas. No cabe duda que Castro se ha convertido en un juez incómodo, un instructor activo que trata de apoyarse en la acusación popular para continuar su acoso a la Infanta Cristina, aún sin la Fiscalía.

 

Cada vez que María Salom habla de corrupción suelta una leve sonrisa socarrona que se asemeja mucho al tic de Mariano Rajoy cuando miente, parpadeando un solo ojo. El jueves en el Teatro Principal, durante el acto central de la Diada de Mallorca, se llenó la boca de  corrupción y no podía aguantarse la risa. Habiendo tenido un papel tan principal en el caso del  Túnel de Sóller y habiendo salido indemne, ya se comprende. Como cantaba Tomeu Penya, es guanyar fa riure!

 

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PROSTITUIR LAS INSTITUCIONES

Vivimos días de excesos verbales. El PP calificó de nazismo las protestas de la Plataforma anti desahucios para criminalizar a todo un movimiento social. El fiscal anticorrupción Juan Carrau califica de organización criminal a toda Unió Mallorquina y la compara con la mafia, como forma de criminalización general que justifica toda actuación. Esta forma de banalizar el mal, de trivializar los crímenes de la mafia, la violencia, las extorsiones y los asesinatos, para justificar la utilización de métodos extraordinarios que resultan contrarios al Estado de Derecho, son muy preocupantes. Mucho más si provienen de un representante de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, quien debiera ver a simple vista que nada de lo sucedido en Baleares soporta ninguna comparación con la Cosa Nostra ni con la Camorra, con miles de muertos a sus espaldas. ¿Qué diríamos si alguien hiciera comparaciones de este tipo con los asesinatos de ETA?

 

Tras su alusión a los delitos militares de “traición” y “deslealtad”, competencia de los juzgados castrenses, ya sólo cabe esperar que la Fiscalía solicite la aplicación de la legislación antiterrorista. ¿Cabe mayor barbaridad? Pero lo más llamativo de todo es que la Fiscalía Anticorrupción hable de “prostitución de las instituciones”. Es imposible olvidar quién ha protagonizado una férrea defensa de la Infanta Cristina en el caso Nóos, mutando su función en la de abogados defensores de la hija del Rey. En Can Domenge se apela a la lógica y a lo que cuesta creer, no a las pruebas, para sustentar la acusación. Sin embargo, en el caso Nóos los fiscales defensores (perdón por la antítesis) establecen, contra el criterio del juez Castro, que no hay ni siquiera indicios para llamar a declarar a la Infanta, cuando es notorio que fue beneficiaria a título lucrativo, como mínimo.

 

La dignidad con la que se reviste el señor fiscal es impostada. Nada la sustenta. Aun menos pretender el enaltecimiento de los “pentiti” cuando no lo son. Ordinas, Vicens, Sanahuja y otros, son delincuentes confesos que han echado cuentas y ven que reciben un trato de favor obsceno por apuntar hacia otros. No hay ningún heroísmo. Además, son legión los imputados en Mallorca, con el estigma consiguiente, por no plegarse a las presiones de la Fiscalía. En este contexto, hablar de “prostitución de las instituciones” es una frivolidad.

 

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VAYA DILEMA: CON EL JUEZ O CON EL FISCAL

En esta vida a veces hay que tomar partido. Y llama profundamente la atención que aquellos que continuamente lo hacen, escribiendo en los periódicos y opinando en emisoras de radio, en esta ocasión callen como muertos. Ante la posible imputación de la Infanta Cristina de Borbón, hija menor del Rey Juan Carlos I, no se entiende que ilustres cronistas de Tribunales y Sucesos,  usualmente bien informados a través de acreditadas fuentes de la Fiscalía y/o de los juzgados, se dediquen a mirar desde la barrera y con absoluta asepsia quirúrgica se limiten a informar del estado de la cuestión sin pronunciar su sentencia, por lo común inapelable.

Es una situación inaudita porque en todos los casos de corrupción suelen dictar sentencia con inusitada contundencia, conocedores de todo el sumario y de los detalles ocultos, solo conocidos por los investigadores. La presunción de inocencia es algo que a menudo olvidan y no les cabe en la cabeza la existencia de argumentos exculpatorios, porque siendo sus fuentes las que son, estos argumentos no interesan y carecen de toda credibilidad para ellos, motivo por el cual los obvian, contribuyendo con entusiasmo al juicio paralelo.

 

En el caso Urdangarin y con respecto a la posible imputación de la duquesa de Palma, solo se puede estar a favor del juez José Castro, que es quien quiere escuchar la versión de la Infanta Cristina, o a favor del fiscal Pedro Horrach, quien ha recurrido la decisión del juez instructor ante la Audiencia Provincial y ha logrado paralizarla. Se nos presenta, por tanto, una dicotomía perfecta: se está a favor del juez Castro o a favor del fiscal Horrach. No hay matices. O blanco o negro, sin escala de grises. Este dilema ha desenmascarado definitivamente a un puñado de falsos periodistas, obligados entre decidir por una fuente o por otra, lo que lleva a desacreditar a la contraria. Y eso es tanto como preguntarle a un niño: ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Imposible contestar.

 

Y de esta forma tenemos a tan ilustres informadores, a menudo trocados en fiscales y jueces desde su estrado del medio de comunicación para el que trabajan, situados habitualmente por encima del bien y del mal, siempre en posesión de la verdad absoluta, dictando sentencias condenatorias sin atender a más argumentos que los acusatorios, que en este caso concreto –si acaso el más difícil–, guardan silencio y omiten su veredicto. Nos quedamos huérfanos de su criterio y por eso lo exigimos ahora. Pero ahora callan porque no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo.

 

Si tuvieran el más mínimo criterio propio y no fueran meros transmisores mediocres del parecer de otros, ahora nos iluminarían con su discernimiento. Pero no. Y fíjense si es fácil. Lo estamos viendo en los últimos días. Los medios monárquicos atacan con dureza al juez Castro y defienden las tesis del fiscal. Los medios republicanos aplauden a rabiar al magistrado, acusando al fiscal de cobarde y de no atreverse con la hija del Rey de España. Prácticamente todo el mundo ha tomado partido. Pero los excelsos  periodistas de Tribunales y Sucesos especializados en el caso Palma Arena –y por ello en el caso Nóos– mantienen una equidistancia tan sospechosa como reveladora de que sus crónicas durante los últimos años no han sido información periodística, como era su deber, sino la de meros escribientes de las fuentes que les facilitaban acceso al sumario, conculcando la Ley y sus obligaciones de funcionarios públicos. Incapaces de sostener una tesis si no es la indicada por otro. Y eso no ha sido nunca periodismo.

 

Publicado en www.ciutat.es:

http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/6804-vaya-dilema-con-el-juez-o-con-el-fiscal

PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD

Hoy es 23-F y declara Iñaki Urdangarin ante el juez Castro. Ya hace casi un año desde su última visita a los juzgados de Palma y la imagen pública del marido de la infanta se ha desplomado junto a la de su suegro el Rey. Aún no ha sido juzgado y no lo será en 2013. Por tanto, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ya ha sido condenado por todo el mundo, también por los políticos de Baleares. Incluso la diputada de MÉS, Fina Santiago, reconvertida en Tomás de Torquemada, inquisidora general de Mallorca, “martillo de herejes, luz de España, salvadora de su país y honor de su orden” (que diría Sebastián de Olmedo), afirma en el Parlament que “El Sr. Urdangarín es un presunto culpable”. Por ello debe retirársele la medalla de oro de la Comunitat por la vía del decretazo y prohibírsele la entrada en Marivent.

Desde hace un año leemos a diario en la prensa detalles del caso Urdangarín. Incluso se ha escrito un libro calificándole de “conseguidor”. Sin embargo, aún no ha habido ni juicio ni sentencia. Al estilo de Jean-Paul Marat, alias “ira del pueblo”, hemos establecido tribunales populares que ante las cámaras de TV llevan a cabo juicios sumarios y ejecuciones en masa, que si no quitan la vida física, sí acaban con la vida civil. Los acusados son sometidos al escarnio y triturada la presunción de inocencia, sin posibilidad de defensa.

Hasta nuestros representantes políticos ya han juzgado y condenado. Sancionan con la retirada del nombre de una calle y amenazan con retirar la medalla de oro de la Comunitat. Sin más trámite que la lectura de un titular de prensa. No hay nada que oír ni que leer, a parte de un correo electrónico que alguien ha filtrado.

Hace poco hemos sabido que un señor llamado José Antonio Valdivielso, que fue condenado a 13 años de cárcel y cumplió 9, ha sido declarado inocente por el Tribunal Supremo gracias a que su padre buscó al auténtico autor de los delitos que se achacaban a su hijo. A menudo los jueces y los fiscales cometen errores. Nadie es infalible. Los testigos se confunden y señalan a quien nada tenía que ver. Todo el mundo reniega si recibe una carta para formar parte de un jurado popular y sin embargo todos nos apuntamos a la cacería de brujas sin conocer nada del caso, excepto lo que publica la prensa que a menudo es sólo una pequeñísima parte, acaso la más sórdida y morbosa, de la realidad.

Publicado en Última Hora. 23.2.2013.

URDANGARÍN NO HAURÀ DE CAMINAR

Pareix que ningú parla d'altra cosa que no sigui la compareixença demà com a imputat del gendre del rei Joan Carles, el gran jugador d'handbol Iñaki Urdangarín, duc de Palma. Acabam de conèixer que al gendre del rei Joan Carles li obriran les portes del pati dels jutjats perquè pugui entrar en cotxe i estigui exposat mínimament a las càmeres de televisió. Diuen que per motius de seguretat no li faran devallar a peu la rampa del pati, però no és cert. No és en absolut per motius de seguretat. És per evitar-li al màxim la "pena del telediario", cosa que no s'ha fet mai amb ningú més.

El dimecres passat varem tornar a tractar el tema al debat del programa 'Tot 4' a Canal 4 TV, amb Toni Tarabini, Jaume Sastre, Sol Sarabia i presentat per Beatriz Díez Mayans.

DEBATE SOBRE URDANGARÍN EN COPE MALLORCA

Hoy he participado en el programa "Así son las mañanas en Baleares" que presenta y dirige Gabriel Torrens en COPE Mallorca. He tenido la oportunidad de debatir intensamente con José Francisco Alomar sobre la inminente declaración judicial del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, mañana por la mañana en los juzgados de Palma. Aquí os dejo el corte de voz del programa, a partir del minuto 18'08".
http://mallorca.cope.es/audios/audiolocal-asi-son-las-mananas-en-baleares-con-gabriel-torrens-188064

ÉS IGUAL PER A TOTS LA JUSTÍCIA?

El dimecres de la setmana passada vaig ser convidat al debat del programa de Canal 4 TV 'Tot 4', que presenta Beatriz Díez Mayans, per parlar de l'actualitat judicial que passa, inevitablement, per la declaració com a imputat el proper dissabte 25 de febrer als jutjats de Palma de Iñaki Urdangarín, marit de la infanta Cristina de Borbón i duc de Palma. Vaig compartir un agradable temps de debat i reflexió amb Jaume Sastre, Xavi Bonet i Marc González.

Com que pel que m'han dit, el programa va agradar bastant, aquí el teniu en 5 bocins: