HOOLIGANISMO PARLAMENTARIO

Si una persona responsable y cabal durante una conversación, por encendida y acalorada que acabe siendo la discusión, oye una burrada de los labios de su interlocutor, no responde con una burrada elevada al cubo. O no debería hacerlo. Si el grupo parlamentario MÉS hace una propuesta absurda y peregrina, completamente inútil y fuera de lugar, como la de que el Parlament declare persona non grata al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, lo procedente es que el Partido Popular exprese su discrepancia, critique a los econacionalistas y tumbe la propuesta con sus 34 diputados. Sin embargo, en un comportamiento irresponsable, absurdo y que refleja a las claras el paupérrimo nivel de nuestro Parlament, el PP contraataca con una propuesta absurda y peregrina elevada a la tercera potencia, multiplicando así la onda expansiva de una propuesta ridícula al proponer la misma declaración para un ex presidente del Govern, Francesc Antich; un ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; y un ex conseller del PSM, Gabriel Vicens. Todo un despropósito.

 

El Grupo Parlamentario Popular que lidera Mabel Cabrer lleva muchos meses deslizándose peligrosamente por la rampa de la irresponsabilidad, “sin precedentes en la historia de esta comunidad” en palabras del editorialista de El Mundo, nada sospechoso de atacar gratuitamente al PP de Baleares. Ignoran las encuestas del CIS, que reiteradamente apuntan a “los políticos en general, los partidos y la política” como uno de los principales problemas que existen en España, inmediatamente por detrás del paro, la corrupción y los problemas económicos. A menudo se muestran conscientes de la desafección de los ciudadanos a la política, pero sin embargo no hacen nada para que la ciudadanía recobre la confianza en las Instituciones y particularmente en el Poder Legislativo. Y es lícito y comprensible que se exija al Partido Popular mayor responsabilidad y sentido común, pues no en vano gobierna por mayoría absoluta en las principales instituciones del Estado y de Baleares. Los econacionalistas de MÉS, aunque reproblable, es comprensible que recurran a piruetas dialécticas y a juegos malabares para distraer la atención. Pero ¿es este comportamiento aceptable por parte del grupo mayoritario y que gobierna en solitario con un amplio apoyo parlamentario? A mi juicio no.

 

El PP ha emprendido decididamente el camino del hooliganismo parlamentario. Como estrategia perfectamente planificada y contando con la presidenta del Parlament, Margalida Durán, como cooperadora necesaria, lleva a cabo acciones marrulleras de agitprop (agitación y propaganda) tanto dentro como fuera de la Cámara. Sus dos puntales son los diputados Ana María Aguiló y Antoni Camps, quienes a menudo hacen exhibición de una falta de dignidad y decoro que abochorna, jaleados por sus compañeros de bancada cual supporters. Su consigna parece ser “cuanto peor, mejor”. Pero no todo vale en política y parece increíble que no se den cuenta que con semejante comportamiento, por lo demás inútil e innecesario, no ganarán ni un solo voto ni harán que sus rivales pierdan lo más mínimo. Su trabajo no es encender fuegos, sino apagarlos.  Únicamente contribuyen a la degradación de la política y a denostar el Parlament, aún más de lo que ya está. Aquello se ha convertido en una guarida de rufianes y reto a cualquier ciudadano que no me crea a comprobarlo personalmente acudiendo un martes a la antigua sede del Círculo Mallorquín, antaño cuna de conciudadanos ilustres y sensatos y ahora vulgar patio de colegio de personas que parecen ajenas al interés común.

 

El vicepresidente Antonio Gómez no es ajeno a esta estrategia, como no lo puede ser José Ramón Bauzá. Sin embargo, el ex alcalde de Escorca no parece entender el papel del Poder Legislativo, tanto en su autonomía de funcionamiento a la hora de aprobar y enmendar leyes, como a la hora de controlar al poder Ejecutivo. Este pasado martes, en un tono abiertamente barriobajero y tabernario, acusó al diputado no adscrito Antoni Pastor de ser un “vividor de la política” y de no tener “ni oficio ni profesión al margen de ella”. Creerá Gómez que con estas palabras denigra a Pastor, pero lo que hace realmente es denigrarse a sí mismo y a su propio partido, porque no hace sino reconocer, de ser cierta su acusación, que el PP llevó en las últimas elecciones locales a un “vividor de la política” como cabeza de lista por Manacor, que obtuvo la alcaldía del segundo municipio más grande de Mallorca con mayoría absoluta. Si tuviera el más mínimo decoro y sintiera algún respeto por el Parlament, no haría ese tipo de reproches, que bien podría hacer a más de la mitad de sus compañeros del Grupo Popular, empezando por sí mismo.

 

No puedo por más que criticar esta estrategia del Partido Popular, que ya no es un comportamiento individual sino una estrategia política trazada con no se sabe qué objetivo y que sólo puede traer más desafección, más crispación y que la ciudadanía perciba a los Populares no como un partido de gobierno, sino como un orfeón de irresponsables emboscados en la marrullería y el juego sucio para desviar la atención y tapar sus carencias. Solo que sus carencias ya son imposibles de tapar y menos aún revolcándose en el barro como hacen los jabalíes para librarse de los chinches y las garrapatas. Enlodarse nunca es buena estrategia y además, al margen de que solo lo hacen los animales, no les pagamos el sueldo para eso.

(Publicado en http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/11997-hooliganismo-parlamentario)

EL CASINO Y SON PUIG

No es la primera vez que la negativa del Ajuntament de Palma a conceder las licencias municipales causa un grave quebranto a las arcas públicas, como aventuro que sucederá en el caso del segundo casino. El Gran Casino Teatro Balear ganó en noviembre el concurso público convocado por la Conselleria d’Economia i Competitivitat. Consta en el expediente administrativo un informe de idoneidad del primer teniente de alcalde de turismo del Ajuntament de Palma y coordinador municipal, Álvaro Gijón, del que ahora reniega. La Gerencia de Urbanismo ha denegado la licencia a los promotores alegando motivos absurdos y peregrinos que jamás impidieron ni dificultaron la actividad anterior de bingo en el mismo local. Ni la superficie, ni las viviendas contiguas, ni las plazas de aparcamiento jamás fueron obstáculo. Todo es un burdo pretexto para forzar al Govern a retirar la licencia recién otorgada a quien ganó el concurso legalmente, Teatro Balear, y otorgársela al proyecto por el que sentían preferencia, no es difícil imaginar por qué. Se cansaron de decir que querían un nuevo hotel en Playa de Palma con casino, que cual bálsamo de Fierabrás desestacionalizará el turismo y los magnates árabes dejarán de ir a Montecarlo para venir a s’Arenal. Imposible hacer las cosas peor y no es menos irónico que el Govern presente el anteproyecto de Ley del Juego teniendo este marronazo gracias al PP de Palma, a su secretario general y alcalde en la sombra, José Mª Rodríguez y a su mano derecha Gijón.

Los Populares de ambas instituciones, Govern y Ajuntament, insisten en que el único responsable, a pesar de haber ganado el concurso, es el promotor del Teatro Balear, pero conviene recordar que cuando FCC ganó el concurso para la sede de TV Mallorca en 2006, el entonces responsable de Urbanismo de Cort, Javier Rodrigo de Santos, denegó los permisos caprichosamente a pesar de los informes que aportó la concesionaria, como también lo hizo en Can Domenge. Años más tarde el Consell fue condenado a pagar 13 millones a FCC, lo que llevó a la quiebra a TV Mallorca que tuvo que cerrar. Las chapuzas del Ajuntament las acabaremos pagando todos. Aunque puede que la Justicia responsabilice a los políticos y les obligue a pagar de su bolsillo. Álvaro Gijón y Jesús Valls pueden preguntarle a sus compañeros del último Consejo de Administración de RTV Mallorca. Por jugar a la ligera con dinero ajeno.

(Publicado en Última Hora)

BAUZÁ MINTIÓ DESCARADAMENTE

En cualquier país normal, si se pilla a un político en una mentira y mucho más si esa mentira se refiere a una cuestión de dinero público y el engaño lo pone de manifiesto y certifica el más alto órgano judicial del territorio, el político en cuestión es obligado a irse a su casa con las orejas gachas y el rabo entre las piernas. Sin embargo en España es diferente y aquí el embustero saca pecho y chulea, anunciando que recurrirá con los abogados que pagamos todos.

Recién llegado a la presidencia del Govern, José Ramón Bauzá realizó una reestructuración del gabinete del presidente en junio de 2011 que, si bien reducía el número de cargos de confianza de forma importante, suponía aumentos salariales que oscilaban entre un 8 y un 21% al personal del círculo más estrecho de sus colaboradores. Y ello mientras el sueldo de los funcionarios estaba congelado y anulada una paga extraordinaria.

 

 

En una entrevista que el president concedió a Televisión de Manacor en noviembre de 2011, en la cual tuve el gusto de participar, se le preguntó por la cuestión que él negó categórico diciendo que la subida era “cero”. Entonces se escudó que el montante de la reestructuración suponía un ahorro con respecto al gabinete de su antecesor. Sin embargo, se le escapó la siguiente frase: “Ha habido unas pequeñas modificaciones, alguna subidita o así…”.

 

 

En el plató de Canal 4 televisió el 19 de junio de 2012, respondiendo a las preguntas de Beatriz Díez Mayans, afirmó: “No nos hemos subido ni un céntimo de euro ninguna de las personas de mi gabinete de presidencia, ni uno. Y lo digo con esta contundencia porque animo a una sola persona a que diga lo contrario. Se está manipulando, se está tergiversando la realidad y se está falseando la realidad de los hechos. Ni una sola persona de mi gabinete se ha subido el sueldo”. Con esta rotundidad se expresó Bauzá a pesar de que en el mes de marzo el TSJB suspendió cautelarmente el controvertido aumento salarial decidido por el Consell de Govern el 22 de junio de 2011. Conviene recordar que el Govern recurrió la suspensión cautelar y su recurso fue desestimado, condenando a la administración recurrente a pagar las costas del recurso, que obviamente pagamos todos.

Un año más tarde, el 17 de julio de 2013, en una nueva entrevista concedida a Canal 4 televisió, Bauzá atacó despiadadamente y con gran arrogancia a la periodista y le reprochó visiblemente enfadado: “Esta pregunta me la hizo usted en la anterior entrevista y le dije lo mismo que le diré ahora, usted está diciendo una cosa como si fuera una verdad real y usted a sabiendas sabe que lo que me está diciendo no es cierto. Y usted lo sabe y yo se lo dije, yo se lo expliqué y lo entendió. Da por hecho una cosa que no es cierta”. Beatriz Díez le preguntó: “¿qué es lo que no es cierto, presidente, que el tribunal ha suspendido la subida de sueldo?”. Y él respondió: “No es cierta la subida de sueldos. Yo se lo expliqué y se lo volveré a explicar. Lo que se hizo simplemente es cambiar de categorías”. La periodista insistió en la suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y Bauzá, en el colmo de la desfachatez, mintiendo como solo los embaucadores más experimentados saben hacerlo, respondió: “lo que ha dicho es que queda anulada hasta que haya una sentencia, que no es lo mismo que queda suspendida”. Beatriz Díez insistió: “suspendida hasta que haya una sentencia”. Y el presidente replicó “pero es que no es lo mismo, si hay una sentencia ya lo veremos, hasta la fecha, momentáneamente, cautelarmente…”. Y terminó con este reproche a la entrevistadora: “usted lo sabe y lo vuelve a preguntar para hacer de un hecho que no es real, una realidad absoluta. ¡Usted lo sabe!”.

 

 

Bauzá acusó a Beatriz Díez Mayans de mentir a sabiendas. Pues bien, ya tenemos aquí la sentencia del TSJB que califica de “despropósito”, “discriminación arbitraria” y “contrario a derecho” el acuerdo del Consell de Govern de 22 de junio de 2011, que aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal eventual del gabinete del presidente. Bauzá reclamaba una sola persona que afirmase que había aumento de sueldo. Aquí la tiene. Y no una, sino tres: los magistrados de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Gabriel Fiol Gomila, Pablo Delfont Maza y Carmen Frigola Castillón. En su sentencia afirman: “resulta un despropósito que, mientras a todos los empleados públicos se les rebaja el sueldo y se les exige un sacrificio, a los empleados eventuales (…) desde su comienzo se les retribuya con unos emolumentos superiores a los que recibían los empleados eventuales del anterior Govern”. También argumentan que “no es admisible aplicar un criterio distinto en el aspecto retributivo a un colectivo de personal al servicio de la misma Administración”. Y “En tiempos de crisis, cuando se exige a toda la sociedad un sacrificio personal, la transparencia y la ejemplaridad en la actuación de cualquier gestor deviene fundamental”.

Los miembros del gabinete del presidente Bauzá afectados deberán devolver las retribuciones indebidamente percibidas. Pero para evitarlo el Govern en boca del vicepresidente Antonio Gómez, en un nuevo ejemplo de su arrogancia, ha anunciado que “seguramente” van a recurrir, lo cual incrementará aún más el coste de la ilegal medida adoptada en su día y la decisión de recurrir los sucesivos varapalos judiciales en beneficio de sus colaboradores. Si tuvieran que pagar ellos de su bolsillo las costas, seguro que no recurriría. Como pagamos todos, ¡adelante! Pero queda muy claro ahora que quien mintió fue Bauzá, no Beatriz Díez. Y lo hizo con un descaro y con una desvergüenza escalofriantes. Lo hizo en televisión, en directo y ante todos los ciudadanos de Baleares, que pudieron verlo en sus casas. Pero da igual porque como se espera de un ser superior, pagado de sí mismo y situado por encima del bien y del mal, prepotente hasta límites insospechados, no reconocerá su error. Ahora acusarán de mentir a los jueces del TSJB. Por eso recurrirán.

PAGAR A DIEGO TORRES

Pese a los esfuerzos de la Casa Real y el Gobierno por evitarlo, hoy Su Alteza Real doña Cristina de Borbón, Infanta de España, duquesa de Palma, hija del Rey y hermana del próximo Rey Felipe VI, comparece ante un modesto juez de instrucción asistida por un brillante equipo de abogados defensores que lidera el fiscal Pedro Horrach.

Nada se le preguntará de los millones saqueados a empresas que contrataron al Instituto Nóos para no hacer nada. Ni por la donación encubierta camuflada de préstamo de 1,2 millones que le hizo su padre en 2004, evitando pagar el impuesto de donaciones. Ni por el tráfico de influencias que la Audiencia de Palma zanjó, por más que Jaume Matas y Francisco Camps contrataron a Nóos porque ella y su marido, el duque empalmado, lideraban el tinglado. Manos Limpias solicitó su imputación por dos veces y le fue denegada por el juez Castro. Cambió de criterio tras los correos aportados por Diego Torres, socio de la Infanta y de su marido en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro usada para enriquecerse. En ellos queda claro que la Casa Real estaba en el ajo, como lo estaban la Infanta, vocal de la Junta Directiva y el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, tesorero de Nóos y hoy imputado, a pesar de lo cual la Casa Real lo mantiene en nómina para que tenga la boca cerrada.

Torres y sus correos nos han traído hasta aquí, después de que Urdangarin le responsabilizase a él y a su mujer Ana Tejeiro de las irregularidades. Como no quiere comerse el marrón afirmó que en Nóos “tomaban las decisiones los 5 miembros de la Junta Directiva, incluida la Infanta Cristina” y que la Casa Real estaba al tanto. Es un escándalo que la Fiscalía diga que no hay pruebas contra la Infanta porque siempre le ha sobrado la palabra de un coimputado para acusar y llevar a juicio. Con Josep Joan Cardona le bastó la palabra de Antonia Ordinas. Con Matas basta la palabra de Juan Francisco Gálvez, condenado en el caso Turisme Jove. Para acusar a José Mª Rodríguez y a Pere Rotger basta la palabra de Daniel Mercado de Over Marketing. Para acusar a Mª Antonia Munar en Son Oms sobra con la palabra de Bartomeu Vicens. Sin embargo la palabra y los correos de Torres no son suficientes ahora, según Horrach, para acusar a doña Cristina. ¿No dijo el fiscal en Santa Margalida que había que premiar económicamente a los denunciantes? Pues que pague a Diego Torres.

(Publicado en Última Hora)

NÚÑEZ A LA CÁRCEL

El constructor José Luis Núñez, gran prohombre y prócer, ha sido condenado por el Supremo a 2 años y 2 meses de cárcel junto a su hijo, por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda y defraudar 13 millones €. Así se entienden mejor sus vastos conocimientos sobre pago de sobornos que demostró al querellarse por el concurso de Can Domenge, solo 6 días después de que la Comisión Insular de Urbanismo aprobara la catalogación del edificio Gesa que impedía su demolición y edificar pisos de lujo junto al Palacio de Congresos. Este dechado de moralidad tendrá que ingresar en la cárcel, un contratiempo que no disuadirá a Mateo Isern de nombrarle cualquier día Hijo Ilustre de Palma, en atención a los pleitos con que ha empantanado la fachada marítima. Sería un detalle por parte del PP, que tanto tiene que agradecer al expresidente del Barça, como bien saben Jaume Matas y Rodrigo de Santos, a la sazón su director de campaña.

 

Todo delito contra un niño es repugnante. Si los autores del infanticidio son su propia madre y su compañero, hay que hablar de un crimen abominable. Como de costumbre la Fiscalía no lo ve así e impulsa componendas que suponen penas mínimas a los asesinos de la pequeña Ainhoa, de 8 años, quienes el 18 de junio de 2011 le asestaron una paliza que le causó la muerte. Un ser indefenso al que, además, no auxiliaron hasta 12 horas después de la brutal agresión. Estremecedor excepto para la Fiscalía, que pacta una condena de 12 años de cárcel para ella y 10 para él. Josep Joan Cardona fue condenado a 16 años sin matar a nadie. Eso es proporcionalidad.

 

Pero no todo son reproches. La cesión de la mansión del mafioso ruso Gennadios Petrov a la entidad Amadip-Esment es una buena noticia. Mas inevitablemente surge una pregunta: ¿por qué a Amadip y no a cualquier otra entidad de interés público? ¿A qué obedece este trato de favor por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que propuso que fueran ellos los beneficiarios? Esta adjudicación a dedo, sin concurso ni ofrecimiento a otras organizaciones, es digna de análisis y otro día lo haremos. Es paradójico que Amadip termine beneficiándose de la fuga de Petrov, a quien inexplicablemente se le concedió un permiso carcelario para visitar a su suegra en Rusia y como es natural, ya no volvió. Gracias a su huida, Amadip tiene cedida gratuitamente una lujosa mansión en Calvià. Una bonita carambola.

(Publicado en Última Hora)

#Perboncamí

La EPA del cuarto trimestre indica que en Baleares hay 9.500 personas en paro menos que el año pasado. Sin embargo, los 134.600 desempleados siguen siendo una cifra altísima, un 22,25% de tasa de paro, cifra que continúa muy por encima de la media europea y es del todo inasumible. Dicen desde la Conselleria de Economía y Competitividad que se trata del séptimo trimestre consecutivo en que se crea empleo neto pero hay quien advierte de que, aunque es cierto que la cifra de afiliados a la Seguridad Social crece débilmente un 0,37% de media durante el 2013, las cotizaciones disminuyen porque los salarios son más bajos y menos las horas trabajadas. O sea, que se reducen las horas cotizadas a la Seguridad Social.

 

Estas cifras macroeconómicas enmascaran una brutal realidad que todos, en mayor o menor medida, hemos comprobado en nuestro entorno: muchos puestos de trabajo a jornada completa se han transformado en empleos a tiempo parcial. Vamos, que muchos trabajadores que estaban contratados a 40 horas, gracias a la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en febrero de 2012, fueron despedidos y contratados a media jornada o aún menos. Los famosos minijobs han acabado siendo aplicados por la puerta de atrás y sin que nos enteremos.

 

Mucha gente está siendo contratada por cuatro horas diarias y sin embargo, son obligadas a trabajar 8 horas reales. Por no hablar de que muchos trabajadores por cuenta ajena son obligados a pagar de su sueldo las cotizaciones sociales que correspondería abonar a sus empleadores. “Es lo que hay”, les dicen. Y aún son más los falsos autónomos, quienes mayoritariamente trabajan en exclusiva para una empresa, en las instalaciones de esta y con horarios que ella misma determina, de modo que el empresario se ahorra las cotizaciones sociales e incluso, a menudo, hasta las vacaciones del trabajador. Un fraude cada vez mayor.

 

Y así, como el Gobierno vende por un lado que se crea empleo, pero por el otro lado las cotizaciones a la Seguridad Social se desploman, poniendo en peligro el sistema, no ha tenido otra ocurrencia que, a través un Real Decreto Ley, suprimir las exenciones en conceptos salariales como los pluses de transporte, las ayudas de guardería, los planes de pensiones, los seguros médicos privados o los tickets restaurante. Un auténtico atraco a mano armada que cambia las reglas del juego con el partido empezado y que dispara los costes empresariales, como se han apresurado a denunciar las patronales. El Gobierno que iba a bajar los impuestos y a favorecer la contratación acribilla a empresarios y trabajadores indistintamente con una voracidad recaudadora nunca vista.

 

En conclusión, hay más gente sentada a la mesa, pero todos comemos menos. Y los que no están siquiera en la mesa, los hogares que tienen a todos sus miembros en paro en Baleares, suman 41.900, casi un 5% más que en 2012. Cada vez más pobres, contratados en condiciones más precarias y crujidos a impuestos. Pero como dirían Rajoy y Bauzá, ¡vamos por buen camino!

 

(Publicado en http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/11471-perboncami)

 

JOANA MARIA CAMPS

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, es más nocivo que el virus de la gripe A. Su persistencia en defender en solitario las prospecciones petrolíferas, ya sean en el Mediterráneo o en Canarias, es solo comparable a la tozudez de la consellera de Educación y Universidades del Govern, Joana Maria Camps, en reivindicarse por la vía de los hechos como la menos idónea para un cargo de tanta importancia. Y no pretendan culpar del desaguisado a Patri Moreno, la jefa de prensa destituida. La responsable última del caos es Camps.

 

Aún prevenidos por ella misma en mayo de 2013, cuando avisó con franqueza de que “mi experiencia en el mundo de la cultura es la que puede tener cualquiera de ustedes”, su gestión durante estos 8 meses no puede ser peor. A base de inmovilismo, sordera, coacciones y expedientes disciplinarios, tiene a toda la comunidad educativa hecha unos zorros. Desde 1983 ha habido 13 consellers, de todas las formaciones políticas, unos mejores y otros peores, pero ninguno como la actual. Francesc Gilet (PP), Maria Antònia Munar (UM), Alexandre Forcades (PP), Bartomeu Vidal (UM), Bartomeu Rotger (PP), Joan Flaquer (PP), Manuel Ferrer (PP), Damià Pons (PSM-EN), Francesc Fiol (PP), Bàrbara Galmés (PSIB), Bartomeu Llinàs (PSIB) y Rafel Bosch (PP), fueron todas ellas personas altamente capacitadas, cada cual con sus propias debilidades y virtudes. Pero Camps aborrece su propio departamento, lo ignora todo de la cultura, -parece detestarla tanto como el propio presidente Bauzá, lo que ya es decir- hasta el punto de traducir el informe PISA en informe “trepitja”, un error que caricaturiza al personaje de forma precisa. Y es incapaz de solucionar ni el más leve de los graves problemas que afectan a la educación, como es de ver. Con ella todo va a peor.

 

¿Qué sucedería si un funcionario cualquiera de la Conselleria de Educación no asistiese a los actos públicos a los que se supone que tiene obligación de acudir? Si Camps pretende seguir cobrando sin trabajar, Bauzá debiera cesarla inmediatamente por zángana. Se escaqueó de la ceremonia de inicio del curso en la UIB, pasó de la toma de posesión de Carme Riera en la RAE, no fue a los premios Ciutat de Palma y desprecia al Consell Escolar, al que acudió ayer por primera vez en 8 meses. ¿Al margen de tuitear compulsivamente, hace algo para ganarse el abultado sueldo que le pagamos? En absoluto.

(Publicado en Última Hora)

UN FISCAL CONSPIRANOICO

Pedro Horrach ha desertado de su tarea de fiscal para ejercer obscenamente de abogado defensor de Cristina de Borbón. En el juicio del caso Scala, Horrach acusó al PP balear de atacar sistemáticamente a la Fiscalía con una “teoría de la conspiración”. Lo mismo que él hace ahora con el juez Castro. “Se llama teoría de la conspiración y se repite hasta la saciedad hasta que cala en parte de la opinión pública”, fueron sus palabras. En Mallorca todo el mundo conspira excepto él, un conspiranoico pertinaz que concede entrevistas a Vanity Fair repitiendo hasta la saciedad la inocencia de la Infanta, a ver si cala.

Se trata del mismo fiscal que ante la Audiencia declaró que a decir de sus respuestas, Jaume Matas más que el presidente del Govern, parecía una figura simbólica. El mismo que mostró su indignación no solo “por el saqueo premeditado de fondos públicos, tantas veces impune”, sino también por “ver cómo, sin escrúpulos, no se asumen las consecuencias penales derivadas de sus propios actos”. El mismo que habló de las dificultades para “romper las pantallas” que se convierten en “barreras casi infranqueables”, que los cargos públicos levantan para ocultar sus delitos. El mismo fiscal que afirmaba que “no es posible” que Matas no supiera nada de la contratación irregular de Antonio Alemany. Y que parafraseando al capitán Schettino, afirmó que Matas y Alemany “se cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí”. Él, que acusó al expresidente de “aprovecharse de forma sibilina” de su cargo y que sentenció “¡miente Matas y miente su mujer!”. Y que en alusión al desconocimiento del hotelero Miquel Ramis del trabajo desempeñado por Maite Areal se preguntaba alborotado “¡cómo lo vamos a saber nosotros!” y “¿se pueden creer que Ramis no supiese lo que hacen sus empleados y más siendo la mujer del presidente?”. El mismo fiscal que aseguraba al jurado que “en el mundo de la gente normal esto no sucede” y que “suena a chiste de mal gusto”. El mismo que alardeaba de “pasos cortos, vista larga y bastante mala uva” y de tener, en cuestiones de corrupción, una capacidad de sorpresa “cada vez menor”.

Recordamos sus televisivos alegatos. Si Horrach está determinado a ridiculizarse, arrastrando con él a toda la Fiscalía Anticorrupción, allá él. Pero mejor sería pedir una excedencia e irse a trabajar al bufete Roca Junyent. Y que no difame más a José Castro de forma tan soez.

 

(Publicado en Última Hora)

NEUTRALIZAR AL JUEZ CASTRO

Hace ya muchos meses que Cristina de Borbón, si no fuera la hija del Rey, hubiera comparecido ante el juez José Castro para dar explicaciones de su presunta participación en los hechos protagonizados por su esposo Iñaki Urdangarin a través de la sociedad Aizoon, propiedad de ambos. Su mismísimo secretario y miembro del personal de La Zarzuela, Carlos García Revenga, ya lo hizo como imputado en febrero del año pasado, ya que fue tesorero del Instituto Nóos. Los indicios son abrumadores para cualquiera que quiera verlos y los esfuerzos de la Fiscalía para ahorrarle el trance chocan frontalmente con un mínimo sentido de la Justicia muy difícil de aceptar. ¿Hemos de creer a Horrach cuando afirma, tras reunirse con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio  Salinas, que se está pensando si recurrir o no y que tiene las manos libres para actuar según su propio criterio? Es difícil hacerlo.

Hace falta estar muy convencido de lo que se hace para actuar como lo está haciendo el magistrado Castro. A pesar de sus comentarios a veces fuera de lugar y de su exceso de ironía, está demostrando tener un enorme coraje y un profundo sentido del deber. Los insultos y ataques que los medios conservadores y monárquicos profieren contra él, le enaltecen y retratan a la perfección a aquellos que los emiten, contrarios a que la Infanta sea investigada. La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado están actuando de una forma torticera para proteger a Dña. Cristina y a su través, a la Corona. Están consiguiendo justamente lo contrario.

En la anterior desimputación de la Infanta, la Sección 2ª de la Audiencia se mostró dividida y el magistrado Juan Jiménez emitió un voto particular al discrepar de sus colegas. Jiménez acusó al fiscal de neutralizar la acción investigadora del juez y de pretender “que la convocatoria a declarar ante el Magistrado Instructor contenga la determinación de los hechos que se imputan”, cosa que al final Horrach ha logrado. Además, afirmó refiriéndose a Urdangarin: “No se puede descartar que su esposa tuviera conocimiento de la situación”. Es de suponer que Jiménez mantendrá su criterio favorable al juez Castro y a que Dña. Cristina comparezca ante él como imputada. Lo que finalmente suceda está en manos de Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna, jueces que se mostraron implacables con UM. Habrá que ver si la hija del Rey les amilana.

(Publicado en Última Hora)

GESA: UN MAGNÍFICO MONUMENTO

Un informe pericial solicitado por el TSJB y realizado por la profesora Lilia Maure Rubio, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, dictamina que el edificio Gesa del arquitecto Josep Ferragut es un “magnífico monumento”, un “referente nacional” y un “hito de los años 60-70”. No se queda ahí: defiende que el grado de protección debiera ser aún mayor que la mera declaración de Bien Catalogado hecha en 2007. El juez de lo contencioso-administrativo nº 1 de Palma, Francisco Úbeda, anuló la catalogación del edificio en febrero de 2012, a pesar de reconocer que la tramitación de la catalogación fue absolutamente correcta y sin que se hubiese “aportado prueba alguna que permita determinar que la finalidad de dicha catalogación estuviere dirigida a alcanzar fines distintos de los legalmente previstos en la norma”. El juez asumió las tesis de un informe pericial encargado por José Luis Núñez y consideró que el edificio no merecía la catalogación.

 

La presidenta del Consell, María Salom, se vio en la obligación de recurrir aquella sentencia muy a su pesar. En marzo de 2012 ofreció una rueda de prensa junto a Mateo Isern, alcalde de Palma, y en tono compungido y lacrimoso, anunció: “Como presidenta no me queda más remedio, y en contra de mi voluntad, que tener que recurrir esta sentencia”. Si por ellos fuera el edificio Gesa hubiese sido reducido a escombros al instante. Dado que no hubo ningún funcionario del Consell dispuesto a suscribir tal aberración contra el patrimonio arquitectónico, los políticos del PP aparcaron momentáneamente, con gran tristeza, su promesa electoral de derribar el emblemático inmueble de la fachada marítima.

Isern afirmó entonces que “hacer política en base a vendettas tiene estas consecuencias”, obviando que la sentencia descartó motivaciones espurias. Además olvidó maliciosamente que la protección del edificio Gesa se hizo a instancias del Colegio de Arquitectos, con informes favorables de la UIB, de los técnicos de Patrimonio del Consell, de ARCA y otras muchas entidades. Y aunque el PP votó en contra (es decir, a favor de la destrucción de un “magnífico monumento” para levantar en su lugar 3 bloques de pisos de lujo de hasta 7 alturas), el resto de grupos (PSOE, UM, PSM-EN y EU-Verds) votaron a favor de su conservación. ¿Qué dirán ahora Isern y Salom? ¿Continuarán queriendo derribar el edificio?

(Publicado en Última Hora)