UN OU DE DOS VERMELLS

Su Majestad el Rey Felipe VI está convencido de haber hecho algo de gran importancia al estampar su firma en el Real Decreto 470/2015, de 11 de junio, por el que resolvió revocar la atribución a Su Alteza Real la Infanta Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca, conferida por su padre el Rey Juan Carlos I el 26 de septiembre de 1997. En la jurisdicción de tan digno condado –aunque de escasa tradición histórica– a algo así se le conoce como fer un ou de dos vermells. Creerá haber hecho algo importantísimo, pero solo lo cree él. No es fácil olvidar que la ciudad ya renegó del matrimonio titular del ducado ahora vacante en febrero de 2013, dos años y medio antes, cuando el consistorio presidido por el alcalde Mateo Isern decidió retirar el nombre de la rambla de “Los Duques de Palma” y volver a su tradicional denominación de “La Rambla”. Dejemos a un lado el escarnio que supone que en el BOE se nos refriegue a los habitantes de Palma que la interfecta sigue siendo Su Alteza Real, dignidad que lleva de nacimiento y que nadie puede quitarle, ni siquiera la real gana del Rey, su hermano, ni aún cuando ella decidiera renunciar a sus derechos dinásticos, cosa que parece clara que en absoluto tiene intención de hacer. Ella continúa hablando de “acusaciones infundadas” y zahiere al Rey haciendo pública una carta manuscrita –con membrete de la corona real sobre el nombre de Palma, para una postrera promoción indeseada– con la que pretende probar que ha sido ella por su propia voluntad quien ha renunciado al polémico título. A nadie le gusta ser escarnecido en público y menos a una Infanta de España, como firma para que quede claro porque si lo hiciera como Cristina de Borbón alguien pudiera confundirla con otra persona.

El segundo acto heroico, novedoso, inaudito en la historia moderna, serán los dos alcaldes, como mínimo, que Palma tendrá durante estos próximos 4 años. José Hila, Toni Noguera y Miquel Comas han fet un ou de dos vermells. Creerán que es algo muy meritorio pero sin duda se quedan cortos. Podrían ser alcaldes 16 meses cada uno, lo cual sería más equitativo y permitiría batir el récord de alcaldes en una legislatura. Aquí tenemos la “nueva forma de entender la política, no presidencialita sino colaborativa”. Lo bueno es que no dará tiempo de cansarse del alcalde. Cuando eso suceda, ya tocará cambiarlo y tener un nuevo.

 

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UN GRAN FRAUDE

Tras escuchar las declaraciones del expresidente andaluz José Antonio Griñán a su salida de declarar como imputado en el caso de los ERE falsos ante el juez del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, es inevitable buscar analogías. ¿Quién sabe lo que pueda suceder ahora con los expresidentes de la Junta de Andalucía Chaves y  Griñán? En el Tribunal Supremo todo es posible. Fíjense lo que pasó con el exministro socialista José Blanco en el caso Campeón, que resultó exonerado del delito de tráfico de influencias, el mismo delito por el que Jaume Matas cumple 9 meses de condena (a pelo y sin progresión de grado, como si fuera un peligroso terrorista yihadista dispuesto a degollar a sus víctimas delante de una cámara y difundirlo por YouTube). Lo que sucede en el Alto Tribunal cuando sus "clientes" son importantes políticos de PP y PSOE (ya no digo nada si se trata de aforados como es el caso de Cháves y Griñán) el tema es digno de Expediente X. Al fin y al cabo los magistrados que ocupan plaza allí son designados por el CGPJ, cuyos vocales son escogidos por los partidos políticos (esencialmente PP y PSOE) para defender sus intereses, para qué nos vamos a engañar. Pero la confesión hecha por el senador Griñán reconociendo que "no hubo un gran plan pero sí hubo un gran fraude", si se aplicasen los criterios que hasta ahora se han tomado en consideración por ejemplo en la Audiencia de Palma, los aún parlamentarios socialistas con máximo aforamiento deberían ir preparándose para lo peor.

De nada le sirvió a Jaume Matas decir que no sabía nada. Menos aún le sirvió a Maria Antonia Munar. Y muchísimo menos le sirvió a Cardona. Todos fueron encarcelados porque los jueces interpretaron que no era creíble que no supieran nada, aunque no había pruebas fehacientes de que estaban al corriente de las trapacerías de sus subordinados excepto confesiones de coimputados a cambio de beneficios. Los jueces dijeron que si no lo sabían, haberlo sabido. ¿Por qué la excusa ahora habría de valer a los expresidentes andaluces?

Lo mismo podemos decir sobre la infanta Cristina, que se ampara en su total ignorancia y descarga toda responsabilidad sobre su marido (y a juicio de muchos también testaferro). No sabía nada de lo que hacía su marido Iñaki Urdangarin, ni de lo que sucedía en Aizoon. No intervino en nada y firmaba sin leer. Demos la razón a Griñán: se trata de un gran fraude.

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NO CABE RECURSO

"Contra esta resolución no cabe recurso alguno, pudiendo los interesados reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas". ¿Cual es la parte de “no cabe  recurso alguno” que no se acaba de entender bien? Parece increíble que gente tan docta y sabia como el prestigioso letrado catalán Miquel Roca i Junyent, abogado de la infanta Cristina de Borbón, o el portavoz de los concejales socialistas de Valencia, Joan Calabuig (que estudió algo de Derecho), no entiendan el significado de la frase que encabeza esta columna. Estos ilustres personajes, tan pronto leyeron el auto de apertura de juicio oral que el juez José Castro cantó el lunes con más ganas que los niños de San Ildefonso con los números de la lotería de Navidad, se lanzaron a anunciar un recurso que no cabe y por tanto no puede ser admitido. ¿Se imagina que sube a un avión y cuando la azafata advierte a los pasajeros que apaguen el móvil, alguien corre a sacárselo del bolsillo para hacer una llamada? Hemos pasado del “te pongo una querella” a “te meto un recurso”. Al menos Anticorrupción ha mostrado más cautela en esta ocasión.

Hablando de recursos, ¿piensa la Fiscalía recurrir el tercer grado concedido a José Luis Núñez padre e hijo, al igual que recurrió el concedido a Jaume Matas? Pese a que fueron condenados a 2 años y 2 meses por sobornar inspectores de Hacienda, solo han cumplido 38 días de reclusión. Una minucia que no ha sido calificada de "indulto encubierto" por el PSOE, ni ha merecido una comparecencia parlamentaria por parte del responsable de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. Ahora no ha habido escándalo alguno. Con Matas se afirmó que no había mostrado público arrepentimiento ni estaba reinsertado. ¿Acaso lo están los Núñez? Debe de haberles cundido mucho el tratamiento recibido en Quatre Camins. Es una absoluta vergüenza que el tío más rico de la cárcel haya sido puesto en libertad sin haber cumplido ni un 9% de su condena. Sobornar a funcionarios durante años con un millón de euros para defraudar 13 millones en impuestos se arregla con 38 días de privación de libertad, y como son ricos, separados del resto de reclusos. Hasta los sindicatos de prisiones han denunciado el escandaloso trato de favor. Se alegará que Núñez padre tiene 83 años, pero su hijo tiene bastantes menos y también disfruta ya de la semilibertad. Y contra esto sí cabe recurso.

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BÚSQUEDA DE NOTORIEDAD

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó enviar a prisión preventiva al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Tan radical medida fue solicitada por UPyD. Critica el magistrado que UPyD no es parte perjudicada y les reprocha su búsqueda de notoriedad. Yo añadiría que también rédito político, que es lo que busca cualquier partido porque todos quieren ganar las elecciones o quedar en la mejor posición posible y utilizan la corrupción ajena para desgastar al rival, a la vez que hipócritamente disimulan la propia cuando no la encubren directamente. Hay formaciones que incurren en irregularidades para financiarse y así obtener más recursos para sus campañas electorales, lo que parece haber sucedido en el PP de Jaume Matas según declaró Daniel Mercado (propietario de Over y beneficiario confeso del presunto amaño de contratos en Madrid, Castilla-León, Valencia y Baleares), y también en el de Francisco Camps, recién imputado por la Fórmula 1.

No se entiende que el juez Andreu critique la búsqueda de notoriedad. ¿Qué otra cosa mueve a Manos Limpias? Es lo que normalmente buscan quienes ejercen la acusación popular. A Manos Limpias no les basta con que la infanta Cristina haya pagado los 587.413 euros que le reclamó la Fiscalía como responsable civil a título lucrativo y  exigen responsabilidades penales. No basta con que devuelva el dinero. Pero lo que nunca ha bastado para nadie, sobra para la Infanta, amparada en su desconocimiento y nula participación. ¿Y si utilizó a su marido de testaferro? Ella nunca tuvo necesidad de hacer nada directamente. Si Iñaki Urdangarin no hubiera sido marido de Cristina de Borbón y yerno del rey Juan Carlos I, ¿hubiera sido recibido por Matas y hubiera cobrado dinero público, a dedo y sin concurso?

La Fiscalía ha anunciado que recurrirá si el juez José Castro no aplica la doctrina Botín a la infanta, lo único que evitaría que se siente en el banquillo. Sus abogados podrán alegar dicha doctrina en la primera sesión del juicio, como cuestión previa, pero ella no se librará de estar allí presente. Y si los magistrados de la Audiencia hacen lo que han hecho siempre, cosa que no hay por qué dudar ya que la Justicia es igual para todos, postergarán su decisión hasta dictar sentencia, con lo que la infanta tendrá que permanecer en el banquillo todo el juicio. Como el resto de los mortales.

 

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MÁXIMA ALARMA

Ante la situación de “máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política” que denuncian en un comunicado 5 asociaciones de jueces y fiscales, era previsible que la sección 2ª de la Audiencia no dejase ir sin más a Cristina de Borbón. Hubiesen podido evitar que fuera juzgada, asumiendo las tesis de su defensa y de la Fiscalía –a la que censuran duramente por criticar al juez Castro y por considerar que carecía de interés en recurrir y de legitimación–, pero no lo han hecho. Admiten que pueden existir 2 delitos fiscales cometidos por la infanta, aunque la exoneran del blanqueo de capitales. Es curioso porque estos mismos jueces, en otros asuntos muy  relevantes, han condenado al considerar lógico que unos acusados debían estar al corriente de lo que hacían sus subordinados; pero la hermana del Rey no tenía por qué saber de las fechorías que cometía su esposo y de cuyo fruto ella se beneficiaba a través de Aizoon, sociedad pantalla participada al 50% por ambos cónyuges. La infanta debe renunciar ya a sus derechos dinásticos y prepararse para ir a juicio. Sus abogados han sufrido un durísimo  varapalo y deberán encomendarse a la doctrina Botín, de dudosa aplicación a este caso.

 

Jueces y fiscales se han erigido como el último dique de contención contra la corrupción. Esta “máxima alarma” aconseja a la Fiscalía recurrir el 3^er grado de Jaume Matas. Nadie se conforma con verle entrar en prisión por una condena de 9 meses por la que nadie sería encarcelado. Ahora se exige abolir la progresión de grado e incluso aprobar el cumplimiento íntegro de penas, como a los terroristas. ¡Ejemplaridad! Se alega la alarma social que causa que Matas salga de la prisión, pero Antònia Ordinas y Felipe Ferré, condenados a más de 3 años de cárcel, ya disfrutan de permisos, salen a la calle y nadie se alarma por eso. Los socialistas acusan al Gobierno de conceder un indulto encubierto a Matas al otorgarle el 3^er grado pero ellos, como el resto de grupos parlamentarios, apoyaron en 1979 la Ley Penitenciaria. Seguramente se les olvidó impedir la progresión de grado si el penado se apellida Matas. En circunstancias normales el expresident estaría 3 meses encerrado, 3 en 3^er grado y 3 en libertad condicional, pero no vivimos en la normalidad y los jueces y fiscales han determinado que a grandes males, grandes remedios, con el grado de injusticia que eso conlleva.

 

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TOZUDEZ IRRACIONAL

Comenzamos la semana con la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia ante la imposibilidad de lograr consenso dentro del PP para reformar la Ley del Aborto. La terminamos con la dimisión de Joana Mª Camps como consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern, un cargo que jamás debió ocupar por su absoluto desconocimiento de la materia, aunque de ello es reponsable José Ramón Bauzá. Las cosas no se pueden hacer peor. La Sala de lo contencioso administrativo del TSJB ha dado la puntilla al proyecto  estrella del PP y de paso a la consellera que más nos ha hecho reír en toda la historia de la Autonomía. Hay quien opina que el máximo órgano judicial de Baleares ha protagonizado una injerencia intolerable en la toma de decisiones políticas del Govern al reputar nulo de pleno derecho el decreto TIL y acordar la suspensión cautelar de su orden de aplicación. Acusan a los magistrados de impedir con subterfugios que el TIL se aplique este curso, alegando defectos formales y sin entrar en el fondo del asunto. Es posible que así sea pero nadie en su sano juicio andaría chuleando y menospreciando a los magistrados del TSJB como lo ha hecho y lo hace Bauzá al recurrir al Supremo con intención dilatoria. Acaba pasando factura, como le sucederá a Manos Limpias con la caprichosa recusación de los magistrados de la Audiencia Provincial Gómez-Reino y De la Serna, acusándolos de parcialidad sobre la Infanta Cristina de Borbón.

A Bauzá ya le faltó poco para ser neutralizado con el asunto de su farmacia y se salvó por un solo voto en la misma Sala que ahora anula el TIL. Sin embargo, él sigue erre que erre, como ayer mismo ratificó ante los periodistas, además de lanzarles preguntas en lugar de contestarlas. Esta tozudez irracional choca con el sentido común. Tenemos un  president que no ha captado que ahora mandan los jueces, que evita la calle –y la UIB– donde una muchedumbre no pierde oportunidad de darle la espalda, como sucedió en Alaró. Un desprecio al nivel de su obstinación, pero inocua porque le da igual. “Vivir es fácil con los ojos cerrados”, además de la última película de David Trueba que lucha por ir a los Oscar, es el Leitmotiv de Bauzá. Núria Riera se convierte en la tercera consellera de Educació de esta legislatura, posiblemente la única dispuesta a aceptar el cargo. Solo esto da idea del desastre en que han convertido la educación.

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CON LA MIERDA AL CUELLO

Hospital Son Espases.

Algunos se lamentan del nivel de corrupción que aquí se ha llegado a alcanzar. Se deduce del alto número de procedimientos judiciales, las condenas en los tribunales, los presos ingresados en la cárcel y las cantidades recuperadas para la hacienda pública. ¿Qué sucedería si no hubiese Fiscalía Anticorrupción en Baleares? No crean que la hay en todos lados. El fiscal superior del País Vasco, Juan Ramón Calparsoro, reclama la creación de una en su territorio porque en Euskadi carecen de ella. Solo se puede luchar contra la corrupción allí donde hay medios humanos y materiales adecuados y voluntad de hacerlo. A la vista está que no sucede en todas partes y por eso aquí batimos récords. Hay Anticorrupción donde interesa que se actúe y no la hay donde no conviene.

Ahora está siendo investigada por la Fiscalía en unas diligencias preliminares la adquisición de los terrenos del hospital Son Espases y la adjudicación de su construcción, explotación y mantenimiento por 635 millones. Incluso en agosto se ha trabajado para aclarar uno de los asuntos más escabrosos que afecta a la obra pública más cara hecha en Baleares. Pese a que el asunto aún no ha sido judicializado, ya conocemos profusamente los detalles del caso y de las confesiones de los “arrepentidos” –principalmente la ex consellera de Sanidad Aina Castillo, quien ha revelado que Jaume Matas le ordenó paralizar la adjudicación a OHL y Javier Rodrigo de Santos, quien dice que el president le ordenó comprar la finca Son Espases Vell–. Todo apunta a una gran operación de saqueo diseñada en Madrid y por lógica los constructores beneficiados deberán ser llamados a declarar. La imputación de la infanta Cristina de Borbón se antoja una minucia frente a la más que previsible citación de Florentino Pérez (Dragados-ACS) y Juan Miguel Villar Mir (OHL).

 

PP y PSIB se acusan mutualmente. El concurso que convocó el Govern de Matas pudo estar amañado y el proyecto de ampliación del PSIB aparece plagado de irregularidades que encarecieron la obra 280 millones. Será difícil para ambos desligarse de un caso que da aire a otras formaciones que aglutinan el descontento social y que se frotan las manos viendo a PP y PSIB con la mierda de la corrupción al cuello. Al final resultará que UM no era el partido más corrupto, como se nos había dicho. De confirmarse las sospechas, no fue ni de lejos el que más dinero público pudo malversar.

 

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PAGAR A DIEGO TORRES

Pese a los esfuerzos de la Casa Real y el Gobierno por evitarlo, hoy Su Alteza Real doña Cristina de Borbón, Infanta de España, duquesa de Palma, hija del Rey y hermana del próximo Rey Felipe VI, comparece ante un modesto juez de instrucción asistida por un brillante equipo de abogados defensores que lidera el fiscal Pedro Horrach.

Nada se le preguntará de los millones saqueados a empresas que contrataron al Instituto Nóos para no hacer nada. Ni por la donación encubierta camuflada de préstamo de 1,2 millones que le hizo su padre en 2004, evitando pagar el impuesto de donaciones. Ni por el tráfico de influencias que la Audiencia de Palma zanjó, por más que Jaume Matas y Francisco Camps contrataron a Nóos porque ella y su marido, el duque empalmado, lideraban el tinglado. Manos Limpias solicitó su imputación por dos veces y le fue denegada por el juez Castro. Cambió de criterio tras los correos aportados por Diego Torres, socio de la Infanta y de su marido en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro usada para enriquecerse. En ellos queda claro que la Casa Real estaba en el ajo, como lo estaban la Infanta, vocal de la Junta Directiva y el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, tesorero de Nóos y hoy imputado, a pesar de lo cual la Casa Real lo mantiene en nómina para que tenga la boca cerrada.

Torres y sus correos nos han traído hasta aquí, después de que Urdangarin le responsabilizase a él y a su mujer Ana Tejeiro de las irregularidades. Como no quiere comerse el marrón afirmó que en Nóos “tomaban las decisiones los 5 miembros de la Junta Directiva, incluida la Infanta Cristina” y que la Casa Real estaba al tanto. Es un escándalo que la Fiscalía diga que no hay pruebas contra la Infanta porque siempre le ha sobrado la palabra de un coimputado para acusar y llevar a juicio. Con Josep Joan Cardona le bastó la palabra de Antonia Ordinas. Con Matas basta la palabra de Juan Francisco Gálvez, condenado en el caso Turisme Jove. Para acusar a José Mª Rodríguez y a Pere Rotger basta la palabra de Daniel Mercado de Over Marketing. Para acusar a Mª Antonia Munar en Son Oms sobra con la palabra de Bartomeu Vicens. Sin embargo la palabra y los correos de Torres no son suficientes ahora, según Horrach, para acusar a doña Cristina. ¿No dijo el fiscal en Santa Margalida que había que premiar económicamente a los denunciantes? Pues que pague a Diego Torres.

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HORRACH, COMO CAGANCHO EN ALMAGRO

La imputación de una Infanta de España no es moco de pavo. Reconozcámoslo. El juez José Castro ha demostrado ser valiente y osado, aunque algunos lo llamarán imprudente.  Muchos no pensábamos que se atreviera a dar el paso y sin embargo, ahí le tenemos intentando cerrar  los juzgados otro sábado más para interrogar a la esposa de Iñaki Urdangarin, lo que aprovecharán los antimonárquicos e independentistas para increpar a la hija del Rey. Pescar en río revuelto.

 

A buen seguro que Castro ha meditado en profundidad el alcance de tan grave decisión sin contar con el apoyo del fiscal Horrach, con quien trabaja codo con codo desde hace años para esclarecer el caso Palma Arena (del que el caso Urdangarin es solo una de las 24 piezas separadas que faltan por enjuiciar). Y ha optado por no hacer con doña Cristina distingos, como si fuera una más. Sin embargo, para ello ha tenido que rectificar sus propias decisiones y desandar el camino andado cada vez que se opuso contundentemente a su imputación cuantas veces se lo pidió la acusación popular que ejerce Manos Limpias. Ahora, aunque nadie se lo pide formalmente y aunque la Audiencia Provincial ratificó sus anteriores decisiones de dejar a la hija del Rey al margen de todo, ha decidido dar el paso por sí y bajo su cuenta y riesgo, lo que ilustres juristas ponen en cuestión. Pero Castro ya ha sido subido a los altares y suceda lo que suceda, pasará a la historia judicial de nuestra democracia.

 

Por su parte el fiscal Pedro Horrach presenta un recurso a la decisión del juez y la paraliza. Dice que lo hace sin presiones de ningún tipo y que este tipo de recursos es normal. ¿Normal? ¿En cuántos casos la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido una imputación ordenada por el Juez en un caso de presunta corrupción? A pesar de que en Baleares son varios centenares los imputados, no lo ha hecho jamás. Así, vemos a Horrach transmutado en abogado defensor de Cristina de Borbón, al nivel de Miquel Roca i Junyent. Y a costa de ello ha quedado a los ojos de todos como  Cagancho en Almagro: el torero que presa del miedo intentó asesinar, que no matar, al toro desde el callejón, pinchando en cuello, costados y brazuelos. Tuvo que salir escoltado por la Guardia Civil de la turba enfurecida. Así están quedando Horrach y la Fiscalía: con las vergüenzas al aire. Para el Ministerio Público no todos somos iguales ante la Ley. Ya no cabe duda.

 

Publicado en Última Hora el 6.4.2013.