ARREPENTIDOS DE CONVENIENCIA

Katiana Vicens de CC.OO. afirma que “lo más grave es sentir que la Fiscalía te persigue”. En mayo dijo: “yo siempre había pensado que eran quienes acusaban los que tenían que probar que se había cometido un delito, y que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero ahora veo que no es así”. Katiana se siente  perseguida por la Fiscalía. Es algo que le ha sucedido a mucha gente en Baleares. Parecido a lo que debe sentir Joan Font, portavoz de Més en el Consell, imputado en un caso de falsedad documental para supuestamente beneficiar a la empresa de un amigo de su pueblo. Se declara inocente –y lo es hasta que un tribunal sentencie lo contrario– y afirma que no piensa dimitir. Parece que excepto Joana Lluïsa Mascaró nadie de entre las filas econacionalistas está dispuesto a beber del aceite de ricino que ellos iban recetando a todo el mundo. La credibilidad se les está yendo de entre los dedos porque no es lo mismo predicar que dar trigo.

Igual de escasos de credibilidad están los arrepentidos de conveniencia, contritos de nada pero capaces de ver que conviene decir lo que la Fiscalía quiere oír en tal de librarse de la cárcel o de obtener una suculenta rebaja de pena. El estrambótico caso del tesorero del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, es de vergüenza ajena. Una vez más vemos cómo un imputado cambia de versión para acusar a otros sin la más mínima prueba para beneficiarse directamente. ¿A eso le llaman colaborar con la Justicia? ¡Venga ya! Como afirma el juez Castro, se exige un “acto de fe”. En este caso y en tantos otros donde el cambio de versión se ha producido en vísperas del juicio y sin probar absolutamente nada. En la mayoría de casos los jueces han creído y han condenado, pero al margen de las pruebas. Como un acto de fe.

Otro “arrepentido” de conveniencia, Bartomeu Vicens, impulsó en 2004 un cambio urbanístico para aumentar la edificabilidad en todos los polígonos de Mallorca. Tras la sentencia del caso Metalumba, Cort inició la modificación del PGOU para anular aquella normativa. Ahora los industriales de Asima recogen firmas para que el Ayuntamiento de Palma no cambie nada. O sea, que el cambio que promovió Vicens fue positivo, al margen de que cobrase comisiones.

Jaume Matas y Antonio Alemany deberán ingresar en la cárcel. El gobierno de Rajoy les ha denegado el indulto. No se pueden quejar. Otros les llevan años de ventaja.

(Publicado en Última Hora)

PAGAR A DIEGO TORRES

Pese a los esfuerzos de la Casa Real y el Gobierno por evitarlo, hoy Su Alteza Real doña Cristina de Borbón, Infanta de España, duquesa de Palma, hija del Rey y hermana del próximo Rey Felipe VI, comparece ante un modesto juez de instrucción asistida por un brillante equipo de abogados defensores que lidera el fiscal Pedro Horrach.

Nada se le preguntará de los millones saqueados a empresas que contrataron al Instituto Nóos para no hacer nada. Ni por la donación encubierta camuflada de préstamo de 1,2 millones que le hizo su padre en 2004, evitando pagar el impuesto de donaciones. Ni por el tráfico de influencias que la Audiencia de Palma zanjó, por más que Jaume Matas y Francisco Camps contrataron a Nóos porque ella y su marido, el duque empalmado, lideraban el tinglado. Manos Limpias solicitó su imputación por dos veces y le fue denegada por el juez Castro. Cambió de criterio tras los correos aportados por Diego Torres, socio de la Infanta y de su marido en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro usada para enriquecerse. En ellos queda claro que la Casa Real estaba en el ajo, como lo estaban la Infanta, vocal de la Junta Directiva y el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, tesorero de Nóos y hoy imputado, a pesar de lo cual la Casa Real lo mantiene en nómina para que tenga la boca cerrada.

Torres y sus correos nos han traído hasta aquí, después de que Urdangarin le responsabilizase a él y a su mujer Ana Tejeiro de las irregularidades. Como no quiere comerse el marrón afirmó que en Nóos “tomaban las decisiones los 5 miembros de la Junta Directiva, incluida la Infanta Cristina” y que la Casa Real estaba al tanto. Es un escándalo que la Fiscalía diga que no hay pruebas contra la Infanta porque siempre le ha sobrado la palabra de un coimputado para acusar y llevar a juicio. Con Josep Joan Cardona le bastó la palabra de Antonia Ordinas. Con Matas basta la palabra de Juan Francisco Gálvez, condenado en el caso Turisme Jove. Para acusar a José Mª Rodríguez y a Pere Rotger basta la palabra de Daniel Mercado de Over Marketing. Para acusar a Mª Antonia Munar en Son Oms sobra con la palabra de Bartomeu Vicens. Sin embargo la palabra y los correos de Torres no son suficientes ahora, según Horrach, para acusar a doña Cristina. ¿No dijo el fiscal en Santa Margalida que había que premiar económicamente a los denunciantes? Pues que pague a Diego Torres.

(Publicado en Última Hora)

UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL CASO URDANGARÍN

 Nóos era una asociación aparentemente sin ánimo de lucro que no movía un folio sin cobrar cantidades millonarias. Generalmente a las administraciones públicas, sus potenciales clientes. También a grandes empresas, ávidas de llevarse bien con las altas instituciones del Estado. ¿Qué veían en Nóos sus potenciales clientes? A la hija del Rey y a su marido, quien fuera destacado deportista olímpico en sus buenos tiempos, vicepresidente del Comité Olímpico Español (no sé si puede haber algo más corrupto que el Comité Olímpico Internacional y su independiente modo de designar las sedes olímpicas) y la capacidad de influencia que ello lleva aparejado y se les presupone. Porque no es lo mismo que las altas instituciones del Estado hablen bien de ti, pues contribuyes a su bienestar económico, a que ni te conozcan porque no les importas un pimiento. Al fin y al cabo, se necesita algo más que un concurso público para que la Vuelta ciclista a España o el Tour de Francia decidan venir a correr una etapa en Mallorca, o que puedas organizar un mundial de ciclismo en pista. Negar esto es vivir en la inopia.

Bien está que se investigue si hay indicios de delito y que quien los haya cometido pague por ello y devuelva el dinero, si procede. Ahora bien, que nadie crea que la investigación judicial y el juicio paralelo promovido por algunos medios de comunicación (una vez más la dicotomía entre opinión pública y opinión publicada) no tendrá consecuencias. Por supuesto que las tendrá y habrá que cargar con ellas. Cuando nos ponemos todos tan chulitos con la familia real diciendo que nadie está por encima de la Ley, debemos dar por descontado que les va a coger un repelús a venir por Mallorca que el mero hecho de pisar la base aérea de Son San Joan cursará para ellos con terribles sarpullidos. Una alergia de las malas. Porque una cosa es que el juez haga sus averiguaciones e instruya un sumario por diversos delitos, que ya se probará si concurren o no y quién es el responsable. Pero de ahí a alentar una causa general contra familia real o la monarquía, va un trecho. Yo, desde luego, a donde no me quieren procuro no ir. Y no soy rico y poderoso. Apuesto a que el verano de 2012 se dejarán ver poco por aquí. Ya lo verán. Y luego nos lamentaremos del trato dispensado. Cuando el daño esté hecho, cuando la Copa del Rey de vela se celebre en Barcelona o en Valencia, cuando el Rey y su familia pisen Mallorca con la asiduidad que van a Tenerife, cuando los refuerzos policiales de la operación verano se limiten a unos pocos policías que cubran las vacaciones de los de aquí, cuando Baleares deje de asociarse a un lugar privilegiado en el que hasta el Jefe del Estado quiere estar mucho antes que en la capital y pase a identificarse con Sicilia y la mafia, cuando el domingo de Pascua en la Seo sea un domingo más, triste y anodino, con las calles vacías... Cuando todo esto pase, dentro de unos años, nos acordaremos de tanta tinta vertida irresponsablemente sobre la imagen de Baleares.

Y es que hemos visto cómo desde la prudencia que los partidos políticos de Baleares mostraron en los días posteriores al registro de la sede de Nóos en Barcelona, algunos han transitado hasta posturas que rayan el ridículo. ¿A qué viene pedir al Govern todos los contratos realizados con el Instituto Nóos? Pues que se ha decidido utilizar el asunto políticamente. ¿Pero acaso no lo está investigando un juez? Por supuesto –se dirá– pero una cosa es la responsabilidad judicial y otra la responsabilidad política. Vamos, que les da igual que el juez Castro y la fiscalía anticorrupción estén investigando el asunto. Se quiere hacer de ello un asunto político para desgastar al adversario. PP = corrupción. Reconoce el diputado Toni Alorda, del PSM, que “ahora seguramente es un mal momento para llevarla al Tribunal de Cuentas y buscar una línea de investigación propia porque está bajo investigación judicial penal y la tenemos que respetar. No queda más remedio que llevar una investigación administrativa”. Más claro, agua. Claro que queda más remedio: confiar en que los jueces y fiscales hagan su trabajo con independencia. Pero una “investigación administrativa” da mucho más juego político, dónde va usted a parar…

Capítulo aparte merece la propuesta hecha por el PSM de que los 1,7 millones de euros que el Govern ha previsto dedicar en 2012 a la limpieza y mantenimiento del Palacio de Marivent, se traspasen a la Consellería de Educación. Estoy muy de acuerdo, porque considero que la Casa Real debiera costear de su asignación presupuestaria (8,43 millones de euros en 2011) el mantenimiento de la residencia que utilizan de forma exclusiva. No veo por qué debemos hacerlo con nuestros impuestos los ciudadanos de Baleares. Pero puestos a hacer demagogia, propongo que la asignación que el PSM recibe de los presupuestos públicos en cualquiera de las Administraciones lo destine a la Consellería de Educación, faltos como estamos de fondos para calefacción y luz en los centros educativos. El dinero que damos de nuestros impuestos al PSM serviría para pagar los recibos de Gesa igual de bien que el dinero que se destina a Marivent. Ya están tardando los nacionalistas en renunciar a él si son coherentes. Como no lo son, pura demagogia.