El sábado se conmemoró el Día de las Fuerzas Armadas, una
celebración oficial e institucional trufada de buenismo de salón y de
autocomplacencia que oculta la realidad cotidiana en el seno de las unidades
militares. Al día siguiente, domingo por la noche, en La Sexta TV la periodista
Ana Pastor ofreció a los telespectadores su programa El Objetivo, donde
entrevistó a la comandante del Ejército retirada, Zaida Cantera, que fue
víctima de acoso sexual y laboral y que recientemente ha sido denunciada ante
la Justicia Militar por su acosador, un coronel que cumplió una pena de cárcel
en la prisión militar de Alcalá Meco y que ahora pretende vengarse acusándola
de un delito de insulto a un superior.
Tras el testimonio de Zaida se abordó con todo rigor la
situación de los militares en España y la Justicia Militar, en un debate donde
participó la propia comandante Cantera; la diputada de UPyD Irene Lozano; el
presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge
Bravo; y la comandante del Cuerpo Jurídico Militar en excedencia, Letizia Prieto.
A los dos últimos los conozco personalmente y puedo afirmar que son grandes
personas y magníficos profesionales. Y que todo lo que contaron es
rigurosamente cierto.
Jorge Bravo, que ha estado varias veces privado de libertad
disciplinariamente por el mero hecho de ejercer su libertad de expresión,
aunque sea con total corrección como es el caso de este subteniente del
Ejército, afirmó que “las Fuerzas Armadas son la asignatura pendiente de la
Transición”. Y así es.
En apariencia las FAS están sometidas al poder civil, pero
eso no es más que una burda ficción que los hechos se encargan de desmentir día
a día. Para vestir esa ficción se nombra a un civil como Ministro de Defensa,
pero no manda nada ni tampoco –y eso es lo peor– tiene intención de hacerlo. Los que mandan son
los generales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y los almirantes
de la Armada. Por más que el Parlamento haya dictado leyes que prevean algún
tipo de modernización interna, ya sea de las FAS ya sea de la Guardia Civil, su
aplicación efectiva y real ha sido siempre bloqueada por la cúpula militar y en
último extremo por la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo, compuesta en
parte por generales del Cuerpo Jurídico Militar, quienes a través de la
interpretación de las normas acaban dándole la vuelta al calcetín para hacer
decir a la Ley lo que la Ley no dice. Así sucedió cuando se aprobó en 2007 que
no se aplicara el Código Penal Militar en la Guardia Civil, excepto cuando sus
miembros cumpliesen misiones de carácter militar o integrados en unidades
militares, pero en la práctica no es así.
El programa de La Sexta habrá hecho que se les caiga la cara
de vergüenza tanto a los dirigentes del PP como a los del PSOE, pues ambos
convinieron en que el ámbito de Defensa y de los militares fuera regido por
ellos mismos y que fueran ellos quienes se lo guisaran y se lo comieran. De
hecho, no hay ninguna diferencia entre los ministros de Defensa socialistas o
del PP (desde Narcís Serra, García Vargas, Suárez Pertierra, Eduardo Serra,
Federico Trillo, José Bono, José Antonio Alonso, Carme Chacón o Pedro Morenés),
porque ambas formaciones han gestionado idénticamente, es decir sin hacer nada
por democratizar los Ejércitos. Pura impostura. El Rey Juan Carlos I se encargó
de ello, un rey militar (como su abuelo Alfonso XIII que apadrinó una dictadura
militar como la de Primo de Rivera) criado con los militares leales al
generalísimo Franco y a quienes nunca ha querido defraudar ni enfadar más de lo
imprescindible, protegiéndoles y amparando su oasis castrense en el que no debía
penetrar la democracia.
Pero los tiempos han cambiado, la Transición está agotada y
la Constitución debe reformarse porque la sociedad clama porque así sea. Y los
militares deben someterse a la Carta Magna y democratizarse, a la vez que
desaparece la jurisdicción militar. De no hacerlo así, nuestro país continuará
siendo una democracia tutelada por los militares, parapetados en cuarteles donde
la democracia no ha entrado todavía.
Al fondo a la derecha, compañía de la Guardia Civil desfilando junto a miembros de las Fuerzas Armadas.
Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas. La Comandancia General
de Balears ha organizado numerosas actividades para aproximar las FAS a la
sociedad. El teniente coronel Antonio Ortiz, responsable de comunicación,
celebró una rueda de prensa en Palma para presentar las actividades organizadas
con motivo de esta celebración, cuyo acto central se lleva a cabo en Madrid.
Ortiz compareció junto a tres oficiales para presentar el programa de actos:
uno de la Armada, otro del Ejército del Aire y otro de la Guardia Civil. No
alcanzo a comprender por qué un miembro de la Benemérita, el comandante Vicente
Olivares, estuvo allí sentado ya que la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas
Armadas según el art. 8º de la Constitución. Que los militares actúen como si
la Constitución no existiera y aún estuviésemos en el régimen de Franco, cuando
la Guardia Civil era un Cuerpo más del Ejército, es alarmante. La Guardia Civil
forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto al Cuerpo Nacional
de Policía y aunque tenga naturaleza militar según la Ley, no es integrante en
ningún caso de las FAS, cuyas funciones constitucionales son bien distintas a
las de las Fuerzas de Seguridad, establecidas en el art. 104º de nuestra Carta
Magna. Un año más se perpetra una anomalía democrática, el apoderamiento por
parte de las Fuerzas Armadas de un Cuerpo de Seguridad, confundiendo a los
ciudadanos. Estamos ante un incumplimiento flagrante de la Constitución pero no
interesa a nadie. Reconozco que clamo en el desierto.
Parecido clamor el de aquellos que exigen la dimisión
inmediata de José Ramón Bauzá y que deje paso a una junta gestora. No es el
presidente del PP de Balears hombre dispuesto a la retirada ni a someterse a
las presiones. Lo ha demostrado durante estos años. Basta con que dos docenas
de alcaldes exijan destempladamente que Bauzá se vaya ya para que eso no
suceda. Si se le había pasado por la cabeza, solo por eso no lo hará. Ha dicho
que no optará a la reelección y eso es suficiente. Al fin y al cabo es con toda
legitimidad el presidente regional. Consiguió 6.344 votos (el 70% del total) en
2010 cuando se enfrentó a Carlos Delgado y 7.508 (el 94,5%) en 2012, siendo el
único candidato. Su gran error ha sido haber gobernado pensando en las próximas
generaciones y no en las próximas elecciones. Demasiado elevado porque sin
ganar elecciones no hay nada que hacer.
No diré yo que para celebrar la Diada de Mallorca haya que
montar en Palma una multitudinaria V entre Colón y Jaume II, ni que se organice
un concierto de Lluis Llach o Maria del Mar Bonet como se hacía
antaño para conmemorar la efeméride. No importa incurrir en importantes dispendios,
habida cuenta de que no hay ni para asfaltar las carreteras. Ya sabemos que nos
ha tocado vivir bajo el yugo de una austeridad asfixiante (a unos más que a
otros), pero no es necesario caer en el ridículo más absoluto y organizar, si
así puede llamarse, una Diada de tercer nivel si no peor, a la altura del
Consell que preside María Salom y que aspira a liquidar. Para esto mejor
no hagan nada. Nadie lo iba a notar. Además, sin el Joc de Ministrils, desmantelado
a las bravas por capricho presidencial, todo desluce. Mucha misa (eso que nunca
falte) pero un engorroso trámite que hay que despachar y despechar a disgusto.
Los consellers insulars de MÉS, siguiendo la tradición, no participan en el
acto central del Teatre Principal. En aras al sacrosanto ahorro conviene que no
los inviten nunca más. Las invitaciones son papel mojado y su periódico y
reiterado rechazo, un gargajo a la institución que en buena parte les mantiene.
A ver si también rechazan el salario que cobran y las suculentas asignaciones
al partido que se embolsan.
Pero para espectáculo, el que protagonizó la Guardia Civil solo
dos días después de que Cuatro, la cadena hermana de Telecinco, emitiera un
programa vergonzoso, denigrante y plagado de demagogia sobre Magaluf, programa
que naturalmente llegó a ser trending topic en Twitter. Llevaron a cabo una
espectacular operación antidroga denominada “Narval”, con especialistas de la
UCO de Madrid, antidisturbios con chaleco antibalas, casco y pasamontañas e
incluso un helicóptero sobrevolando a baja altura Palmanova (para que todos lo
vean y lo oigan), donde acaban detenidos 9 británicos, sin que conste con
exactitud la naturaleza o cantidad de droga aprehendida. Todo un aviso a navegantes
más que una operación seria que suponga un golpe al menudeo en los locales de
copas y discotecas de la zona. ¿Era necesaria una alharaca de este calibre para
advertir a algunos empresarios que las cosas van a cambiar a partir de ahora y
que paren si quieren evitar la cárcel? Nunca tarda quien llega a tiempo, pero
en Punta Ballena todos llegan muy tarde. Quizás la Fiscalía averigüe por qué.
La Audiencia de Palma se ha vuelto a cubrir de gloria con la
cooperación necesaria y entusiasta de la Fiscalía. A mediados de 2012 un grupo
de marroquíes se dedicaron a asaltar casas de campo en la Part Forana y robaron
cuanto quisieron hasta que 2 de ellos fueron detenidos por la Guardia Civil en
un coche con las placas de matrícula falsificadas. En total cometieron 14
robos, uno de ellos en una casa habitada de Sencelles donde agredieron y
amenazaron a una mujer mayor hasta que desvalijaron toda la casa, dinero y
joyas incluidas. La Fiscalía solicitaba inicialmente 18 años de cárcel para
cada uno de ellos pero dado que aún estamos en rebajas, solo les acusaron de
robo con fuerza, receptación y falsedad documental, retirando los cargos de
robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Al final, 7 años para cada uno.
Semana fantástica en la Audiencia Provincial. ¡Las mejores rebajas!
No obstante no hay que denostar la labor de todo el
Ministerio Fiscal porque como en todos los colectivos, hay gente decente y
honesta. Lo prueba que la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional aprueba
por unanimidad criticar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que
impulsa el PP para poner coto a la justicia universal. Apuntan que a su juicio,
“solo contribuirá a generar espacios de impunidad”. Conforta comprobar que
dicha Junta de Fiscales alza su voz para evitar espacios de impunidad. Por el
contrario en Baleares la Junta de Fiscales alza su voz en ejercicios de
corporativismo para arropar al fiscal Horrach y procurar impunidad a la Infanta
Cristina.
Para acabar de perder la poca fe que nos quedara en la
Administración de Justicia, citaremos dos ejemplos ocurridos esta misma semana.
El portero de la discoteca Ushuaïa de Ibiza, Paulo Cesar Baptista, que acabó
con la vida de Abel Ureña de un puñetazo, ha sido condenado a 4 años y medio de
cárcel, más otros 6 meses por uso de documentación falsa. Y el policía nacional
que atropelló mortalmente a un ciclista yendo borracho en un coche oficial y
además se dio a la fuga sin socorrer a la víctima ha sido condenado a 3 años y
7 meses. ¡Estamos de rebajas! Sin embargo, Silvia Riera de Aviba se enfrenta a
una petición de pena de ¡6 años de cárcel! Sin haber matado a nadie. ¿Alguien
lo entiende? Y todo esto la misma semana que la Justicia ha devuelto el
Porsche, el Hummer y un BMW al hijo de la Paca, el Ico. ¡De premio!
En Girona la Fiscalía
pedía 7 años de cárcel para una pianista por contaminación acústica y lesiones
psíquicas a una vecina. Luego lo rebajó a 20 meses y lo mismo a los padres de
la pianista por cooperadores necesarios. Afortunadamente fueron absueltos. En Palma el intendente Antonio Vera acusa al
fiscal Subirán de actuar contra él porque no se tramitó con la celeridad que le
hubiese gustado una denuncia suya por ruidos. Estos casos demuestran que a la Fiscalía no le
gusta el ruido, ni el físico ni el mediático. Siendo Palma una ciudad
estridente como pocas y la apatía que en esta materia atenaza a la Policía
Local, se entiende el berrinche de Subirán. ¿Quién podría reprochárselo?
El policía Santiago
Adrover ha reconocido ante la jueza el amaño del concurso de ascenso a
oficial de la Policía Local de Palma y ha confesado que le facilitó las preguntas
otro imputado. Además admitió ser militante del PP y acusó al intendente Vera
de colocar a agentes afines al partido para puestos clave. Vera dice que él no
ha sido y que amaños los ha habido siempre. Es un asunto feo pero que nadie lo saque
de quicio porque eso de colocar amigos no es exclusivo de nadie y está bastante
generalizado. Seamos honestos. ¿Alguien puede creerse que solo UM enchufaba a
afiliados en el Imfof o en Emaya? ¿No lo hacen el resto de partidos? Lo que
pasa es que nunca se ha investigado a los demás.
Hasta la Guardia
Civil “amaña” ascensos, aunque lo hace con una técnica más perfeccionada y
sutil. No se llega a la cutrez de filtrar las preguntas del examen desde el
propio ordenador oficial, como parece haber sucedido en la Policía Local de
Palma. En la Benemérita, como en la Policía Nacional, cada año se condecora a
varios agentes. Las condecoraciones se imponen exclusivamente a propuesta del
mando, bajo criterios subjetivos y solo a los agentes más afectos al régimen.
Cada medalla tiene asignada una determinada puntuación, lo que hace que aquellos
que las tienen estén muchísimo mejor situados para ascender que aquellos que no
han recibido ninguna jamás, por muy buenos servicios que hayan protagonizado.
El perfil de los condecorados –siempre hay excepciones– es muy claro y nada
tiene que ver con su profesionalidad, sino con su docilidad y mansedumbre. Lo
mismo que las medallas que Policía y Guardia Civil otorgan a algunos jueces y
fiscales, que premian no ya la docilidad, sino la sumisión ovina.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que
resuelve que la aplicación de la ‘Doctrina Parot’ con efectos retroactivos
vulnera el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades
individuales ha levantado ampollas en España. Dejando a un lado la indignación
y el dolor de las víctimas del terrorismo, que considero absolutamente normal y
comprensible, hemos visto ataques furibundos contra el tribunal y contra sus
miembros, en especial el designado en 2007 a propuesta del Reino de España,
Luis López Guerra.
La actividad de la banda terrorista ETA durante 40 años y
las más de 800 personas asesinadas, y en especial el hecho de que ETA aún
existe y mantiene sus arsenales, además de centenares de presos y huidos,
aunque decretó el 20 de octubre de 2011 un cese definitivo de su actividad
armada, hacen que sea casi imposible abordar aspecto alguno de este espinoso
asunto sin ser tachado de equidistante, en el mejor de los casos. Puedo
asegurar que yo no lo soy en absoluto y que los 19 años de permanencia en la
Guardia Civil me enseñaron mucho sobre ETA y sobre las víctimas, muchísimas de
ellas pertenecientes al Cuerpo. Sin embargo, también me interesó mucho conocer
directamente la realidad social que se vivía en Euskadi, lo que me llevó a
percibir que las cosas eran muy distintas a como las narraban los medios de
comunicación de Madrid.
En mi opinión, la ‘Doctrina Parot’ representaba un cambio
penológico que tenía muy difícil justificación legal. Sin embargo el Gobierno
con el apoyo del PSOE y del PP decidieron asumir el desgaste correspondiente
pero evitar la excarcelación de decenas de presos sanguinarios que habían
acabado con la vida de muchas personas de forma cruel y despiadada y sin haber
mostrado el más mínimo arrepentimiento por lo que habían hecho. No quisieron
soltar a aquellos que conforme a la doctrina de beneficios penitenciarios
aplicados hasta la fecha ya habían cumplido su condena. De ahí que surgiera la
‘Doctrina Parot’ como única forma de evitar la excarcelación de los etarras.
Tanto PSOE como PP pelearon duro para que el Tribunal Supremo bendijese la
legalidad de la operación y más tarde el Tribunal Constitucional, pero era
previsible que aquello acabara en Estrasburgo. Prefirieron mirar hacia otro
lado y evitar las excarcelaciones de terroristas y pensaron “este marrón que se
lo coma Estrasburgo”, porque sabían que el TEDH lo tumbaría.
En España ha sucedido lo que en muchos países que han
sufrido el terrorismo: se han utilizado atajos que en mayor o menor medida
suponían vulneración de los Derechos Humanos, cuando no directamente crímenes
de Estado. Lo han hecho los poderes públicos en la creencia de que no había
otro modo de actuar, por pura impotencia y a veces para corregir errores
pasados, sin caer en la cuenta que la vulneración de los DD.HH. nunca es la
solución de nada.
En España nunca se han tenido en cuenta las denuncias de
Amnistía Internacional sobre las normas antiterroristas. Nunca se han
investigado seriamente las denuncias de malos tratos a terroristas detenidos,
ni las muertes bajo custodia policial o penitenciaria. Nunca se ha formado a
los miembros de las Fuerzas de Seguridad a conciencia en este asunto. Nunca se
han castigado severamente los excesos. Ni siquiera se han adoptado medidas
contundentes para evitar que sucedieran, como la instalación de videocámaras en
el interior de los centros de detención. Aquello parecían “daños colaterales” y
que los que los denunciaban estaban del lado de los terroristas. Sin embargo,
cuando estos asuntos salen de las fronteras nacionales son consideradas
prácticas ilegales y no tienen defensa posible. Y esto mismo ha sucedido con la
‘Doctrina Parot’. Pero que nadie se llame a engaño. Sucedió muchas veces antes
cuando tribunales de otros países denegaban extradiciones. Hace unos días un
tribunal de Bélgica acaba de denegar la extradición de la etarra Natividad
Jáuregui atendiendo los argumentos de su abogado, quien alegó “el peligro de
violación de los derechos humanos que corren los vascos por la justicia
española”.
Otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido, no
aceptan ser sometidos a otros tribunales distintos a los suyos. Ese es el modo
de evitarse disgustos como el que España ha tenido. Pero precisamente por su
desprecio declarado a los Derechos Humanos cargan con la etiqueta
correspondiente, aunque a ellos parezca darles igual. España quiso parecer un
país respetuoso con los Derechos Humanos sin serlo. Y ahora vemos el resultado.
Sin embargo yo no creo que debamos rasgarnos las vestiduras.
ETA ha sido derrotada y la lección que debemos aprender es que hay que dar
pasos para que la paz sea definitiva, total y sin posibilidad de marcha atrás.
A mi juicio –y me expongo a la crítica, lo sé– nuestros gobernantes no debieran
hacer como si ETA aún existiese y deben favorecer un clima que permita dar por
zanjada esta tremenda herida nacional. El terrorismo ya no es una de las
preocupaciones fundamentales de los españoles según las encuestas del CIS. No
hagamos como si aún lo fuera. Nuestro Estado de Derecho es fuerte y tiene
mecanismos sobrados para maniobrar en esta situación. Pero los atajos no dan
resultados.
El alcalde Mateo Isern es un político poco político. En
muchos aspectos dice cosas y actúa de modo diferente a lo que estamos
acostumbrados a ver. Transmite franqueza y sinceridad, algo que se agradece. Ante
una irregularidad supuestamente cometida por varios altos cargos y funcionarios
del Ajuntament de Palma en el concurso de ascenso a oficial de la Policía Local
ha actuado con transparencia y contundencia. Compareció y explicó profusamente
lo ocurrido. Dijo qué iba a hacer al respecto, no sin antes pedir disculpas a
la ciudadanía, algo inaudito. Forzó la dimisión del director de Seguridad
Ciudadana Enrique Calvo y días más tarde la del intendente jefe de la Policía
Local Antonio Vera. Recordemos que ya cesó hace un año al asesor de distrito
Antoni Ensenyat por un episodio de violencia contra su ex mujer. Entonces no
dio la cara directamente pero ahora ha corregido este detalle, lo cual le honra.
Sin embargo Isern se ha pasado de frenada a la hora de
adoptar medidas cautelares contra el intendente Vera y los oficiales Barceló, Javier
y Adrover, ya que un cese en funciones por 6 meses es una medida excesivamente
severa que no se aplicaría ni en la mismísima Guardia Civil, institución
militar donde una suspensión cautelar no puede exceder de 3 meses. Se les
retira el 70% de sus retribuciones cuando ni siquiera han declarado ante el
juez –lo harán el 27 de noviembre–, pero el alcalde ya les ha juzgado y condenado
anticipadamente. Quizás lo hace para distraer la atención y así proteger al
concejal del ramo, Guillermo Navarro, que está en una situación política límite.
Y mientras miramos hacia Vera y Calvo (a quien el PP mantiene en la presidencia
de la junta local de Es Pont a pesar de ser el principal sospechoso), no advertimos
los repugnantes movimientos y la motivación del agente Dani M. que desveló el
asunto cuando fue descubierto por colaborar con los Ángeles del Infierno, junto
a otro agente local ahora encarcelado, Nicanor G. Se repite así el esquema de
un presunto delincuente que al tener problemas señala a otros que están más
arriba para irse de rositas.
Como la Guardia Civil investiga el asunto por orden
judicial, otro día les contaré cómo hacen ellos para “amañar” los ascensos con
una técnica mucho más refinada por ancestral con idéntico objetivo: que
habitualmente –no siempre– asciendan los afines al mando. No solo sucede en la
Policía Local de Palma.
Felicitaciones a los miembros de la Guardia Civil en el día de la Virgen del Pilar, aunque tengan poco
que celebrar. Quisiera ver a los soberbios jueces de la Audiencia Provincial de
Palma que tan cómodamente juzgan y dictan sentencias desde sus confortables
despachos de Can Berga, hacer seguimientos o vigilancias en el poblado de Son
Banya entre basura, excrementos y ratas. Es inaudito el desprecio con que pisotean
el ímprobo y sacrificado trabajo de los guardias civiles del EDOA que durante
meses haninvestigado las tramas del
narcotráfico. No se trata de desmantelar un punto de venta, sino de ir a la
génesis del asunto para capturar a los que introducen la droga en Mallorca.
Si una cosa sucede una vez, es una anécdota; pero si algo
sucede tres veces, con idénticos argumentos, se constata indubitadamente la
determinación de los magistrados de la Audiencia de echar por tierra el trabajo
de las Fuerzas de Seguridad con sentencias que además de inexplicables, parecen
dirigidas a humillar a los agentes acusándoles de no hacer lo necesario para
acabar con los supermercados de la droga. O como dijo el fiscal Julio Cano durante
el juicio del caso Kabul,
exigiéndoles “la misma prueba para autorizar unas escuchas que la que se necesita
para una sentencia condenatoria”. Los guardias civiles solicitaron los
pinchazos con elementos que a la Fiscalía y a los jueces de instrucción les
parecieron fundados. Se confirmaron las sospechas y se comprobó la existencia
de los delitos. Se registraron domicilios y se incautó droga y dinero. Pero la Audiencia sentencia
que no había indicios suficientes para ordenar los pinchazos. Todo el caso a la
papelera. Impunidad total.
Su afán garantista ha permitido que solo en este año 2013
hayan sido absueltos 21 acusados en la operación Dragone, otros 36 en la operación Kabul y ahora otros 12 en la operación Benazir: en total 69 narcotraficantes de rositas. Mientras tanto
los mismos jueces envían a prisión a personas que no suponen ningún peligro
para los ciudadanos, incluso por condenas de un año de cárcel o sin que haya
sentencia firme. O se permite que el chico que adquirió material para fabricar
explosivos y causar una masacre en la UIB, tras llegar a otro hediondo pacto
con la Fiscalía, sea condenado a tan solo 4 años de cárcel cuando podría ser
condenado a 20. Dejan a los peligrosos en libertad y encierran a personas inofensivas.
El 20 de enero de 2007 miles de
agentes de la Guardia Civil nos manifestamos de uniforme, convocados por la
mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), bajo el lema
“Derechos ¡ya!”. Yo entonces lideré la propuesta como secretario general de la
organización convocante. Fui elegido en septiembre de 2006 con un encargo muy
claro: exigir el cumplimiento del programa electoral del PSOE, que en 2004 se
comprometió a eliminar los arrestos del régimen disciplinario de los guardias
civiles, así como restringir la aplicación del Código Penal Militar a las
misiones militares (que son poquísimas y excepcionales) y no durante las
misiones policiales (que son las comunes y generalizadas). Y también la
regulación del asociacionismo profesional en el instituto armado, de modo
similar al reconocido a jueces y fiscales.
Nosotros hicimos generosas
concesiones porque realmente nuestro anhelo y el de la inmensa mayoría de
guardias civiles era entonces, como ahora, la unificación de la Guardia Civil
con el Cuerpo Nacional de Policía (eso sí que supondría ahorro y poner fin al
despilfarro de dos megaestructuras policiales paralelas, una civil y otra
militar, descoordinados y compitiendo entre sí), la desmilitarización de la
Guardia Civil y el reconocimiento del derecho de sindicación.
A través de la negociación con el
Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista logramos llegar a un terreno
común aceptable para el PSOE y para nosotros, que todos los grupos de la oposición
aplaudieron (Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista
Vasco, Izquierda Unida, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Chunta
Aragonesista y Eusko Alkartasuna), excepto el Partido Popular, para quien
resultó inaceptable, al igual que para la cúpula militar de la Guardia Civil y
del Ministerio de Defensa, que se conjuraron para no aplicar aquello que el
Parlamento aprobó mayoritariamente en su día a través de dos leyes orgánicas
(la 11/2007 y la 12/2007, aprobadas en octubre de 2007). La Justicia Militar
fue la encargada de revestir de una apariencia legal lo que constituía una
flagrante y persistente incumplimiento de la Ley y de su espíritu. Pese a la
modificación del Código Penal Militar para evitar su aplicación a los guardias
civiles cuando realizasen funciones policiales, se continuó aplicando a través
de una interpretación torticera de la Ley y con la excusa de que la Guardia
Civil continuaba siendo un cuerpo militar.
19 dirigentes de AUGC fuimos
expedientados y sancionados duramente. Yo mismo, el cabecilla de la revuelta y
quien llevó el peso de las negociaciones, fui apartado de la Guardia Civil
durante un año y casi 6 años después de haber sido sancionado y de haber
cumplido la sanción, aún estoy a la espera de que la Sala de lo Militar (¡qué
paradoja!) del Tribunal Supremo diga la última palabra sobre la legalidad o no
de la sanción. ¡6 años esperando una resolución firme.
Abandoné la Guardia Civil en
noviembre de 2011, pronto hará 2 años, y aunque a mí ya no me afecta
personalmente, se ha anunciado que el Partido Popular se dispone a reformar el
Código Penal Militar, lo que supone un paso atrás y un retroceso a la situación
anterior al año 2007, volviendo a introducir la aplicación de las leyes penales
militares en la Guardia Civil. El Partido Popular estuvo completamente sólo en
2007 defendiendo las cárceles militares para castigar a los guardias civiles.
Ahora consiente en ceder ante el conservadurismo más inmovilista y devolver a
los guardias civiles al marco legal anterior a 2007 sin pensar en las
consecuencias de este retroceso: que volverán a aflorar los problemas que
atenazaban a los guardias civiles sin posibilidad de resolución.
El PP no entiende que la Guardia
Civil no es más eficaz por ser militar, sino todo lo contrario. Y que en todo
caso, tratar del mismo modo a los miembros de la Guardia Civil que a los
militares profesionales es un despropósito, porque sus misiones nada tienen que
ver. Los guardias civiles no son legionarios, ni infantes de marina, ni
paracaidistas, ni sus misiones tienen que ver con las de las Fuerzas Armadas.
Son agentes de policía que realizan misiones relativas a la seguridad
ciudadana. Empeñarse en darles un trato que no es el adecuado avivará tensiones
y problemas que ya hace años deberían haberse superado. Este empecinamiento del
PP en tratar a todos los militares igual, sin atender ni entender que la
Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas, es incomprensible.
Sólo deseo que AUGC y las demás
asociaciones profesionales estén a la altura de las circunstancias y de la
gravedad del paso atrás que se pretende imponer, y estén dispuestas a combatir
democráticamente para impedir un atropello de este calibre. Que lo que nos
llevó a manifestarnos a la calle en 2007, vuelva a convocarnos ahora, sin
ningún miedo.
Sin complejos, como su lema de campaña de 2007. Carlos
Delgado descalifica a los autores del informe que sugiere la existencia de
delito en las adjudicaciones de Radio Calvià cuando él era alcalde y pide su
citación en calidad de imputado, posibilidad que niega de raíz. Dice del
informe que es “propio de Torrente”, una “chapuza” que contiene “errores de
principiante” y por ello tiene “mucho interés en saber qué tipo de
profesionales han firmado este informe”. Cuestiona la idoneidad de los agentes
“dada la evidente falta de especialización en materia de contratación pública
de sus autores”.
Delgado carga contra la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia
Civil afirmando que incumplieron el auto que ordenaba la entrada y registro en
el Ajuntament de Calvià y el artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que establece que los registros deben evitar “inspecciones inútiles, procurando
no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán
todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus
secretos si no interesaren a la instrucción”. Papel mojado en la práctica
totalidad de los casos.
El alcalde de corbata rojigualda que cedió a la Guardia
Civil la estación de autobuses de Palmanova tras los atentados de ETA en
Calvià, que puso la bandera de España más grande de Mallorca en homenaje a ese
cuerpo, se siente traicionado. Se sabe sentenciado e intenta algo que evite que
su cabeza acabe rodando en el cesto, como la de José María Rodríguez. En la
mismísima sede del PP y ejerciendo de vicepresidente del partido que gobierna
con mayoría absoluta, descalifica y amenaza a los desagradecidos guardias.Pero lo cierto es que a menudo los
investigadores no están a la altura, no tienen ni idea de procedimiento administrativo,
ni concursos, contratos o adjudicaciones. Son duchos en perseguir peligrosos criminales,
pero esto es otra cosa. Los hombres del comandante Del Amor son experimentados
sabuesos, pero no son infalibles. Tampoco la Agencia Tributaria, como sabemos. Anticorrupción
juega sucio con la prensa, anuncia a sus periodistas de cabecera sus
actuaciones con antelación aunque sean secretas, filtra documentos e
intenciones y presiona a imputados rozando la coacción, con la anuencia del fiscal
jefe, Bartomeu Barceló. Pero Delgado demuestra que no se dejará llevar al
cadalso político de su imputación sin plantar batalla.
A tenor de la sentencia de la Audiencia Provincial que
absuelve a La Paca y a gran número de miembros de su clan, es muy preocupante la
ligereza con que trabajan algunos jueces de instrucción y algunos fiscales. O
eso cabe deducir de lo expresado por los magistrados de la Sección 2ª en tan contundente
sentencia. Desde luego, los agentes del EDOA de la Guardia Civil tienen motivos
para sentirse desanimados porque no es fácil encontrar pruebas en un caso tan
complejo. Nadie puede pensar que es sencillo hacer seguimientos y vigilancias
en un gueto como Son Banya y aunque todo el mundo sabe a qué se dedicaban la
Paca y los suyos en el poblado, eso no es suficiente para que se ordene pinchar
sus teléfonos, sin más, “de modo acrítico, como un acto de fe” en palabras de los magistrados de la Audiencia. En su opinión “el Juzgador se comportó como un mero espectador limitándose a dar el visto bueno a la demanda policial de intervenciones telefónicas sin poner el más mínimo reparo”.
Es curioso que sean exactamente
los mismos jueces que absuelven a la Paca, los que consideren que “no hay
indicios vehementes (…) de que la Infanta conociera, se concertase, ni participase
activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por
su socio Diego Torres”. Efectivamente, para probar que un elefante es un
elefante hay que hacerle una prueba de ADN. Increíble pero cierto. Así son las
cosas y no se puede actuar arbitraria o desproporcionadamente a la hora de
registrar un domicilio o de intervenir las comunicaciones. Así es el Estado de
Derecho. No valen los atajos. La precipitación y la vulneración de derechos
fundamentales llevan directamente a la invalidación de las pruebas. Y la sentencia censura duramente las
actuaciones de los guardias civiles, sin tener en cuenta la complejidad del
caso y la escasez de personal en los equipos de investigadores, porque tanto
da. Se trata de derechos fundamentales y no pueden ser conculcados, ni siquiera
los de la Paca. Según el Tribunal se ha puesto en evidencia “la deficiente
instrucción de estas actuaciones”. No solo censura los pinchazos telefónicos. También
las órdenes de entrada y registro y la modificación sustancial del escrito de
acusación del Fiscal, vulnerando el derecho de defensa. Las cosas no pueden
hacerse de cualquier manera. Debe respetarse el procedimiento y los derechos de
los acusados. Nos guste o no.
La Guardia Civil conmemora estos días el 169º aniversario de
su fundación. Y lo celebra enardeciendo su espíritu militar y encarcelando en
la prisión militar de Alcalá Meco a uno de sus agentes durante 3 meses y un día,
como antiguamente. La Justicia Militar –que como dijo Groucho Marx es a la
Justicia lo que la música militar es a la música– ha sentenciado que esta es la
pena que le debe ser impuesta en aplicación del Código Penal Militar, por haber
incurrido en un delito de insulto a un superior en la modalidad de maltrato de
obra. Se trata del agente canario Juan Carlos Alonso que cuando estaba de
servicio en un servicio de orden público apartó a un cabo que le estaba
increpando y le dijo “déjame trabajar”. Por esto se le priva de libertad por
tres meses.
El 20 de enero de 2007 miles de guardias civiles nos
manifestamos en Madrid, conmigo a la cabeza, para que se dejase de aplicar el
régimen castrense a los guardias civiles mientras no realizaran misiones de
carácter militar. El Gobierno socialista atendió nuestra petición y aprobó dos
Leyes Orgánicas: la 11/2007, de Derechos yDeberes de los miembros de la Guardia Civil y la 12/2007, de Régimen
Disciplinario. Esta última modificó el Código Penal Militar de modo que no se
aplicase a los miembros de la Guardia Civil “en la realización de los actos
propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que, para el
cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento la
normativa reguladora de dicho instituto”. Y establecía que lo anterior no sería
de aplicación “en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio,
durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal
del citado Cuerpo se integre en Unidades militares”.
La voluntad del legislador está clarísimamente expresada
pero se aplica aquí aquella máxima de “redacten ustedes las leyes que nosotros
redactaremos los reglamentos”, dejando claro que a la Justicia Militar le
importa un rábano la voluntad del legislador, las leyes que regulan la Guardia
Civil y el sursum corda, e interpretan la ley a su conveniencia para hacerle
decir lo que no dice. Sin embargo, los miembros de la Justicia Militar, una
selecta banda de leguleyos que se autoproclaman a sí mismos juristas, cuando
habitualmente actúan como un grupúsculo de desalmados defendiendo a su casta y
a los privilegios que lleva aparejados (salvando honrosas excepciones), ante el
peligro de ver decaer su carga de trabajo y la existencia misma del Cuerpo
Jurídico Militar al que pertenecen, decidieron que las misiones militares en la
Guardia Civil son todas, incluyendo las que habitualmente son desempeñadas en
el marco de la seguridad ciudadana (policía judicial, tráfico, control de armas
y explosivos, etc.) y no únicamente aquellas donde los agentes están
incorporados en un contingente militar como puede suceder en Afganistán, Líbano
o en maniobras militares realizadas bajo la autoridad del Ministerio de
Defensa.
Y así tenemos un sistema penal militar que se nutre de
encarcelar a guardias civiles por auténticas nimiedades, matando pulgas a
cañonazos, encerrando a un agente en la cárcel separado de su familia y amigos
durante tres meses, por hechos que no merecerían ningún reproche o en todo
caso, de merecerlo sería suficiente con una suspensión temporal de empleo y
sueldo que es lo que sucede en toda la Administración. Pero no en la Guardia
Civil. La Guardia Civil prefiere seguir instalada en el año 1.844, en tiempos
de la reina Isabel II. Tratando a sus hombres y mujeres idénticamente igual que
entonces. Sin ningún derecho. Sin ninguna consideración. Peor pagados que el
resto de cuerpos policiales. Humillados siempre. Y eso les enorgullece cuando
debería caérseles la cara de vergüenza. Sonroja verles celebrar el inmovilismo
pétreo. Hasta en el modo en que castigan a sus propios agentes. Como en 1.844
porque por ellos, no pasa el tiempo.
Ya hace tres años del brutal, cobarde e inútil asesinato de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. ETA decidió que ellos serían sus últimas víctimas, los últimos nombres en la larguísima lista de muertos que han brindado a España. No sabemos quienes lo hicieron ni quienes lo ordenaron. Tampoco sabemos quién ayudo a los asesinos facilitándoles información, porque es razonable pensar que contaron con auxilio desde aquí.
Los dos atentados perpetrados el 30 de julio (porque dos fueron las bombas lapa, solo que una fue detectada y explosionada por los tédax en los bajos de un todoterreno aparcado en la calle frente al cuartel de Palmanova) fueron una atrevida acción terrorista, arriesgados y bien planificados, que requerían de cobertura logística, por mínima que fuera, y de cierta información sobre las medidas de seguridad de los cuarteles, vigilancia, cámaras, horarios, etcétera. Las sospechas del padre de Diego Salvá son fundadas y muy razonables.
Lo peor de todo es que este crimen pueda quedar impune porque nada se sabe de los autores. En todo caso, eso no es nada nuevo. Como denuncian las víctimas, alrededor del 40% de las acciones mortales que ETA ha ejecutado quedan impunes porque no se sabe quién las cometió. Y eso es algo que no se puede tolerar. Ningún crimen puede ser disimulado por razón alguna, tampoco en aras a una pretendida desaparición de la banda terrorista que, de momento, se resiste a dar el paso definitivo. La paz no puede nunca asentarse sobre la impunidad de los asesinatos.
No seré yo quien responsabilice del atentado de Palmanova a nadie más que a los etarras. Pero transcurridos tres años de aquel aciago día es justo plantear que los responsables de las Fuerzas de Seguridad nos han defraudado. Tenían a los agentes desamparados, sin las más elementales medidas de seguridad, con los coches patrulla pasando la noche en plena calle sin vigilancia ni cámaras. Y, además, han fracasado a la hora de identificar y detener a los responsables. Y mucho que nos pesa.
Ya sabemos quiénes serán los integrantes de la cúpula del ministerio del Interior. El nuevo titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz, ha decidido que Ignacio Ulloa sea el nuevo secretario de Estado de Seguridad, el número dos del ministerio. Y al frente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado situará a Ignacio Cosidó en el Cuerpo Nacional de Policía y a Arsenio Fernández de Mesa en la Guardia Civil. El Partido Popular finiquita así el fracasado experimento del “mando único” que ideó el entonces ministro José Antonio Alonso, aunque fue puesta en marcha por Alfredo Pérez Rubalcaba el 8 de septiembre de 2006, situando al frente al mallorquín Joan Mesquida.
Cuando se anunció en 2006 la creación del mando único, con un mismo director general para ambos cuerpos, en cumplimiento del compromiso electoral del PSOE, todos pensamos ilusionados que significaría paulatinamente una homologación de protocolos, procedimientos, organización y estructuras de los dos cuerpos, hasta llegar progresivamente con el paso tiempo a una unificación total entre Policía y Guardia Civil, que siempre he pensado que sería lo mejor. Rápidamente nos dimos cuenta de que no iba a ser así y que se trataba únicamente de una medida cosmética para hacer creer a la ciudadanía que la coordinación era mayor entre ambos cuerpos. Hemos de reconocer que en ciertos aspectos se avanzó, porque la situación de partida era nefasta, pero desde luego el hecho de tener un mando único no ha servido para mucho. En la Guardia Civil solo ha servido para multiplicar el número de generales. Cuando el PP abandonó el poder en 2004 había 17 generales y ningún teniente general. En la actualidad hay justo el doble, 34 generales (4 tenientes generales, 22 de brigada y 8 de división). Esta proliferación vírica de altos cargos, absolutamente desproporcionada e injustificada, supone un coste brutal en sueldos, viviendas, coches oficiales y otras prebendas propias de estos altos mandos como la limpieza de sus viviendas particulares con cargo a los presupuestos generales del Estado, entre otras. Y sin ningún provecho. Estamos hablando de algunos millones de euros anuales.
Además, el mando único ha supuesto un enorme y creciente malestar entre los funcionarios de ambos Cuerpos debido a las diferencias en las condiciones laborales de los agentes y los derechos sindicales y de representación. Se ha hecho más patente que a pesar de tener el mismo director general, a unos se les trata de una forma por el hecho de pertenecer a un Cuerpo de naturaleza civil y a otros de otra muy diferente y más gravosa por el hecho de estar en un Cuerpo militar, a pesar de que todos ellos desempeñan la misma función.
En la actualidad, las relaciones de las asociaciones profesionales de guardias civiles con el ministerio del Interior están completamente rotas y los dirigentes de aquellas están expedientados y sancionados en su gran mayoría sin que hayan sacado ningún logro para el colectivo. Y veo muy difícil reconstruir los puentes y el diálogo por parte de los dirigentes de las asociaciones, incapaces de dar el relevo o de modificar su estrategia, por lo demás errática y fracasada hasta el momento. El nuevo director general de la Benemérita no será en este asunto muy favorecedor del diálogo, sino todo lo contrario. Su trayectoria como Delegado del Gobierno en Galicia en los tiempos del presidente Aznar y del Prestige le describe como una persona muy beligerante con el movimiento asociativo en la Guardia Civil y mucho más con AUGC. Un viejo enemigo de la organización accede al principal despacho de Guzmán el Bueno. Les van a caer más palos que a los olivos en la recogida de la aceituna. Y no me alegro.
El PSOE defraudó las expectativas de la inmensa mayoría de los guardias civiles, quienes le dieron la espalda hartos de menosprecio, mentiras y represión. Los socialistas han transitado en su relación con las asociaciones profesionales desde una etapa de diálogo y cooperación entre los años 2001-2004 (hasta el punto de incluir algunas de las más importantes demandas de AUGC en su programa electoral) hasta la incomunicación total y las medidas represivas de ámbito disciplinario contra los dirigentes de la organización mayoritaria. Esta evolución debiera ser objeto de análisis por parte del PSOE tras su Congreso Federal que se celebrará el próximo febrero en Sevilla. El PSOE perdió de forma absurda el apoyo de miles de guardias civiles y sus familias, y el responsable máximo de esta pérdida de apoyo fue Alfredo Pérez Rubalcaba (aunque hay que reconocer que Carmen Chacón desde el ministerio de Defensa contribuyó en todo lo que pudo), primero por las reticencias a cumplir sus compromisos electorales, lo que definiríamos como su inmovilismo inicial y más tarde su falta de diálogo, su menosprecio, hasta llegar a la represión pura y dura. Terminaron incluso por pactar indecentemente con el PP dar pasos atrás en los derechos reconocidos a los guardias civiles en la Ley de Derechos y Deberes de 2007. He aquí los resultados cosechados con esta política tan poco socialista y tan alejada de los trabajadores de la Guardia Civil.
En el manifiesto “Mucho PSOE por hacer” se reconoce en el punto 8 que otro factor importante de la pérdida de apoyos sufrida por el PSOE “ha sido la pérdida de credibilidad sufrida a lo largo de los últimos años”. Los puntos 18 y 19 ahondan en lo anterior: “A nuestro juicio la pérdida de credibilidad y coherencia ha sido fruto de la erosión de nuestros mecanismos democráticos y del aislamiento social progresivo de nuestro partido. Ese es el porqué de nuestros errores. Antes de que los ciudadanos se alejaran de nosotros, nosotros nos alejamos de los ciudadanos. (…) La exclusiva concentración en las tareas institucionales y el ensimismamiento orgánico nos han llevado a perder en buena medida el pulso de la calle. Y una lealtad mal entendida ha hecho que se omitieran críticas necesarias y ha evitado que ese pulso se transmitiera hacia la dirección de nuestra organización”.
Deseo francamente que el PSOE analice en profundidad y con autocrítica por qué sus votantes les han abandonado, o como a menudo suelo decir, por qué motivo el PSOE abandonó a sus votantes. Solo así podrán corregir los errores cometidos en los últimos cuatro años de gobierno. Y por parte de AUGC, deseo lo mismo: que analicen de forma autocrítica los motivos de su fracaso en los últimos años. Pero en este caso reconozco que mi esperanza es nula. Mientras los actuales dirigentes no reconozcan el fiasco de su gestión y den el relevo a otros más competentes que puedan hacer lo que ellos ya no pueden de ningún modo, que es reconstruir los puentes de diálogo sin debilidades derivadas de su situación personal e individual, no hay nada que hacer para la que un día fue una asociación profesional combativa y fuerte, y ahora no hay quién la reconozca. Nada me gustaría más que AUGC dejara de ser una triste correduría de seguros, para volver a ser un sindicato como la copa de un piso.
Ayer el señor Mariano Rajoy nos dio a todos una alegría cuando en su discurso de investidura, entre otras muchas cosas, anunció la puesta en marcha de un paquete de reformas económicas empezando por la del sector público, para primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades. “Abordaremos por ello, con carácter urgente, una serie de medidas que permitan reducir costes y mejorar el funcionamiento de la Administración”. Esto, que es tan básico y necesario, imprescindible diría yo en tiempos como los que corren, ha sido la excepcionalidad en la administración pública, acostumbrada a dilapidar recursos en las estupideces más sórdidas. Solo en los últimos meses y debido a la alarmante falta de liquidez hemos visto cómo las Administraciones recortan todo lo recortable, lo cual es muy sano, pero seguimos comprobando que se sigue dedicando ingentes cantidades de dinero público a muchos conceptos que son difícilmente justificables en la coyuntura actual.
Publica ‘20 minutos’ que “Interior paga 500.000 euros al año para limpiar casas de generales” (http://www.20minutos.es/noticia/1249791/0/interior/limpieza/casas-generales/). En resumidas cuentas, se informa de que el Ministerio del Interior –es decir, todos los españoles con nuestros impuestos– paga la limpieza de las casas del director general de la Guardia Civil y de todos los generales, mientras el resto de agentes hace como todo el mundo, que es o limpiarlo cada cual o pagarlo de su bolsillo. En total, se destina medio millón de euros al año. El colmo del asunto es que, según la información publicada por ‘20 minutos’, un portavoz de la Guardia Civil indicó que esta es “una de las prerrogativas que tiene la cúpula de la Benemérita y que todo es legal ya que hay una normativa que así lo autoriza para los funcionarios de nivel 30”. O sea, que se reconoce impudicamente que son prerrogativas (esto es privilegios) pero que son legales. Deben serlo cuando se presupuesta y se adjudica a una empresa especializada las tareas de limpieza correspondientes en las viviendas oficiales de unos 35 altos funcionarios públicos de la Guardia Civil. Será legal, pero es bastante escandaloso y muy poco edificante. No les resulta suficiente con que el Estado ponga a su disposición una vivienda, sino que además hay que pagarles la limpieza, el mantenimiento y apostaría el cuello a que no pagan ni luz, ni gas, ni gastos de comunidad, ni teléfono, ni nada de nada.
Si quiere Rajoy ya tiene por dónde empezar a primar la austeridad. Urge liquidar el sistema de “prerrogativas” que envuelve a los altos mandos militares del Ejército y la Guardia Civil. ¿Cuántos millones nos cuestan a todos las casas, clubes militares, coches oficiales, conductores, asistentes, etc? Seguro que el dinero que se dedica en limpieza de las casas de los generales será muy bienvenido en adecentar alguno de los más de 3.000 cuarteles que la Benemérita tiene en toda España y cuyo estado es deplorable. Al fin y al cabo, imagino que si no se lo paga el Estado, es decir todos con nuestros impuestos, no serán tan guarros de no limpiarlo ellos... o pagarlo de sus suculentas nóminas, como hacemos los demás mortales. ¿O acaso se les ha olvidado lo que es hacer zafarrancho...? En nombre de la austeridad, es bien hora de que Rajoy les recuerde cómo se hace y que se dedique el dinero que llevamos pagando, medio millón de euros al año, a cosas que redunden en beneficio de todos y no en los privilegios de unos pocos altos funcionarios.
Hoy se cumplen dos años del asesinato de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. El 30 de julio de 2009 los terroristas de ETA colocaron dos artefactos explosivos en los bajos de sendos jeeps de la Guardia Civil que estuvieron estacionados en la calle sin vigilancia. A las 13:30 horas explotó la bomba lapa adosada en los bajos del Nissan Patrol que llevaban los agentes, causándoles la muerte. Más tarde fue hallado el segundo artefacto adosado en otro vehículo estacionado frente al cuartel de Palmanova pero que estaba averiado. Los TEDAX lo neutralizaron. Así pues, fueron dos los coches bomba que ETA logró colocar, además de los pequeños artefactos que explosionaron al domingo siguiente causando el pánico en Palma.
Dos años después no se sabe quién ordenó cometer los atentados. No hay pistas acerca de qué etarras se desplazaron a Palma trayendo los explosivos. Se desconoce quién los colocó en los bajos de los dos coches. Nada se sabe de quién facilitó la información a los terroristas o si fueron los propios autores quienes obtuvieron la información necesaria para atentar con éxito y escapar sin levantar sospechas. Se ignora si contaban –y aún puedan contar– con infraestructura en la isla. Demasiadas incógnitas. La posibilidad nauseabunda de que estos crímenes queden impunes cobra fuerza. La falta de resultados en la investigación es clamorosa. Hemos visto que en casos mucho menos importantes desembarcaban en la isla medio centenar de agentes especialistas dedicados en exclusiva a investigar supuestos delitos que urgen bastante menos a la población. Y no creo que haya ningún delito que sea más perentorio esclarecer que este atentado.
Aún habrá quien tache de exitosa y brillante la gestión del Gobierno o de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista. No seré yo. Sus autocomplacientes responsables han sido condecorados. Posiblemente todos asciendan. Pero dos años después de cosechar un fracaso como el que nos ocupa, alguien tendría que asumir su responsabilidad. Hay dos crímenes impunes y hasta que no se juzgue a los responsables y sus autores hayan cumplido sus penas, no descansaremos tranquilos. Ellos y sus familiares lo merecen.
Publicado en La Gaceta, edición Baleares, hoy 30 de junio de 2011.
Dos años después de los atentados de ETA en Palmanova, aún están en el aire muchas incógnitas. ¿Quiénes fueron los autores materiales del asesinato de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada? ¿Quién ordenó atentar en Mallorca? ¿Cuándo llegaron los terroristas? ¿Dónde se alojaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? ¿Tuvieron algún tipo de apoyo o cobertura logística o se lo proporcionaron todo ellos mismos? ¿Captaron ellos por sí mismos la información necesaria para atentar o fueron otros quienes se la facilitaron? ¿Cómo fue posible que se movieran por la isla libremente sin ser detectados en plenas vacaciones de verano y estando aquí los Reyes? ¿Cuándo adosaron las dos bombas lapa en los bajos de sendos jeeps de la Guardia Civil? ¿Cómo es posible que no existiese videovigilancia en los alrededores de las dos dependencias de la Guardia Civil de Palmanova que hubiese permitido arrojar luz sobre la manipulación de los vehículos? ¿Por qué permanecían los vehículos policiales en la calle sin vigilancia? ¿Cuándo colocaron los terroristas los explosivos que detonaron en diversos establecimientos la semana siguiente del asesinato de Carlos y Diego? ¿Estaban aún aquí los terroristas o ya habían huido? ¿Cómo lograron burlar el cerco de la operación jaula, donde incluso se cerró el aeropuerto de Palma durante horas?
Durante estos dos años hemos visto airear muchas hipótesis, algunas sin ningún fundamento, la mayoría muy preocupantes porque desvelan un nivel de vulnerabilidad alarmante. Pero es hora de empezar a reclamar pruebas, no hipótesis. Si no hay pruebas que llevar a un eventual juicio, los crímenes quedarán impunes. ETA mantiene un alto el fuego desde el 5 de septiembre de 2010, pero han sido localizados zulos con explosivos en Francia y han sido detenidos militantes armados o con material para fabricar bombas. Y no muestra ninguna intención de disolverse ni se lo exige Bildu. ETA sigue viva, que nadie se engañe.
Estamos determinados a mantener viva la memoria de Carlos y Diego, por eso debemos exigir cada día la captura de los etarras que acabaron con sus vidas. Hemos visto mucho más despliegue de recursos policiales y judiciales en estos años en Mallorca por casos que nos atemorizan muchísimo menos y la clamorosa falta de resultados en esta investigación es muy alarmante. Parece que a nadie le importe. Los culpables deben pagar por sus crímenes conforme a la ley. Estos atentados no pueden quedar sin castigo.
“Ellos primero sancionan a los representantes, luego nos hacen el recorte de derechos y el propio director general en el Consejo de la Guardia Civil dice que va a ser benévolo con los expedientes... ésa es la moneda de cambio. Han hecho la jugada perfecta, nos han dejado prácticamente mudos”. Alberto Moya. AUGC.
Esta es la sincera confesión del secretario general de AUGC, Alberto Moya, expresada al diario El Faro de Ceuta el domingo 17 de julio. Son la moneda de cambio y están prácticamente mudos y con ellos, toda la Guardia Civil.
Uno a uno, mis pronósticos se han ido cumpliendo rigurosamente. No me alegro. La nula capacidad de maniobra de los dirigentes de AUGC derivada de su manifiesta incompetencia y su negligente gestión está llevando a todos los guardias civiles a una situación límite. Si a finales de 2007 habíamos conseguido, a través de la persuasión -combinando presión y negociación- unos avances importantes e inauditos en los derechos laborales y profesionales del colectivo, casi cuatro años más tarde los retrocesos son innegables. El último de ellos y el más importante, aunque no el único, ha sido la supresión del derecho de reunión y manifestación pactado entre PSOE y PP a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad que se acaba de aprobar. El zarpazo a los derechos de los guardias civiles es mayúsculo, con respecto a lo logrado en 2007. Pero ¿por qué sucede esto? A mi entender, el Gobierno se atreve a dar estos tijeretazos en los derechos de los guardias civiles porque no espera ni teme respuesta alguna que merezca tal nombre. Ya lo avisé en este mismo blog en diciembre del año pasado. Han transcurrido 7 meses y ahora la situación es considerablemente peor. No solo para los dirigentes de AUGC, que también, sino que en la situación de extrema debilidad en que se hallan, han arrastrado a todo el colectivo con ellos y han tirado por la borda buena parte de los logros conseguidos años atrás con mucho esfuerzo y con grandes sacrificios, arruinando el trabajo hecho por quienes les precedieron en la dirección de la Asociación. Rubalcaba les colocó al borde del precipicio y ellos han dado un paso al frente, arrastrando en su caída a todo el colectivo.
La actual Junta Directiva de AUGC con el apoyo de algunas delegaciones importantes y con el silencio de la mayoría de los delegados, que se lo han permitido mirando irresponsablemente hacia otro lado, como si no fuera con ellos, ha desmantelado en buena medida la Asociación tal y como estaba en el año 2007, que es cuando se conseguían objetivos. Desde principios del año 2008 hasta el momento presente, se empeñaron en cambiar todo el trabajo que se había hecho en el ámbito organizativo y de gestión interna –y conste que no fue obra mía ni de mi equipo, sino que lo heredé de mi antecesor, Fernando Carrillo, porque nunca me permití el lujo de ponerme a revolverlo todo mientras funcionase razonablemente bien, pues eso nos despistaba y nos alejaba de nuestros objetivos prioritarios– y entretenidos en crear problemas, cambiar de bancos, aseguradora, operadores de telefonía, empresa de publicidad, publicaciones, abogados, sede nacional, compra de pisos, despidiendo al personal, etc. etc., no han estado a lo que realmente importa a los guardias civiles: sus derechos y su situación laboral y profesional. Los máximos responsables de AUGC, haciendo gala de una negligencia nunca vista, no han estado a lo que había que estar -y eso que están liberados-, sino en otras cosas que a los afiliados, los verdaderos dueños de la organización, no les interesan lo más mínimo, ellos sabrán con qué motivación. Una organización que algún día aspira a ser un sindicato, se ha dedicado a deslocalizar y a despedir a los trabajadores por capricho. A eso se han dedicado los dirigentes actuales y así nos va a todos.
Me ratifico en lo que dije meses atrás y además, añadiré algún ejemplo de acción absurda, a parte del numerito de los guardias encapuchados. Se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con la intención de presentar una Iniciativa Legislativa Popular para reformar la Ley de Personal de la Guardia Civil. Según establece la Ley Orgánica 3/1984, se requieren 500.000 firmas. Con eso se consigue que los responsables de la organización a nivel provincial estén entretenidos recogiendo firmas, pero parece que nadie se esté preguntando para qué va a servir este ímprobo esfuerzo organizativo. Yo responderé: ¡Para nada! Será absolutamente inútil porque además, en el improbable caso de que se consiga reunir las firmas requeridas –la propia Junta Directiva Nacional de AUGC ha reconocido la dificultad de la empresa en un comunicado hecho público– lo más probable es que la Mesa del Congreso de los diputados, con los votos de PP y PSOE voten su inadmisión a trámite. Pero mientras tanto, centenares de compañeros y compañeras habrán estado movilizados trabajando, perdiendo el tiempo y gastando recursos para nada. Recuérdese que en los 32 años de democracia, sólo se ha aceptado por el Pleno del Congreso una única ILP de las 9 presentadas. ¿Es realista pensar que la segunda que se apruebe será la nuestra? En este asunto, como en tantos otros, se está haciendo el ridículo absoluto. Somos el hazmerreírr.
Merecería la pena detenerse en la política absurda y un tanto irresponsable de ir de la manita de la Unión de Oficiales y de otras asociaciones, cuando sus intereses distan mucho de los de la generalidad de nuestros afiliados. El colmo del despropósito y un ejemplo clarificador del grado de renuncia que AUGC hace de sus principios, su historia y las aspiraciones de sus afiliados es observar en la web de la citada asociación profesional defensora de los derechos de una parte de los siempre privilegiados oficiales, el logotipo de AUGC sobre una afirmación tan falsa como esta: “Queremos ser militares, pero con derechos”. Nunca en mi vida creí llegar a leer esta declaración de principios bajo el logotipo de AUGC. Y así, no es raro que el PSOE utilice a su conveniencia "nuestro deseo" de querer ser militares, para igualarnos en derechos con los miembros de las FAS. Un auténtico dislate.
Las amenazas de dimitir del Consejo de la Guardia Civil proferidas ante el propio presidente del Consejo el día 20 de junio, constituyen otro ejemplo más de la supina irresponsabilidad que embarga a nuestros dirigentes y de su comprometida situación. Porque las dimisiones no se anuncian, ¡se presentan! En AUGC no. En AUGC lo anuncian a bombo y platillo, se lo dicen al director y a los generales, a ver si consiguen asustarles... pero ahí siguen, en el Consejo y sin dimitir. Y con tanto farol y con tanta amenaza de dimisión pero sin hacerla efectiva jamás, porque nunca se les ha pasado por la cabeza seriamente, la credibilidad de AUGC está por los suelos y sin margen de maniobra. ¡Patético! Los dirigentes actuales han pasado de recibir en pie al director general del Cuerpo en sus asambleas y tomarse cubatas con diputados del PSOE a que no les cojan el teléfono, sin solución de continuidad. Y claro está, la frustración y el desconcierto son enormes.
Como respuesta a los retrocesos en materia de derechos, la Junta Directiva de AUGC ha anunciado, junto a otras asociaciones profesionales, una nueva manifestación. Otra más y van tres. A parte de la creación de una Asociación de familiares a la antigua usanza. Pero no se dan cuenta que una manifestación por sí misma, si no va acompañada de más acciones, de una estrategia continua, no hará que se consiga nada. Igual que las anteriores que han organizado estérilmente. Al respecto, me remito a mis reflexiones de diciembre del año pasado. Pero quiero añadir algo más. ¿Cuántas manifestaciones ha organizado AUGC ha nivel nacional desde la aprobación de la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles? Si la memoria no me falla, llevamos dos (18-10-2008 con los sindicatos de la Policía Nacional y 18-9-2010 con otras asociaciones de guardias), a parte de otras concentraciones menores. ¿Qué se ha conseguido?Nada, a parte de acumular expedientes disciplinarios sin ningún beneficio. Nada. ¿Por qué? Porque el planteamiento es erróneo desde su mismo origen. Ya pasó en el año 2007 y hubo gente que no lo entendió. Las manifestaciones no son un fin por sí mismo, sino un instrumento para lograr un objetivo superior. Aquí funcionan a base de acción-reacción y no hay más estrategia que esa. Ahí termina todo. Y así no puede haber más que lo que hay: unos dirigentes que no son más que figurantes, unos de historia lúgubre, otros verbosos y todos unidos en matrimonio perpetuo con el fracaso.
Tras cada manifestación ha habido, cómo era previsible, apertura de expedientes disciplinarios y no se ha conseguido nada de nada, sencillamente porque nuestros dirigentes lo primero que han hecho ha sido exigir cobardemente el archivo de sus expedientes, sin entrar a negociar nada más. Han dejado clarísimo al Gobierno lo atemorizados que están, dónde está su punto flaco y que arreglar la situación de los expedientados es lo primero y de esta forma, se han convertido en rehenes del Ejecutivo. Ahora, los dirigentes-rehenes proponen una nueva manifestación pero ¿qué se pretende conseguir? ¿Es realista pensar que el Parlamento o el Gobierno darán marcha atrás en su decisión de prohibir las manifestaciones reivindicativas de guardias, solo porque se vuelva a convocar otra manifestación por parte de aquellos a quienes los dos partidos mayoritarios acaban de privar de ese derecho? Es obvio que no y que eso lo complicará todo aún más. Persistiendo en esta política improvisada, suicida e inútil, vamos a conseguir hacer bueno aquello que decía José Saramago en su novela 'Las intermitencias de la muerte': “Las manifestaciones nunca han servido para algo. De otro modo, nunca se autorizarían”.
Hubo una manifestación que sirvió y de mucho: la del 20 de enero de 2007. También la del 22 de abril de 2006, ambas en la Plaza Mayor de Madrid, que le costó el cargo a Carlos Gómez Arruche. ¿Ya nadie se acuerda? Es normal que no, dado que muchos de los delegados actuales ni siquiera estaban en la Asociación, por lo que no han conocido los tiempos en que se conseguían los objetivos. Sé muy bien la diferencia entre aquellas movilizaciones eficaces y las sucesivas, estériles. Entonces había una estrategia que no se acababa con la manifestación y existía la determinación nítida de no parar hasta lograrlo, pagando el precio que hiciese falta sin quejarnos, además de que teníamos capacidad de persuadir, lo que no sucede ahora. Nunca se habló con la Administración, con posterioridad a las manifestaciones, de expedientes disciplinarios ni sanciones. Jamás, aunque es verdad que hubo quienes se fueron al PSOE a negociar por su cuenta. Son algunos de los que ahora lloran cobardemente porque no les cierran sus expedientes… ¿Dónde está el elemento diferenciador de las manifestaciones que han sido útiles de las que han sido inútiles? Los dirigentes de la Asociación y sus planteamientos para evitar ser sancionados. Quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero esta ceguera colectiva que embarga a los delegados provinciales de AUGC nos está llevando a todos 15 años atrás. Y eso es imperdonable. La responsabilidad de lo que está pasando ya no es solo del PSOE ni del PP, sino que los responsables de la Asociación -también de la mayoría de los delegados provinciales- se han hecho cómplices consintiendo que la organización esté desarmada y muda, permitiendo que se les utilice como moneda de cambio. No hay capacidad de influir, ni vías de interlocución. NO HAY NADA Y ASÍ NOS VA A TODOS POR SU INCAPACIDAD Y SU DESIDIA...
Los cauces de comunicación con la Administración están rotos. No hay estrategia. No hay estructura adecuada y eficaz en la organización para llevarla adelante, como sí hubo en su día. Y los interlocutores están absolutamente quemados, sin posibilidad de reconducir la situación, a parte de que no están capacitados para hacer frente a situaciones difíciles. Cada errático paso que se da agrava el problema y cada día que pasa, también. No hay más salida que buscarles sustitutos, porque de seguir así van directos a la inmolación profesional y personal. Y con ellos están arrastrando a AUGC.El martirio a cambio de nada. Las llamadas retóricas a la lucha, las arengas y las soflamas del tipo “¡Ganaremos esta batalla! ¡Podemos! ¡Lo vamos a conseguir! ¡A por ellos…!”, son esperpénticas y ridículas, suenan huecas y no conducen a ningún lado. El propio secretario general lo reconoce con franqueza en la entrevista que he citado al principio. Están mudos, además de atados de pies y manos y a merced de la Dirección General y de los generales. Y con ellos, todos nosotros y la propia organización. Sin embargo, su análisis es de una simpleza alarmante, porque lo que debería preguntarse Alberto Moya y los demás es ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo es posible que AUGC haya pasado de la victoria al fracaso en tan poco tiempo? Durante su mandato, esta organización ha perdido de forma alarmante su influencia, la capacidad de respuesta y la presencia mediática. Y todo eso nos lleva al deprimente punto en el han colocado a todos los guardias civiles.
Exhorto a los responsables provinciales y nacionales de la organización a detenerse, reflexionar sobre dónde están, qué se ha conseguido en los últimos años y a la vista de esta reflexión, plantearse TODAS las posibilidades posibles para salir de este embrollo. Ya no se trata de apoyar a los colegas con medidas improvisadas sin calcular las consecuencias. La simple y estúpida acción-reacción no conduce a nada. La convocatoria de una nueva manifestación, sin más, es otro ejemplo de lo que acabo de explicar. Se trata de los guardias civiles y del futuro de AUGC. Y también, por qué no decirlo, del futuro profesional de los dirigentes expedientados. Ellos ya no pueden aportar nada más a la lucha y su futuro está seriamente comprometido, sin –y esto es lo peor– haber conseguido avances en nuestros derechos, sino todo lo contrario. Son un estorbo y ellos lo saben. O toman el timón caras nuevas, sin las mordazas y ataduras que tienen estos, o dentro de siete meses la situación será aún peor de lo que es ahora. Cuanto más tarde la organización en ver esto, más hondo será el pozo del que habrá que salir. Los dirigentes actuales y el colectivo con ellos. Y lamentablemente, quizás habrá quienes no puedan de salir de él y no habrá forma de ayudarles. Me gustaría equivocarme pero creo que será así, para desgracia de todos.
El 2 de diciembre del año pasado terminé mi artículo así: “Lamento la situación enormemente, pero mientras no se reconozca por parte de todos los dirigentes actuales de AUGC, sean del ámbito que sean, que la actual JDN está abrasada e incapaz de solucionar el conflicto sin arder ellos mismos arrastrándolos a todos, no hay razones para pensar que la situación pueda remontar”. El tiempo me está dando la razón inexorablemente. Hoy estamos peor que hace medio año y muchísimo peor que hace cuatro años, y no hay razones para pensar que la situación vaya a mejorar. ¿Qué hace la Asociación y sus dirigentes al respecto? Nada, porque nada pueden hacer en estas circunstancias. Hay que ponerle remedio ya, sin demora, porque AUGC se está jugando mucho. Se lo está jugando TODO.
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