¡A QUIÉN LE IMPORTAN LOS DERECHOS HUMANOS!

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que resuelve que la aplicación de la ‘Doctrina Parot’ con efectos retroactivos vulnera el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades individuales ha levantado ampollas en España. Dejando a un lado la indignación y el dolor de las víctimas del terrorismo, que considero absolutamente normal y comprensible, hemos visto ataques furibundos contra el tribunal y contra sus miembros, en especial el designado en 2007 a propuesta del Reino de España, Luis López Guerra.

La actividad de la banda terrorista ETA durante 40 años y las más de 800 personas asesinadas, y en especial el hecho de que ETA aún existe y mantiene sus arsenales, además de centenares de presos y huidos, aunque decretó el 20 de octubre de 2011 un cese definitivo de su actividad armada, hacen que sea casi imposible abordar aspecto alguno de este espinoso asunto sin ser tachado de equidistante, en el mejor de los casos. Puedo asegurar que yo no lo soy en absoluto y que los 19 años de permanencia en la Guardia Civil me enseñaron mucho sobre ETA y sobre las víctimas, muchísimas de ellas pertenecientes al Cuerpo. Sin embargo, también me interesó mucho conocer directamente la realidad social que se vivía en Euskadi, lo que me llevó a percibir que las cosas eran muy distintas a como las narraban los medios de comunicación de Madrid.

En mi opinión, la ‘Doctrina Parot’ representaba un cambio penológico que tenía muy difícil justificación legal. Sin embargo el Gobierno con el apoyo del PSOE y del PP decidieron asumir el desgaste correspondiente pero evitar la excarcelación de decenas de presos sanguinarios que habían acabado con la vida de muchas personas de forma cruel y despiadada y sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento por lo que habían hecho. No quisieron soltar a aquellos que conforme a la doctrina de beneficios penitenciarios aplicados hasta la fecha ya habían cumplido su condena. De ahí que surgiera la ‘Doctrina Parot’ como única forma de evitar la excarcelación de los etarras. Tanto PSOE como PP pelearon duro para que el Tribunal Supremo bendijese la legalidad de la operación y más tarde el Tribunal Constitucional, pero era previsible que aquello acabara en Estrasburgo. Prefirieron mirar hacia otro lado y evitar las excarcelaciones de terroristas y pensaron “este marrón que se lo coma Estrasburgo”, porque sabían que el TEDH lo tumbaría.

En España ha sucedido lo que en muchos países que han sufrido el terrorismo: se han utilizado atajos que en mayor o menor medida suponían vulneración de los Derechos Humanos, cuando no directamente crímenes de Estado. Lo han hecho los poderes públicos en la creencia de que no había otro modo de actuar, por pura impotencia y a veces para corregir errores pasados, sin caer en la cuenta que la vulneración de los DD.HH. nunca es la solución de nada.

 

En España nunca se han tenido en cuenta las denuncias de Amnistía Internacional sobre las normas antiterroristas. Nunca se han investigado seriamente las denuncias de malos tratos a terroristas detenidos, ni las muertes bajo custodia policial o penitenciaria. Nunca se ha formado a los miembros de las Fuerzas de Seguridad a conciencia en este asunto. Nunca se han castigado severamente los excesos. Ni siquiera se han adoptado medidas contundentes para evitar que sucedieran, como la instalación de videocámaras en el interior de los centros de detención. Aquello parecían “daños colaterales” y que los que los denunciaban estaban del lado de los terroristas. Sin embargo, cuando estos asuntos salen de las fronteras nacionales son consideradas prácticas ilegales y no tienen defensa posible. Y esto mismo ha sucedido con la ‘Doctrina Parot’. Pero que nadie se llame a engaño. Sucedió muchas veces antes cuando tribunales de otros países denegaban extradiciones. Hace unos días un tribunal de Bélgica acaba de denegar la extradición de la etarra Natividad Jáuregui atendiendo los argumentos de su abogado, quien alegó “el peligro de violación de los derechos humanos que corren los vascos por la justicia española”.

 

Otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido, no aceptan ser sometidos a otros tribunales distintos a los suyos. Ese es el modo de evitarse disgustos como el que España ha tenido. Pero precisamente por su desprecio declarado a los Derechos Humanos cargan con la etiqueta correspondiente, aunque a ellos parezca darles igual. España quiso parecer un país respetuoso con los Derechos Humanos sin serlo. Y ahora vemos el resultado.

Sin embargo yo no creo que debamos rasgarnos las vestiduras. ETA ha sido derrotada y la lección que debemos aprender es que hay que dar pasos para que la paz sea definitiva, total y sin posibilidad de marcha atrás. A mi juicio –y me expongo a la crítica, lo sé– nuestros gobernantes no debieran hacer como si ETA aún existiese y deben favorecer un clima que permita dar por zanjada esta tremenda herida nacional. El terrorismo ya no es una de las preocupaciones fundamentales de los españoles según las encuestas del CIS. No hagamos como si aún lo fuera. Nuestro Estado de Derecho es fuerte y tiene mecanismos sobrados para maniobrar en esta situación. Pero los atajos no dan resultados.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/10152-a-quien-le-importan-los-derechos-humanos)

CARLOS DELGADO, SENTENCIADO

Sin complejos, como su lema de campaña de 2007. Carlos Delgado descalifica a los autores del informe que sugiere la existencia de delito en las adjudicaciones de Radio Calvià cuando él era alcalde y pide su citación en calidad de imputado, posibilidad que niega de raíz. Dice del informe que es “propio de Torrente”, una “chapuza” que contiene “errores de principiante” y por ello tiene “mucho interés en saber qué tipo de profesionales han firmado este informe”. Cuestiona la idoneidad de los agentes “dada la evidente falta de especialización en materia de contratación pública de sus autores”.

Delgado carga contra la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil afirmando que incumplieron el auto que ordenaba la entrada y registro en el Ajuntament de Calvià y el artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que los registros deben evitar “inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción”. Papel mojado en la práctica totalidad de los casos.

El alcalde de corbata rojigualda que cedió a la Guardia Civil la estación de autobuses de Palmanova tras los atentados de ETA en Calvià, que puso la bandera de España más grande de Mallorca en homenaje a ese cuerpo, se siente traicionado. Se sabe sentenciado e intenta algo que evite que su cabeza acabe rodando en el cesto, como la de José María Rodríguez. En la mismísima sede del PP y ejerciendo de vicepresidente del partido que gobierna con mayoría absoluta, descalifica y amenaza a los desagradecidos guardias.  Pero lo cierto es que a menudo los investigadores no están a la altura, no tienen ni idea de procedimiento administrativo, ni concursos, contratos o adjudicaciones. Son duchos en perseguir peligrosos criminales, pero esto es otra cosa. Los hombres del comandante Del Amor son experimentados sabuesos, pero no son infalibles. Tampoco la Agencia Tributaria, como sabemos. Anticorrupción juega sucio con la prensa, anuncia a sus periodistas de cabecera sus actuaciones con antelación aunque sean secretas, filtra documentos e intenciones y presiona a imputados rozando la coacción, con la anuencia del fiscal jefe, Bartomeu Barceló. Pero Delgado demuestra que no se dejará llevar al cadalso político de su imputación sin plantar batalla.

 

(Publicado en Última Hora)

 

UN CRIMEN IMPUNE

Ya hace tres años del brutal, cobarde e inútil asesinato de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. ETA decidió que ellos serían sus últimas víctimas, los últimos nombres en la larguísima lista de muertos que han brindado a España. No sabemos quienes lo hicieron ni quienes lo ordenaron. Tampoco sabemos quién ayudo a los asesinos facilitándoles información, porque es razonable pensar que contaron con auxilio desde aquí.

Los dos atentados perpetrados el 30 de julio (porque dos fueron las bombas lapa, solo que una fue detectada y explosionada por los tédax en los bajos de un todoterreno aparcado en la calle frente al cuartel de Palmanova) fueron una atrevida acción terrorista, arriesgados y bien planificados, que requerían de cobertura logística, por mínima que fuera, y de cierta información sobre las medidas de seguridad de los cuarteles, vigilancia, cámaras, horarios, etcétera. Las sospechas del padre de Diego Salvá son fundadas y muy razonables.

Lo peor de todo es que este crimen pueda quedar impune porque nada se sabe de los autores. En todo caso, eso no es nada nuevo. Como denuncian las víctimas, alrededor del 40% de las acciones mortales que ETA ha ejecutado quedan impunes porque no se sabe quién las cometió. Y eso es algo que no se puede tolerar. Ningún crimen puede ser disimulado por razón alguna, tampoco en aras a una pretendida desaparición de la banda terrorista que, de momento, se resiste a dar el paso definitivo. La paz no puede nunca asentarse sobre la impunidad de los asesinatos.

No seré yo quien responsabilice del atentado de Palmanova a nadie más que a los etarras. Pero transcurridos tres años de aquel aciago día es justo plantear que los responsables de las Fuerzas de Seguridad nos han defraudado. Tenían a los agentes desamparados, sin las más elementales medidas de seguridad, con los coches patrulla pasando la noche en plena calle sin vigilancia ni cámaras. Y, además, han fracasado a la hora de identificar y detener a los responsables. Y mucho que nos pesa.

AUDIENCIA NACIONAL: ¡DADLES DE DURO!

Cuando nueve días después de la liberación del funcionario de prisiones Juan Antonio Ortega Lara, los terroristas de ETA secuestraron el día 10 de junio de 2005 al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, la banda exigió para respetar su vida “el fin de la dispersión de los presos políticos vascos”. Entonces el Gobierno no cedió al chantaje y los etarras le asesinaron vilmente de un tiro en la cabeza, a pesar de las peticiones masivas de clemencia. Con una crueldad extrema.

No hace ni tres semanas decenas de miles de personas se manifestaron en Bilbao pidiendo el acercamiento de los presos vascos a las cárceles de Euskadi y la derogación de la doctrina Parot. ¿Qué ha ocurrido para que ahora haya que acercarlos, cuando no se hizo antes? Que ETA anunció que dejaba su actividad criminal. Sin embargo sigue existiendo como organización criminal y no da muestras de pretender su auto-disolución. Muy al contrario. Trata de recaudar dinero en comercios del País Vasco “de forma voluntaria”, aunque anotando aquellos que no “colaboran”. Sigue dando instrucciones a sus integrantes que están cumpliendo condenas y les ha ordenado que bajo ningún concepto pidan perdón por sus crímenes ni busquen individualmente acogerse a los beneficios penitenciarios a los que todo delincuente penado tiene derecho por Ley. Por supuesto, expulsan a aquellos que se apartan de estas instrucciones. Continúan estando en posesión de armas y explosivos. Algunos de ellos las llevan encima, como se ha comprobado con las últimas detenciones en Francia. Y continúan teniendo unos objetivos políticos muy precisos y conocidos por todos, a los cuales no han renunciado ni consta que hayan modificado un ápice los medios para conseguirlos.

En estas condiciones y a la vista de lo acontecido ayer en la Audiencia Nacional, donde los terroristas del comando Otazua que iban a ser juzgados por colocar una bomba lapa e intentar asesinar en octubre de 2007 en Bilbao al concejal del PSE de Galdakao Juan Carlos Domingo y a su escolta, Gabriel Ginés, insultaron al tribunal y a un testigo, mientras el público asistente (una decena de familiares y amigos de los acusados que muy posiblemente estuvieran en la manifestación del día 7 en Bilbao) me parece que es absolutamente acertada la decisión del Gobierno de España de no moverse ni un ápice de su posición. Cualquier cambio en la política penitenciaria en las actuales circunstancias es absolutamente improcedente.

ETA no ha desaparecido de Euskadi. No ha hecho nada más que afirmar que no atentará más y pretende que eso tenga contrapartidas. ¿Hay que premiar a ETA por no asesinar a más gente? De ningún modo. Y mientras en el entorno de la izquierda abertzale haya gente manifestándose a favor de los presos, a quienes continúan denominando “presos políticos” (y a los huidos de la Justicia “refugiados políticos”), a la par que dan gritos de “¡gora ETA!” y “¡jo ta ke!”, que no es otra cosa que una exhortación a atentar (dale duro), solo cabe plantearse la derrota total de ETA con la Ley y el Estado de Derecho. No hay proceso que valga porque ellos no quieren. Y en esta coyuntura no puede haberlo. Continúan yendo de víctimas, cuando los tres que eran juzgados ayer presuntamente intentaron asesinar a un responsable político municipal solo por no pensar como ellos.
Solo espero que la Audiencia Nacional les de duro a los que está juzgando y les condene a pudrirse en la cárcel muchos años. Y a los que daban vivas a ETA, confío en que sean juzgados y condenados por enaltecimiento del terrorismo. Y luego, que sigan en su papel de víctimas.

FIN DE ETA: MOTIVOS PARA LA ESPERANZA Y MOTIVOS PARA EL RECELO

¿Es realmente sincera la voluntad de abandonar las armas y apostar por las vías políticas, que sólo pueden ser pacíficas, por parte de ETA y de la izquierda abertzale? En mi opinión, ahí radica la fuente de los recelos de todo el mundo. Conociendo como piensan y cómo han actuado en el pasado, es más fácil deducir que si no sucede lo que ETA espera, acaben haciendo lo que siempre han hecho: recurrir al asesinato y a la destrucción. Aunque sepan que es contraproducente para su estrategia política, aquellos que no han dudado en matar, secuestrar y extorsionar para imponer su ideología totalitaria y excluyente sentirán la tentación de volver a las andadas y -ojalá me equivoque- es más fácil que vuelvan a recurrir a la violencia antes que a la política.

Un ejemplo de lo que digo lo tenemos en el episodio lamentable del tartazo a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra Yolanda Barcina por parte de individuos vinculados a la izquierda abertzale que protestaban por el tren de alta velocidad. Podríamos haberlo tenido por un episodio protagonizado por activistas incontrolados. Claro que podríamos, siempre que al día siguiente en un acto de Bildu no se hubiese puesto el vídeo de la agresión y se hubiese vitoreado y aplaudido a los autores. ¡Qué paradójico! Aquellos representantes de Bildu que firmaron un documento ante notario renunciando a la violencia, no solo no condenaron el ataque, sino que no consideran violencia agredir a tartazos a una representante política de otra formación que, además, es presidenta de todos los ciudadanos de Navarra. ¿Es eso aceptable? ¿Podemos fiarnos de estos tipos? Yo creo que no. Por más que queramos, no es sensato hacerlo porque sus hechos desmienten sus palabras, sus manifiestos y sus declaraciones impostadas para sortear la Ley de Partidos.

No deben preocuparnos sus reivindicaciones siempre que no se hagan valiéndose de la violencia y la coacción. No debe importarnos que hablen del derecho a decidir, que digan que apuestan por el diálogo y la negociación, que quieren mejorar la situación de los presos –aunque ellos siguen llamándoles presos políticos, cuando no hay un solo preso político en España, sino simples y vulgares terroristas y colaboradores de aquellos, o exiliados a los huidos–, que digan que luchan por la legalización de Sortu y del resto de partidos y asociaciones ilegalizadas, que no quieran que haya vencedores ni vencidos y que se impulse el reconocimiento de todas las víctimas. Nada de eso debe importarnos si lo hacen por vías pacíficas y democráticas. No es el independentismo lo que se persigue: son las acciones delictivas terroristas bajo el paraguas de la autodeterminación.

Cuando por parte de los demócratas se les planteó “o escaños o bombas”, es justamente porque sabíamos que sin bombas plantearán sus reivindicaciones históricas en el Congreso (si se cumplen los pronósticos y Amaiur logra ser una fuerza parlamentaria en Madrid), por mucho que nos duela y nos moleste ver a algunos de los que jalearon a ETA y les justificaron y lo siguen haciendo, en la tribuna de oradores del Parlamento. Pero aún albergamos muchas dudas de que la izquierda abertzale haya asumido ese planteamiento inicial, o escaños o bombas. Es cierto que ETA aparentemente ha puesto fin a sus actividades violentas y al impuesto revolucionario. Pero no es menos cierto que ETA aún existe, que no se ha disuelto, que tiene cierta infraestructura organizativa, armas y explosivos. Y en sus últimos comunicados siguen planteando exigencias políticas. Con el historial que atesoran, es muy razonable desconfiar, y desconfiamos.

Reconozcamos que también hay razones para la esperanza. En la última entrevista a ETA publicada en Gara el pasado día 11 de noviembre, afirman que “ETA nunca será una amenaza para el proceso de resolución política”. Admiten que la estrategia del Estado (fundamentalmente a través de la Ley de Partidos) había llevado a la izquierda abertzale a una situación de bloqueo y que “había que cerrar un ciclo para abrir del todo el nuevo y eso incidía de lleno en la lucha armada”. Pero como en todo proceso de esta índole, hay motivos para el recelo y para la desconfianza, como cuando sacan pecho, orgullosos de lo que han hecho: “En estos 50 años, la lucha armada ha hecho su aportación, una gran aportación (…) pero ha mostrado también señales de agotamiento” o “existe felicidad y orgullo por todo lo que esta organización en su pequeñez ha hecho hasta ahora”. Su gran aportación se traduce en 829 fallecidos y miles de heridos y mutilados. Y esta grandiosa aportación no permite ni que aceptemos equiparaciones humillantes e injustas, ni muchísimo menos olvidos indecentes. Aún tiene que pasar bastante tiempo para que los motivos que impulsan nuestra desconfianza se disuelvan, lo que sin duda ocurriría si ETA hiciese lo propio.

BILDU Y SUS EQUIVOCADOS GESTOS EN FAVOR DE LA PAZ

Se queja Juan Karlos Izagirre, alcalde de San Sebastián, de las “actividades represoras del Estado” que según él se aplican a los presos de ETA, por supuesto considerados por él como presos políticos. Para Bildu las víctimas no son los asesinados por ETA, sino los presos políticos encarcelados en prisiones españolas. Las víctimas son los daños colaterales del “conflicto político”. Desde este prisma, no entienden que los que han puesto bombas, secuestrado, tiroteado, extorsionado y amenazado a miles de vascos y españoles políticamente distanciados de ellos o sencillamente inocentes que pasaban por allí, deban ser castigados y cumplir sus condenas. Si lo que pretenden es que los presos etarras sean trasladados a cárceles vascas, es un asunto que algún día se podría hablar. Pero nunca antes de que ETA anuncie su disolución porque ya sabemos el control estalinista que ejerce la banda terrorista sobre los presos y sus familias.

También lamenta Izagirre que no se tomen en cuenta los gestos que Bildu viene realizando. “De gestos andamos sobrados, los hacemos todos los días. Aunque algunos nos los devuelvan con una bofetada”, clama enojado. Sin duda se refiere a la asistencia de miembros de Bildu al homenaje a Joxe Mari Korta, empresario asesinado por ETA por no sucumbir al chantaje y a la extorsión. Pero estos gestos se ven ensuciados por sus muestras de cariño hacia las familias de los presos de ETA y sus reclamaciones contra las “actividades represoras del Estado”. Su empeño en equiparar el sufrimiento de las víctimas de ETA por un lado y por el otro, el de las familias de los presos terroristas y los propios presos, hace que todo gesto quede reducido hasta la práctica invisibilidad.

Igual perversidad comete el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, cuando aprovecha la fiesta de San Ignacio de Loyola para defender a los presos de ETA, pedir la derogación de la “doctrina Parot” (que impide que un terrorista que ha matado a 30 personas cumpla la misma condena que el que ha matado únicamente a una) y el fin de la dispersión de los presos. O aún peor, tratar de sentar en una misma mesa y al mismo nivel a las víctimas donostiarras con colectivos de familiares de sus verdugos, como pretendían hacer ayer. Y esta es una prueba más de su vinculación con ETA y de que, si bien “rechazan” el uso de la violencia actualmente por motivos tácticos y para poder participar en la política como han hecho, no reniegan de la violencia que ETA ha practicado durante 50 años y llegan al punto de ni siquiera exigir la disolución de la banda ni condenar su extensa actividad criminal. Lo apuntó Arnaldo Otegui: “la lucha armada sobra y estorba”. Les estorba ahora, porque de la del pasado ni una palabra. Sobre eso, según ellos, debemos correr un tupido velo por el bien de la paz y de la concordia. Para superar el conflicto político, que dirían ellos. Pero la paz no se puede asentar sobre la repugnante maniobra de equiparar a víctimas inocentes con los terroristas, presos políticos según ellos, escoria humana en mi opinión.

Lo último que hemos sabido es que, según informó TVE, los presos de ETA tienen la última palabra para que ETA anuncie su disolución o continúe la lucha armada. Y ante esto me viene a la memoria la imagen del etarra Ignacio Bilbao Goikoetxea amenazando al juez Guevara desde dentro de la urna acristalada de la Audiencia Nacional, con pegarle siete tiros y arrancarle la piel a tiras. Si la disolución de ETA está en desgraciados como este, no hay nada que hacer. Si la desaparición de ETA ha de sustanciarse sobre la decisión de quienes han consagrado su vida al fanatismo y al odio, a la muerte y al sufrimiento de personas inocentes, no hay esperanza alguna. Ahora resultará que Txapote o Txeroqui o Igor Portu o Martin Sarasola o tantos otros asesinos son la esperanza para la paz y la desaparición de ETA. No es a ellos a quien deben escuchar. Es a la sociedad vasca, la misma a la que dicen defender, quienes les ha dicho alto y claro que cierren el macabro negocio. Pero ellos, en su fanatismo, siguen sin escuchar.

UN ATENTADO IMPUNE

Hoy se cumplen dos años del asesinato de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. El 30 de julio de 2009 los terroristas de ETA colocaron dos artefactos explosivos en los bajos de sendos jeeps de la Guardia Civil que estuvieron estacionados en la calle sin vigilancia. A las 13:30 horas explotó la bomba lapa adosada en los bajos del Nissan Patrol que llevaban los agentes, causándoles la muerte. Más tarde fue hallado el segundo artefacto adosado en otro vehículo estacionado frente al cuartel de Palmanova pero que estaba averiado. Los TEDAX lo neutralizaron. Así pues, fueron dos los coches bomba que ETA logró colocar, además de los pequeños artefactos que explosionaron al domingo siguiente causando el pánico en Palma.

Dos años después no se sabe quién ordenó cometer los atentados. No hay pistas acerca de qué etarras se desplazaron a Palma trayendo los explosivos. Se desconoce quién los colocó en los bajos de los dos coches. Nada se sabe de quién facilitó la información a los terroristas o si fueron los propios autores quienes obtuvieron la información necesaria para atentar con éxito y escapar sin levantar sospechas. Se ignora si contaban –y aún puedan contar– con infraestructura en la isla. Demasiadas incógnitas. La posibilidad nauseabunda de que estos crímenes queden impunes cobra fuerza. La falta de resultados en la investigación es clamorosa. Hemos visto que en casos mucho menos importantes desembarcaban en la isla medio centenar de agentes especialistas dedicados en exclusiva a investigar supuestos delitos que urgen bastante menos a la población. Y no creo que haya ningún delito que sea más perentorio esclarecer que este atentado.

Aún habrá quien tache de exitosa y brillante la gestión del Gobierno o de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista. No seré yo. Sus autocomplacientes responsables han sido condecorados. Posiblemente todos asciendan. Pero dos años después de cosechar un fracaso como el que nos ocupa, alguien tendría que asumir su  responsabilidad. Hay dos crímenes impunes y hasta que no se juzgue a los responsables y sus autores hayan cumplido sus penas, no descansaremos tranquilos. Ellos y sus familiares lo merecen.

Publicado en La Gaceta, edición Baleares, hoy 30 de junio de 2011.

INCÓGNITAS DE UN ATENTADO

Dos años después de los atentados de ETA en Palmanova, aún están en el aire muchas incógnitas. ¿Quiénes fueron los autores materiales del asesinato de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada? ¿Quién ordenó atentar en Mallorca? ¿Cuándo llegaron los terroristas? ¿Dónde se alojaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? ¿Tuvieron algún tipo de apoyo o cobertura logística o se lo proporcionaron todo ellos mismos? ¿Captaron ellos por sí mismos la información necesaria para atentar o fueron otros quienes se la facilitaron? ¿Cómo fue posible que se movieran por la isla libremente sin ser detectados en plenas vacaciones de verano y estando aquí los Reyes? ¿Cuándo adosaron las dos bombas lapa en los bajos de sendos jeeps de la Guardia Civil? ¿Cómo es posible que no existiese videovigilancia en los alrededores de las dos dependencias de la Guardia Civil de Palmanova que hubiese permitido arrojar luz sobre la manipulación de los vehículos? ¿Por qué permanecían los vehículos policiales en la calle sin vigilancia? ¿Cuándo colocaron los terroristas los explosivos que detonaron en diversos establecimientos la semana siguiente del asesinato de Carlos y Diego? ¿Estaban aún aquí los terroristas o ya habían huido? ¿Cómo lograron burlar el cerco de la operación jaula, donde incluso se cerró el aeropuerto de Palma durante horas?

Durante estos dos años hemos visto airear muchas hipótesis, algunas sin ningún fundamento, la mayoría muy preocupantes porque desvelan un nivel de vulnerabilidad alarmante. Pero es hora de empezar a reclamar pruebas, no hipótesis. Si no hay pruebas que llevar a un eventual juicio, los crímenes quedarán impunes. ETA mantiene un alto el fuego desde el 5 de septiembre de 2010, pero han sido localizados zulos con explosivos en Francia y han sido detenidos militantes armados o con material para fabricar bombas. Y no muestra ninguna intención de disolverse ni se lo exige Bildu. ETA sigue viva, que nadie se engañe.

Estamos determinados a mantener viva la memoria de Carlos y Diego, por eso debemos exigir  cada día la captura de los etarras que acabaron con sus vidas. Hemos visto mucho más despliegue de recursos policiales y judiciales en estos años en Mallorca por casos que nos atemorizan muchísimo menos y la clamorosa falta de resultados en esta investigación es muy alarmante. Parece que a nadie le importe. Los culpables deben pagar por sus crímenes conforme a la ley. Estos atentados no pueden quedar sin castigo.

Publicado en Última Hora, 30 de julio de 2011.

ESTO SÍ QUE ME FASTIDIA...

Mucho me fastidia desayunar con la noticia de la excarcelación de un terrorista sanguinario como Troitiño. Igual que me fastidió el día que excarcelaron a De Juana Chaos. E imagino que al mismo nivel que los días que previsiblemente serán excarcelados muchos otros asesinos etarras que han pagado muy barato todo el dolor que han causado con su fanatismo criminal. Mucho me duele ver cómo se intenta homenajear a estos asesinos a su salida de prisión o a la llegada a sus pueblos de origen, aunque me reconforta y me tranquiliza comprobar que el Estado de Derecho impide actos de enaltecimiento de la tarea criminal que protagonizaron estos desgraciados.

Pero reconozco que lo que más me duele es leer que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, pida explicaciones al “ámbito judicial” por la excarcelación de Troitiño y que reclame al Gobierno que “busque el camino que sea” para que el antiguo asesino del Comando Madrid vuelva a la celda. La AVT se apresura a poner a parir al Tribunal Constitucional por permitir esta excarcelación, acusándolo de estar politizado, pero a las víctimas hay que comprenderlas en sus reclamaciones siempre, porque son eso precisamente, víctimas. Pero que un diputado autonómico del Parlamento vasco y presidente regional de un partido democrático exija explicaciones a un poder del estado independiente de los demás y exija a otro actuaciones ilegales, porque ilegal es pedir al Ejecutivo que encarcele a alguien, pone de manifiesto que no cree en la separación de poderes, básica en todo Estado de Derecho que se precie de serlo. Y exigir al Gobierno que “por el camino que sea” se encarcele a alguien, ahonda en que está imbuido de esa descreencia en lo que nos enseñaron hace ya cinco siglos Locke, Montesquieu y Rousseau.

Esa fórmula del “como sea” es una llamada a la apertura de nuevas causas, ya sean verídicas o no porque todo vale, como se hizo con De Juana. Y eso nos devuelve a la barbarie y a destruir el Estado de Derecho. Y eso sí que me resulta insufrible de verdad, porque va contra la ley y no lo hacían ni los romanos en el siglo I antes de Cristo. Me duele aún más que verles a ellos salir de la cárcel entre vítores de sus familiares y amigos. Si las leyes no nos gustan, modifiquémoslas. Pero mientras estén en vigor, hay que respetar las decisiones del los Tribunales encargados de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Si no lo hacemos así, el sistema democrático del que tanto nos vanagloriamos tiene los días contados. ¡Y eso sí que me fastidia!

Si Basagoiti quiere que España cree su propio Guantánamo en el peñón de Alhucemas para los terroristas de ETA sean allí confinados sin juzgarlos nunca y sin derecho alguno, que lo diga. Posiblemente muchos le aplaudan y quizás eso le haga ganar muchos votos. Pero tratar de impedir que alguien que según los jueces ya ha cumplido su condena, sea puesto en libertad, y exigirle al Gobierno que lo haga, me parece una vulneración brutal de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho. No es eso lo que se espera de un partido constitucionalista, que no parece creer lo necesario en la Constitución. Y eso sí que me fastidia...

O ESCAÑOS O BOMBAS

Por primera vez en su historia, Batasuna y sus herederos ideológicos se desmarcan de ETA y rechazan la violencia para hacer política, poder presentarse a las elecciones del 22 de mayo y, si así lo quieren los ciudadanos, entrar en los ayuntamientos. Rufino Etxeberría anuncia que con la fundación de un nuevo partido denominado “Sortu”, que según afirma “no es la continuidad de ninguna otra organización”, se da por cerrado el ciclo de la lucha armada y su justificación persistente por parte de Batasuna. ¿Es sincera esta conversión? ¿Obedece únicamente a la necesidad de presentar unas siglas a las próximas elecciones municipales o se han dado cuenta de que el terrorismo sólo les puede llevar a la cárcel, donde por cierto ya han estado casi todos los fundadores de la nueva formación? Aún es pronto para decirlo, pero ya se han levantado voces virulentas en contra de su legalización.

La Ley Orgánica de Partidos Políticos se elaboró en el año 2002 para hacer frente a ETA y a su entorno político –Batasuna– y tener el instrumento jurídico que permitiera expulsar de las instituciones a quienes ocupaban escaños y a la vez empuñaban pistolas y asesinaban a los rivales políticos, cuando no establecían a quién había que liquidar y justificaban los crímenes, secuestros, extorsiones y demás actos terroristas. Se les impuso cumplir unos requisitos muy claros y optar por las palabras o las bombas. Sin embargo, cabe recordar que fue una ley muy contestada por parte de no pocas organizaciones políticas y por amplios sectores de la ciudadanía, especialmente en Euskadi, que la consideraban un retroceso democrático porque privaba de voz a miles de ciudadanos, pues no se olvide que Euskal Herritarrok (la última marca legal con la que pudieron presentarse a unas elecciones municipales en junio de 1999) obtuvo 228.147 votos (el 19,63% de los electores) y 679 concejales en el País Vasco.

Tras ocho años y medio de aplicación de la Ley, esta ha demostrado su utilidad y el debilitamiento de ETA y su entorno operativo y político es evidente y de tal magnitud que no es fácil que puedan soportar cuatro años más proscritos de la vida política. Por eso tratan de inscribir una nueva organización que renuncia explícitamente a la violencia y marca distancias con ETA. Por eso y porque parecen haber concluido, tras un proceso interno de debate, que la violencia y el terrorismo les aparta de sus objetivos políticos más que les conduce a ellos. Pero es razonable que la sociedad española que ha sufrido su crueldad y sus crímenes, recele. Es muy normal que haya miles de ciudadanos que protesten en la calle ante el miedo de que puedan volver a estar en el Parlamento vasco y hasta en el Congreso de los Diputados (aun recordamos a Jon Idígoras, que en paz descanse, fumando en su escaño) y recelen de que sea una nueva trampa, la enésima, para colarse en las instituciones que les dan cargos y dinero. Ante este dilema sólo cabe la aplicación de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia.

El PP en boca de su secretaria general, Mª Dolores de Cospedal, exigió al Gobierno que “no deje presentarse a Batasuna ni con un nuevo partido, ni con listas blancas ni con listas de partidos legales”. Merece la pena detenerse en esta exigencia, porque a fuerza de vivir en un estado de excepción política permanente nos hemos acostumbrado a no detectar las agresiones al sistema democrático. ¿Puede el poder ejecutivo en un Estado de Derecho impedir que otras formaciones políticas que hacen lo que la Ley les exige y cumplen los requisitos que en ella se imponen –aunque sea a regañadientes- impedir la legalización de una fuerza política para obstaculizar su concurrencia a unas elecciones? Como impone el sentido común y la separación de poderes, el órgano jurisdiccional competente no es ni puede ser jamás el Gobierno.

“Si la ley les hubiese obligado a decir '¡Viva España!' lo hubiesen dicho”, apuntó el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal. Y yo me pregunto perplejo: ¿Cabe esperar otra cosa que el cumplimiento de la Ley? Nada más podemos exigir, porque de lo contrario tendremos que concluir que no hay libertades políticas en este país, que sería tanto como darles la razón a los terroristas. Es perverso que algunos mantengan que si los batasunos cumplen a rajatabla lo que la Ley de Partidos exige, “han buscado una treta para burlar la Ley” y si no condenan la violencia, son lo mismo que ETA… ¿Qué les estamos demandando realmente? Oigo a Federico Jiménez Losantos preguntar “¿Han pedido la disolución de la banda? ¿Han pedido la entrega de las armas? ¿Han pedido que se entreguen los terroristas y tras pedir perdón a las víctimas, asuman las consecuencias penales de sus crímenes? ¡Noooooooo!”. Y yo me pregunto ¿es que acaso eso lo exige la Ley? ¡Noooooooo! Entonces, se les está pidiendo ir más allá de lo que la ley impone. El propio periodista lo reconoce un poco más tarde al decir “si aplican la ley de partidos la legalizarán”.

Si Sortu cumple estrictamente con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, solo puede ser legalizada y no hay nada más que hablar desde el punto de vista jurídico y político. Y cualquier maniobra para presionar a los Tribunales en un sentido o en otro ha de ser claramente denunciada. En los últimos años ha habido importantes avances en la lucha contra ETA y su entorno, como el encarcelamiento de los integrantes de la mesa nacional de Batasuna. Pero también importantes fracasos que han supuesto un deterioro brutal de las libertades públicas establecidas en la Constitución. Estoy hablando de la muy reciente sentencia del caso Udalbiltza y del cierre indebido del diario Eguin. Quizá sea la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos la mejor forma de propinar un certero descabello a ETA, porque en esta ocasión lo que les dará alas será una eventual prohibición. Y si vuelven a engañarnos, los promotores de la nueva formación acabarán todos a la cárcel. Ellos sabrán lo que les conviene: o escaños o bombas.

1.040 AÑOS DE CÁRCEL Y UNA PALIZA

En la mañana del día 6 de enero de 2008, los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola fueron detenidos por miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón. Los dos jóvenes venían de un monte cercano y les infundieron sospechas. Al pedirles la documentación y revisar las mochilas que portaban, comprobaron que llevaban 2 revólveres y 50 cartuchos de munición. Más tarde quedaría probado que los dos detenidos, junto a Mikel San Sebastián, fueron los autores del atentado con furgoneta bomba en la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006 y que causaron la muerte a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Por aquel crimen, fueron condenados por la Audiencia Nacional a 1.040 años de prisión cada uno de ellos. Sin embargo, al ser detenidos, según considera probado la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, fueron sometidos a malos tratos y torturas. Fueron golpeados e insultados, y siempre según la sentencia, que no es firme y ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, a salvo de miradas indiscretas en una pista forestal, les propinaron una paliza a cada uno a base de puñetazos y patadas. Igor Portu sufrió hematomas, enfisemas, policontusiones, fractura de una costilla y hemoneumotórax, lesiones por las que tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos. Mattin Sarasola sufrió policontusiones y hematomas de menor gravedad que el primero.

Los agentes que les detuvieron replicaron que los terroristas se resistieron violentamente a su arresto y que se vieron obligados a aplicar la fuerza necesaria y proporcional al objeto de reducirles. Además, argumentan (con innegable razón) que es costumbre en los miembros de ETA denunciar torturas y malos tratos cuando son detenidos. Sin embargo, el Tribunal considera que las lesiones no fueron producto de la resistencia sino de naturaleza distinta, y considera más verosímil la versión de los etarras, sustentada por los médicos forenses.

Una asociación de reciente aparición, denominada Asociación pro Guardia Civil APROGC –y que se autodescribe como formada por “guardias que se sienten orgullosos de ser guardias civiles, que son lo que quisieron ser, y que entienden esta noble profesión como algo más que un trabajo”– ha criticado la sentencia en un comunicado al afirmar que “socialmente, los guardias civiles ya estaban medio condenados desde hace tiempo pues “jugaban en campo contrario”. Otra asociación profesional de mandos de la Guardia Civil, la Unión de Oficiales, ha acusado a los jueces del País Vasco de “favorecer a ETA” y de permitir que “los terroristas ganen otra batalla”. El europarlamentario popular Alejo Vidal-Quadras ha escrito en la página web de Intereconomía: “En estos momentos tan dolorosos para la Benemérita, hay que reiterarles nuestra confianza plena, dar por buena su versión y no la de asesinos que siguen la consigna de denunciar agresiones cuando son detenidos llegando a autolesionarse y esperar que el Tribunal Supremo resuelva el recurso a favor de los defensores de la ley y en contra de sus transgresores. ¡Viva la Guardia Civil!”. Esta forma de poner en cuestión las decisiones adoptadas por los Tribunales de Justicia son altamente preocupantes en un estado de derecho, mucho más si provienen de un eurodiputado que actualmente es vicepresidente del Parlamento Europeo, por un lado, y por asociaciones profesionales de funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, por el otro. Entristece comprobar cómo se enaltece a los Tribunales cuando toman decisiones de acuerdo al sentir de cada uno, y como se les vilipendia y se les descalifica cuando lo hacen contrariamente.

En mi opinión, el problema radica en algo que he apuntado antes, en creer que la de guardia civil es una “noble profesión” (¿acaso hay alguna que no lo sea?) que ha de considerarse como algo más que un trabajo, porque precisamente ese plus al que algunos se apuntan, ese “algo más”, algo así como un sacerdocio o una misión divina, es lo que lleva o puede llevar a infringir la Ley. Ese querer hacer algo más que lo que la Ley exige y permite, coloca a quienes así piensan en un podio ficticio de superioridad moral sobre el resto de mortales que les brinda el salvoconducto necesario para conculcar la Ley cuando ellos lo consideren necesario, según su criterio personal. Lo que Portu y Sarasola se merecen, sin lugar a dudas, son los 1.040 años de prisión para cada uno que les recetó la Audiencia Nacional, de los cuales deberán cumplir 40 íntegramente y sin posibilidad de reducción. La paliza que sufrieron, según la Audiencia de Guipúzcoa, es un plus que les puede costar carísimo a los cuatro guardias civiles condenados y que nunca debió haberse producido. Si alguien le ha servido en bandeja una batalla a los terroristas no han sido los jueces, sino aquellos que saltándose la Ley, decidieron delictivamente excederse en el ejercicio de sus funciones. Era innecesario, ilegal, contraproducente e inmoral. Son más que suficientes los 1.040 años de cárcel.

Publicado en http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4328

La otra Guardia Civil

Ayer se celebró la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de España y de la Guardia Civil. Las autoridades correspondientes se encargaron de hacer un triunfal y autocomplaciente balance oficial de lo ocurrido en la Benemérita durante este último año. Como nadie las ha mencionado en sus discursos, plantearé yo algunas de las inquietudes que atenazan a muchos guardias civiles, esencialmente aquellos que no están en los despachos sino en la calle.

El asesinato en atentado terrorista de Diego Salvá y Carlos Saenz de Tejada, marca y marcará para siempre a la Guardia Civil en esta Comunidad Autónoma. Este hecho dramático y triste para todos, especialmente para sus familiares y sus compañeros de Palmanova, puso en evidencia que tampoco aquí estamos libres de sufrir los zarpazos de ETA. Pero este atentado también puso en evidencia las condiciones de seguridad (o mejor sería decir la ausencia de ellas) con que en muchos lugares se trabaja, que cabe calificar, siendo muy benevolentes, de manifiestamente mejorables. Es inadmisible a estas alturas de la lucha contra ETA que siga habiendo, no sólo en Baleares, sino en toda España, cuarteles sin las adecuadas medidas de seguridad. Tampoco se puede admitir la carencia de medios materiales adecuados a la labor que se desempeña y aún menos si esos medios materiales son equipos de seguridad individual como chalecos antibalas o guantes anti corte.

También es muy importante avanzar a mayor ritmo en la mejora de las instalaciones y en la construcción de nuevos cuarteles que ofrezcan un mejor servicio a los ciudadanos. Actualmente no se progresa como sería deseable y muchos ofrecen un estado deplorable. Palmanova es el ejemplo más lastimoso, pero hay otros, como Formentera y Sóller.

En un escenario de recesión económica, el Gobierno se ve obligado a adoptar medidas de contención del gasto que afectan a los funcionarios. Los guardias civiles no se escapan de esta realidad. Sin embargo, se corre el riesgo de aumentar aún más las diferencias salariales ya existentes, que son causa de oprobio para las Fuerzas de Seguridad dependientes del ministerio del Interior. El esfuerzo por reducir las diferencias salariales entre guardias civiles-policías nacionales por un lado, y policías autonómicas-policías locales por otro, realizado durante la legislatura pasada, se ha demostrado insuficiente ya que no se ha producido la equiparación salarial y es difícil que con la crisis actual se pueda plantear algo similar. Sin embargo, sigue habiendo muchos aspectos en los que mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los funcionarios, que no significan aumento de las partidas presupuestarias. Hablo de la ampliación y mejora de derechos de representación colectiva, la mejora de la carrera profesional, el desarrollo de la regulación de las asociaciones profesionales y de la Ley de derechos y deberes, la mejora de los turnos y horarios de servicio, mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Todo esto redundaría en una mayor motivación del personal y por tanto, en mayores índices de eficacia.

Dos asuntos muy importantes que afectan a los agentes de la Guardia Civil destinados en Baleares: insularidad y policía autonómica. Urge equiparar la indemnización de residencia de los funcionarios de Baleares con la percibida por los de Canarias. En el actual contexto económico, el problema es más grave que nunca. El goteo incesante de agentes que se marchan a la península en cuanto pueden, es un mal ya endémico para nuestras plantillas que hay que atajar. Y ya hace demasiados años que se reclama sin ningún éxito, porque Madrid no demuestra la sensibilidad necesaria.

Durante el último debate de política general en el Parlament, fueron muchas las fuerzas políticas que plantearon la necesidad de crear la policía autonómica, de acuerdo con la previsión contemplada en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía del año 2007. Muchos agentes, a la vista de cómo nacieron y cómo se han desarrollado otros cuerpos de policía autonómicos (Ertzaintza y Mossos d’Esquadra), contemplan este fenómeno con natural preocupación. Este es un asunto que puede afectar a muchas familias y en ningún caso debería hacerse a espaldas y/o en perjuicio de los agentes de las Fuerzas de Seguridad que ya trabajan en las islas.

Al recibir la orden para que la escuadra que comandaba zarpase de Cádiz con destino a Cuba, a combatir contra la muy superior, moderna y poderosa flota norteamericana en 1898, el almirante Pascual Cervera Topete, cerciorado de que estaban siendo enviados a la segura destrucción de los navíos y al sacrificio de centenares de vidas, como así sucedió, escribió al ministerio en los siguientes términos: “Aun cuando estoy seguro de que nada nuevo digo a V.E. (…) En cambio de este deficiente estado de material, tengo la satisfacción de hacer constar que el espíritu del personal es inmejorable y que la patria encontrará en él cuanto quiera exigirle. ¡Lástima que mejor y más numeroso material con más recursos y menos trabas no ponga a este personal en condiciones de llevar cumplidamente su cometido! Y sin alargar más este escrito doy a V.E. la seguridad de que sean cuales fueren las contingencias del porvenir, estas fuerzas llenarán cumplidamente sus deberes”. No diré yo que en tan dramática situación se encuentre la Guardia Civil, pero el espíritu de las palabras de Cervera bien lo suscribirían muchos agentes. Que la Virgen del Pilar nos proteja y nos guarde, ya que parece que nadie más está dispuesto a hacerlo, por más que a algunos se les llene la boca de adulaciones y alabanzas en el día de hoy.

YINCANA DEL TERROR

El periódico Última Hora de hoy, publica en su página 21, sección local, este artículo:



Los chicos de ETA, banda de cobardes indeseables, más dedicados últimamente a emborracharse, ir de putas, fumar porros y hacer turismo en los alpes franceses –vamos, lo normal a su edad, oiga–, estaban apuntados a una yincana terrorífica, mientras más de 600 sufridos camaradas suyos están hospedados en los hoteles españoles que, cual paradores nacionales, tiene la secretaría general de instituciones penitenciarias diseminados por toda España –hay más de 57.000 clientes, fíjese cómo está la cosa–. El macabro juego consistía en ir de zulo en zulo en Francia, catorce en total que hayamos contado, dejando y recogiendo explosivos, para suministrar tan mortífera mercancía a los asesinos encargados de cruzar la frontera y cometer atentados. Tan pronto como fueron detenidos, le contaron a la policía francesa la localización exacta de los zulos. ETA ha sufrido un duro golpe a su infraestructura logística del que tardará en reponerse y que le causará cierto desabastecimiento de armas y elementos para fabricar bombas, buena noticia; pero, y aquí viene la mala noticia, los investigadores creen que al menos hay dos comandos con suficiente provisión de explosivos y suficiente autonomía para seguir cometiendo atentados de mayor o menor entidad. Dos comandos activos y de los que se sabe relativamente poco, que aparentemente han conseguido zafarse del rastreo de las Fuerzas de Seguridad. Uno, que podría refugiarse en el País Vasco y fue el autor del atentado de Arrigorriaga, que costó la vida al inspector del CNP Eduardo Puelles, y el perpetrado contra la casa cuartel de Burgos; y el otro comando, responsable de los atentados en Calvià y Palma de Mallorca, aunque no se sabe si aún se encuentra en la isla, o no. Por tanto, máxima alerta antiterrorista. ETA acostumbra a responder a su manera a las acciones de la policía. Y todos sabemos lo que eso significa.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró satisfecho cuando compareció ante la prensa el 19 de agosto por haber conseguido que los seis terroristas que figuraban en el cartel de los más buscados en el verano del 2007, ya estén todos entre rejas. Un apunte no banal: todos ellos fueron detenidos en Francia. Muestra de buena colaboración con nuestros vecinos del norte, aunque quizás de algo más. El dato que más desorienta es que el día 31 de junio, un día después de los atentados de Calvià, cuando se distribuyó el cartel solicitando la colaboración ciudadana para localizar a seis presuntos terroristas, se dijo que estaban en España. Sin embargo, días más tarde, la policía francesa detenía en Le Corbier-Villarembert (Francia) a Alberto Machain Beraza, que aparece en el citado cartel, junto a Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola. Si estaba localizado por la policía francesa y la policía española estaba al tanto de la operación, ¿por qué se incluyó en el listado de terroristas buscados en España? ¿No es desconcertante?


Joan Miquel Perpinyà

LA GOTA QUE COLMA EL VASO

Era un día de verano, como hoy, 20 de agosto de 2000. Sallent de Gállego (Huesca). Cuartel de la Guardia Civil. Son las 6 de la mañana. Irene Fernández Pereda, de 32 años y su compañero de patrulla, José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, se disponen a iniciar su servicio hasta las 14:00 h. Se montan en el Nissan Patrol que está aparcado en la calle frente, al cuartel. Allí lleva desde el día anterior por la noche, sin ninguna vigilancia. El cuartel de Sallent de Gállego es de los que no están abiertos las 24 horas por falta de personal, como tantos otros. Tampoco hay circuito cerrado de TV. La patrulla que finalizó el servicio a las 22:00 h. lo dejó aparcado y cerrado en el reservado para vehículos de la Guardia Civil que está a la puerta del cuartel. Los asesinos de ETA aprovecharon esta circunstancia para adosar una bomba lapa con 10 kilos de explosivo en los bajos del todoterreno. Irene Fernández se convirtió así en la primera mujer guardia civil asesinada por ETA. Triste efeméride.

Casi 9 años más tarde, el 30 de julio de este año 2009, ETA coloca una bomba lapa en los bajos de otro Nissan Patrol aparcado frente a la oficina de atención al ciudadano de Magalluf (Calvià). Tuvieron toda la noche para hacerlo, pues los vehículos oficiales de la Guardia Civil en Calvià pasan la noche en la calle. Sin vigilancia, como todo el mundo sabe. Murieron Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. El primer atentado de ETA con víctimas mortales en Baleares. Triste efeméride.

Han pasado casi nueve años entre un atentado y otro, pero los asesinos de ETA han podido actuar siguiendo el mismo modus operandi, y se han encontrado con las mismas facilidades: vehículos policiales aparcados en la vía pública durante horas, también por la noche, sin vigilancia y sin cámaras de seguridad.

Algunos guardias civiles tienen la sensación de estar abandonados a su suerte por los Gobiernos de turno. Y los atentados de Burgos y Mallorca parecen haber sido la gota que colma el vaso de estos pacientes y abnegados funcionarios, que se lo echan todo a la espalda y que sólo protestan en voz alta cuando la razón les desborda, porque saben de qué forma se reprimen las quejas en la Benemérita Institución, gracias a su naturaleza militar, aunque se tenga toda la razón del mundo. Eso aquí es lo de menos.

¿No sabemos todos los españoles en qué estado están la mayoría de las casas cuartel y puestos diseminados por la geografía nacional? Cualquiera que haya visitado uno, lo habrá comprobado con sus propios ojos. Pero tras lo sucedido en Palmanova, los guardias y sus familias han dicho basta, aunque desgraciadamente unos pocos piensen que morir asesinado por ETA viene implícito en el empleo, lo cual es una aberración. Una cosa es que la sociedad no le ponga a ningún polideportivo de nueva construcción el nombre de un guardia civil asesinado por los etarras; o que ninguna fundación de abultado presupuesto lleve el nombre de ningún agente de las fuerzas de seguridad víctima del terrorismo. Pero otra cosa muy distinta es que las instalaciones donde trabajan los agentes carezcan de medidas de seguridad adecuadas.

Los guardias civiles y sus familiares parecen mostrar síntomas de cansancio de poner las víctimas que luego son condecoradas a título póstumo por las autoridades gubernamentales. Y es comprensible, porque llevan desde el 7 de junio de 1968, cuando fue asesinado el guardia civil de tráfico José Pardines Arcay en Villabona (Guipúzcoa) poniendo muchas víctimas, familiares, amigos y compañeros: 208 hasta hoy; y muchas casas cuartel de la Guardia Civil tienen las mismas medidas de seguridad de entonces. O sea, muy pocas. Y a nadie parece importarle, hasta que hay muertos. Es necesario que haya víctimas y entonces, se revisan las medidas de seguridad. Y yo pregunto: ¿cómo se revisaron después del atentado de Sallent de Gállego? ¿Trascurrirán nueve años y volveremos a ver agentes asesinados por bombas lapa en vehículos de la Guardia Civil aparcados en la calle?

El ministro del Interior debe coger el toro por los cuernos y dotar de sistemas de seguridad a todas las instalaciones dependientes de su ministerio. Sólo se trata de dinero. Pero ¿acaso no merece la pena la inversión, en tal de ahorrarnos una sola víctima y ponérselo algo más difícil a las alimañas terroristas? No es fácil encontrar una sola dependencia oficial de cualquier departamento ministerial que no cuente con videocámaras. Sin embargo, en la Guardia Civil parece ser habitual.

La derrota de ETA pasa por la firmeza en nuestras convicciones democráticas y en el Estado de Derecho, la unidad de todos los demócratas para no dar nada a los terroristas y por último, y no menos importante, la seguridad de todos los amenazados directamente por los etarras. Y eso pasa, en la medida de lo posible, por aumentar las medidas de seguridad en las dependencias policiales. Todo riesgo es eliminable, aunque no sea totalmente. Si no lo es, debe ser reducido al mínimo. Y no parece que a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil esta máxima de la protección de riesgos laborales se les haya aplicado con rigor, sino todo lo contrario. El Gobierno debe escuchar las justas reivindicaciones de los guardias civiles. Ha llegado la hora de hacer los esfuerzos que sean necesarios, que sólo son presupuestarios, y no exponer a los guardias civiles a mayores riesgos que los estrictamente indispensables. 208 muertos ya son bastantes, hasta para la Guardia Civil.

NO ES AUSTERIDAD

El diario Última Hora de hoy, 19 de agosto de 2009, publica este artículo:

Este año se cumplen 50 años de la fundación de la organización terrorista ETA. En este medio siglo de terror, ETA puede presumir de haber acabado con la vida de 828 seres humanos, que se dice pronto. De ellos, 208 eran guardias civiles, el colectivo profesional más castigado con diferencia, por el delirio etarra. Las instalaciones del cuerpo han sufrido 90 ataques, causando 35 muertos (11 niños) y más de 300 heridos. ETA siempre ha considerado a la Guardia Civil su enemigo número uno, y la Guardia Civil ha hecho lo propio con ETA, por supuesto. Posiblemente esta sea la causa de que la Benemérita goce de tanto prestigio entre gran parte de la ciudadanía y sea una de las instituciones del Estado mejor valoradas, según las encuestas del CIS.

Sin embargo, el hecho de estar en el punto de mira de ETA no ha sido tomado en consideración como debiera, a la vista del estado de muchas de las instalaciones y dependencias de la Guardia Civil en todo el país y particularmente en Baleares, también en cuanto a un aspecto vital: la seguridad. La tradicional carencia de todo tipo de medios materiales e instalaciones, que no la austeridad con que en muchas ocasiones se ha camuflado, ha sido en la Guardia Civil auténtica marca de la casa. Cualquiera que haya entrado en un cuartel de la Benemérita lo habrá podido comprobar con sus propios ojos. Huyamos de cualquier comparación con otros cuerpos de policía, o con otros departamentos de la Administración. Los muebles que en el aeropuerto de Palma, por citar sólo un ejemplo, son retirados por obsoletos, la comandancia de la Guardia Civil los recicla con gratitud y fruición. Caridad interadministrativa. La guardia civil, más verde y ecológica que nadie, recicla mejor que asociaciones como RETO o la ONG REMAR. Al fin y al cabo, no hace tantos años que los guardias civiles pagaban de su bolsillo las bombillas que se fundían en los cuarteles y hasta el papel higiénico.

Leímos en la prensa que hace unos tres años, en el puesto principal de Palmanova (frente al que se encontró la 2ª bomba lapa que se explosionó de forma controlada), un detenido, tras tomarle declaración, fue puesto en libertad. En lugar de irse hacia la calle, sin ser terrorista, entró en el vestuario de los agentes y sustrajo una pistola del interior de una taquilla. ¿Esto no puede ser catalogado como deficiencia de seguridad? También vimos publicado no hace ni siquiera un año que unos delincuentes, sin ser terroristas, entraron en las cocheras exteriores de la comandancia saltando el muro y sustrajeron un vehículo que suponían cargado de droga, ¿esto no puede ser catalogado como deficiencia de seguridad? También sabemos ahora que algunos coches oficiales de la Guardia Civil quedan aparcados en la calle por falta de un sitio más adecuado donde dejarlos, sin vigilancia y sin cámaras de seguridad, ¿esto no puede ser catalogado como deficiencias de seguridad?

Los resquicios en esta materia deben desaparecer. Hará falta tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana, y sólo hará falta dinero, pero debe hacerse inexcusablemente. Y si con ello logramos que aquellos que deben garantizar la seguridad y la libertad de todos, y que son un objetivo declarado de ETA, gocen de mayor seguridad, creo que el esfuerzo habrá valido la pena. No hay ninguna empresa en España que pueda argumentar razones económicas para no dotar a sus trabajadores de la mayor seguridad posible en el ámbito laboral. Siendo así, que no lo haga el Estado con sus trabajadores.


Joan Miquel Perpinyà
Ex-secretario general de AUGC

LA PEOR DE LAS HIPÓTESIS

El periódico Última Hora pubica hoy este artículo de opinión que he escrito:

Lamento haber acertado en mis pronósticos, pero no era difícil. Los canallas de ETA confirmaron ayer la peor de las hipótesis. Siguen en la isla y tienen explosivos y cierta infraestructura estable, con colaboradores o sin ellos, donde esconderse o pasar desapercibidos y preparar los artefactos con los que atentar. Lo demuestran los atentados de ayer en Palma, con bombas de poca potencia, que generan daños materiales poco importantes pero mucho desasosiego y temor entre la ciudadanía. Y lo peor, amplia repercusión entre los medios de comunicación. Es verano, hay escasez de noticias y los atentados en Mallorca abren hoy buena parte de los rotativos de ámbito nacional y se hace eco de ello la prensa de los principales países emisores de turistas con destino a Mallorca. Los atentados de ETA contra intereses turísticos suelen llevarse a cabo en domingo o días festivos, para amplificar la repercusión mediática. La industria turística puede quedar seriamente dañada lo que resta de temporada y no faltan serios motivos para la preocupación. ¿Cómo contrarrestar los efectos negativos que los atentados pueden causar? Las campañas de promoción, con los terroristas campando por la isla, sirven de poco.


Ayer el periódico Gara publicó un comunicado de ETA donde reivindicaba, entre otros muchos, la autoría de los atentados perpetrados en Calviá el jueves día 30 de julio. Los terroristas colocaron en los bajos de dos Nissan Patrol bicolor de la Guardia Civil, sendas bombas lapa prácticamente invisibles a una somera inspección ocular que eventualmente algún agente hubiera decidido practicar a los vehículos. Pretendían que tras la explosión de una de ellas, los agentes del otro cuartel hubiesen subido a toda prisa en los vehículos oficiales para acudir al lugar del primer atentado y se hubiese producido una segunda explosión, tan letal como la primera y tan sorpresiva y generadora de confusión como quepa imaginar. Han demostrado capacidad operativa en Mallorca y una clara voluntad de matar a discreción y de sembrar el terror. Y ETA lo hizo en Mallorca, la isla blindada, la ratonera de la que presumíamos ningún terrorista podría salir jamás si se le ocurría el peregrino atrevimiento de venir. Si les hubiese salido como los asesinos planeaban, estaríamos hablando con toda seguridad de, al menos, cuatro agentes muertos. Un gran golpe en la seudo-capital del país, que eso es Mallorca cuando está S.M. el Rey en la isla.


Ahora ya no necesitan arriesgarse tanto y les basta con hacer notar su presencia armando artefactos con poca carga explosiva. Incluso avisar de su colocación ahora sirve a sus objetivos, pues un fin básico que todo terrorista persigue es atemorizar a la población. Y eso, ya se ha logrado. Confiemos en la labor de la Policía y de la Guardia Civil para que sean detenidos cuanto antes. Pero mientras tanto, estemos todos alerta. Prevenidos pero no atemorizados.

Por otra parte, estos días han estado repletos de homenajes a las víctimas Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, por parte de multitud de colectivos heterogéneos, desde los moteros convocados a través de facebook, hasta la colonia germana con el cónsul al frente, pasando por compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Que las familias y sus compañeros sientan de cerca que no están solos. Que sepan que la sociedad está con ellos, ahora y siempre. Y también hemos visto cómo se prohibían en Euskadi homenajes a los asesinos, actos repugnantes que se han celebrado desde siempre, que servían de enaltecimiento y exaltación de los ejecutores y de humillación cruel a las víctimas y sus familiares. ¡Ya era hora de poner las cosas en su sitio! ¡Cuantos años han tenido que pasar para verlo…!

Joan Miquel Perpinyá

Ex-secretario general de AUGC

ME NIEGO A ASUMIRLO

Hoy los periódicos Última Hora y Diari de Balears publican este artículo que escribí ayer:

El jueves, ETA perpetró dos atentados contra sendas instalaciones de la Guardia Civil en Mallorca: el cuartel de Palmanova y la oficina de atención al ciudadano de Magalluf, ambas en el término municipal de Calviá, y distantes entre sí unos dos kilómetros, mediante bombas lapa adosadas a los bajos de dos vehículos oficiales, que incomprensiblemente permanecían estacionados en la vía pública y sin vigilancia permanente, tanto de día como de noche. Una de las bombas, la situada en Magalluf, al explosionar, segó la vida de dos jóvenes guardias civiles, Carlos Enrique Sáenz de Tejada García, de 28 años, y el guardia alumno en prácticas Diego Salvá Lezaun, de 27 años. La otra bomba lapa fue localizada en los bajos de otro vehículo oficial estacionado frente al Puesto Principal de Palmanova, y se procedió a su explosión controlada.

Como suele ocurrir en estos casos, la primera sensación de incredulidad, pronto deja paso al profundo dolor, a la indignación, la impotencia y la frustración. Pero una vez terminadas las exequias y despedidos los compañeros fallecidos, empieza a ser hora de analizar lo sucedido. ETA, paradójicamente en su momento de mayor debilidad, como así lo definen los responsables políticos del Ministerio del Interior, logró introducir un comando en la isla, previsiblemente de miembros legales de la banda, con explosivos, muy posiblemente provenientes de Francia, perpetrar dos atentados el mismo día en las inmediaciones de dos instalaciones del Cuerpo muy próximas y asesinar a dos agentes que se encontraban de servicio. Quizás los asesinos se encuentren en la isla o quizás no, pero algo así no había sucedido nunca en Baleares y no vale decir que esto entraba dentro de lo previsible: en mi opinión, no es verdad. Si la isla no gozara de mayores parámetros de seguridad frente al terrorismo, no veranearían aquí los miembros de la Familia Real y las Islas Baleares no serían uno de los más importantes destinos turísticos de Europa. Todos debiéramos ser conscientes de ello. Y tendremos que reconocer que no tenemos unos servicios de información tan excelentes como nos creíamos. Algo ha fallado clamorosamente.

Al margen de las víctimas, que junto a sus familias son lo más importante de esta tragedia, reconozcamos que un solo acto terrorista como el perpetrado en Calviá tira por la borda millones de euros en campañas turísticas de la Conselleria que dirige Miquel Àngel Nadal. Por todo ello, lo sucedido es especialmente grave para Baleares. No debe pasar en ningún lado, pero enciéndanse las alarmas: aquí esto no puede volver a pasar. Y es deber de todas las instituciones, especialmente del Ministerio del Interior y también del Govern de les Illes Balears, ponérselo lo más difícil posible. La vida de los ciudadanos está en juego. Y también la industria turística de Baleares.

Pero de alguna manera, quiero reconocer que tengo la sensación de que la Guardia Civil y sus componentes parecemos haber interiorizado que esto forma parte de nuestra profesión. Del mismo modo que la sociedad y los mineros asturianos asumían resignadamente en los años 70 que cada cierto tiempo tenía que haber un derrumbe en la galería de una mina o una explosión de grisú que dejara sepultados a decenas de trabajadores y que eso formaba parte del riesgo inherente al tajo en la mina, exactamente igual parece que en la Guardia Civil hayamos asumido que somos objetivo prioritario de los terroristas y que haya instalaciones del Cuerpo sin vigilancia ninguna, con vehículos aparcados en la calle día y noche, sin perímetros de seguridad adecuados, sin inhibidores de frecuencia, etc. ello forma parte de la cotidianeidad de nuestra labor policial y debe ser aceptado pacíficamente.

Durante este año 2009 los sicarios de ETA han asesinado ya a tres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los tres a través de bombas lapa, método para asesinar cobarde y vil donde los haya, preferido por ETA junto al coche bomba, para atentar contra miembros de las Fuerzas de Seguridad. La anterior víctima fue Eduardo Puelles, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, asesinado al hacer explosión la bomba lapa adosada a los bajos de su coche, a la salida de su domicilio en Arrigorriaga (Vizcaya). Pero justo el día antes del atentado en Magalluf, ETA hizo estallar una furgoneta cargada con 200 kilos de explosivo contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos, hiriendo de diversa consideración a 65 personas, aunque es milagroso que no se produjese una masacre del estilo de Hipercor y de la casa cuartel de Zaragoza (1987), la de Vic (1991)…

Pero concretemos más: en septiembre del año pasado ETA hacía explotar una furgoneta bomba junto al cuartel de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya), causando graves desperfectos pero sin daños personales. En mayo de 2005, un coche bomba colocado frente al cuartel de la Guardia Civil de Legutiano (Álava) se cobraba la vida del agente Juan Manuel Piñuel. En marzo, otro coche bomba contra el cuartel de Calahorra (La Rioja) provocó lesiones leves a un agente. Y en septiembre del año 2007, ETA atentó contra la comisaría de la Ertzaintza de Zarautz, provocando graves daños materiales pero ningún herido, afortunadamente. El 24 de agosto de 2007 ETA ya intentó una masacre contra el cuartel de Durango (Vizcaya), aunque sólo hubo dos guardias heridos leves. Con todos estos antecedentes, ¿es lógico que aún existan cuarteles de la Guardia Civil sin cámaras de vigilancia y sin inhibidores de frecuencia? ¿Es sensato que haya cuarteles sin perímetro de seguridad? ¿Es razonable que los vehículos patrulla se pasen días y noches enteras en la calle sin vigilancia? Sin embargo, lo hemos asumido sin rechistar.

En noviembre de 2001, los desgraciados de ETA asesinaron a dos Ertzainas, Ana Isabel Arostegi, de 34 años, y a su compañero de patrulla Fco. Javier Mijangos, de 32, mientras regulaban el tráfico en un cruce a la salida de Beasain. Ya entonces los terroristas y sus cachorros de la kale borroka atentaban contra los agentes de la Ertzaintza arrojando bombas incendiarias –pues eso y no otra cosa son los denominados cócteles molotov– a su paso. Tras aquel asesinato, los sindicatos de la Policía Autónoma vasca se plantaron firmemente y exigieron al Departamento de Interior del Gobierno Vasco que todos los agentes que prestasen servicios operativos fueran dotados de uniformes ignífugos, chalecos antibalas y que todos –repito, todos– los vehículos fueran blindados. Y así se hizo, obviamente, porque era lo que había que hacer. Tan solo costaba dinero y se hizo, porque la seguridad de los agentes era lo primero y no era cuestión de supeditar la seguridad de los funcionarios a los balances contables de un gobierno.

En la Guardia Civil tenemos que soportar atentados en las casas cuartel periódicamente y nadie abre la boca. Lo hemos asumido sumisa y humilladamente toda la vida. Y así seguiremos por los siglos de los siglos. Y yo me pregunto ¿es eso razonable? ¿No tenemos derecho a tener un entorno laboral seguro? Ponérselo tan fácil a ETA es temerario… y hablar, en estas circunstancias de la “isla de la calma”, es una ironía.

Joan Miquel Perpinyà
Ex-secretario general de AUGC

Además, el Diario de Mallorca publica esta entrevista: http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/08/02/j-m-perpinya-vecino-cuartel-falta-seguridad/490197.html