UN CRIMEN IMPUNE

Ya hace tres años del brutal, cobarde e inútil asesinato de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. ETA decidió que ellos serían sus últimas víctimas, los últimos nombres en la larguísima lista de muertos que han brindado a España. No sabemos quienes lo hicieron ni quienes lo ordenaron. Tampoco sabemos quién ayudo a los asesinos facilitándoles información, porque es razonable pensar que contaron con auxilio desde aquí.

Los dos atentados perpetrados el 30 de julio (porque dos fueron las bombas lapa, solo que una fue detectada y explosionada por los tédax en los bajos de un todoterreno aparcado en la calle frente al cuartel de Palmanova) fueron una atrevida acción terrorista, arriesgados y bien planificados, que requerían de cobertura logística, por mínima que fuera, y de cierta información sobre las medidas de seguridad de los cuarteles, vigilancia, cámaras, horarios, etcétera. Las sospechas del padre de Diego Salvá son fundadas y muy razonables.

Lo peor de todo es que este crimen pueda quedar impune porque nada se sabe de los autores. En todo caso, eso no es nada nuevo. Como denuncian las víctimas, alrededor del 40% de las acciones mortales que ETA ha ejecutado quedan impunes porque no se sabe quién las cometió. Y eso es algo que no se puede tolerar. Ningún crimen puede ser disimulado por razón alguna, tampoco en aras a una pretendida desaparición de la banda terrorista que, de momento, se resiste a dar el paso definitivo. La paz no puede nunca asentarse sobre la impunidad de los asesinatos.

No seré yo quien responsabilice del atentado de Palmanova a nadie más que a los etarras. Pero transcurridos tres años de aquel aciago día es justo plantear que los responsables de las Fuerzas de Seguridad nos han defraudado. Tenían a los agentes desamparados, sin las más elementales medidas de seguridad, con los coches patrulla pasando la noche en plena calle sin vigilancia ni cámaras. Y, además, han fracasado a la hora de identificar y detener a los responsables. Y mucho que nos pesa.