LA REALIDAD EN LAS FUERZAS ARMADAS

El sábado se conmemoró el Día de las Fuerzas Armadas, una celebración oficial e institucional trufada de buenismo de salón y de autocomplacencia que oculta la realidad cotidiana en el seno de las unidades militares. Al día siguiente, domingo por la noche, en La Sexta TV la periodista Ana Pastor ofreció a los telespectadores su programa El Objetivo, donde entrevistó a la comandante del Ejército retirada, Zaida Cantera, que fue víctima de acoso sexual y laboral y que recientemente ha sido denunciada ante la Justicia Militar por su acosador, un coronel que cumplió una pena de cárcel en la prisión militar de Alcalá Meco y que ahora pretende vengarse acusándola de un delito de insulto a un superior.

 

Tras el testimonio de Zaida se abordó con todo rigor la situación de los militares en España y la Justicia Militar, en un debate donde participó la propia comandante Cantera; la diputada de UPyD Irene Lozano; el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo; y la comandante del Cuerpo Jurídico Militar en excedencia, Letizia Prieto. A los dos últimos los conozco personalmente y puedo afirmar que son grandes personas y magníficos profesionales. Y que todo lo que contaron es rigurosamente cierto.

 

Jorge Bravo, que ha estado varias veces privado de libertad disciplinariamente por el mero hecho de ejercer su libertad de expresión, aunque sea con total corrección como es el caso de este subteniente del Ejército, afirmó que “las Fuerzas Armadas son la asignatura pendiente de la Transición”. Y así es.

 

En apariencia las FAS están sometidas al poder civil, pero eso no es más que una burda ficción que los hechos se encargan de desmentir día a día. Para vestir esa ficción se nombra a un civil como Ministro de Defensa, pero no manda nada ni tampoco –y eso es lo peor–  tiene intención de hacerlo. Los que mandan son los generales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y los almirantes de la Armada. Por más que el Parlamento haya dictado leyes que prevean algún tipo de modernización interna, ya sea de las FAS ya sea de la Guardia Civil, su aplicación efectiva y real ha sido siempre bloqueada por la cúpula militar y en último extremo por la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo, compuesta en parte por generales del Cuerpo Jurídico Militar, quienes a través de la interpretación de las normas acaban dándole la vuelta al calcetín para hacer decir a la Ley lo que la Ley no dice. Así sucedió cuando se aprobó en 2007 que no se aplicara el Código Penal Militar en la Guardia Civil, excepto cuando sus miembros cumpliesen misiones de carácter militar o integrados en unidades militares, pero en la práctica no es así.

 

El programa de La Sexta habrá hecho que se les caiga la cara de vergüenza tanto a los dirigentes del PP como a los del PSOE, pues ambos convinieron en que el ámbito de Defensa y de los militares fuera regido por ellos mismos y que fueran ellos quienes se lo guisaran y se lo comieran. De hecho, no hay ninguna diferencia entre los ministros de Defensa socialistas o del PP (desde Narcís Serra, García Vargas, Suárez Pertierra, Eduardo Serra, Federico Trillo, José Bono, José Antonio Alonso, Carme Chacón o Pedro Morenés), porque ambas formaciones han gestionado idénticamente, es decir sin hacer nada por democratizar los Ejércitos. Pura impostura. El Rey Juan Carlos I se encargó de ello, un rey militar (como su abuelo Alfonso XIII que apadrinó una dictadura militar como la de Primo de Rivera) criado con los militares leales al generalísimo Franco y a quienes nunca ha querido defraudar ni enfadar más de lo imprescindible, protegiéndoles y amparando su oasis castrense en el que no debía penetrar la democracia.

 

Pero los tiempos han cambiado, la Transición está agotada y la Constitución debe reformarse porque la sociedad clama porque así sea. Y los militares deben someterse a la Carta Magna y democratizarse, a la vez que desaparece la jurisdicción militar. De no hacerlo así, nuestro país continuará siendo una democracia tutelada por los militares, parapetados en cuarteles donde la democracia no ha entrado todavía.

(Publicado en Mallorcadiario.com)

UN ENORME PASO ATRÁS EN LA GUARDIA CIVIL

El 20 de enero de 2007 miles de agentes de la Guardia Civil nos manifestamos de uniforme, convocados por la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), bajo el lema “Derechos ¡ya!”. Yo entonces lideré la propuesta como secretario general de la organización convocante. Fui elegido en septiembre de 2006 con un encargo muy claro: exigir el cumplimiento del programa electoral del PSOE, que en 2004 se comprometió a eliminar los arrestos del régimen disciplinario de los guardias civiles, así como restringir la aplicación del Código Penal Militar a las misiones militares (que son poquísimas y excepcionales) y no durante las misiones policiales (que son las comunes y generalizadas). Y también la regulación del asociacionismo profesional en el instituto armado, de modo similar al reconocido a jueces y fiscales.

 

Nosotros hicimos generosas concesiones porque realmente nuestro anhelo y el de la inmensa mayoría de guardias civiles era entonces, como ahora, la unificación de la Guardia Civil con el Cuerpo Nacional de Policía (eso sí que supondría ahorro y poner fin al despilfarro de dos megaestructuras policiales paralelas, una civil y otra militar, descoordinados y compitiendo entre sí), la desmilitarización de la Guardia Civil y el reconocimiento del derecho de sindicación.

 

A través de la negociación con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista logramos llegar a un terreno común aceptable para el PSOE y para nosotros, que todos los grupos de la oposición aplaudieron (Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista y Eusko Alkartasuna), excepto el Partido Popular, para quien resultó inaceptable, al igual que para la cúpula militar de la Guardia Civil y del Ministerio de Defensa, que se conjuraron para no aplicar aquello que el Parlamento aprobó mayoritariamente en su día a través de dos leyes orgánicas (la 11/2007 y la 12/2007, aprobadas en octubre de 2007). La Justicia Militar fue la encargada de revestir de una apariencia legal lo que constituía una flagrante y persistente incumplimiento de la Ley y de su espíritu. Pese a la modificación del Código Penal Militar para evitar su aplicación a los guardias civiles cuando realizasen funciones policiales, se continuó aplicando a través de una interpretación torticera de la Ley y con la excusa de que la Guardia Civil continuaba siendo un cuerpo militar.

 

19 dirigentes de AUGC fuimos expedientados y sancionados duramente. Yo mismo, el cabecilla de la revuelta y quien llevó el peso de las negociaciones, fui apartado de la Guardia Civil durante un año y casi 6 años después de haber sido sancionado y de haber cumplido la sanción, aún estoy a la espera de que la Sala de lo Militar (¡qué paradoja!) del Tribunal Supremo diga la última palabra sobre la legalidad o no de la sanción. ¡6 años esperando una resolución firme.

 

 

Abandoné la Guardia Civil en noviembre de 2011, pronto hará 2 años, y aunque a mí ya no me afecta personalmente, se ha anunciado que el Partido Popular se dispone a reformar el Código Penal Militar, lo que supone un paso atrás y un retroceso a la situación anterior al año 2007, volviendo a introducir la aplicación de las leyes penales militares en la Guardia Civil. El Partido Popular estuvo completamente sólo en 2007 defendiendo las cárceles militares para castigar a los guardias civiles. Ahora consiente en ceder ante el conservadurismo más inmovilista y devolver a los guardias civiles al marco legal anterior a 2007 sin pensar en las consecuencias de este retroceso: que volverán a aflorar los problemas que atenazaban a los guardias civiles sin posibilidad de resolución.

 

El PP no entiende que la Guardia Civil no es más eficaz por ser militar, sino todo lo contrario. Y que en todo caso, tratar del mismo modo a los miembros de la Guardia Civil que a los militares profesionales es un despropósito, porque sus misiones nada tienen que ver. Los guardias civiles no son legionarios, ni infantes de marina, ni paracaidistas, ni sus misiones tienen que ver con las de las Fuerzas Armadas. Son agentes de policía que realizan misiones relativas a la seguridad ciudadana. Empeñarse en darles un trato que no es el adecuado avivará tensiones y problemas que ya hace años deberían haberse superado. Este empecinamiento del PP en tratar a todos los militares igual, sin atender ni entender que la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas, es incomprensible.

Sólo deseo que AUGC y las demás asociaciones profesionales estén a la altura de las circunstancias y de la gravedad del paso atrás que se pretende imponer, y estén dispuestas a combatir democráticamente para impedir un atropello de este calibre. Que lo que nos llevó a manifestarnos a la calle en 2007, vuelva a convocarnos ahora, sin ningún miedo.

 

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/8241-un-enorme-paso-atras-en-la-guardia-civil)

CLXIX ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil conmemora estos días el 169º aniversario de su fundación. Y lo celebra enardeciendo su espíritu militar y encarcelando en la prisión militar de Alcalá Meco a uno de sus agentes durante 3 meses y un día, como antiguamente. La Justicia Militar –que como dijo Groucho Marx es a la Justicia lo que la música militar es a la música– ha sentenciado que esta es la pena que le debe ser impuesta en aplicación del Código Penal Militar, por haber incurrido en un delito de insulto a un superior en la modalidad de maltrato de obra. Se trata del agente canario Juan Carlos Alonso que cuando estaba de servicio en un servicio de orden público apartó a un cabo que le estaba increpando y le dijo “déjame trabajar”. Por esto se le priva de libertad por tres meses.

 

El 20 de enero de 2007 miles de guardias civiles nos manifestamos en Madrid, conmigo a la cabeza, para que se dejase de aplicar el régimen castrense a los guardias civiles mientras no realizaran misiones de carácter militar. El Gobierno socialista atendió nuestra petición y aprobó dos Leyes Orgánicas: la 11/2007, de Derechos y  Deberes de los miembros de la Guardia Civil y la 12/2007, de Régimen Disciplinario. Esta última modificó el Código Penal Militar de modo que no se aplicase a los miembros de la Guardia Civil “en la realización de los actos propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que, para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa reguladora de dicho instituto”. Y establecía que lo anterior no sería de aplicación “en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades militares”.

 

La voluntad del legislador está clarísimamente expresada pero se aplica aquí aquella máxima de “redacten ustedes las leyes que nosotros redactaremos los reglamentos”, dejando claro que a la Justicia Militar le importa un rábano la voluntad del legislador, las leyes que regulan la Guardia Civil y el sursum corda, e interpretan la ley a su conveniencia para hacerle decir lo que no dice. Sin embargo, los miembros de la Justicia Militar, una selecta banda de leguleyos que se autoproclaman a sí mismos juristas, cuando habitualmente actúan como un grupúsculo de desalmados defendiendo a su casta y a los privilegios que lleva aparejados (salvando honrosas excepciones), ante el peligro de ver decaer su carga de trabajo y la existencia misma del Cuerpo Jurídico Militar al que pertenecen, decidieron que las misiones militares en la Guardia Civil son todas, incluyendo las que habitualmente son desempeñadas en el marco de la seguridad ciudadana (policía judicial, tráfico, control de armas y explosivos, etc.) y no únicamente aquellas donde los agentes están incorporados en un contingente militar como puede suceder en Afganistán, Líbano o en maniobras militares realizadas bajo la autoridad del Ministerio de Defensa.

 

Y así tenemos un sistema penal militar que se nutre de encarcelar a guardias civiles por auténticas nimiedades, matando pulgas a cañonazos, encerrando a un agente en la cárcel separado de su familia y amigos durante tres meses, por hechos que no merecerían ningún reproche o en todo caso, de merecerlo sería suficiente con una suspensión temporal de empleo y sueldo que es lo que sucede en toda la Administración. Pero no en la Guardia Civil. La Guardia Civil prefiere seguir instalada en el año 1.844, en tiempos de la reina Isabel II. Tratando a sus hombres y mujeres idénticamente igual que entonces. Sin ningún derecho. Sin ninguna consideración. Peor pagados que el resto de cuerpos policiales. Humillados siempre. Y eso les enorgullece cuando debería caérseles la cara de vergüenza. Sonroja verles celebrar el inmovilismo pétreo. Hasta en el modo en que castigan a sus propios agentes. Como en 1.844 porque por ellos, no pasa el tiempo.

(Publicado en www.ciutat.es:
 http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/7268-clxix-aniversario-de-la-guardia-civil)