LA REALIDAD EN LAS FUERZAS ARMADAS

El sábado se conmemoró el Día de las Fuerzas Armadas, una celebración oficial e institucional trufada de buenismo de salón y de autocomplacencia que oculta la realidad cotidiana en el seno de las unidades militares. Al día siguiente, domingo por la noche, en La Sexta TV la periodista Ana Pastor ofreció a los telespectadores su programa El Objetivo, donde entrevistó a la comandante del Ejército retirada, Zaida Cantera, que fue víctima de acoso sexual y laboral y que recientemente ha sido denunciada ante la Justicia Militar por su acosador, un coronel que cumplió una pena de cárcel en la prisión militar de Alcalá Meco y que ahora pretende vengarse acusándola de un delito de insulto a un superior.

 

Tras el testimonio de Zaida se abordó con todo rigor la situación de los militares en España y la Justicia Militar, en un debate donde participó la propia comandante Cantera; la diputada de UPyD Irene Lozano; el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo; y la comandante del Cuerpo Jurídico Militar en excedencia, Letizia Prieto. A los dos últimos los conozco personalmente y puedo afirmar que son grandes personas y magníficos profesionales. Y que todo lo que contaron es rigurosamente cierto.

 

Jorge Bravo, que ha estado varias veces privado de libertad disciplinariamente por el mero hecho de ejercer su libertad de expresión, aunque sea con total corrección como es el caso de este subteniente del Ejército, afirmó que “las Fuerzas Armadas son la asignatura pendiente de la Transición”. Y así es.

 

En apariencia las FAS están sometidas al poder civil, pero eso no es más que una burda ficción que los hechos se encargan de desmentir día a día. Para vestir esa ficción se nombra a un civil como Ministro de Defensa, pero no manda nada ni tampoco –y eso es lo peor–  tiene intención de hacerlo. Los que mandan son los generales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y los almirantes de la Armada. Por más que el Parlamento haya dictado leyes que prevean algún tipo de modernización interna, ya sea de las FAS ya sea de la Guardia Civil, su aplicación efectiva y real ha sido siempre bloqueada por la cúpula militar y en último extremo por la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo, compuesta en parte por generales del Cuerpo Jurídico Militar, quienes a través de la interpretación de las normas acaban dándole la vuelta al calcetín para hacer decir a la Ley lo que la Ley no dice. Así sucedió cuando se aprobó en 2007 que no se aplicara el Código Penal Militar en la Guardia Civil, excepto cuando sus miembros cumpliesen misiones de carácter militar o integrados en unidades militares, pero en la práctica no es así.

 

El programa de La Sexta habrá hecho que se les caiga la cara de vergüenza tanto a los dirigentes del PP como a los del PSOE, pues ambos convinieron en que el ámbito de Defensa y de los militares fuera regido por ellos mismos y que fueran ellos quienes se lo guisaran y se lo comieran. De hecho, no hay ninguna diferencia entre los ministros de Defensa socialistas o del PP (desde Narcís Serra, García Vargas, Suárez Pertierra, Eduardo Serra, Federico Trillo, José Bono, José Antonio Alonso, Carme Chacón o Pedro Morenés), porque ambas formaciones han gestionado idénticamente, es decir sin hacer nada por democratizar los Ejércitos. Pura impostura. El Rey Juan Carlos I se encargó de ello, un rey militar (como su abuelo Alfonso XIII que apadrinó una dictadura militar como la de Primo de Rivera) criado con los militares leales al generalísimo Franco y a quienes nunca ha querido defraudar ni enfadar más de lo imprescindible, protegiéndoles y amparando su oasis castrense en el que no debía penetrar la democracia.

 

Pero los tiempos han cambiado, la Transición está agotada y la Constitución debe reformarse porque la sociedad clama porque así sea. Y los militares deben someterse a la Carta Magna y democratizarse, a la vez que desaparece la jurisdicción militar. De no hacerlo así, nuestro país continuará siendo una democracia tutelada por los militares, parapetados en cuarteles donde la democracia no ha entrado todavía.

(Publicado en Mallorcadiario.com)

CLAMAR EN EL DESIERTO

Al fondo a la derecha, compañía de la Guardia Civil desfilando junto a miembros de las Fuerzas Armadas.

Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas. La Comandancia General de Balears ha organizado numerosas actividades para aproximar las FAS a la sociedad. El teniente coronel Antonio Ortiz, responsable de comunicación, celebró una rueda de prensa en Palma para presentar las actividades organizadas con motivo de esta celebración, cuyo acto central se lleva a cabo en Madrid. Ortiz compareció junto a tres oficiales para presentar el programa de actos: uno de la Armada, otro del Ejército del Aire y otro de la Guardia Civil. No alcanzo a comprender por qué un miembro de la Benemérita, el comandante Vicente Olivares, estuvo allí sentado ya que la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas según el art. 8º de la Constitución. Que los militares actúen como si la Constitución no existiera y aún estuviésemos en el régimen de Franco, cuando la Guardia Civil era un Cuerpo más del Ejército, es alarmante. La Guardia Civil forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto al Cuerpo Nacional de Policía y aunque tenga naturaleza militar según la Ley, no es integrante en ningún caso de las FAS, cuyas funciones constitucionales son bien distintas a las de las Fuerzas de Seguridad, establecidas en el art. 104º de nuestra Carta Magna. Un año más se perpetra una anomalía democrática, el apoderamiento por parte de las Fuerzas Armadas de un Cuerpo de Seguridad, confundiendo a los ciudadanos. Estamos ante un incumplimiento flagrante de la Constitución pero no interesa a nadie. Reconozco que clamo en el desierto.

 

Parecido clamor el de aquellos que exigen la dimisión inmediata de José Ramón Bauzá y que deje paso a una junta gestora. No es el presidente del PP de Balears hombre dispuesto a la retirada ni a someterse a las presiones. Lo ha demostrado durante estos años. Basta con que dos docenas de alcaldes exijan destempladamente que Bauzá se vaya ya para que eso no suceda. Si se le había pasado por la cabeza, solo por eso no lo hará. Ha dicho que no optará a la reelección y eso es suficiente. Al fin y al cabo es con toda legitimidad el presidente regional. Consiguió 6.344 votos (el 70% del total) en 2010 cuando se enfrentó a Carlos Delgado y 7.508 (el 94,5%) en 2012, siendo el único candidato. Su gran error ha sido haber gobernado pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Demasiado elevado porque sin ganar elecciones no hay nada que hacer.

(Publicado en Última Hora)

ZAIDA Y "LOS NUESTROS"

 

A riesgo de ser acusado por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, de manchar el buen nombre de las Fuerzas Armadas, pecado del que acusó frívolamente a la diputada de la Comisión de Defensa Irene Lozano (UPyD) y con el que pretende acallar toda crítica, voy a mostrar mi punto de vista sobre los casos de abusos que recientemente han saliendo a la luz pública en el ámbito militar. Me refiero a los que afectan al teniente Luis Gonzalo Segura y a la comandante Zaida Cantera.

 

Mi opinión no está basada en criterios meramente subjetivos, sino en mi experiencia personal -lo digo con toda modestia-, por haberlos vivido de cerca cuando no directamente y con perfecto conocimiento de todos los detalles, hasta los más pequeños. Mis responsabilidades en la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), primero como responsable de Comunicación y Prensa y más tarde como secretario general, me permitieron conocer de primera mano casos flagrantes e intolerables de abusos e injusticias que si son rechazables en cualquier ámbito, aún debieran serlo más en el ámbito de la Administración, aunque se trate de la Administración militar. No fue así. El ámbito castrense se demostró siempre como muy propicio a los abusos y extralimitaciones, sin que las víctimas pudieran, en la mayor parte de los casos, denunciar ni esperar protección de ningún tipo si los abusos procedían, como suele ocurrir, de elementos superiores en la cadena jerárquica. El mero hecho de denunciarlos era entendido como un ataque inasumible a la disciplina y al orden jerárquico, valores capitales a los que todo lo demás -incluida la eficacia y operatividad- están subordinados sin excepción.

 

La diferencia que observo claramente es que hace unos años lo que sucedía dentro de los cuarteles no parecía importar a nadie, por más esfuerzos que hacíamos desde las asociaciones profesionales por trasladar a la opinión pública los casos más graves de abusos e injusticias. Afortunadamente esto está cambiando y la ciudadanía -y también los medios de comunicación- no son ajenos a este tipo de circunstancias. Algo hemos avanzado. Y además, antes los denunciantes eran habitualmente soldados y guardias civiles de la escala básica, excepcionalmente algún sargento. Ahora vemos cómo también denuncian algunos oficiales, lo que demuestra que algo está cambiando y que cada vez hay más militares que no están dispuestos a soportar situaciones injustas o arbitrarias, no solo en las escalas inferiores, sino también entre los mandos.

 

Como digo, los abusos en el ámbito militar no son en absoluto excepcionales. No digo que no existan mecanismos legales para denunciarlos y reprimirlos, pero sí que activar estos mecanismos es muy dificultoso y que entrañan para la víctima una situación de vulnerabilidad añadida, ya que se coloca automáticamente en el punto de mira de la organización entera. Cuando el ministro Morenés habla de que desde su departamento existe "tolerancia cero" con el acoso sexual, se refiere a la teoría porque en la práctica la tolerancia cero es hacia quienes en calidad de víctimas, deciden en un ejercicio máximo de dignidad y amor propio, denunciar y enfrentarse a un superior, quien por el hecho de serlo goza de la protección de sus iguales en empleo o escala y del sistema en general. Inevitablemente se somete al denunciante/víctima a un escrutinio exagerado que a menudo ya supone un acoso per se. El sistema (la cadena jerárquica) tritura psicológicamente a quienes se atreven a plantar cara a un superior, por más razón que le asista, ya que le considera una amenaza al statu quo. En la gran mayoría de veces, se acosa a la víctima hasta conseguir que presente un cuadro de patología psicológica/psiquiátrica, lo que es utilizado inmediatamente  para desacreditar su relato: "pobrecito, está loco". He conocido decenas de casos que responden perfectamente a lo que en el ámbito civil se denomina mobbing y que en el ámbito militar ni siquiera existe, tal es la perfección de la "tolerancia cero" a la que se refiere Morenés. Y si no, que nos diga cuántos casos se han constatado de acoso laboral en las Fuerzas Armadas (o en la Guardia Civil) en los últimos 10 años. ¡Ni uno!

No quiero citar a nadie porque sería injusto olvidarme algún nombre, pero ahora recuerdo a magníficos profesionales que se atrevieron a plantar cara y a anteponer su dignidad por encima de todo. Fueron masacrados por ello. Algunos fueron expulsados, muchos privados de libertad como si fueran delincuentes peligrosos y separados de sus familias. Muchos fueron declarados no aptos para el servicio y fueron jubilados (con el enorme coste para las arcas públicas que eso conlleva) y enviados a sus casas en tal de apartarlos del resto del personal, como si se tratara de un virus. Sé de lo que estoy hablando. Unos pocos siguen en activo, con un enorme coste profesional y personal. El caso de la comandante Zaida Cantero y del teniente Gonzalo Segura son graves y por eso han sido objeto de atención por parte de la prensa, pero puedo asegurar que no son extraordinarios, sino mucho más habituales de lo que la gente imagina.

Mientras los militares no sean considerados por la Administración como trabajadores públicos con dignidad y sujetos de derechos, una parte del franquismo seguirá perviviendo en los cuarteles de los Ejércitos y en los Puestos de la Guardia Civil. La gente no lo verá, pero de puertas para dentro este país continúa con ciertas instituciones, como a las que nos referimos, que no han interiorizado la Constitución ni los Derechos Humanos. Al menos ahora salen a la luz algunos episodios, vergonzosos y vergonzantes, que sirven para que algunos abran los ojos sobre la realidad que sufren los militares y los guardias civiles en España, uno de los pocos países de la Unión Europea que utiliza a militares para tareas de policía, aunque a nadie le importa. El caso de Zaida da idea de la degradación moral de la institución militar. La serie de televisión "Los nuestros", que emite Telecinco y patrocina el ministerio de Defensa, es pura ciencia ficción y pretende engañar a los ciudadanos sobre lo que pasa en los cuarteles. La realidad es Zaida. Lo cotidiano. Lo repugnante.  (Publicado en http://www.mallorcadiario.com/zaida-y-los-nuestros/)
 

UN ENORME PASO ATRÁS EN LA GUARDIA CIVIL

El 20 de enero de 2007 miles de agentes de la Guardia Civil nos manifestamos de uniforme, convocados por la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), bajo el lema “Derechos ¡ya!”. Yo entonces lideré la propuesta como secretario general de la organización convocante. Fui elegido en septiembre de 2006 con un encargo muy claro: exigir el cumplimiento del programa electoral del PSOE, que en 2004 se comprometió a eliminar los arrestos del régimen disciplinario de los guardias civiles, así como restringir la aplicación del Código Penal Militar a las misiones militares (que son poquísimas y excepcionales) y no durante las misiones policiales (que son las comunes y generalizadas). Y también la regulación del asociacionismo profesional en el instituto armado, de modo similar al reconocido a jueces y fiscales.

 

Nosotros hicimos generosas concesiones porque realmente nuestro anhelo y el de la inmensa mayoría de guardias civiles era entonces, como ahora, la unificación de la Guardia Civil con el Cuerpo Nacional de Policía (eso sí que supondría ahorro y poner fin al despilfarro de dos megaestructuras policiales paralelas, una civil y otra militar, descoordinados y compitiendo entre sí), la desmilitarización de la Guardia Civil y el reconocimiento del derecho de sindicación.

 

A través de la negociación con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista logramos llegar a un terreno común aceptable para el PSOE y para nosotros, que todos los grupos de la oposición aplaudieron (Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista y Eusko Alkartasuna), excepto el Partido Popular, para quien resultó inaceptable, al igual que para la cúpula militar de la Guardia Civil y del Ministerio de Defensa, que se conjuraron para no aplicar aquello que el Parlamento aprobó mayoritariamente en su día a través de dos leyes orgánicas (la 11/2007 y la 12/2007, aprobadas en octubre de 2007). La Justicia Militar fue la encargada de revestir de una apariencia legal lo que constituía una flagrante y persistente incumplimiento de la Ley y de su espíritu. Pese a la modificación del Código Penal Militar para evitar su aplicación a los guardias civiles cuando realizasen funciones policiales, se continuó aplicando a través de una interpretación torticera de la Ley y con la excusa de que la Guardia Civil continuaba siendo un cuerpo militar.

 

19 dirigentes de AUGC fuimos expedientados y sancionados duramente. Yo mismo, el cabecilla de la revuelta y quien llevó el peso de las negociaciones, fui apartado de la Guardia Civil durante un año y casi 6 años después de haber sido sancionado y de haber cumplido la sanción, aún estoy a la espera de que la Sala de lo Militar (¡qué paradoja!) del Tribunal Supremo diga la última palabra sobre la legalidad o no de la sanción. ¡6 años esperando una resolución firme.

 

 

Abandoné la Guardia Civil en noviembre de 2011, pronto hará 2 años, y aunque a mí ya no me afecta personalmente, se ha anunciado que el Partido Popular se dispone a reformar el Código Penal Militar, lo que supone un paso atrás y un retroceso a la situación anterior al año 2007, volviendo a introducir la aplicación de las leyes penales militares en la Guardia Civil. El Partido Popular estuvo completamente sólo en 2007 defendiendo las cárceles militares para castigar a los guardias civiles. Ahora consiente en ceder ante el conservadurismo más inmovilista y devolver a los guardias civiles al marco legal anterior a 2007 sin pensar en las consecuencias de este retroceso: que volverán a aflorar los problemas que atenazaban a los guardias civiles sin posibilidad de resolución.

 

El PP no entiende que la Guardia Civil no es más eficaz por ser militar, sino todo lo contrario. Y que en todo caso, tratar del mismo modo a los miembros de la Guardia Civil que a los militares profesionales es un despropósito, porque sus misiones nada tienen que ver. Los guardias civiles no son legionarios, ni infantes de marina, ni paracaidistas, ni sus misiones tienen que ver con las de las Fuerzas Armadas. Son agentes de policía que realizan misiones relativas a la seguridad ciudadana. Empeñarse en darles un trato que no es el adecuado avivará tensiones y problemas que ya hace años deberían haberse superado. Este empecinamiento del PP en tratar a todos los militares igual, sin atender ni entender que la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas, es incomprensible.

Sólo deseo que AUGC y las demás asociaciones profesionales estén a la altura de las circunstancias y de la gravedad del paso atrás que se pretende imponer, y estén dispuestas a combatir democráticamente para impedir un atropello de este calibre. Que lo que nos llevó a manifestarnos a la calle en 2007, vuelva a convocarnos ahora, sin ningún miedo.

 

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/8241-un-enorme-paso-atras-en-la-guardia-civil)