UNA FUNDACIÓN SOSPECHOSA

José Ramón Bauzá presentó el jueves en la sala de prensa del Consolat a la titular de su 10ª  conselleria, Carmen Planas, quien compaginará el cargo con la presidencia de la Caeb. A menudo es difícil no confundir Govern con Caeb porque incluso sus webs se distinguen solo por una letra (caib.es y caeb.es). El president se refirió al territorio que cree acaudillar como “ses nostres Illes Balears”. Sabemos que el PP y los grandes empresarios consideran de su propiedad no solo el archipiélago, sino también el Govern que con disciplina se apresta a obedecerles. Sin embargo cabe preguntarse por qué pudiendo firmar un convenio con los empresarios, se opta por crear la Fundación Impulsa Balears. Choca con la reducción del sector público instrumental, por más que se diga que el nuevo ente es privado, lo cual es aún más antiestético porque el Govern inyecta 60.000 € para financiar una fundación privada gestionada por los grandes empresarios. ¿Qué mueve a Bauzá a aliarse con una entidad que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto desvío de subvenciones destinadas a cursos de formación a parados? Es cierto que también se investiga a los sindicatos, pero a estos Bauzá los trata desde hace años peor que a enfermos de Ébola y nadie imagina al Govern juntándose con ellos para nada. Sin embargo, las organizaciones empresariales Caeb y Pimem están bajo la lupa y hay expedientes que están siendo revisados. Caeb supuestamente  habría recibido 1,32 millones de euros sin justificar debidamente, lo cual no impide a Bauzá cortejar a la patronal.

 

Los cursos de formación pudieron ser una vía de financiación ilegal de empresarios y  sindicatos. Visto el mangoneo existente con las tarjetas black de Caja Madrid, que a todos salpica, queda claro que el sistema falla estrepitosamente y que cada cual sin excepción roba en la medida de sus posibilidades. No piensa lo mismo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien dijo en TVE que los casos de corrupción son del pasado y como salen todos en el mismo momento, da una falsa sensación de corrupción generalizada. ¡Qué cachondo! Con ministros así no es extraño que el portavoz del PP Miquel Ramis se crezca y acuse al Pi de Jaume Font de ser herederos de Unió Mallorquina. Hace falta valor para atreverse a sermonear a otros hablando de corrupción, habiendo sido conseller de Jaume Matas. ¿Ya se le ha olvidado?

 

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LA COHERENCIA DE BAUZÁ

Con la coherencia que le caracteriza, José Ramón Bauzá defiende la libertad de su partido para impulsar una tarjeta de descuentos a los afiliados del PP y paralelamente la necesidad de  controlar los comentarios en las redes sociales. Es el tipo más listo del mundo porque lo de la Targeta Blava nunca se le había ocurrido a ningún político, ni siquiera del PP. Jamás nadie se había atrevido a enviar agentes comerciales –aunque más bien parecieran sicarios– para captar comercios de forma poco transparente. No se puede descartar la elaboración de un listado de establecimientos que declinaron el ofrecimiento. En línea con su lógica, Bauzá ha pedido que los 4 senadores de Baleares no sean sancionados por romper la disciplina de voto cuando por idéntica falta, él mismo expulsó fulminantemente del partido a Antoni Pastor. Con semejante trayectoria es ingenuo confiar en que Bauzá se reúna con la Asamblea de Docentes como razonablemente pide Jaume Sastre, quien hoy cumple su 10º día de huelga de hambre. Si ciertos comentarios de Twitter resultan ofensivos y canallas, no lo es menos tener en tu mano parar una huelga de hambre y no hacerlo.

Bauzá se apunta a emular a Irán con una policía para la prevención del vicio y promoción de la virtud que controle Internet. No consta, sin embargo, que él alguna vez haya reprendido a los diputados hooligans que en Twitter atizan el “ambiente de agresividad” que ahora denuncia, como Antoni Camps y Aina Mª Aguiló, entre otros. Tampoco le  oímos cuando se insultaba y amenazaba a una víctima del terrorismo como Pilar Manjón. A fin de cuentas nadie debe alarmarse porque un descerebrado muestre poco respeto por la Ley, teniendo el ejemplo de Esperanza Aguirre en la Gran Vía madrileña y entonces el ministro Jorge Fernández Díaz no anunció un endurecimiento de penas para quienes atropellen y desobedezcan a policías locales.

La lideresa de CC.OO. Katiana Vicens será juzgada por un delito de daños y otro contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel y una multa de 17.280 euros. Pinta muy feo porque en Pontevedra dos sindicalistas han sido condenados a 3 años de prisión por unos incidentes cuando formaban parte de un piquete. Los sindicatos no se libran de la severidad y desmesura de la Fiscalía que quiere apretarles las clavijas. Bien mirado, es coherente. ¿Por qué dejarlos al margen? ¡Todos a la cárcel!

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EL NUEVO MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA GUARDIA CIVIL

Ya sabemos quiénes serán los integrantes de la cúpula del ministerio del Interior. El nuevo titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz, ha decidido que Ignacio Ulloa sea el nuevo secretario de Estado de Seguridad, el número dos del ministerio. Y al frente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado situará a Ignacio Cosidó en el Cuerpo Nacional de Policía y a Arsenio Fernández de Mesa en la Guardia Civil. El Partido Popular finiquita así el fracasado experimento del “mando único” que ideó el entonces ministro José Antonio Alonso, aunque fue puesta en marcha por Alfredo Pérez Rubalcaba el 8 de septiembre de 2006, situando al frente al mallorquín Joan Mesquida.

Cuando se anunció en 2006 la creación del mando único, con un mismo director general para ambos cuerpos, en cumplimiento del compromiso electoral del PSOE, todos pensamos ilusionados que significaría paulatinamente una homologación de protocolos, procedimientos, organización y estructuras de los dos cuerpos, hasta llegar progresivamente con el paso tiempo a una unificación total entre Policía y Guardia Civil, que siempre he pensado que sería lo mejor. Rápidamente nos dimos cuenta de que no iba a ser así y que se trataba únicamente de una medida cosmética para hacer creer a la ciudadanía que la coordinación era mayor entre ambos cuerpos. Hemos de reconocer que en ciertos aspectos se avanzó, porque la situación de partida era nefasta, pero desde luego el hecho de tener un mando único no ha servido para mucho. En la Guardia Civil solo ha servido para multiplicar el número de generales. Cuando el PP abandonó el poder en 2004 había 17 generales y ningún teniente general. En la actualidad hay justo el doble, 34 generales (4 tenientes generales, 22 de brigada y 8 de división). Esta proliferación vírica de altos cargos, absolutamente desproporcionada e injustificada, supone un coste brutal en sueldos, viviendas, coches oficiales y otras prebendas propias de estos altos mandos como la limpieza de sus viviendas particulares con cargo a los presupuestos generales del Estado, entre otras. Y sin ningún provecho. Estamos hablando de algunos millones de euros anuales.

Además, el mando único ha supuesto un enorme y creciente malestar entre los funcionarios de ambos Cuerpos debido a las diferencias en las condiciones laborales de los agentes y los derechos sindicales y de representación. Se ha hecho más patente que a pesar de tener el mismo director general, a unos se les trata de una forma por el hecho de pertenecer a un Cuerpo de naturaleza civil y a otros de otra muy diferente y más gravosa por el hecho de estar en un Cuerpo militar, a pesar de que todos ellos desempeñan la misma función.

En la actualidad, las relaciones de las asociaciones profesionales de guardias civiles con el ministerio del Interior están completamente rotas y los dirigentes de aquellas están expedientados y sancionados en su gran mayoría sin que hayan sacado ningún logro para el colectivo. Y veo muy difícil reconstruir los puentes y el diálogo por parte de los dirigentes de las asociaciones, incapaces de dar el relevo o de modificar su estrategia, por lo demás errática y fracasada hasta el momento. El nuevo director general de la Benemérita no será en este asunto muy favorecedor del diálogo, sino todo lo contrario. Su trayectoria como Delegado del Gobierno en Galicia en los tiempos del presidente Aznar y del Prestige le describe como una persona muy beligerante con el movimiento asociativo en la Guardia Civil y mucho más con AUGC. Un viejo enemigo de la organización accede al principal despacho de Guzmán el Bueno. Les van a caer más palos que a los olivos en la recogida de la aceituna. Y no me alegro.

El PSOE defraudó las expectativas de la inmensa mayoría de los guardias civiles, quienes le dieron la espalda hartos de menosprecio, mentiras y represión. Los socialistas han transitado en su relación con las asociaciones profesionales desde una etapa de diálogo y cooperación entre los años 2001-2004 (hasta el punto de incluir algunas de las más importantes demandas de AUGC en su programa electoral) hasta la incomunicación total y las medidas represivas de ámbito disciplinario contra los dirigentes de la organización mayoritaria. Esta evolución debiera ser objeto de análisis por parte del PSOE tras su Congreso Federal que se celebrará el próximo febrero en Sevilla. El PSOE perdió de forma absurda el apoyo de miles de guardias civiles y sus familias, y el responsable máximo de esta pérdida de apoyo fue Alfredo Pérez Rubalcaba (aunque hay que reconocer que Carmen Chacón desde el ministerio de Defensa contribuyó en todo lo que pudo), primero por las reticencias a cumplir sus compromisos electorales, lo que definiríamos como su inmovilismo inicial y más tarde su falta de diálogo, su menosprecio, hasta llegar a la represión pura y dura. Terminaron incluso por pactar indecentemente con el PP dar pasos atrás en los derechos reconocidos a los guardias civiles en la Ley de Derechos y Deberes de 2007. He aquí los resultados cosechados con esta política tan poco socialista y tan alejada de los trabajadores de la Guardia Civil.

En el manifiesto “Mucho PSOE por hacer” se reconoce en el punto 8 que otro factor importante de la pérdida de apoyos sufrida por el PSOE “ha sido la pérdida de credibilidad sufrida a lo largo de los últimos años”. Los puntos 18 y 19 ahondan en lo anterior: “A nuestro juicio la pérdida de credibilidad y coherencia ha sido fruto de la erosión de nuestros mecanismos democráticos y del aislamiento social progresivo de nuestro partido. Ese es el porqué de nuestros errores. Antes de que los ciudadanos se alejaran de nosotros, nosotros nos alejamos de los ciudadanos. (…) La exclusiva concentración en las tareas institucionales y el ensimismamiento orgánico nos han llevado a perder en buena medida el pulso de la calle. Y una lealtad mal entendida ha hecho que se omitieran críticas necesarias y ha evitado que ese pulso se transmitiera hacia la dirección de nuestra organización”.

Deseo francamente que el PSOE analice en profundidad y con autocrítica por qué sus votantes les han abandonado, o como a menudo suelo decir, por qué motivo el PSOE abandonó a sus votantes. Solo así podrán corregir los errores cometidos en los últimos cuatro años de gobierno. Y por parte de AUGC, deseo lo mismo: que analicen de forma autocrítica los motivos de su fracaso en los últimos años. Pero en este caso reconozco que mi esperanza es nula. Mientras los actuales dirigentes no reconozcan el fiasco de su gestión y den el relevo a otros más competentes que puedan hacer lo que ellos ya no pueden de ningún modo, que es reconstruir los puentes de diálogo sin debilidades derivadas de su situación personal e individual, no hay nada que hacer para la que un día fue una asociación profesional combativa y fuerte, y ahora no hay quién la reconozca. Nada me gustaría más que AUGC dejara de ser una triste correduría de seguros, para volver a ser un sindicato como la copa de un piso.