¿ARREPENTIDA DE QUÉ?

He aquí a una persona sin escrúpulos de ningún tipo, una sinvergüenza de marca mayor, de cabo a rabo, pillada in fraganti llevándose el dinero de nuestros impuestos a espuertas, exigiendo y cobrando comisiones a empresarios que trabajaban para la empresa pública que se dedicó a desfalcar sin rubor, según su propia confesión. Antònia Ordinas ha logrado que todo el mundo atienda sus arrogantes y delirantes explicaciones, dirigiendo la atención sobre otra persona. Esta descarada, que guardaba 240.000 euros en latas de Cola Cao enterradas en su jardín y que una vez trascendió la existencia de un agujero presupuestario en el CDEIB se negó a devolver 18.000 euros, pretende que otra persona cargue con el muerto: el ex Conseller Josep Joan Cardona.

Ordinas está rebautizada indecentemente con el adjetivo de “arrepentida”, que en Mallorca se antepone al nombre de aquellos delincuentes sorprendidos en pleno saqueo de los fondos públicos que no aciertan a pronunciar aquello de “no es lo que parece” sino “yo sólo obedecía órdenes”. Un adjetivo nunca peor utilizado. “Arrepentida” sería si antes de ser sorprendida hubiese comparecido ante la Policía para denunciar los hechos y no una vez descubierta con el botín. ¿Qué arrepentimiento es este? ¿Arrepentida de qué? Sin embargo la Fiscalía la premia generosamente como si hubiese sido una confesión a iniciativa propia. Sin que nada hubiese sido desenmascarado. Piden 21 años para Cardona y sólo 4 para Ordinas. Y todo porque Ordinas incrimina a su superior, el ex conseller Cardona y ya de paso a Toni Pastor, a Biel Company y al que haga falta, emulando a Diego Torres.

Ordinas no está “arrepentida”, está envilecida. Ya que en la cárcel no estará ni dos años, el tribunal debiera condenarla a destierro, por su infinita desvergüenza y su intensa dedicación al latrocinio indiscriminado. Para la Fiscalía la lección es muy sencilla: “por mucho que hayas robado, si cuando te pillan apuntas a tus superiores te vas prácticamente indemne, aunque tus argumentos sean rocambolescos e increíbles y no tengas pruebas”. Todo imputado puede mentir y previsiblemente lo hará si eso puede beneficiarle. Es incomprensible que jueces y fiscales se presten a esto porque no se trata de “arrepentidos”, sino de caraduras ejerciendo de lo que son y a los que la Fiscalía da un trato de privilegio por ello. Nada más nauseabundo y alejado de la Justicia.

(Publicado en Última Hora, 13.4.2013)

VAYA DILEMA: CON EL JUEZ O CON EL FISCAL

En esta vida a veces hay que tomar partido. Y llama profundamente la atención que aquellos que continuamente lo hacen, escribiendo en los periódicos y opinando en emisoras de radio, en esta ocasión callen como muertos. Ante la posible imputación de la Infanta Cristina de Borbón, hija menor del Rey Juan Carlos I, no se entiende que ilustres cronistas de Tribunales y Sucesos,  usualmente bien informados a través de acreditadas fuentes de la Fiscalía y/o de los juzgados, se dediquen a mirar desde la barrera y con absoluta asepsia quirúrgica se limiten a informar del estado de la cuestión sin pronunciar su sentencia, por lo común inapelable.

Es una situación inaudita porque en todos los casos de corrupción suelen dictar sentencia con inusitada contundencia, conocedores de todo el sumario y de los detalles ocultos, solo conocidos por los investigadores. La presunción de inocencia es algo que a menudo olvidan y no les cabe en la cabeza la existencia de argumentos exculpatorios, porque siendo sus fuentes las que son, estos argumentos no interesan y carecen de toda credibilidad para ellos, motivo por el cual los obvian, contribuyendo con entusiasmo al juicio paralelo.

 

En el caso Urdangarin y con respecto a la posible imputación de la duquesa de Palma, solo se puede estar a favor del juez José Castro, que es quien quiere escuchar la versión de la Infanta Cristina, o a favor del fiscal Pedro Horrach, quien ha recurrido la decisión del juez instructor ante la Audiencia Provincial y ha logrado paralizarla. Se nos presenta, por tanto, una dicotomía perfecta: se está a favor del juez Castro o a favor del fiscal Horrach. No hay matices. O blanco o negro, sin escala de grises. Este dilema ha desenmascarado definitivamente a un puñado de falsos periodistas, obligados entre decidir por una fuente o por otra, lo que lleva a desacreditar a la contraria. Y eso es tanto como preguntarle a un niño: ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Imposible contestar.

 

Y de esta forma tenemos a tan ilustres informadores, a menudo trocados en fiscales y jueces desde su estrado del medio de comunicación para el que trabajan, situados habitualmente por encima del bien y del mal, siempre en posesión de la verdad absoluta, dictando sentencias condenatorias sin atender a más argumentos que los acusatorios, que en este caso concreto –si acaso el más difícil–, guardan silencio y omiten su veredicto. Nos quedamos huérfanos de su criterio y por eso lo exigimos ahora. Pero ahora callan porque no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo.

 

Si tuvieran el más mínimo criterio propio y no fueran meros transmisores mediocres del parecer de otros, ahora nos iluminarían con su discernimiento. Pero no. Y fíjense si es fácil. Lo estamos viendo en los últimos días. Los medios monárquicos atacan con dureza al juez Castro y defienden las tesis del fiscal. Los medios republicanos aplauden a rabiar al magistrado, acusando al fiscal de cobarde y de no atreverse con la hija del Rey de España. Prácticamente todo el mundo ha tomado partido. Pero los excelsos  periodistas de Tribunales y Sucesos especializados en el caso Palma Arena –y por ello en el caso Nóos– mantienen una equidistancia tan sospechosa como reveladora de que sus crónicas durante los últimos años no han sido información periodística, como era su deber, sino la de meros escribientes de las fuentes que les facilitaban acceso al sumario, conculcando la Ley y sus obligaciones de funcionarios públicos. Incapaces de sostener una tesis si no es la indicada por otro. Y eso no ha sido nunca periodismo.

 

Publicado en www.ciutat.es:

http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/6804-vaya-dilema-con-el-juez-o-con-el-fiscal

HORRACH, COMO CAGANCHO EN ALMAGRO

La imputación de una Infanta de España no es moco de pavo. Reconozcámoslo. El juez José Castro ha demostrado ser valiente y osado, aunque algunos lo llamarán imprudente.  Muchos no pensábamos que se atreviera a dar el paso y sin embargo, ahí le tenemos intentando cerrar  los juzgados otro sábado más para interrogar a la esposa de Iñaki Urdangarin, lo que aprovecharán los antimonárquicos e independentistas para increpar a la hija del Rey. Pescar en río revuelto.

 

A buen seguro que Castro ha meditado en profundidad el alcance de tan grave decisión sin contar con el apoyo del fiscal Horrach, con quien trabaja codo con codo desde hace años para esclarecer el caso Palma Arena (del que el caso Urdangarin es solo una de las 24 piezas separadas que faltan por enjuiciar). Y ha optado por no hacer con doña Cristina distingos, como si fuera una más. Sin embargo, para ello ha tenido que rectificar sus propias decisiones y desandar el camino andado cada vez que se opuso contundentemente a su imputación cuantas veces se lo pidió la acusación popular que ejerce Manos Limpias. Ahora, aunque nadie se lo pide formalmente y aunque la Audiencia Provincial ratificó sus anteriores decisiones de dejar a la hija del Rey al margen de todo, ha decidido dar el paso por sí y bajo su cuenta y riesgo, lo que ilustres juristas ponen en cuestión. Pero Castro ya ha sido subido a los altares y suceda lo que suceda, pasará a la historia judicial de nuestra democracia.

 

Por su parte el fiscal Pedro Horrach presenta un recurso a la decisión del juez y la paraliza. Dice que lo hace sin presiones de ningún tipo y que este tipo de recursos es normal. ¿Normal? ¿En cuántos casos la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido una imputación ordenada por el Juez en un caso de presunta corrupción? A pesar de que en Baleares son varios centenares los imputados, no lo ha hecho jamás. Así, vemos a Horrach transmutado en abogado defensor de Cristina de Borbón, al nivel de Miquel Roca i Junyent. Y a costa de ello ha quedado a los ojos de todos como  Cagancho en Almagro: el torero que presa del miedo intentó asesinar, que no matar, al toro desde el callejón, pinchando en cuello, costados y brazuelos. Tuvo que salir escoltado por la Guardia Civil de la turba enfurecida. Así están quedando Horrach y la Fiscalía: con las vergüenzas al aire. Para el Ministerio Público no todos somos iguales ante la Ley. Ya no cabe duda.

 

Publicado en Última Hora el 6.4.2013.

 

EL CINISMO DEL PSM

Hay que tener valor para traer al Parlamento un asunto del que se carece absolutamente de toda competencia, con la que está cayendo. Como si los ciudadanos no tuvieran suficientes problemas. Como si todo fuera bien y no hubiera ninguna crisis económica, el Grupo Parlamentario PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta una proposición no de ley instando al Gobierno central a que realice las gestiones necesarias para que a Iñaki Urdangarin le lea retirado el título de Duque de Palma y pide que se tramite por la vía de urgencia. ¡Nada más y nada menos!

Constatamos una vez más -la enésima- que la oposición parlamentaria, además de ser responsable en gran parte de la situación dramática de nuestra economía, carece de la más mínima propuesta lógica, racional y sensata que contribuya a salir del estado penoso en que nos encontramos. A falta de ideas, ¿qué mejor que entretenerse y marear al personal con propuestas absurdas y ridículas de las que se carece de toda competencia? Como todo el mundo sabe, los títulos nobiliarios sólo puede retirarlos el mismo que los impuso, el Rey de España. Y en todo caso, lo prudente es esperar a que haya una sentencia de un tribunal y no a la mitad del proceso. Una vez haya una sentencia, con su correspondiente declaración de hechos probados, sería aceptable una iniciativa como la que impulsa la coalición de Biel Barceló. Pero ahora resulta  ridículo y oportunista, porque busca pescar en río revuelto y camuflar sus propias carencias en cuanto a propuestas para recuperar el nivel de vida perdido por los ciudadanos baleares en los últimos años.

 

No contentos con eso, además, proponen que el Parlament “inste a Urdangarin o en su defecto a la Casa Real, a asumir el compromiso claro y contundente de devolver el dinero público presuntamente defraudado si finalmente se demuestra judicialmente”. Otro brindis al sol patético y ridículo, porque si así sucede será la propia sentencia judicial la que establecerá quién y cuánto dinero debe ser devuelto en concepto de responsabilidad civil. Y hasta ahora y por lo que se conoce del sumario, no parece que la Casa Real tenga responsabilidad alguna en nada de lo que se está instruyendo por parte del juez José Castro en esta pieza separada del caso Palma Arena. Ninguna responsabilidad. Por tanto, ¿a qué viene instar a nada a la Casa Real? Viene a actuar con una infinita irresponsabilidad y a una demagogia elefantiásica, como es su costumbre.

Es una pena que no aprovechen la ocasión y aprovechen para, en línea de su propuesta relativa a Urdangarin, proponer que el Parlament “inste a Emili Gallardo, Joana Lluïsa Mascaró, Magí Moranta, y en su defecto a la coalición MÉS per Mallorca, a asumir el compromiso claro y contundente de devolver el dinero público presuntamente defraudado” en el caso de las subvenciones otorgadas por el Pacte a la asociación PAS Amics del Camí. ¿Qué se apuestan a que no lo hacen? ¿A qué viene no hacerlo? Viene a actuar con una infinita irresponsabilidad y a una demagogia elefantiásica, como es su costumbre. A lo que ahora podemos sumar una caradura de cemento armado, porque hablar de “dinero público presuntamente defraudado” en el Parlament con lo que tienen ellos en su propia casa, con un auto de prisión preventiva de la dureza del dictado por la jueza Carmen González, hace falta ser cínicos.

Publicado en www.ciutat.es el 2.4.2013.
http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/6662-el-cinismo-del-psm

TOMAR DE LA PROPIA MEDICINA

El ex ministro de Fomento en el gobierno de ZP, José  Blanco, admitió que  tras verse implicado en el caso ‘Campeón’ ha podido reflexionar sobre la presunción de inocencia y que plasmará sus conclusiones en un libro que está escribiendo. Se intuye un acto de contrición ahora que es él quien recibe de su propia medicina. Se habrá dado cuenta del oportunismo con que en el pasado él trataba las acusaciones a dirigentes de otras formaciones políticas, singularmente del PP.

 

Lo mismo puede estar sucediéndoles a Joana Lluïsa Mascaró, Biel Barceló, Antoni Alorda y al resto de sus compañeros de MÉS per Mallorca. Quizás ahora que a petición de la Fiscalía Anticorrupción la jueza Carmen González ha enviado a uno de los suyos a prisión sin fianza y que Mascaró ha tenido que dimitir y está imputada, tomarán conciencia de la ligereza con que han actuado en el pasado. Ya pueden echarse a temblar los dirigentes econacionalistas porque la experiencia nos dice que cuando en un caso de presunta corrupción un juez envía a alguien a prisión preventiva es para que entre rejas se decida a cantar La Traviata. Hasta ahora Gallardo ha sido tratado casi tan exquisitamente como Iñaki Urdangarín y ni siquiera tenemos imágenes de su paso por el juzgado, ni de su viaje en furgón celular hasta la cárcel. Y la prisión preventiva sólo puede tener una finalidad: la misma que tuvo con los empresarios de Minser. Ablandarles para que cooperen y que se avengan a decir lo que los fiscales quieren oír. Gallardo tendrá que apuntar bien alto para escaparse con lo mínimo.

 

Fina Santiago se libró de buena en el caso de la fantasmagórica e ignota Federación Balear de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FEGAIB) cuyos dos administradores fueron detenidos a finales de marzo de 2012 bajo la acusación de haber creado un entramado de entidades para recibir hasta 380.000 euros en subvenciones. Normalmente la Fiscalía pide severo castigo tanto al que recibe el dinero como al que lo da, pero en esta ocasión no fue así y solo irán a juicio los perceptores del dinero. Según la ex consellera Santiago los controles fallaron. La trama se descubrió por las denuncias de unas usuarias de un piso de acogida para mujeres maltratadas, que sufrían todo tipo de abusos. En el PSM han tenido suerte hasta ahora, pero Mascaró engorda la lista de diputados obligados a dimitir por un supuesto caso de corrupción.

 

Publicado en Última Hora el 30.3.2013.

INTERVENCIONISMO CENTRALISTA

 

Cuando el Gobierno se decide a legislar para los territorios insulares sin tan siquiera preguntar a los isleños qué opinamos, hay que temerse lo peor. Estamos tan acostumbrados a sufrir los atropellos de Madrid que cuesta creer que hagan algo pensando en nuestro bien. Este paternalismo centralista ya no cuela. Hace dos semanas la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunciaron la aprobación de un Anteproyecto de Ley de garantía de suministro e incremento de la competencia en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Soria afirmó que pretenden reforzar la seguridad del suministro, introducir más competencia y disminuir los costes. Y yo que me lo creo, ¡claro!

 

Desde 1998 existe entera libertad por parte de empresas productoras de energía eléctrica de establecerse en las islas. El Gobierno predica que pretende introducir más competencia para disminuir los costes, pero si en Baleares actualmente Gesa-Endesa ostenta su cuota de mercado es por la falta de interés de otras productoras, sabedoras de que deberán acometer inversiones gigantescas para poder ofrecer un servicio adecuado sin que nada garantice que podrán recuperar la inversión de forma razonable.

Por la vía del intervencionismo salvaje el Gobierno pretende la entrada de nuevas operadoras y afirma que ello supondrá una bajada de precios. ¡No nos tomen por estúpidos! El negocio en el sector eléctrico no es el de las pescaderías en el mercado del Olivar, con todos los respetos. La producción y suministro de electricidad requiere de inversiones multimillonarias y nada asegura que alguien esté dispuesto a llevarlas a cabo solo para competir con Gesa-Endesa. Sin embargo, como es natural, en cuanto se apruebe la ley que ha sido remitida a las Cortes, Gesa-Endesa se replanteará –por no decir que paralizará en seco– sus inversiones previstas, lo que comprometerá la seguridad del suministro y miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Además de encarecer la factura, porque se estarán incrementando los costes de producción al fomentar que la potencia instalada crezca más de lo necesario. Todo lo contrario de lo que se afirma perseguir. Y es que cuando en Madrid deciden solucionar nuestros problemas pero sin contar con nosotros solo queda echarse a temblar, empezar a preparar la cartera y gritar aquello de ¡virgencita, que me quede como estoy!

 

Publicado en Última Hora el sábado 23.3.2013.

 

 

LOS JUECES TORPEDEAN LOS PACTOS

Los jueces dicen basta. Ya era hora de poner fin a esta predisposición enfermiza de los fiscales a conchabar con delincuentes para librarles de la cárcel. Esas componendas nada tienen que ver con la Justicia. En Catalunya, cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra fueron condenados a 4 años y medio de cárcel por torturar a un detenido. El Gobierno les indultó rebajando la pena a 2 años para que no ingresaran en prisión. Sin embargo, los jueces de la Audiencia de Barcelona no accedieron a suspender la ejecución de la condena, aunque los condenados reunían los requisitos legales (pena inferior a dos años, carecer de antecedentes y no volver a delinquir) al considerar que los hechos eran “muy graves” y por la “peligrosidad criminal” de los policías. Estos solicitaron un segundo indulto y aunque los jueces lo calificaron de “fraude de ley o abuso de derecho”, en diciembre de 2012 el Gobierno les conmutó la pena de cárcel por una multa de 7.300 €.

Más recientemente en el caso Pallerols, que afecta a ex cargos de Unió Democràtica de Catalunya, los implicados pactaron con la Fiscalía penas de entre 7 y 18 meses de cárcel, lo cual les evitaría ir a prisión. Pero la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona rechazó la semana pasada suspender la pena a los 3 principales condenados y los envió a la cárcel. Explica que lo hace para “intimidar” a los políticos que pudieran sentirse tentados y porque es “inadmisible” que no pasen por la cárcel aquellos que se apropiaron de dinero público. Toda la sociedad aplaude este criterio, excepto la fiscalía que ha recurrido. Las turbias maniobras para librar de la cárcel a aquellos que se beneficiaron del delito repugnan a todos, menos a los fiscales que las impulsan. Pero a partir de ahora los delincuentes han de saber que aunque pacten, lo estarán haciendo estérilmente porque son los jueces quienes tienen la última palabra, no los fiscales.

En  Baleares son decenas los casos de amaños extrajudiciales que han permitido que delincuentes confesos se hayan ido de rositas. En ocasiones ni siquiera han devuelto la totalidad del dinero que desviaron. Ha sido suficiente con echar la mierda para arriba, sea verdad o sea mentira. Esperemos que los jueces de Baleares emulen las valientes decisiones de sus colegas catalanes y pongan punto final a la impunidad negociada, favorecida por el Ministerio Público. ¡Qué paradoja!

Publicado en Última Hora 16.3.2013.

BAUZÁ COJEA Y EL PP A SU LADO RENQUEA

Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y Bauzá está demostrando ser un embustero compulsivo que se cree sus propias mentiras. Un tipo con la sangre fría y el aplomo para  sostener una cosa y la contraria. Un mendaz impenitente. Alguien pillado con las manos en la masa y con el cinismo suficiente para arquear las cejas y sin despeinarse, gritar: “¡No es lo que parece. Soy el más transparente!” Un presidente que presume de haber colocado el listón ético más alto que nadie, pero que su propia situación política le sitúa a la altura del betún.

Es paradójico oírle hablar en TVE de falta de gestión y de ego. Presume de honradez y ética, cuando ya nadie puede tener dudas de su baremo para medir tales virtudes: la de un fariseo que aplica la ley del embudo –para mí lo ancho, para ti lo estrecho–, con una hipocresía extrema.

A ojos de los ciudadanos también es corrupción mentir al Parlamento, omitir de tus declaraciones de patrimonio dos sociedades de las que eres partícipe según el Registro de la Propiedad. Y alardear en televisión de haber hecho público su patrimonio, cuando lo que hizo fue todo lo contrario: ocultar deliberadamente sus empresas y sólo declararlas cuando ya estaba pillado, aduciendo un olvido. Lo más alucinante es que consigue dejar boquiabiertos a los periodistas de Madrid con su verborrea de topicazos insulsos repetidos mil veces, sus frases hechas que no se cree ni él porque una cosa es lo que dice y otra lo que hace.

Su situación de compatibilidad o incompatibilidad acabará siendo declarada por la Justicia en un todo o nada que puede finiquitar su carrera política con gran deshonor. Pero lo peor será que el PP acabará pagando caro mantener su apoyo a Bauzá, como caro pagó su silencio ante la megalomanía y los excesos de Jaume Matas. Porque quien va con un cojo, al mes cojea y, si no, renquea.

 

Publicado en Ciutat.es
http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/6330-bauza-cojea-y-el-pp-a-su-lado-renquea

FRANCINA DE BORBÓN

Cuando un grupo de vecinos se manifiesta contra las decisiones del Tribunal Superior de Justicia, algo falla. Y no es la primera vez. El jueves se manifestaron los vecinos de Campos por las decisiones del tribunal relativas a la demolición de las viviendas ilegales de Ses Covetes; pero en abril y junio de 2010 salieron a la calle vecinos de Portocristo, en contra de la demolición del pont del Riuet. De nada les valieron las manifestaciones ni las recogidas de firmas. No es que ambos casos tengan muchos paralelismos, pero sí es revelador que un buen número de ciudadanos manifiesten públicamente su descontento con las decisiones del TSJB y lo consideren un ataque a su pueblo y a sus economías.

 

Esta misma semana anticorrupción nos ha demostrado que un caso concreto, a pesar de estar plagado de irregularidades administrativas, no supone que se haya cometido delito alguno. Es el caso de la denuncia presentada por el Ajuntament de Palma por la adjudicación por parte de Aina Calvo de un contrato de conservación de jardinería a la empresa Jardins de Tramontana, de la cual es socio la pareja de Francina Armengol. 400.000 euros de nada. Dicha adjudicación se hizo en 2008 perpetrando un cúmulo de irregularidades, según dictamen de la Sindicatura de Comptes, que la fiscalía no considera dignas de investigar. Ya sabíamos que para el ministerio público en Baleares la Justicia no es igual para todos. El histriónico Miguel Ángel Subirán, el mismo fiscal que se apresta recelosamente a perseguir toda irregularidad administrativa, por leve que sea, no considera que este caso sea digno de realizar la más mínima pesquisa.

 

La fiscalía anticorrupción está convencida que cualquier irregularidad cometida por alguien del PP o UM esconde un grave delito. Si idéntica irregularidad, o incluso más grave, es perpetrada por alguien del PSOE, no pasa nada. El alcalde Mateo Isern se ha percatado de que recurrir el archivo del caso que él mismo decidió denunciar y que no se quiere investigar es perder el tiempo. No hay nada que hacer. No se trata de un caso, ni dos, ni tres. Son ya demasiados donde la fiscalía se constituye en oposición al gobierno legítimo y en defensora del PSIB. A partir de ahora habremos de llamar a la líder del PSIB “Francina de Borbón”. A ella y a los suyos les cubre un manto de impunidad igual de grueso que a la infanta Cristina en el caso Nóos. O eso es lo que parece.

 

 

JUECES AMOTINADOS

Tras la huelga de jueces y fiscales del día 20 de febrero ¿qué se ha conseguido? Nada. Por eso amenazan con nuevos paros. Han logrado que por la vía de los hechos consumados, o sea pisoteando la Ley, se les tolere un derecho que tienen vetado. Tanto es así que ni siquiera se decretan servicios mínimos, ni se les descuenta la jornada de huelga del salario. ¡Así cualquiera hace huelga! Se quejan de la politización del CGPJ y de la paupérrima situación de medios que sufren. Tienen razón en esto último, pero no hay nada nuevo en sus reivindicaciones. Son las mismas de siempre. Al menos en la primera huelga, la de febrero de 2009, se cobraron la cabeza del ministro Fernández Bermejo. En la segunda, en octubre de ese mismo año, no consiguieron nada, como ahora.

¿No es escandaloso ver, por ejemplo, al fiscal anticorrupción Juan Carrau manifestarse contra el gobierno del PP? ¿No debieran ser neutrales? No protestan en defensa de la independencia judicial, sino para perpetuar el sistema de elección de miembros del CGPJ que abonó los abusos por los que tuvo que dimitir Carlos Dívar. Las mismas prebendas que reclama para sí el actual presidente, Gonzalo Moliner, cuando se lamenta de que ya no hay “semana caribeña” y que tiene que viajar en clase turista. Las mismas canonjías que han permitido al fiscal jefe y al presidente del Tribunal Superior disfrutar de coche oficial y chofer sin tener derecho a ello. No menos escandaloso resulta ver a jueces manifestarse con su toga en contra del gobierno. Tienen suerte de no tener de jefe al socialista Joan Mesquida. A mí por manifestarme con el uniforme de la Guardia Civil, me suspendió de empleo y sueldo un año.

El ministro Ruiz-Gallardón ha iniciado una reforma integral de la Justicia y pareciera que los jueces y fiscales pretenden imponer al Legislativo la reforma que a ellos corporativamente les interesa. Pero que necesita una modernización es incuestionable. Un ejemplo: la Ley prohibirá a los jueces y a sus asociaciones emitir opiniones en los medios sobre los asuntos que se tramitan en los tribunales. ¿No se les había ocurrido hasta ahora que hacerlo conlleva una presión intolerable sobre sus propios compañeros? Además las asociaciones judiciales sólo se financiarán a través de las cuotas de sus afiliados y no a través de fondos públicos. ¿Se entiende ahora mejor el cabreo de las asociaciones convocantes de la huelga?

 

Publicado en Última Hora, 2.3.2013.