POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS

¿Ha perdido el juez Castro la independencia a lo largo de la instrucción del caso Nóos? Deducir eso solo por haberse atrevido a imputar a la Infanta Cristina no parece muy razonable. Más bien parece lo contrario. No hay por qué dudar de su independencia, ni hay por qué pensar que él no actúa siguiendo fiel y estrictamente su propio criterio, sin injerencias inoportunas de sus superiores y basándose exclusivamente en su convencimiento personal y jurídico. Es una lástima que Castro, siempre tan prudente y discreto, no ofrezca conferencias. Sería estupendo oírle recordar a todo el mundo que si alguien judicializó la investigación del patrimonio de Matas, paralizada desde la Fiscalía General del Estado, fue justamente él. Nadie le acusó entonces  de falta de independencia. Al fin y al cabo, en los últimos años solo dos jueces se han inhibido de instruir causas por presunta corrupción, Pedro Barceló y Antoni Rotger. Lo hicieron alegando amistad con alguno de los imputados. Pero nunca ni un juez ni un fiscal se han abstenido por enemistad manifiesta, cosa que también contempla la Ley. Quizás para preservar la independencia que tanto preocupa ahora, hubiese sido lo más adecuado.

Esta semana hemos comprobado una vez más que cuando la corrupción afecta al PP y al PSOE reciben un trato distinto (sería adecuado denominarlo trato preferente) al dispensado a políticos del resto de formaciones. El sobrecoste en las obras del Ave Madrid – Barcelona (del 203% de lo presupuestado) ha motivado la ‘operación Yogui’ que, de momento, ha supuesto la detención de 9 sospechosos, todos ellos funcionarios de Adif y trabajadores de la constructora Corsan, adjudicataria de las obras. Se sospecha que se hincharon los presupuestos. Vemos cómo la investigación empieza por la base de la pirámide y parece descartarse el mangoneo por parte de responsables políticos. En Baleares habitualmente sucede justo al revés. De entrada todas las sospechas recaen en los políticos, se señala a la cúspide jerárquica y se exonera a los técnicos y funcionarios. Son múltiples los casos en los que las irregularidades no hubieran podido ser cometidas sin la connivencia de funcionarios que miraban hacia otro lado. Y sin embargo se van de rositas. ¿Por qué en el caso del AVE no sucede así? Magdalena Álvarez y José Blanco, ministros de Fomento del PSOE en el periodo investigado, tienen suerte de no vivir en Baleares.

(Publicado en Última Hora)

CORRUPTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Confirmada la extrema politización de la Justicia y del Tribunal Constitucional, donde su presidente hasta tiene carné del PP y paga la cuota, se entenderá mejor por qué el ex ministro socialista José Blanco ni siquiera se va a sentar en el banquillo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que decide el suplicatorio gracias a su condición de aforado, ha dicho que no hay delito. Pepiño se lamenta del sufrimiento padecido y se considera víctima de un infundio político. Quien fuera el mayor maquinador de infundios políticos de la democracia se queja, pero los jueces del Supremo le libran de ser juzgado gracias a su aforamiento. Recibe un trato de favor que ni usted ni yo recibiríamos si un juez instructor y el fiscal del caso vieran indicios de delito. José Blanco no. Aún saca pecho, en lugar de exiliarse avergonzado.

Como María Salom, que se erige como adalid de la lucha contra la corrupción. Ante la absoluta falta de proyecto político para el Consell, su calamitosa gestión va camino de hacer buena la de Francina Armengol, lo que ya es decir. Anuncia códigos éticos y envíos de contratos de sus antecesores a la Fiscalía, ocultando que fue su propia formación quien gobernó con Unió Mallorquina y que nada hacía UM sin el voto y la anuencia del PP. Los del Pacte aplauden, pero omiten que fue el PSM quien devolvió el aval a la constructora sin mayores comprobaciones, lo que probaría su negligencia, siendo benévolos.

Es posible que tantos años codeándose en Madrid con Bárcenas, Rajoy, Cospedal, Arenas, Trillo, Ana Mato, etc. hayan convertido a María Salom en la embustera compulsiva que ahora es. Quizás ya lo era antes y por eso la enviaron al Congreso. Nunca fue de las más listas, porque sólo un estúpido ingresaría en el banco el dinero del soborno por el Túnel de Sóller en una cuenta abierta por ella misma. Con semejante currículum, sacar pecho y presumir de luchar contra la corrupción es algo que sólo hace alguien sin el más mínimo escrúpulo. O lo hace para desviar la atención, porque el varapalo del hotel de Son Durí en Sa Ràpita es de los que te dejan baldado. Así no se habla de los bomberos, ni de la Orquesta Simfònica, ni de la importación de residuos. Una nueva remesa de documentación a la Fiscalía y así estarán entretenidos. No vayan a mirar en Son Espases, en las obras del Metro o continúen las pesquisas de Over Marketing, inexplicablemente paralizadas.

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A TORTAZOS POR EL ESCAÑO

En el PSOE saben perfectamente que el descalabro en las próximas generales del 20-N es seguro e inevitable. Y como esta es una verdad inamovible, por más que José Blanco diga con bastante teatralidad que aún queda partido -lo cual no se cree ni él-, los candidatos a ocupar un escaño en la bancada de los perdedores andan a tortazos sin recato ni disimulo.

Hemos visto en no pocas ocasiones a los parlamentarios votando disciplinadamente el dictado de su partido político en contra de los intereses de los ciudadanos de su circunscripción electoral. Ahora nos quieren convencer de que es muy importante y absolutamente vital saber quién encabeza la lista por Baleares, como si eso fuera a cambiar algo. Pura impostura.

¿Es relevante que el número uno de la lista sea Pablo Martín o Ramón Socías o Andrés Carles López o Antoni Jiménez? Para los ciudadanos de Baleares, en absoluto. Para ellos, por supuesto que sí, nadie lo duda. Por eso, andan a tortazos por el escaño. ¿Qué diferencia habrá para el PSOE o para Baleares que el cabeza de lista para el Senado sea  Antoni Manchado o cualquier otro? El Senado seguirá siendo una Cámara que no sirve de nada y un gasto ruinoso, traductores incluidos.

Se está vendiendo la pugna dentro del PSOE como algo normal en cualquier partido político, pero no es cierto. Es deplorable que anden acuchillándose en pos del control del aparato del partido y de la poltrona para el próximo cuatrienio, aunque sea en la oposición. Porque por más que sea el cabeza de lista por Baleares Martín o Socías o López o Jiménez, ellos seguirán dándole al botón en las votaciones en el Congreso según indique el diputado que levanta el brazo y señala con un dedo si hay que votar a favor, con dos dedos si hay que votar en contra y tres si toca abstención. Como si fueran autómatas, sin necesidad siquiera de leer lo que se vota. Y si encima no son el partido con más escaños, como se pronostica, ni te cuento. Que pongan al que quieran, que eso solo le preocupa al favorecido por el escaño correspondiente. A los demás, nos trae al fresco, porque lo mismo da uno que otro. Y que no traten de hacernos creer que hay entre ellos alguna diferencia, porque son idénticamente inútiles.

Los controladores aéreos prefieren ser militares

Llaman la atención las declaraciones del portavoz del sindicato de controladores USCA, César Cabo, cuando afirma que trabajan “bastante mejor militarizados que bajo las órdenes de AENA”. Acabo de oír en una emisora de radio al ministro de Fomento, José Blanco, afirmar que una cosa son la mayoría de los controladores que trabajan y otra cosa distinta son aquellos que les “coordinan, promueven e instigan”, en alusión bastante explícita a los dirigentes del sindicato, cargando sobre estos toda la responsabilidad de lo ocurrido. Además, ha criticado duramente a uno de los cabecillas del USCA que estos días ha estado “paseando de plató en plató diciendo que los tratábamos como esclavos” -sospecho que se trata del citado César Cabo- y ha desvelado sin citarle que entre el año 2008 y 2009 cobró 900.000 € brutos (casi 150 millones de pesetas en sólo dos años). “Aún ahora, ahora después de la reforma, van a cobrar un salario medio de entorno a 200.000 €, que lo cobra muy poca gente en este país. Es el triple de lo que cobra un cirujano de cualquier hospital o un catedrático de universidad”, ha afirmado Blanco. Puedo asegurar que en España no hay ningún militar ni civil en la Administración pública que gane esas cantidades ni de lejos, y los militares, como todo el mundo sabe, no pueden negocian su convenio colectivo, de modo que sus afirmaciones de que están mucho mejor militarizados que bajo las órdenes de AENA, están absolutamente fuera de lugar y demuestran un grado de frivolidad alarmante.

Los controladores que están siendo llamados a declarar ante la Fiscalía de Madrid -y previsiblemente el resto de controladores de todas las torres de control, incluidos los de Baleares, que tuvieron un papel determinante en la crisis del puente de la Constitución- se están acogiendo a su derecho constitucional a no declarar, alegando que desde la entrada en vigor de los decretos que dictó el Gobierno, la jurisdicción competente es la militar. Están en su derecho de hacerlo, pero es justo señalar que la burla toma proporciones descomunales. ¿Acaso piensan ellos que quizás sea mejor para sus intereses que les interrogue un fiscal jurídico-militar, que no deja de ser un funcionario militar del Ministerio de Defensa? Los responsables de USCA parecen haber perdido la cabeza por completo y están arrastrando a todo el colectivo a un callejón sin salida. Y a la vez, dándole sobrados argumentos al Gobierno para acabar con los dirigentes del sindicato con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, ya que no pueden prescindir de todos los expedientados, que son más de 400.

Los controladores harían bien en tomarse muy en serio las advertencias que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba hizo el viernes pasado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros: “Estas cosas no van a acabar sin nada. No puede ser. Aquí hay una gravísima responsabilidad y que por tanto el peso de la Ley, sea esta laboral, penal o civil, va a caer, lógicamente, sobre aquellos que cometieron esa gravísima irresponsabilidad, repito, y que ahora se pasean por ahí como si no nada hubiese pasado. Es gravísimo”.

De todos modos, uno de los objetivos de los controladores se ha cumplido. Es difícil escuchar una tertulia donde no se analicen pormenorizadamente las condiciones de trabajo y salariales de este colectivo de 2.400 trabajadores. Unos los catalogan de privilegiados y otros los sitúan como víctimas de una celada del Gobierno. ¿Por qué no se hace lo mismo con los funcionarios de la Guardia Civil o la Policía Nacional? ¿O con los profesores de universidad? ¿O con los controladores aéreos militares? ¿O con los auxiliares de enfermería? ¿O con los periodistas? ¿O con los becarios? ¿O con los recepcionistas de hotel? Como si los únicos que estuviesen fastidiados fueran los controladores... ¡Que vayan y le pregunten a los 4 millones y medio de desempleados!