EL LÍO DE CAN DOMENGE

Al principio la acusación fue que el concurso que convocó el Consell de Mallorca en enero de 2006 para vender el solar de Can Domenge debía haber sido una subasta. Ese argumento cayó porque había otras cosas a tener en cuenta, como un buen proyecto arquitectónico, al margen de la oferta económica que únicamente hubiese servido para especular. Según los técnicos, todo fue completamente legal.

Luego vino la polémica del precio máximo, 30 millones. Otro argumento arrumbado porque de las 6 o 7 valoraciones existentes en la causa, únicamente 2 de ellas (la del COAIB y la de Hacienda) lo tasan en 60 millones € y las otras confirman la valoración inicial de 30 millones €. Que finalmente BMN - Sa Nostra haya acabado vendiendo el solar por 7 millones a Cotesa indica claramente que las tasaciones de 60 millones estaban hinchadas.

Luego se habló de información privilegiada, en teoría a favor de Sacresa, cuando las revelaciones de Bartomeu Vicens a la Fiscalía Anticorrupción para impedir que su mujer acabe encarcelada por el caso Metalumba, apuntan a que el concurso estaba supuestamente amañado para que ganase Grup Fer, con lo que sería absurdo que se facilitase información privilegiada a Sacresa. O quizás lo que sucedió es que todos tenían información nada privilegiada y que los sucesivos borradores de las  bases del concurso circulaban con bastante alegría, incluso en la prensa, porque no había en ellos nada de confidencial ni privilegiado. De hecho, aunque el concurso estaba supuestamente “amañado” ganó el mejor proyecto según un jurado técnico independiente que está fuera de sospecha.

Luego vino la querella de José Luis Núñez, ex presidente del F.C. Barcelona, aunque no inmediatamente después de la adjudicación del solar a Sacresa, sino 8 meses más tarde. Curiosamente sólo 6 días después de que la Comisión Insular de Urbanismo aprobara la protección del edificio Gesa en la fachada marítima, que la eléctrica debía demoler para entregar el solar completamente despejado y que Núñez pudiera levantar sus bloques de pisos de lujo de hasta 7 alturas, cosa que con el edificio de Ferragut protegido era imposible. Recordemos que Núñez y su hijo fueron condenados en julio de 2011 por la Audiencia de Barcelona a 6 años de prisión por sobornar a inspectores de Hacienda para defraudar más de 13 millones €. Núñez recurrió la sentencia y está pendiente del Supremo.

 

Luego se dijo que en mayo de 2006 el yate 'Cap de Quers' de la familia Sanahuja, patroneado por José Manuel Baldor, había transportado de Barcelona a Palma dinero en efectivo en bolsas de plástico. La minuciosa investigación de la Fiscalía y de la Policía no logró dar resultados y las diligencias fueron archivadas, aunque Anticorrupción ha citado como testigo de la acusación al capitán Baldor. Ahora se dice que el dinero (se precisa que 4 millones €) no fue trasladado en yate, sino dentro de maletines en un avión privado por un hijo de Román Sanahuja, dueño de Sacresa, en dos viajes.

 

La declaración inculpatoria de Vicens motivó que se registraran los domicilios de Munar y Nadal en busca del dinero supuestamente cobrado (600.000 € según Vicens), pero extrañamente la Fiscalía no registró su casa cuando este sólo ha entregado 120.000 € y se sabe que tiene dinero en efectivo desde que su mujer protagonizó el extraño episodio de los 22 billetes de 500 € escondidos en los zapatos que intentó llevar a su marido a la cárcel. ¿Por qué no se ordenó la búsqueda del dinero también en casa de Vicens? Sin embargo, aprovechando el registro, los investigadores se hicieron con documentación relevante para la defensa de Munar y Nadal e incluso examinaron sus argumentos de defensa, según denuncia Munar.

 

Con todo este lío se inicia hoy el juicio en la Audiencia Provincial, aunque la Fiscalía no va a acusar a nadie por el cohecho, que se deja para mejor ocasión, aunque sí por prevaricación, fraude a la administración y revelación y uso de información confidencial. ¿Cómo se pretende abstraer este juicio de las acusaciones de soborno que sobrevuelan permanentemente, aún más cuando ayer lo confesó por escrito el propio dueño de Sacresa? ¿Cómo se hará para que las investigaciones abiertas a raíz de la confesión de Vicens y Sanahuja no impregnen este juicio, sin forman parte de él mismo y de los hechos que van a ser juzgados? Lo lógico y normal sería que el juicio fuera suspendido y que se prosiga con la investigación por parte del Juez de Instrucción. Hacer otra cosa es comprometer seriamente la viabilidad legal del caso, porque todo acusado tiene derecho a un juicio justo con todas las garantías, a saber de qué se le acusa y a no sufrir indefensión.

 

(Publicado en Última Hora) 

NO TODO VALE

A tenor de la sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve a La Paca y a gran número de miembros de su clan, es muy preocupante la ligereza con que trabajan algunos jueces de instrucción y algunos fiscales. O eso cabe deducir de lo expresado por los magistrados de la Sección 2ª en tan contundente sentencia. Desde luego, los agentes del EDOA de la Guardia Civil tienen motivos para sentirse desanimados porque no es fácil encontrar pruebas en un caso tan complejo. Nadie puede pensar que es sencillo hacer seguimientos y vigilancias en un gueto como Son Banya y aunque todo el mundo sabe a qué se dedicaban la Paca y los suyos en el poblado, eso no es suficiente para que se ordene pinchar sus teléfonos, sin más, “de modo acrítico, como un acto de fe” en palabras de los magistrados de la Audiencia. En su opinión “el Juzgador se comportó como un mero espectador limitándose a dar el visto bueno a la demanda policial de intervenciones telefónicas sin poner el más mínimo reparo”.

 

Es curioso que sean exactamente los mismos jueces que absuelven a la Paca, los que consideren que “no hay indicios vehementes (…) de que la Infanta conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres”. Efectivamente, para probar que un elefante es un elefante hay que hacerle una prueba de ADN. Increíble pero cierto. Así son las cosas y no se puede actuar arbitraria o desproporcionadamente a la hora de registrar un domicilio o de intervenir las comunicaciones. Así es el Estado de Derecho. No valen los atajos. La precipitación y la vulneración de derechos fundamentales llevan directamente a la invalidación de las pruebas.  Y la sentencia censura duramente las actuaciones de los guardias civiles, sin tener en cuenta la complejidad del caso y la escasez de personal en los equipos de investigadores, porque tanto da. Se trata de derechos fundamentales y no pueden ser conculcados, ni siquiera los de la Paca. Según el Tribunal se ha puesto en evidencia “la deficiente instrucción de estas actuaciones”. No solo censura los pinchazos telefónicos. También las órdenes de entrada y registro y la modificación sustancial del escrito de acusación del Fiscal, vulnerando el derecho de defensa. Las cosas no pueden hacerse de cualquier manera. Debe respetarse el procedimiento y los derechos de los acusados. Nos guste o no.

 

(Publicado en Última Hora)

LA AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL GOVERN

Hemos oído en boca del president José Ramón Bauzá en incontables ocasiones que su Govern no sería una agencia de colocación. Lo acaba de desmentir con sus hechos al nombrar al ex conseller y portavoz del Govern Rafel Bosch, asesor del conseller de Economía y Competitivitat, Joaquín García. No lo consideró bueno para dirigir en la segunda mitad de la legislatura la conselleria de Educació, Cultura i Universitats y sin embargo lo considera bueno para asesorar al conseller de Economía. Eso no se lo traga nadie. Lo que pasa es que al ex portavoz del Govern lo dejaron tirado como a una colilla y como no es funcionario y su puesto de director del colegio Lluís Vives estaba ya ocupado, había que colocarlo en algún lado o enviarlo a las oficinas del SOIB que hasta hace pocas semanas dependían de él mismo, lo cual queda mal. Francamente, no veo al bueno de don Rafel en la cola del paro, aunque dudo que haya placer mayor para los dirigentes del Círculo Balear.

 

Constatamos una vez más dos cosas: la primera, que José Ramón Bauzá ha perdido el más mínimo atisbo de credibilidad y miente más que habla. De continuo hace lo contrario de lo que prometió que no haría jamás. Y la segunda, que los políticos continúan gozando de un sistema paralelo de canonjías y prebendas que no está al alcance del resto de los ciudadanos, que deben pagarlo con sus impuestos confiscatorios. Hay en Baleares 84.000 personas que buscan un trabajo y no lo encuentran, pero como no son ex consellers no reciben ninguna atención por parte del Govern, quien en un ejercicio de cinismo infinito despide a sus propios trabajadores ilegalmente, vulnerando sus derechos y sin pagarles la indemnización que les corresponde, con el argumento contrario al que utiliza para contratar a Bosch. ¿Y estos son los que venían a traernos una nueva forma de hacer política? Yo veo la misma forma parasitaria y oportunista. Igualmente descarada y carente de escrúpulos.

(Publicado en Ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/7604-la-agencia-de-colocacion-del-govern)

UNAS PIEZAS QUE NO ENCAJAN

Más allá del escándalo generado por las declaraciones de Bartomeu Vicens sobre Can Domenge, conviene entrar en el fondo de su relato para ver si las piezas encajan o no. No perdamos de vista que Vicens es coimputado y además, está preso por dos condenas firmes de malversación de caudales públicos de 3 años cada una. No podemos darle a sus palabras valor absoluto ni más del que estrictamente tienen, esencialmente porque él busca salir de la cárcel cuanto antes obteniendo un trato de favor que de otro modo no conseguiría. Y sobre todo quiere evitar que su esposa acabe encarcelada por blanquear dinero de Son Oms a través de Metalumba, motivo por el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel para ella y otros 19 para él. Casi nada.

Vicens ha introducido un elemento inédito sobre Can Domenge: que el concurso se amañó presuntamente por orden de Munar y Nadal para que ganase el Grup Fer y no Sacresa, como hasta ahora creía Anticorrupción, a cambio de una comisión de 3 millones €. Pero el Grup Fer no ganó porque el proyecto que presentó no era lo suficientemente bueno. O sea, que inicialmente el concurso no estaba amañado para que ganase Sacresa, como hasta ahora decía la Fiscalía, sino el Grup Fer, cosa que finalmente no sucedió. ¿Cómo es posible que se considere amañado un concurso y la empresa a beneficiar acabe en tercera posición? ¿Qué clase de amaño es este? Vicens afirma que el jurado técnico “fue totalmente imparcial” y que ganó el mejor proyecto, el de Sacresa – Ferrá Tur firmado por Jean Nouvel. Entonces ¿dónde está el amaño si ganó el mejor? Explica entonces Vicens que es después de que Sacresa obtenga la mejor puntuación cuando se le exige el pago del soborno, ahora 4 millones (la mitad por delante) pero no parece lógico que pague cuando ya ha ganado.

Vicens sólo ha devuelto 160.000 € que es un exiguo 26,6% de lo que dice haber cobrado y sólo un 4% de toda la supuesta comisión. Y por ahora no se ha encontrado más dinero a pesar de los registros. Las piezas no encajan y debe seguir investigándose. En estas circunstancias, llevar a juicio el caso Can Domenge sin que se juzgue el presunto soborno se antoja un disparate colosal. Una chapuza jurídica porque el cohecho sería el móvil del concurso y es ilógico juzgar una cosa sin la otra. Absurdo.  Puede acabar pasando que las prisas por despachar el asunto sin indagar convenientemente den al traste con todo el caso.

 

(Publicado en Última Hora el 25.5.2013)

CÓMO DOBLEGAR A UN PRESO

Bartomeu Vicens ha aguantado mucho tiempo la presión pero si quería evitar que su esposa ingresara en prisión ha tenido que plegarse a las exigencias de la Fiscalía, que pedía para ella 13 años y 3 meses de prisión y para él 19 años por el caso Metalumba que se juzgará en noviembre. Vicens estuvo en el punto de mira de Anticorrupción desde que ingresó en la cárcel el 6 de julio de 2010 para cumplir una condena de 3 años por malversación, al pagar 12.000 € de fondos públicos a su contable. En mayo de 2012 fue condenado a otros 3 años de cárcel por un caso muy similar, cuando otorgó casi 12.000 euros a la productora Studio Media en 2004. La Fiscalía entonces le reconoció una  atenuante al devolver el dinero, pero no la de colaboración con la Justicia por su negativa a confirmar sus sospechas en Can Domenge. Ahora parece que Vicens ha aprendido la lección.

 

Los fiscales Carrau y Horrach visitaron en varias ocasiones a Vicens en prisión, junto a sus abogados Valdivia y Campaner, quienes ahora han renunciado a su defensa porque al parecer no cobran. Los fiscales tentan a Vicens y la recompensa es mucha: impunidad para su esposa y para él, cumplimiento como máximo del triple de la condena mayor que se le ha impuesto, que es de 3 años. En resumen: 9 años y por tanto, en 2014 acceso al tercer grado. Ya lo tuvieron más de 2 años sin pisar la calle ni en navidades, hasta que en noviembre del año pasado la Audiencia acordó la concesión de permisos de salida, en contra del criterio de la juez de Vigilancia Penitenciaria y de la Fiscalía. Había que doblegarlo como fuera.

 

Ante la  perspectiva de una condena muy elevada y la posibilidad de que su esposa acabe encarcelada por Metalumba, Vicens ha acabado cediendo. Acepta  pactar con la Fiscalía pero deberá facilitar información inédita. Se dice que confiesa haber cobrado un soborno de 600.000 € pero ¿dónde está el dinero? Si los tiene, es extraño que sus abogados hayan renunciado a su defensa porque no cobran. Y más extraño aún es que teniendo tanto dinero no lo utilizase para pagar la fianza de 100.000 € que en las navidades de 2009 le permitió eludir la prisión gracias a la colecta hecha entre sus compañeros de UM y otros amigos. Por todo esto no se puede descartar que Vicens sólo esté diciendo lo que la Fiscalía quiere oír, sin ninguna prueba y sin entregar el dinero. ¿Le bastará eso para recibir un trato de favor?

 

(Publicado en Última Hora, 18.5.2013)

EL FISCAL CONTRA EL PP

Sabíamos por sus hechos que la Fiscalía Anticorrupción hacía el trabajo sucio del PSIB.  Ahora lo sabemos también por sus palabras. El fiscal Pedro Horrach lo confirmó el jueves en un ejercicio de sinceridad que hay que agradecer. Pero sorprende que lo haga con tanto desparpajo desde la sala del juicio del caso Scala, cuando el martes supimos que el fiscal jefe de Baleares Bartomeu Barceló ha dado instrucciones para que se reactive el caso Ibiza Centro, señal inequívoca de que estaba paralizado no sabemos si por orden suya. Ya demostró el fiscal jefe Barceló durante la apertura del año judicial en septiembre del año pasado que encaja muy mal las críticas y subyace aquí una preocupante y peligrosa propensión a silenciarlas. Muy a menudo lo consiguen facilitando información y acceso a los sumarios a algunos periodistas, aunque con ello conculquen la Ley. Pero de vez en cuando se oyen voces críticas por las actuaciones de la Fiscalía, en especial cuando se desvela en ofrecer un generoso trato de favor a una Infanta de España, que diría el canciller García-Margallo.

 

Es inexplicable que un sabueso como Horrach no vea que las críticas que se le hacen a la Fiscalía no son por los casos que han investigado, sino por los que no lo han hecho, aquellos donde aparecen miembros del PSOE. Es manifiesto el celo investigador en los casos que afectan a PP y UM y la flojera que dedican a otras formaciones políticas. Los ejemplos son innumerables. El último, el archivo de la denuncia del Ajuntament de Palma por el contrato de Jardins de Tramontana en 2008.

 

Dejaremos de lado esta querencia del fiscal Horrach de utilizar su turno de conclusiones finales para hacer política de baja estofa. Perdonaremos sus conferencias abarrotadas de  ex consellers y diputados socialistas aplaudiéndole. Tampoco tendremos en cuenta las fiestas en casa de Aina Salom junto a otros conspicuos socialistas. Pero no podemos disimular la rabia con la que hablaba porque no se acumula en un solo día. Y es comprensible que las críticas por su vergonzosa actuación en defensa de la Infanta Cristina hayan hecho mella en su ánimo, pero nunca tanta como para considerar “digna de admiración” la entereza de Antònia Ordinas, la mayor ladrona confesa de Baleares. Horrach no puede haber trabucado tanto como para confundir desvergüenza con entereza. Esperemos que no.

(Publicado en Última Hora el 10.3.2013)

 

CLXIX ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil conmemora estos días el 169º aniversario de su fundación. Y lo celebra enardeciendo su espíritu militar y encarcelando en la prisión militar de Alcalá Meco a uno de sus agentes durante 3 meses y un día, como antiguamente. La Justicia Militar –que como dijo Groucho Marx es a la Justicia lo que la música militar es a la música– ha sentenciado que esta es la pena que le debe ser impuesta en aplicación del Código Penal Militar, por haber incurrido en un delito de insulto a un superior en la modalidad de maltrato de obra. Se trata del agente canario Juan Carlos Alonso que cuando estaba de servicio en un servicio de orden público apartó a un cabo que le estaba increpando y le dijo “déjame trabajar”. Por esto se le priva de libertad por tres meses.

 

El 20 de enero de 2007 miles de guardias civiles nos manifestamos en Madrid, conmigo a la cabeza, para que se dejase de aplicar el régimen castrense a los guardias civiles mientras no realizaran misiones de carácter militar. El Gobierno socialista atendió nuestra petición y aprobó dos Leyes Orgánicas: la 11/2007, de Derechos y  Deberes de los miembros de la Guardia Civil y la 12/2007, de Régimen Disciplinario. Esta última modificó el Código Penal Militar de modo que no se aplicase a los miembros de la Guardia Civil “en la realización de los actos propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que, para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa reguladora de dicho instituto”. Y establecía que lo anterior no sería de aplicación “en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades militares”.

 

La voluntad del legislador está clarísimamente expresada pero se aplica aquí aquella máxima de “redacten ustedes las leyes que nosotros redactaremos los reglamentos”, dejando claro que a la Justicia Militar le importa un rábano la voluntad del legislador, las leyes que regulan la Guardia Civil y el sursum corda, e interpretan la ley a su conveniencia para hacerle decir lo que no dice. Sin embargo, los miembros de la Justicia Militar, una selecta banda de leguleyos que se autoproclaman a sí mismos juristas, cuando habitualmente actúan como un grupúsculo de desalmados defendiendo a su casta y a los privilegios que lleva aparejados (salvando honrosas excepciones), ante el peligro de ver decaer su carga de trabajo y la existencia misma del Cuerpo Jurídico Militar al que pertenecen, decidieron que las misiones militares en la Guardia Civil son todas, incluyendo las que habitualmente son desempeñadas en el marco de la seguridad ciudadana (policía judicial, tráfico, control de armas y explosivos, etc.) y no únicamente aquellas donde los agentes están incorporados en un contingente militar como puede suceder en Afganistán, Líbano o en maniobras militares realizadas bajo la autoridad del Ministerio de Defensa.

 

Y así tenemos un sistema penal militar que se nutre de encarcelar a guardias civiles por auténticas nimiedades, matando pulgas a cañonazos, encerrando a un agente en la cárcel separado de su familia y amigos durante tres meses, por hechos que no merecerían ningún reproche o en todo caso, de merecerlo sería suficiente con una suspensión temporal de empleo y sueldo que es lo que sucede en toda la Administración. Pero no en la Guardia Civil. La Guardia Civil prefiere seguir instalada en el año 1.844, en tiempos de la reina Isabel II. Tratando a sus hombres y mujeres idénticamente igual que entonces. Sin ningún derecho. Sin ninguna consideración. Peor pagados que el resto de cuerpos policiales. Humillados siempre. Y eso les enorgullece cuando debería caérseles la cara de vergüenza. Sonroja verles celebrar el inmovilismo pétreo. Hasta en el modo en que castigan a sus propios agentes. Como en 1.844 porque por ellos, no pasa el tiempo.

(Publicado en www.ciutat.es:
 http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/7268-clxix-aniversario-de-la-guardia-civil)

 

EL VALOR DE CAN DOMENGE

Hay algunos más pesados que los mosquitos del Pla de Sant Jordi en primavera. A fuerza de repetir que el solar de Can Domenge valía 60 millones intentan colar la mentira, pero como tantas veces dice el president José Ramón Bauzá, “una mentira repetida mil veces, no se transforma en realidad”.

 

En el sumario del caso no hay una única valoración, sino varias. Hay una, la del jefe de los servicios técnicos de urbanismo del Consell, Mariano Gual de Torrella (29’3 millones); hay una de tres arquitectos del Colegio Oficial de Baleares a petición de la jueza (60,1 millones); hay otra de Raúl Burillo que en el juicio tendrá que defender la arquitecta de la Agencia Tributaria María José Gil Díez-Ticio (57,7 millones); y hay una de Josep Roca, catedrático de arquitectura legal, derecho urbanístico y valoraciones de la Universitat Politècnica de Catalunya, hecha por encargo del Consell de Francina Armengol en febrero 2008, de 34,2 millones €, donde critica duramente a las dos anteriores por utilizar fórmulas inapropiadas que sobrevaloran el terreno. También hay una valoración del arquitecto Juan Alberto Borrás intervenida durante un registro a Sacresa, de 23,2 millones hecha en junio de 2005, antes del concurso. Y aún habrá otra antes de empezar el juicio porque el propio Consell solicita en su escrito de acusación como prueba pericial una tasación “sobre el valor actual de mercado (…) lo más próximo posible a la celebración del plenario en aras a obtener la mayor exactitud en la valoración”, que puede fijar el valor del solar cerca de los 7 millones que Jaime Bauzá, propietario de Cotesa, ha pagado a  BMN-Sa Nostra. Así pues, el tema del valor del solar no es algo tan claro e indubitado como se pretende, sino justamente la madre del cordero en el caso Can Domenge.

 

La jueza fijó una fianza civil de 37 millones € al considerar que ese fue el perjuicio sufrido por el Consell. Siempre que, claro está, el solar valiera 60 y no 30, lo cual es muy discutible y se tendrá que aclarar en el juicio a partir del 5 de junio. Se dice que el solar fue malvendido y está por ver, pero lo cierto es que en su día la institución cobró 30 millones y Francina Armengol no quiso pagarlos por recobrarlo y eso que según ella valía el doble. Ni María Salom entregar 7 de los 30 ya cobrados en 2006, recuperando así el solar. ¿No es eso malversar? ¿Quién ha causado un perjuicio mayor a la institución?

(Publicado en Última Hora, 4.5.2013)

SOBRECOGE TANTA CARADURA

El Govern de les Illes Balears que preside José Ramón Bauza, en su lucha por meter en vereda a las empresas públicas que proliferaron en tiempos del último presidente del PP que le precedió en el Consolat de Mar, Jaume Matas, ha ido despidiendo a trabajadores con un desprecio absoluto hacia la legislación laboral. Las cosas en este ámbito no se pueden hacer peor porque se ha pretendido despedir sin indemnización. Y así el despido de siete trabajadores del Institut d’Innovació Empresarial de Balears (IDI), empresa pública que Bauzá heredó de Antich, pero que Antich heredó de Matas (podríamos discutir inútilmente quién recibió peor herencia), ha sido declarado nulo por la Justicia. Fueron despedidos sin indemnización y esto no es legal. La empresa se benefició de su trabajo y aunque gracias a la reforma laboral del PP podían ser despedidos con una indemnización de 20 días por año, no se les pagó nada. Ahora deben ser readmitidos, abonados sus salarios pendientes y vueltos a despedir con la citada indemnización.

 

Es obsceno que el diputado del PP Fernando Rubio acuse, siguiendo el guión correspondiente, al Govern del Pacte por haber dejado unas plantillas sobredimensionadas, hipotecando y atando de pies y manos al Govern actual. ¿Cómo cabe calificar entonces lo que hizo Matas al crear todo este universo de empresas públicas? No recuerdo haber oído entonces a Fernando Rubio quejarse y eso que él era conseller insular. Tampoco se lamenta ahora por aquel dislate que es la génesis del problema. Y tampoco le he oído nunca quejarse por el elevado número de asesores existente en la Conselleria de Turismo, donde actualmente anida su propia esposa Cristina Puig, aunque debe ser por sus propios méritos porque ya estuvo en el Ajuntament de Marratxí bajo el manto protector del entonces alcalde del municipio y actual president del Govern, José Ramón Bauzá.

Es casualidad que acabamos de conocer que el presidente de Emaya y regidor de Medi Ambient, Andreu Garau, ha enchufado en esta empresa pública como cargo de libre designación al presidente del distrito del PP de calle Aragón, un tal David Suñer. Y que en junio del año pasado ya contrataron de igual modo a Francisco Rodríguez, también militante del PP del mismo distrito. Igual que hicieron con Pedro Campaner, otro militante del PP digitado en Emaya, al que hicieron jefe de un departamento de nueva creación. ¿Con qué caradura nos habla Fernando Rubio de plantillas sobredimensionadas? ¿Con qué desvergüenza se atreve a darnos la tabarra sobre la herencia recibida alguien que ha hecho de su vida y la de sus parientes más cercanos un continuo ejemplo de nepotismo y enchufismo más descarado? Hace falta sentir desprecio por los ciudadanos y por sus impuestos para manifestarse con esta ligereza. O ser un parásito político criado en el vivero de los de su especie, las Nuevas Generaciones del PP.

Poco importa lo que hiciera el Pacte de Progrés porque la sentencia de los ciudadanos de Balears fue emitida el 22 de mayo de 2011 y los enviaron a la oposición. Pero es descorazonador que a cada decisión errónea que ahora protagoniza el PP, como despedir a trabajadores sin indemnización, haya que escuchar la oportuna justificación en que la izquierda la hizo peor. Es insufrible comprobar que nada ha cambiado y que las políticas arrogantes y de menosprecio a la ciudadanía son continuadamente repetidas tanto por PSOE como por PP. También UM enchufaba a sus adictos en Emaya y miren cómo terminó. No veo dónde está la diferencia entre lo que denuncia el PP y lo que ellos mismos hacen.

(Publicado en www.ciutat.es: http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/7145-sobrecoge-tanta-caradura) 

 

CRIMINALES PELIGROSOS

En Estados Unidos tienen a sus superhéroes que luchan contra los malhechores, aparte del sheriff Joe Arpaio, que es real aunque no lo parezca. En Baleares, siempre más eficaces, tenemos a la Fiscalía y a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial, quienes día y noche nos protegen de peligrosos criminales. En una semana han puesto entre rejas a Lorenzo Casasnovas, ex concejal de Ciutadella, y a Joaquín Rabasco, ex concejal de Llucmajor, que aunque no figuraban entre los hombres más buscados del FBI ni de la Guardia Civil –seguramente por algún descuido inexplicable–, eran “peligrosos criminales” capaces de los peores actos.

El primero fue condenado a 12 meses de cárcel, pero arbitrariamente le ha sido denegada la suspensión de la condena que se aplica siempre que la condena sea inferior a 24 meses sin antecedentes penales. Es por esto que Isabel Pantoja previsiblemente no entrará en la cárcel, aunque tiene mucha suerte de no haber topado con los magistrados Gómez-Reino, De la Serna y Jiménez, los miembros de la Sección 2ª que pronto tendrán oportunidad de demostrar su valentía con la Infanta Cristina. El ex líder de ASI, Joaquín Rabasco, fue condenado a 2  años e igualmente ingresará en prisión, aunque los hechos por los que fue condenado ocurrieron ¡hace 13 años!

¿Creen que nos sale gratis tener las cárceles llenas? Cada día que un preso está encerrado tiene un coste estimado de 1.644 euros al mes (casi 55 euros al día). España es con diferencia el país de la Unión Europea con mayor población penitenciaria, aunque las tasas de criminalidad son inferiores a la media de nuestros socios. ¿Cómo se explica? Porque aquí todo lo castigamos con la cárcel. No entra en nuestros planes condenar a trabajos en beneficio de la comunidad, como se hace en toda Europa. Y así tenemos a más de 70.000 reclusos que nos cuestan un Potosí. Hasta a José  Ortega Cano le quieren enviar a la cárcel dos años y medio –y a algunos les parece poco–  cuando habría que preguntarse ¿qué se soluciona con eso? No se trata de dejar a nadie sin castigo pero cuando no hay peligrosidad, hay alternativas a la cárcel más eficaces y baratas. Por ejemplo, podrían obligar al torero a cuidar heridos por accidente de tráfico en un hospital por la noche. Sin embargo, preferimos enviar a la gente a la cárcel y así las tenemos llenas de reclusos que no supone