En general, los ciudadanos estamos muy preocupados por la crisis económica, la inflación, el paro, el aumento de la edad de jubilación, la delincuencia, la inmigración, el terrorismo etc. Pero también estamos muy preocupados, según constata en su encuesta de percepción de los principales problemas de España el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pues ya situamos a la clase política/los partidos políticos como la tercera causa de preocupación para los ciudadanos. Y no es extraño que así sea a tenor de lo que entre resignados y estupefactos, contemplamos día tras día. Citaré algunos ejemplos:
Un diputado del PP, Ignacio Uriarte, es condenado como autor de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir borracho y causar un accidente, a pagar una multa de 2.400 euros y privación del permiso de conducir por ocho meses. Y al tío no se le ocurre renunciar a su acta de diputado. Ahí seguirá, en su escaño en el Congreso y con antecedentes penales, lo cual no deja de ser curioso porque el último de los bedeles del Congreso no podría ni siquiera haber opositado si tuviese antecedentes penales, pero sin embargo una de sus señorías puede ser diputado y a la par, delincuente. ¿No es de chiste?
La secretaria de organización del PSOE de Madrid y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, ha sido condenada por el TSJ de Madrid a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Y sigue en su cargo con todos los pronunciamientos favorables de su partido en Madrid y de la dirección federal de Ferraz, con la única concesión a la decencia pública de que no irá en las listas electorales pues se trata de una persona condenada, obviando que la propia condena consiste en eso mismo, en que no puede ocupar cargo público alguno. Quienes la apoyan arguyen con toda su cara dura que se trata de un asunto administrativo y que no se ha enriquecido, como si la prevaricación no fuese un delito y de los peores que puede cometer una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. ¿No parece una tomadura de pelo?
Los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González, cobran cada uno cerca de 80.000 € brutos anuales con carácter vitalicio, retribución que compatibilizan con los abultados sueldos que perciben de dos compañías eléctricas (Endesa paga a Aznar 200.000 € y Gas Natural Fenosa paga a González 126.500 €) por las que acaban de ser fichados. ¿Ustedes creen que se les ha ocurrido renunciar a la asignación pública? Lo último que harían en su vida. Pero ni el PP ni el PSOE han criticado en lo más mínimo que esto esté sucediendo, a la vez que hablan de que es necesario prestigiar la política. ¿Cabe mayor cinismo?
Los partidos políticos y en general la clase política deben cambiar el modo en que se conducen y deben favorecer los comportamientos éticos, separando firmemente a quienes manchan la política al ser condenados por los Tribunales. Su desprecio hacia los ciudadanos es ofensivo. Y sin embargo, ellos encantados.
Publicado en http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4383
07 enero 2011
1.040 AÑOS DE CÁRCEL Y UNA PALIZA
En la mañana del día 6 de enero de 2008, los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola fueron detenidos por miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón. Los dos jóvenes venían de un monte cercano y les infundieron sospechas. Al pedirles la documentación y revisar las mochilas que portaban, comprobaron que llevaban 2 revólveres y 50 cartuchos de munición. Más tarde quedaría probado que los dos detenidos, junto a Mikel San Sebastián, fueron los autores del atentado con furgoneta bomba en la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006 y que causaron la muerte a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Por aquel crimen, fueron condenados por la Audiencia Nacional a 1.040 años de prisión cada uno de ellos. Sin embargo, al ser detenidos, según considera probado la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, fueron sometidos a malos tratos y torturas. Fueron golpeados e insultados, y siempre según la sentencia, que no es firme y ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, a salvo de miradas indiscretas en una pista forestal, les propinaron una paliza a cada uno a base de puñetazos y patadas. Igor Portu sufrió hematomas, enfisemas, policontusiones, fractura de una costilla y hemoneumotórax, lesiones por las que tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos. Mattin Sarasola sufrió policontusiones y hematomas de menor gravedad que el primero.
Los agentes que les detuvieron replicaron que los terroristas se resistieron violentamente a su arresto y que se vieron obligados a aplicar la fuerza necesaria y proporcional al objeto de reducirles. Además, argumentan (con innegable razón) que es costumbre en los miembros de ETA denunciar torturas y malos tratos cuando son detenidos. Sin embargo, el Tribunal considera que las lesiones no fueron producto de la resistencia sino de naturaleza distinta, y considera más verosímil la versión de los etarras, sustentada por los médicos forenses.
Una asociación de reciente aparición, denominada Asociación pro Guardia Civil APROGC –y que se autodescribe como formada por “guardias que se sienten orgullosos de ser guardias civiles, que son lo que quisieron ser, y que entienden esta noble profesión como algo más que un trabajo”– ha criticado la sentencia en un comunicado al afirmar que “socialmente, los guardias civiles ya estaban medio condenados desde hace tiempo pues “jugaban en campo contrario”. Otra asociación profesional de mandos de la Guardia Civil, la Unión de Oficiales, ha acusado a los jueces del País Vasco de “favorecer a ETA” y de permitir que “los terroristas ganen otra batalla”. El europarlamentario popular Alejo Vidal-Quadras ha escrito en la página web de Intereconomía: “En estos momentos tan dolorosos para la Benemérita, hay que reiterarles nuestra confianza plena, dar por buena su versión y no la de asesinos que siguen la consigna de denunciar agresiones cuando son detenidos llegando a autolesionarse y esperar que el Tribunal Supremo resuelva el recurso a favor de los defensores de la ley y en contra de sus transgresores. ¡Viva la Guardia Civil!”. Esta forma de poner en cuestión las decisiones adoptadas por los Tribunales de Justicia son altamente preocupantes en un estado de derecho, mucho más si provienen de un eurodiputado que actualmente es vicepresidente del Parlamento Europeo, por un lado, y por asociaciones profesionales de funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, por el otro. Entristece comprobar cómo se enaltece a los Tribunales cuando toman decisiones de acuerdo al sentir de cada uno, y como se les vilipendia y se les descalifica cuando lo hacen contrariamente.
En mi opinión, el problema radica en algo que he apuntado antes, en creer que la de guardia civil es una “noble profesión” (¿acaso hay alguna que no lo sea?) que ha de considerarse como algo más que un trabajo, porque precisamente ese plus al que algunos se apuntan, ese “algo más”, algo así como un sacerdocio o una misión divina, es lo que lleva o puede llevar a infringir la Ley. Ese querer hacer algo más que lo que la Ley exige y permite, coloca a quienes así piensan en un podio ficticio de superioridad moral sobre el resto de mortales que les brinda el salvoconducto necesario para conculcar la Ley cuando ellos lo consideren necesario, según su criterio personal. Lo que Portu y Sarasola se merecen, sin lugar a dudas, son los 1.040 años de prisión para cada uno que les recetó la Audiencia Nacional, de los cuales deberán cumplir 40 íntegramente y sin posibilidad de reducción. La paliza que sufrieron, según la Audiencia de Guipúzcoa, es un plus que les puede costar carísimo a los cuatro guardias civiles condenados y que nunca debió haberse producido. Si alguien le ha servido en bandeja una batalla a los terroristas no han sido los jueces, sino aquellos que saltándose la Ley, decidieron delictivamente excederse en el ejercicio de sus funciones. Era innecesario, ilegal, contraproducente e inmoral. Son más que suficientes los 1.040 años de cárcel.
Publicado en http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4328
02 enero 2011
EL AÑO DEL VOLANTAZO
Este año que termina será recordado por todos como el año en que Zapatero pegó un volantazo a la política económica de su gobierno y nos metió en cintura, después de haber disparado el gasto público derrochando como un manirroto, que es lo que hay que hacer para pasar de tener un superávit del 2% del PIB en 2006 y 2007, a un déficit del 11′1% en 2009. De la euforia económica a la depresión. Así, no es extraño que Pedro Solbes dijera basta y que, consecuentemente, ZP le enviara a la 8ª fila del Congreso de los Diputados hasta que dimitió por aburrimiento en septiembre del año pasado.
El año 2010 se ha convertido en un calvario para ZP, porque nunca entendió la gravedad de la crisis y, por tanto, primero negó que nos pudiera afectar, luego maniobró tarde y mal, con más incremento del gasto público, jurando que la crisis no la pagarían los más vulnerables y finalmente, con todas las alarmas sonando insistentemente, tuvieron que venir Obama y Merkel a cantarle las cuarenta. Sólo así Zapatero emprendió el camino de las reformas estructurales y el recorte del gasto público y de los derechos sociales -o lo que es lo mismo, del estado del bienestar-, consciente de que, como dijo en el Congreso, hará lo que tenga que hacer, cueste lo que cueste y le cueste lo que le cueste, que no es otra cosa que enviar al PSOE a sus cuotas electorales más bajas de la historia de la democracia y servirle la victoria al PP rozando la mayoría absoluta. Pero mucho antes que ZP, son los ciudadanos de la clase media y media baja, los autónomos, los jóvenes, los pensionistas y los parados quienes están viviendo un auténtico calvario. La última vuelta de tuerca ha sido el regalo navideño de la subida del recibo de la luz y el gas en un 10%.
Así las cosas, el año que entra no se prevee mejor que este, pues las medidas de contención del gasto ralentizan la recuperación económica y no favorecen la creación de empleo, así que tenemos crisis para rato. Para evitar que Zapatero nos llame catastrofistas o anti-patriotas, pensaremos que también en 2010 hemos tenido momentos buenos, aunque circunscritos al ámbito deportivo, lo que parece un consuelo escaso para compensar las dificultades económicas. A pesar de todo ¡feliz año 2011!
http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4302
El año 2010 se ha convertido en un calvario para ZP, porque nunca entendió la gravedad de la crisis y, por tanto, primero negó que nos pudiera afectar, luego maniobró tarde y mal, con más incremento del gasto público, jurando que la crisis no la pagarían los más vulnerables y finalmente, con todas las alarmas sonando insistentemente, tuvieron que venir Obama y Merkel a cantarle las cuarenta. Sólo así Zapatero emprendió el camino de las reformas estructurales y el recorte del gasto público y de los derechos sociales -o lo que es lo mismo, del estado del bienestar-, consciente de que, como dijo en el Congreso, hará lo que tenga que hacer, cueste lo que cueste y le cueste lo que le cueste, que no es otra cosa que enviar al PSOE a sus cuotas electorales más bajas de la historia de la democracia y servirle la victoria al PP rozando la mayoría absoluta. Pero mucho antes que ZP, son los ciudadanos de la clase media y media baja, los autónomos, los jóvenes, los pensionistas y los parados quienes están viviendo un auténtico calvario. La última vuelta de tuerca ha sido el regalo navideño de la subida del recibo de la luz y el gas en un 10%.
Así las cosas, el año que entra no se prevee mejor que este, pues las medidas de contención del gasto ralentizan la recuperación económica y no favorecen la creación de empleo, así que tenemos crisis para rato. Para evitar que Zapatero nos llame catastrofistas o anti-patriotas, pensaremos que también en 2010 hemos tenido momentos buenos, aunque circunscritos al ámbito deportivo, lo que parece un consuelo escaso para compensar las dificultades económicas. A pesar de todo ¡feliz año 2011!
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23 diciembre 2010
LOS CLUBES MILITARES DE PALMA
El grupo municipal de Unió Mallorquina en el Ayuntamiento de Palma ha presentado una propuesta al pleno del consistorio para que se inicien negociaciones con el Ministerio de Defensa de forma que los clubes militares Es Fortí y Torre d'en Pau pasen a ser de uso compartido, de tal modo que las instalaciones deportivas y recreativas puedan ser utilizadas por todos los ciudadanos y no únicamente por unos pocos funcionarios públicos. La propuesta parece muy lógica. Los clubes militares son rémoras del pasado, donde se pretendía que los mandos militares pertenecientes a las clases privilegiadas del país, quienes fundamentaban su situación de privilegio en la dedicación al ejercicio de las armas como actividad propia del género superior, estuviesen segregados de la ciudadanía y, a su vez, unos militares de otros. Recordemos que Es Fortí es un club únicamente para oficiales y Torre d'en Pau solo para suboficiales, quedando vedados para las clases de tropa y marinería. Quienes no pertenecen a la casta privilegiada, tienen vetada su entrada en tan selecto y elitista círculo social. Pero ¿quién paga el mantenimiento de estas instalaciones que tan poco tienen que ver con la defensa del país ni con las misiones propias de las Fuerzas Armadas? Obviamente, son los presupuestos generales del Estado quienes sufragan el club donde unos pocos jefes y oficiales y sus familias juegan a tenis, nadan y echan sus partidas de dominó o juegan al bingo. El interés general debería primar sobre los privilegios de unos pocos y las instalaciones de Es Fortí deben integrarse en el proyecto del Parc de sa Riera. También debería ser motivo de negociación que la residencia logística de oficiales (eufemismo para evitar hablar de hotel exclusivo para la casta superior) que acaba de ser profundamente rehabilitada con el dinero de todos, pase a ser de uso compartido. Hay en la ciudad un buen número de hoteles de calidad a los que pueden ir los militares, pero rascándose el bolsillo, como el resto de los mortales.
¿Alguien puede imaginar que el ministerio de Fomento pagase con dinero público un club deportivo exclusivo para los controladores aéreos, por ejemplo? ¿O que Hacienda lo hiciese con los funcionarios del servicio de vigilancia aduanera? ¡Sería inconcebible! Pues verán como Defensa se opondrá a la propuesta del Ayuntamiento, junto a los usufructuarios del club, los grandes beneficiados de las prebendas militares.
Instalaciones que en su día fueron militares, como el Quarter de ses Bòvedes, que ahora conocemos como Ses Voltes, ahora es un recinto perfectamente integrado en la ciudad y de uso y disfrute público. O el antiguo hospital militar, transformado en residencia y centro de día para enfermos de Alzheimer.
Es hora de que las instalaciones y recintos que son de titularidad del ministerio de Defensa y no sean imprescindibles para las misiones de los ejércitos, pasen a ser de uso compartido y puedan ser utilizadas por todos los ciudadanos. Así se hizo, aunque con mucho retraso, con la base naval del Puerto de Sóller y sería bueno que se haga, por ejemplo con el Puig Major, para permitir el paso a los excursionistas, con las condiciones y circunstancias que se consideren convenientes. Pero vetarlo todo por capricho militar, aunque es tradición española, no es de recibo en la actualidad. Y por eso creo que hay que aplaudir la iniciativa de UM y la Asociación de Vecinos de Es Fortí, pues trata de beneficiar a todos y no solo a unos pocos privilegiados.
http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4270
¿Alguien puede imaginar que el ministerio de Fomento pagase con dinero público un club deportivo exclusivo para los controladores aéreos, por ejemplo? ¿O que Hacienda lo hiciese con los funcionarios del servicio de vigilancia aduanera? ¡Sería inconcebible! Pues verán como Defensa se opondrá a la propuesta del Ayuntamiento, junto a los usufructuarios del club, los grandes beneficiados de las prebendas militares.
Instalaciones que en su día fueron militares, como el Quarter de ses Bòvedes, que ahora conocemos como Ses Voltes, ahora es un recinto perfectamente integrado en la ciudad y de uso y disfrute público. O el antiguo hospital militar, transformado en residencia y centro de día para enfermos de Alzheimer.
Es hora de que las instalaciones y recintos que son de titularidad del ministerio de Defensa y no sean imprescindibles para las misiones de los ejércitos, pasen a ser de uso compartido y puedan ser utilizadas por todos los ciudadanos. Así se hizo, aunque con mucho retraso, con la base naval del Puerto de Sóller y sería bueno que se haga, por ejemplo con el Puig Major, para permitir el paso a los excursionistas, con las condiciones y circunstancias que se consideren convenientes. Pero vetarlo todo por capricho militar, aunque es tradición española, no es de recibo en la actualidad. Y por eso creo que hay que aplaudir la iniciativa de UM y la Asociación de Vecinos de Es Fortí, pues trata de beneficiar a todos y no solo a unos pocos privilegiados.
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14 diciembre 2010
Los controladores aéreos prefieren ser militares
Llaman la atención las declaraciones del portavoz del sindicato de controladores USCA, César Cabo, cuando afirma que trabajan “bastante mejor militarizados que bajo las órdenes de AENA”. Acabo de oír en una emisora de radio al ministro de Fomento, José Blanco, afirmar que una cosa son la mayoría de los controladores que trabajan y otra cosa distinta son aquellos que les “coordinan, promueven e instigan”, en alusión bastante explícita a los dirigentes del sindicato, cargando sobre estos toda la responsabilidad de lo ocurrido. Además, ha criticado duramente a uno de los cabecillas del USCA que estos días ha estado “paseando de plató en plató diciendo que los tratábamos como esclavos” -sospecho que se trata del citado César Cabo- y ha desvelado sin citarle que entre el año 2008 y 2009 cobró 900.000 € brutos (casi 150 millones de pesetas en sólo dos años). “Aún ahora, ahora después de la reforma, van a cobrar un salario medio de entorno a 200.000 €, que lo cobra muy poca gente en este país. Es el triple de lo que cobra un cirujano de cualquier hospital o un catedrático de universidad”, ha afirmado Blanco. Puedo asegurar que en España no hay ningún militar ni civil en la Administración pública que gane esas cantidades ni de lejos, y los militares, como todo el mundo sabe, no pueden negocian su convenio colectivo, de modo que sus afirmaciones de que están mucho mejor militarizados que bajo las órdenes de AENA, están absolutamente fuera de lugar y demuestran un grado de frivolidad alarmante.
Los controladores que están siendo llamados a declarar ante la Fiscalía de Madrid -y previsiblemente el resto de controladores de todas las torres de control, incluidos los de Baleares, que tuvieron un papel determinante en la crisis del puente de la Constitución- se están acogiendo a su derecho constitucional a no declarar, alegando que desde la entrada en vigor de los decretos que dictó el Gobierno, la jurisdicción competente es la militar. Están en su derecho de hacerlo, pero es justo señalar que la burla toma proporciones descomunales. ¿Acaso piensan ellos que quizás sea mejor para sus intereses que les interrogue un fiscal jurídico-militar, que no deja de ser un funcionario militar del Ministerio de Defensa? Los responsables de USCA parecen haber perdido la cabeza por completo y están arrastrando a todo el colectivo a un callejón sin salida. Y a la vez, dándole sobrados argumentos al Gobierno para acabar con los dirigentes del sindicato con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, ya que no pueden prescindir de todos los expedientados, que son más de 400.
Los controladores harían bien en tomarse muy en serio las advertencias que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba hizo el viernes pasado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros: “Estas cosas no van a acabar sin nada. No puede ser. Aquí hay una gravísima responsabilidad y que por tanto el peso de la Ley, sea esta laboral, penal o civil, va a caer, lógicamente, sobre aquellos que cometieron esa gravísima irresponsabilidad, repito, y que ahora se pasean por ahí como si no nada hubiese pasado. Es gravísimo”.
De todos modos, uno de los objetivos de los controladores se ha cumplido. Es difícil escuchar una tertulia donde no se analicen pormenorizadamente las condiciones de trabajo y salariales de este colectivo de 2.400 trabajadores. Unos los catalogan de privilegiados y otros los sitúan como víctimas de una celada del Gobierno. ¿Por qué no se hace lo mismo con los funcionarios de la Guardia Civil o la Policía Nacional? ¿O con los profesores de universidad? ¿O con los controladores aéreos militares? ¿O con los auxiliares de enfermería? ¿O con los periodistas? ¿O con los becarios? ¿O con los recepcionistas de hotel? Como si los únicos que estuviesen fastidiados fueran los controladores... ¡Que vayan y le pregunten a los 4 millones y medio de desempleados!
Los controladores que están siendo llamados a declarar ante la Fiscalía de Madrid -y previsiblemente el resto de controladores de todas las torres de control, incluidos los de Baleares, que tuvieron un papel determinante en la crisis del puente de la Constitución- se están acogiendo a su derecho constitucional a no declarar, alegando que desde la entrada en vigor de los decretos que dictó el Gobierno, la jurisdicción competente es la militar. Están en su derecho de hacerlo, pero es justo señalar que la burla toma proporciones descomunales. ¿Acaso piensan ellos que quizás sea mejor para sus intereses que les interrogue un fiscal jurídico-militar, que no deja de ser un funcionario militar del Ministerio de Defensa? Los responsables de USCA parecen haber perdido la cabeza por completo y están arrastrando a todo el colectivo a un callejón sin salida. Y a la vez, dándole sobrados argumentos al Gobierno para acabar con los dirigentes del sindicato con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, ya que no pueden prescindir de todos los expedientados, que son más de 400.
Los controladores harían bien en tomarse muy en serio las advertencias que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba hizo el viernes pasado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros: “Estas cosas no van a acabar sin nada. No puede ser. Aquí hay una gravísima responsabilidad y que por tanto el peso de la Ley, sea esta laboral, penal o civil, va a caer, lógicamente, sobre aquellos que cometieron esa gravísima irresponsabilidad, repito, y que ahora se pasean por ahí como si no nada hubiese pasado. Es gravísimo”.
De todos modos, uno de los objetivos de los controladores se ha cumplido. Es difícil escuchar una tertulia donde no se analicen pormenorizadamente las condiciones de trabajo y salariales de este colectivo de 2.400 trabajadores. Unos los catalogan de privilegiados y otros los sitúan como víctimas de una celada del Gobierno. ¿Por qué no se hace lo mismo con los funcionarios de la Guardia Civil o la Policía Nacional? ¿O con los profesores de universidad? ¿O con los controladores aéreos militares? ¿O con los auxiliares de enfermería? ¿O con los periodistas? ¿O con los becarios? ¿O con los recepcionistas de hotel? Como si los únicos que estuviesen fastidiados fueran los controladores... ¡Que vayan y le pregunten a los 4 millones y medio de desempleados!
02 diciembre 2010
AUGC: teatro de máscaras en la Guardia Civil
Hace tiempo que no escribía en mi blog por varios motivos. Fundamentalmente, porque la necesidad de compartir mis reflexiones se ve colmada a través de mis intervenciones en los medios de comunicación con los que colaboro de forma ocasional. Sin embargo, voy a intentar retomar mi actividad literaria en el blog de forma más regular. Espero conseguirlo.
Como se podrá sospechar, ha sucedido algo que me ha impelido a terminar mi silencio. Ha sido algo en el ámbito de la Guardia Civil y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Algo que considero grave, no por el hecho en sí, sino por la suma que resulta de unos cuantos actos con los que no puedo estar de acuerdo y quiero que así conste. Pero antes de nada debo decir que apoyo en todo las reivindicaciones de los y las guardias civiles y me solidarizo plenamente con aquellos compañeros que, por defender los intereses de los afiliados y afiliadas a AUGC, sufren represalias en forma de expedientes disciplinarios. He pasado por ello antes y sé lo duro que es. Pero hay cosas con las que no puedo estar de acuerdo porque considero equivocadas y contraproducentes.
El día 25 de junio de 2010, la asociación profesional de la que fui secretario de comunicación (julio 2003 - octubre 2006) y secretario general (octubre 2006 - abril 2008), llevó a cabo una concentración en Madrid, junto a la sede del sindicato Comisiones Obreras, donde unas personas disfrazadas con capotes verdes, tricornios y esparadrapo rojo en la boca, reclamaban en nombre de AUGC “No más recortes. Por una jornada laboral digna”. En un lateral, sin tomar la pancarta, pudimos ver al actual secretario general de AUGC y vocal del consejo de la Guardia Civil, Alberto Moya. Debo decir que ya me pareció equivocada esta representación teatral, básicamente por lo que tiene de salto en el tiempo, recurriendo a agentes retirados para reivindicaciones que deben protagonizar los interesados, si de verdad lo son.
El 18 de septiembre de este año 2010, AUGC cosechó un éxito importantísimo al celebrar una manifestación en Madrid que inicialmente había sido prohibida por la Subdelegación del Gobierno y posteriormente autorizada por los tribunales de Justicia. A esta manifestación acudieron miles de agentes de toda España.
En este ambiente de encendido conflicto colectivo, donde incluso el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba pidió “por favor” a los agentes de la Agrupación de Tráfico que cesaran en sus protestas y abandonaran la “huelga de celo”, volviendo a denunciar las infracciones como lo hacían meses antes; se han abierto numerosos expedientes disciplinarios a varios dirigentes de AUGC. En ciertos casos, la acumulación de sanciones sufridas pone en peligro grave la propia continuidad en el Cuerpo de algunos compañeros.
Pues bien, en esta coyuntura donde, por más que se ha señalado tras la manifestación de septiembre que la pelota está en el tejado del Gobierno, el ejecutivo no ha dado ninguna muestra de querer resolver el conflicto mediante la negociación y persiste en su empeño de recurrir a las sanciones disciplinarias contra dirigentes de AUGC (quienes, dicho sea de paso, no lo ponen muy difícil ateniéndonos al contenido de ciertas declaraciones ante la prensa), los dirigentes nacionales de AUGC, fundamentalmente aquellos que están en situación más comprometida desde el punto de vista disciplinario, parecen haber caído en la desesperación y en el pánico.
Antes de ayer, martes 30 de noviembre, comparecían ante la prensa tres compañeros en situación de retiro vistiendo su uniforme pero encapuchados, para leer un manifiesto donde pedían el cese de los expedientes. La imagen lo dice todo.
Creo honestamente que es un grave error recurrir a los compañeros retirados para llevar a cabo actos de protesta que deben protagonizar en todo caso los dirigentes de la Asociación. Así lo entendimos en su día y así lo hicimos tanto mi antecesor Fernando Carrillo, como yo mismo. Obviamente, no salió gratis, pero ya se sabe que si alguien quiere conseguir algo, algo le va a costar... Sé de lo que hablo y creo que nadie me puede negar la coherencia de mis planteamientos. Ya no es época de reivindicar por persona interpuesta, mucho menos de esta guisa.
Digo más. Durante muchos años, antes de que yo llegase a ser secretario general de AUGC, fueron los retirados y las esposas de los guardias (todos recordarán las asociaciones de familiares y simpatizantes) quienes protestaban activamente. Y más allá de acumular titulares más o menos llamativos en la prensa, nada se consiguió. Absolutamente nada. Como sucede ahora. El ejecutivo de turno cargaba con el teórico desgaste y sancionaba a diestro y siniestro. Cuando de verdad se consiguieron cosas es cuando los guardias civiles nos pusimos al frente de las reivindicaciones y de la movilización cuando hizo falta. Dando la cara y a pecho descubierto. Sin capuchas. La razón esencial por la que, a mi juicio, no hay resultados es porque no hay estrategia y únicamente se llevan a cabo acciones absurdas sin continuidad, dando palos de ciego que no ayudarán ni, por un lado, a conseguir ninguno de los legítimos objetivos propuestos para mejorar la situación laboral del colectivo, ni por otro lado, revertir la delicada situación en la que algunos dirigentes se encuentran ahora mismo en el ámbito disciplinario. Más bien todo lo contrario. Rubalcaba no soltará la presa llevando a cabo acciones de dudosa legalidad y nula eficacia. Si alguien cree que la humillación de un ministro pidiendo “por favor” públicamente, o el varapalo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la manifestación, va a salir gratis, no sabe a quién tiene delante. Y menos aún van a doblegarse los altos mandos del Cuerpo, quienes a través de una asociación pantalla que ha visto recientemente la luz, ya se expresan en voz alta y sin miedo para criticar a AUGC y defender el estatus militar de la Guardia Civil.
A mi juicio, aquellos sobre quienes pesa mayor riesgo deben abandonar sus responsabilidades con urgencia y dejar de exponerse a un peligroso futuro profesional. Están absolutamente quemados y lo demuestra el mero hecho de que no son capaces de comparecer por sí ante la prensa, por temor a las represalias consiguientes. Es comprensible y humano. Pero sin quererlo, se han convertido en el verdadero talón de Aquiles de AUGC y por extensión, de todo el movimiento asociativo profesional, quien si carece del empuje decisivo de la organización mayoritaria, es incapaz de hacer nada.
Su prioridad, no cabe duda, es arreglar su delicada situación personal. Pero ellos ya no están en situación de procurarse el arreglo, como no sea a costa de todos los demás y de los objetivos de todos... Y las actuaciones teatrales que ponen en marcha, aún complican más la posibilidad de una salida digna y satisfactoria.
Pensar que Rubalcaba y los generales cederán, recurriendo a acciones teatrales estrambóticas con agentes retirados hace muchos años, que se visten el uniforme para presionar al Gobierno, es no tener ni idea de lo que cabe esperar del Gobierno y de su actual vicepresidente 1º y ministro del Interior. ¿Acaso no hemos aprendido nada?
Recuerdo que tras la manifestación del 20 de enero de 2007, el PSOE tardó 47 días en llamarnos para negociar los anteproyectos de ley que aprobaría el Gobierno. No lo hicieron hasta el día 9 de marzo. Durante esos largos 47 días, además de abrirnos expedientes por faltas muy graves a una veintena de compañeros y suspendernos a todos cautelarmente (eso es estar sometidos a auténtica presión, no lo que sucede ahora...), se maniobró de todos los modos posibles para desestabilizar internamente a AUGC. Y lo consiguieron meses más tarde. Siempre hay chacales dispuestos a saltar sobre quien sea, por miedo, por ambición o por quién sabe qué otros intereses. Algunos miembros de la JDN se reunían a espaldas del resto de compañeros con dirigentes socialistas y prometían la entrega de la cabeza del secretario general y del resto si sus expedientes quedaban en poco o en nada... Así sucedió. Los mismos que entonces aceptaron vender a la Asociación acabaron por ostentar su máxima representación con la anuencia de la mayoría, no de los afiliados y afiliadas, a quienes todo se ocultó para evitar males mayores y la desbandada general, sino de unos pocos dirigentes provinciales, algunos de ellos retirados, sin más capacidad que la de atender el teléfono en sus delegaciones y cuyos intereses están alejados de los objetivos comunes. Ahora parece que, al menos, nadie irá a apuñalar por la espalda a los actuales dirigentes, pero la situación está como está dada su incapacidad manifiesta para resolverla. Cuando se echa mano a los jubilados encapuchados, es que ya no hay nada más que se pueda hacer.
Después de algunos años de extrema docilidad con el PSOE, donde incluso se recibió puestos en pie y entre aplausos al director general del Cuerpo en una asamblea general en Madrid, la presión de los afiliados y afiliadas exigió resultados. Mejoras. Menos palabras y más hechos. Y lo cierto y seguro es que después de dos buenas leyes (la en su día tan criticada por algunos visionarios ley de derechos y deberes, y la de régimen disciplinario), que mi equipo y yo tuvimos el honor y la responsabilidad de negociar (no los actuales dirigentes, que de esto no saben nada), ningún progreso ha habido desde entonces que merezca tal nombre.
Empujados a la movilización, ahora se pagan las consecuencias de emprenderlas sin más estrategia que la contratación de autocares... Llenar autocares y abarrotar Madrid de guardias civiles era lo más fácil y lo hace cualquiera. Lo difícil es conseguir los objetivos propuestos a través de la negociación. Y transcurridos 74 días tras la manifestación, ¿qué se ha conseguido? NADA. Porque nunca se pensó en el día después. Se planteó la manifestación como un objetivo en sí mismo, sin caer en la cuenta de que era un fin para conseguir otros objetivos más tangibles e importantes. Pura incapacidad.
Y así las cosas, fruto de la desesperación y del miedo, se recurre a los retirados que ejecutan un sainete destemplado, ofreciendo a Rubalcaba y a los generales la certeza de que tienen a los negociadores de AUGC muertos de miedo y justamente en la situación más propicia para ellos. Y corriendo el riesgo de poner a la opinión pública en contra de la organización, como a mi parecer está sucediendo.
Lamento la situación enormemente, pero mientras no se reconozca por parte de todos los dirigentes actuales de AUGC, sean del ámbito que sean, que la actual JDN está abrasada e incapaz de solucionar el conflicto sin arder ellos mismos arrastrándolos a todos, no hay razones para pensar que la situación pueda remontar. Por descontado, tirar de retirados encapuchados no es el camino para volver a sentar al PSOE y a Rubalcaba en una mesa de negociación. Y tirarse al monte como algunos pretenden (y no hablo de las huelgas de hambre que algunos descerebrados proponen...) es estar muy alejado del sentir mayoritario del común de afiliados y afiliadas y a estas alturas, ya no es de valientes, es de suicidas.
Como se podrá sospechar, ha sucedido algo que me ha impelido a terminar mi silencio. Ha sido algo en el ámbito de la Guardia Civil y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Algo que considero grave, no por el hecho en sí, sino por la suma que resulta de unos cuantos actos con los que no puedo estar de acuerdo y quiero que así conste. Pero antes de nada debo decir que apoyo en todo las reivindicaciones de los y las guardias civiles y me solidarizo plenamente con aquellos compañeros que, por defender los intereses de los afiliados y afiliadas a AUGC, sufren represalias en forma de expedientes disciplinarios. He pasado por ello antes y sé lo duro que es. Pero hay cosas con las que no puedo estar de acuerdo porque considero equivocadas y contraproducentes.
El día 25 de junio de 2010, la asociación profesional de la que fui secretario de comunicación (julio 2003 - octubre 2006) y secretario general (octubre 2006 - abril 2008), llevó a cabo una concentración en Madrid, junto a la sede del sindicato Comisiones Obreras, donde unas personas disfrazadas con capotes verdes, tricornios y esparadrapo rojo en la boca, reclamaban en nombre de AUGC “No más recortes. Por una jornada laboral digna”. En un lateral, sin tomar la pancarta, pudimos ver al actual secretario general de AUGC y vocal del consejo de la Guardia Civil, Alberto Moya. Debo decir que ya me pareció equivocada esta representación teatral, básicamente por lo que tiene de salto en el tiempo, recurriendo a agentes retirados para reivindicaciones que deben protagonizar los interesados, si de verdad lo son.
El 18 de septiembre de este año 2010, AUGC cosechó un éxito importantísimo al celebrar una manifestación en Madrid que inicialmente había sido prohibida por la Subdelegación del Gobierno y posteriormente autorizada por los tribunales de Justicia. A esta manifestación acudieron miles de agentes de toda España.
En este ambiente de encendido conflicto colectivo, donde incluso el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba pidió “por favor” a los agentes de la Agrupación de Tráfico que cesaran en sus protestas y abandonaran la “huelga de celo”, volviendo a denunciar las infracciones como lo hacían meses antes; se han abierto numerosos expedientes disciplinarios a varios dirigentes de AUGC. En ciertos casos, la acumulación de sanciones sufridas pone en peligro grave la propia continuidad en el Cuerpo de algunos compañeros.
Pues bien, en esta coyuntura donde, por más que se ha señalado tras la manifestación de septiembre que la pelota está en el tejado del Gobierno, el ejecutivo no ha dado ninguna muestra de querer resolver el conflicto mediante la negociación y persiste en su empeño de recurrir a las sanciones disciplinarias contra dirigentes de AUGC (quienes, dicho sea de paso, no lo ponen muy difícil ateniéndonos al contenido de ciertas declaraciones ante la prensa), los dirigentes nacionales de AUGC, fundamentalmente aquellos que están en situación más comprometida desde el punto de vista disciplinario, parecen haber caído en la desesperación y en el pánico.
Antes de ayer, martes 30 de noviembre, comparecían ante la prensa tres compañeros en situación de retiro vistiendo su uniforme pero encapuchados, para leer un manifiesto donde pedían el cese de los expedientes. La imagen lo dice todo.
Creo honestamente que es un grave error recurrir a los compañeros retirados para llevar a cabo actos de protesta que deben protagonizar en todo caso los dirigentes de la Asociación. Así lo entendimos en su día y así lo hicimos tanto mi antecesor Fernando Carrillo, como yo mismo. Obviamente, no salió gratis, pero ya se sabe que si alguien quiere conseguir algo, algo le va a costar... Sé de lo que hablo y creo que nadie me puede negar la coherencia de mis planteamientos. Ya no es época de reivindicar por persona interpuesta, mucho menos de esta guisa.
Digo más. Durante muchos años, antes de que yo llegase a ser secretario general de AUGC, fueron los retirados y las esposas de los guardias (todos recordarán las asociaciones de familiares y simpatizantes) quienes protestaban activamente. Y más allá de acumular titulares más o menos llamativos en la prensa, nada se consiguió. Absolutamente nada. Como sucede ahora. El ejecutivo de turno cargaba con el teórico desgaste y sancionaba a diestro y siniestro. Cuando de verdad se consiguieron cosas es cuando los guardias civiles nos pusimos al frente de las reivindicaciones y de la movilización cuando hizo falta. Dando la cara y a pecho descubierto. Sin capuchas. La razón esencial por la que, a mi juicio, no hay resultados es porque no hay estrategia y únicamente se llevan a cabo acciones absurdas sin continuidad, dando palos de ciego que no ayudarán ni, por un lado, a conseguir ninguno de los legítimos objetivos propuestos para mejorar la situación laboral del colectivo, ni por otro lado, revertir la delicada situación en la que algunos dirigentes se encuentran ahora mismo en el ámbito disciplinario. Más bien todo lo contrario. Rubalcaba no soltará la presa llevando a cabo acciones de dudosa legalidad y nula eficacia. Si alguien cree que la humillación de un ministro pidiendo “por favor” públicamente, o el varapalo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la manifestación, va a salir gratis, no sabe a quién tiene delante. Y menos aún van a doblegarse los altos mandos del Cuerpo, quienes a través de una asociación pantalla que ha visto recientemente la luz, ya se expresan en voz alta y sin miedo para criticar a AUGC y defender el estatus militar de la Guardia Civil.
A mi juicio, aquellos sobre quienes pesa mayor riesgo deben abandonar sus responsabilidades con urgencia y dejar de exponerse a un peligroso futuro profesional. Están absolutamente quemados y lo demuestra el mero hecho de que no son capaces de comparecer por sí ante la prensa, por temor a las represalias consiguientes. Es comprensible y humano. Pero sin quererlo, se han convertido en el verdadero talón de Aquiles de AUGC y por extensión, de todo el movimiento asociativo profesional, quien si carece del empuje decisivo de la organización mayoritaria, es incapaz de hacer nada.
Su prioridad, no cabe duda, es arreglar su delicada situación personal. Pero ellos ya no están en situación de procurarse el arreglo, como no sea a costa de todos los demás y de los objetivos de todos... Y las actuaciones teatrales que ponen en marcha, aún complican más la posibilidad de una salida digna y satisfactoria.
Pensar que Rubalcaba y los generales cederán, recurriendo a acciones teatrales estrambóticas con agentes retirados hace muchos años, que se visten el uniforme para presionar al Gobierno, es no tener ni idea de lo que cabe esperar del Gobierno y de su actual vicepresidente 1º y ministro del Interior. ¿Acaso no hemos aprendido nada?
Recuerdo que tras la manifestación del 20 de enero de 2007, el PSOE tardó 47 días en llamarnos para negociar los anteproyectos de ley que aprobaría el Gobierno. No lo hicieron hasta el día 9 de marzo. Durante esos largos 47 días, además de abrirnos expedientes por faltas muy graves a una veintena de compañeros y suspendernos a todos cautelarmente (eso es estar sometidos a auténtica presión, no lo que sucede ahora...), se maniobró de todos los modos posibles para desestabilizar internamente a AUGC. Y lo consiguieron meses más tarde. Siempre hay chacales dispuestos a saltar sobre quien sea, por miedo, por ambición o por quién sabe qué otros intereses. Algunos miembros de la JDN se reunían a espaldas del resto de compañeros con dirigentes socialistas y prometían la entrega de la cabeza del secretario general y del resto si sus expedientes quedaban en poco o en nada... Así sucedió. Los mismos que entonces aceptaron vender a la Asociación acabaron por ostentar su máxima representación con la anuencia de la mayoría, no de los afiliados y afiliadas, a quienes todo se ocultó para evitar males mayores y la desbandada general, sino de unos pocos dirigentes provinciales, algunos de ellos retirados, sin más capacidad que la de atender el teléfono en sus delegaciones y cuyos intereses están alejados de los objetivos comunes. Ahora parece que, al menos, nadie irá a apuñalar por la espalda a los actuales dirigentes, pero la situación está como está dada su incapacidad manifiesta para resolverla. Cuando se echa mano a los jubilados encapuchados, es que ya no hay nada más que se pueda hacer.
Después de algunos años de extrema docilidad con el PSOE, donde incluso se recibió puestos en pie y entre aplausos al director general del Cuerpo en una asamblea general en Madrid, la presión de los afiliados y afiliadas exigió resultados. Mejoras. Menos palabras y más hechos. Y lo cierto y seguro es que después de dos buenas leyes (la en su día tan criticada por algunos visionarios ley de derechos y deberes, y la de régimen disciplinario), que mi equipo y yo tuvimos el honor y la responsabilidad de negociar (no los actuales dirigentes, que de esto no saben nada), ningún progreso ha habido desde entonces que merezca tal nombre.
Empujados a la movilización, ahora se pagan las consecuencias de emprenderlas sin más estrategia que la contratación de autocares... Llenar autocares y abarrotar Madrid de guardias civiles era lo más fácil y lo hace cualquiera. Lo difícil es conseguir los objetivos propuestos a través de la negociación. Y transcurridos 74 días tras la manifestación, ¿qué se ha conseguido? NADA. Porque nunca se pensó en el día después. Se planteó la manifestación como un objetivo en sí mismo, sin caer en la cuenta de que era un fin para conseguir otros objetivos más tangibles e importantes. Pura incapacidad.
Y así las cosas, fruto de la desesperación y del miedo, se recurre a los retirados que ejecutan un sainete destemplado, ofreciendo a Rubalcaba y a los generales la certeza de que tienen a los negociadores de AUGC muertos de miedo y justamente en la situación más propicia para ellos. Y corriendo el riesgo de poner a la opinión pública en contra de la organización, como a mi parecer está sucediendo.
Lamento la situación enormemente, pero mientras no se reconozca por parte de todos los dirigentes actuales de AUGC, sean del ámbito que sean, que la actual JDN está abrasada e incapaz de solucionar el conflicto sin arder ellos mismos arrastrándolos a todos, no hay razones para pensar que la situación pueda remontar. Por descontado, tirar de retirados encapuchados no es el camino para volver a sentar al PSOE y a Rubalcaba en una mesa de negociación. Y tirarse al monte como algunos pretenden (y no hablo de las huelgas de hambre que algunos descerebrados proponen...) es estar muy alejado del sentir mayoritario del común de afiliados y afiliadas y a estas alturas, ya no es de valientes, es de suicidas.
14 abril 2010
L'entrevista de Jaume Matas a IB3
L'entrevista que IB3 va fer a Jaume Matas ha aixecat, com era previsible, molta controvèrsia. És normal. El que ja em costa més d'entendre és que s'ataqui al mitjà de comunicació que li ha fet l'entrevista. Crec sincerament que IB3 s'ha apuntat un èxit des del punt de vista periodístic. Aquells que des de diferents partits polítics (concretament ERC i IU) critiquen IB3 per haver-se anotat aquest punt, demostren que ells farien el mateix que feia Matas quan tenia el control de l'ens públic IB3, és a dir utilitzar-lo políticament i a conveniència, ben allunyats de criteris periodístics neutrals. ¿Quin mitjà de comunicació, públic o privat, s'hagués negat a entrevistar un protagonista de l'actualitat balear de primer ordre, basant-se en criteris estrictament periodístics? Cap ni un.
També hi ha hagut atacs que provenen de periodistes que no aconsegueixen (alguns tan sols ni ho intenten) amagar l'enveja que els ha produït no ser ells qui fessin l'entrevista. D'entre ells, el que més m'ha decebut és en Miquel Payeras, que culpa IB3 del que Jaume Matas digué a les càmeres. El seus arguments publicats a UH i DdB, comparant Jaume Matas i Maria Antònia Munar amb “La Paca”, freguen el ridícul i no son dignes d'un periodista del seu nivell. Estic segur que les seves crítiques injustes no tenen res a veure amb el fet que IB3 el substituís com presentador d'un programa de la cadena pública.
Coincidesc totalment amb Josep Cuní, reconegut professional de Televisió de Catalunya - TV3, quan va dir en directe el dia 8, davant el propi Miquel Palleras, entre altres periodistes, que s'intentava matar al missatger. I va felicitar públicament Elena Serra, periodista d'IB3 TV, diguen-li: “felicitats per haver aconseguit una entrevista que qualsevol periodista, no tan sols de les Balears, si no d'arreu, hagués volgut fer”. Jo m'hi sumo.
(Publicat a Última Hora el 13-4-2010 i a El Mundo el 12-4-2010)
06 abril 2010
¿ENDURECER LA LEY DEL MENOR?
Cada vez que un menor comete un delito grave y que genera alarma social, se trae a debate el endurecimiento de la Ley Penal del Menor. Se lanza esta pregunta: ¿qué debemos hacer para que casos como este no se repitan? Y la dura realidad, aunque no se quiera reconocer, es que no se pueden evitar. Lamentablemente, en toda sociedad hay crímenes y hay criminales. Esto es así en todas las organizaciones sociales, en todas las épocas y con cualquier ideología en el poder. No vivimos en un mundo perfecto, por más que quisiéramos.
La Ley Penal del Menor es una buena ley y así lo reconocen la inmensa mayoría de los profesionales en estos temas. Una ley que incide más en la reeducación de los menores antes que en la reclusión pura y dura de estos en una cárcel, sin hacer nada más con ellos, donde lo único que iban a aprender es a ser aún peores. De la cárcel nadie sale mejor, sino todo lo contrario y aún más un chaval que ha cometido un delito cuando era menor. Pero por buena y efectiva que sea la ley, no impedirá que sigan produciéndose casos de homicidios o asesinatos protagonizados inexplicablemente por menores. Ahí nunca va a llegar ninguna ley. En cambio, sí podemos hacer (o al menos intentar) que los menores protagonistas de esos contadísimos casos (aunque ahora nos parezca falsamente que cada día se produce uno…) sean reintegrados a la sociedad y que no vuelvan a delinquir nunca más. Es lo que sucede en la inmensa mayoría de casos en que la Ley Penal del Menor se aplica, aunque no se explique convenientemente a la ciudadanía y aún haya quien lo niegue.
Cuando sucede un acto criminal como el acontecido la semana pasada, que le costó la vida a Cristina Martín en Seseña, hay quien pretende pescar en río revuelto, aprovechando la general indignación y el dolor de los familiares de las víctimas. Acabo de oír al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el popular Arturo Canalda, en una entrevista en la Cadena COPE hacer demagogia de la peor cuando afirma que en esta sociedad actual, donde no hay valores y la vida no vale nada, “empezando por la vida en el seno materno” (literalmente), poner más énfasis en adoctrinar a nuestros hijos con la asignatura de Educación para la ciudadanía antes que inculcarles principios, disciplina y respeto a la autoridad. A este punto de oportunismo político hemos llegado, donde se utiliza un crimen que a todos conmociona para sacudirle sin contemplaciones al gobierno, por su reforma de la ley del aborto y por la asignatura EpC.
El PP está haciendo una política oportunista y alejada del rigor que estos asuntos requiere. El fichaje de Juan José Cortes como asesor para la reforma del Código Penal, por el mero hecho de protagonizar una campaña a favor de la instauración de la cadena perpetua revisable a los 20 años (medida a mi juicio totalmente anticonstitucional), como si el padre de Mari Luz fuera un experto en derecho penitenciario, me parece de una frivolidad irresponsable. Por la simple naturaleza de las cosas, no es él la persona idónea para asesorar sobre la modificación del Código Penal.
Bien está que se modifiquen las leyes cuando sea preciso. Y que se haga con el mayor consenso posible (como así deberá ser al tratarse de leyes orgánicas –la del Código Penal y la de la Ley Penal del Menor- que requieren mayorías reforzadas en el Parlamento para su aprobación), pero hacerlo al pairo de la alarma social que estos casos general y aprovechando el caso para desgastar al gobierno, me parece altamente irresponsable.
La Ley Penal del Menor es una buena ley y así lo reconocen la inmensa mayoría de los profesionales en estos temas. Una ley que incide más en la reeducación de los menores antes que en la reclusión pura y dura de estos en una cárcel, sin hacer nada más con ellos, donde lo único que iban a aprender es a ser aún peores. De la cárcel nadie sale mejor, sino todo lo contrario y aún más un chaval que ha cometido un delito cuando era menor. Pero por buena y efectiva que sea la ley, no impedirá que sigan produciéndose casos de homicidios o asesinatos protagonizados inexplicablemente por menores. Ahí nunca va a llegar ninguna ley. En cambio, sí podemos hacer (o al menos intentar) que los menores protagonistas de esos contadísimos casos (aunque ahora nos parezca falsamente que cada día se produce uno…) sean reintegrados a la sociedad y que no vuelvan a delinquir nunca más. Es lo que sucede en la inmensa mayoría de casos en que la Ley Penal del Menor se aplica, aunque no se explique convenientemente a la ciudadanía y aún haya quien lo niegue.
Cuando sucede un acto criminal como el acontecido la semana pasada, que le costó la vida a Cristina Martín en Seseña, hay quien pretende pescar en río revuelto, aprovechando la general indignación y el dolor de los familiares de las víctimas. Acabo de oír al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el popular Arturo Canalda, en una entrevista en la Cadena COPE hacer demagogia de la peor cuando afirma que en esta sociedad actual, donde no hay valores y la vida no vale nada, “empezando por la vida en el seno materno” (literalmente), poner más énfasis en adoctrinar a nuestros hijos con la asignatura de Educación para la ciudadanía antes que inculcarles principios, disciplina y respeto a la autoridad. A este punto de oportunismo político hemos llegado, donde se utiliza un crimen que a todos conmociona para sacudirle sin contemplaciones al gobierno, por su reforma de la ley del aborto y por la asignatura EpC.
El PP está haciendo una política oportunista y alejada del rigor que estos asuntos requiere. El fichaje de Juan José Cortes como asesor para la reforma del Código Penal, por el mero hecho de protagonizar una campaña a favor de la instauración de la cadena perpetua revisable a los 20 años (medida a mi juicio totalmente anticonstitucional), como si el padre de Mari Luz fuera un experto en derecho penitenciario, me parece de una frivolidad irresponsable. Por la simple naturaleza de las cosas, no es él la persona idónea para asesorar sobre la modificación del Código Penal.
Bien está que se modifiquen las leyes cuando sea preciso. Y que se haga con el mayor consenso posible (como así deberá ser al tratarse de leyes orgánicas –la del Código Penal y la de la Ley Penal del Menor- que requieren mayorías reforzadas en el Parlamento para su aprobación), pero hacerlo al pairo de la alarma social que estos casos general y aprovechando el caso para desgastar al gobierno, me parece altamente irresponsable.
11 marzo 2010
6º ANIVERSARIO DEL 11-M
Aquel 11 de marzo de 2004 yo estaba en la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén). Había salido desde Ciudad Real sobre las 5:30 h. con un compañero y nos trasladábamos en coche hacia Baeza. Nos habían ordenado estar allí a las 8:00 h. Formábamos parte como vocales del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil de un grupo de trabajo al que se le había encargado elaborar un nuevo Plan de prevención de conductas suicidas, dada la alarmante cifra de este tipo de comportamientos autolíticos en el Instituto Armado. Íbamos a pasar varios cuestionarios psicológicos a un grupo de alumnos de la academia que nos iban a servir de muestra, y también a miembros del Cuerpo que hubiesen protagonizado un intento de suicidio y voluntariamente quisieran ayudarnos en nuestra investigación.
Entramos en la provincia de Jaén cuando oímos en la radio las primeras informaciones del atentado. Eran las 7:45 aproximadamente. Llegamos a Baeza puntuales. Tomamos café con el resto de compañero y nos fuimos al salón de actos donde a las 9:00 iban a llegar los alumnos que serían sometidos a varios cuestionarios psicológicos. Sobre las 12 del mediodía salí a tomar el aire al patio de la academia. Aproveché para echarle una foto al monolito de homenaje a los caídos con la bandera a media hasta.
Seamos honestos: todos estábamos convencidos de que había sido ETA. Una bomba en Madrid a las 7 de la mañana, blanco y en botella. Tenía que ser ETA. Pero poco a poco, según se iban dando a conocer las informaciones y aumentaba exponencialmente el número de víctimas, fuimos sospechando que ETA no hace las cosas así. Una gran indignación se apoderó de nosotros, sentimiento que fue dejando paso a la tristeza y más adelante, una gran desolación. Algunos, de forma un tanto ingenua, pensamos que si había sido ETA, ese sería su último atentado. Algo parecido al atentado de Omagh (Irlanda del Norte), el 15 de agosto de 1998, donde murieron 29 personas y 220 resultaron heridas.
Por la tarde, después de comer, salimos hacia Madrid. Yo iba con un alférez psicólogo en un coche oficial sin distintivos. La capital era un caos. Una absoluta desolación. 192 muertos son muchos muertos. Y hubiéramos podido ser cualquiera de nosotros.
Aún hay cosas que deben ser aclaradas. Y dejando a un lado teorías conspiratorias, creo que es bueno que no se criminalice a quienes buscan esclarecer absolutamente todo lo que sucedió. Mucho más si quienes lo hacen son familiares de las víctimas: 192 fallecidos y más de 1800 heridos. Aunque siempre me ha parecido deplorable que se haya intentado utilizar su dolor para beneficio partidista, de un lado y de otro.
Mi recuerdo hoy es para todos ellos, los que murieron, los que resultaron heridos y todos sus familiares y amigos. Y mi desprecio absoluto para quienes idearon y perpetraron algo así. Lo peor de la especie humana. Es pensando en esa escoria cuando tengo dudas sobre la conveniencia de la cadena perpetua en España. Aunque quizás no sea hoy el mejor día para plantearlo.
01 marzo 2010
AUTOESTIMA BALEAR
Hoy se cumplen 27 años de la entrada en vigor del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Hoy, los ciudadanos de estas islas gozamos de un nivel de autogobierno aceptable, con un Parlament propio con importantes competencias en materia de educación, sanidad, turismo y otro buen número de materias importantes para la comunidad. Es cierto que hay quien considera que aún es poco, pero no son menos quienes proponen devolver ciertas competencias al gobierno central porque dicen que el actual sistema no es sostenible.
Al margen de eso, quiero hablar del general clima de hartazgo y desánimo colectivo que se ha instalado entre nosotros, cuya causa primera son los casos de corrupción y el número de políticos imputados por tal causa. Hemos llegado a un punto donde es difícil salir a la calle, porque el hedor está en todos lados. Hace falta una catarsis en la vida pública. Es imprescindible que se instale la transparencia en los partidos políticos y se depure a todos aquellos que se han aprovechado de su cargo en beneficio propio y de su red de familiares y amigos.
Pero que nadie culpe a los demás de lo que sucede. Todos los ciudadanos somos responsables de lo que ha acontecido. Porque siempre hemos sospechado que la corrupción formaba parte inalienable de la política balear. Y la sospecha ha dejado paso a la verdad: hemos tenido en las más altas instituciones del país a gente sin escrúpulos. Y estaban allí porque eran votados, a pesar de todo. Votados por un pueblo que no ha sido capaz de elegir mejor, ni de exigir a sus dirigentes comportamientos éticamente aceptables. Un pueblo que se ha sometido a la voluntad de los partidos políticos, sin reivindicar que fuera justamente al contrario: que los partidos hagan lo que los ciudadanos demandan.
Decía Mijail Bakunin: “La dignidad de toda nación, como la de todo individuo, debe consistir fundamentalmente en que cada uno acepte la plena responsabilidad de sus actos, sin tratar de desplazarla a otros. ¿No son muy estúpidas todas esas lamentaciones de un muchachote con lágrimas en los ojos quejándose de que alguien lo ha corrompido y le ha puesto en el mal camino? Y lo que es impropio en el caso de un muchacho está ciertamente fuera de lugar en el caso de una nación, cuyo mismo sentimiento de autoestima debería excluir cualquier intento de cargar a otros con la culpa de sus propios errores”.
Parece llegado el momento de recuperar la autoestima como ciudadanos de Baleares y expulsar de la vida pública a todos aquellos que por acción o por omisión han contribuido a que la fetidez de la corrupción nos devore. Hace once años que les hicimos una cárcel en la carretera de Valldemossa, muy moderna y con todas las comodidades. Desde allí podrán meditar en profundidad sobre a dónde han llevado a este país. Y cuando salgan, que tengan que irse del país que han expoliado hasta la extenuación sin ningún rubor, riéndose “del sant i de la festa”. Sólo desde la regeneración podremos recuperar la autoestima como pueblo, el orgullo de sentirnos ciudadanos de Baleares.
Al margen de eso, quiero hablar del general clima de hartazgo y desánimo colectivo que se ha instalado entre nosotros, cuya causa primera son los casos de corrupción y el número de políticos imputados por tal causa. Hemos llegado a un punto donde es difícil salir a la calle, porque el hedor está en todos lados. Hace falta una catarsis en la vida pública. Es imprescindible que se instale la transparencia en los partidos políticos y se depure a todos aquellos que se han aprovechado de su cargo en beneficio propio y de su red de familiares y amigos.
Pero que nadie culpe a los demás de lo que sucede. Todos los ciudadanos somos responsables de lo que ha acontecido. Porque siempre hemos sospechado que la corrupción formaba parte inalienable de la política balear. Y la sospecha ha dejado paso a la verdad: hemos tenido en las más altas instituciones del país a gente sin escrúpulos. Y estaban allí porque eran votados, a pesar de todo. Votados por un pueblo que no ha sido capaz de elegir mejor, ni de exigir a sus dirigentes comportamientos éticamente aceptables. Un pueblo que se ha sometido a la voluntad de los partidos políticos, sin reivindicar que fuera justamente al contrario: que los partidos hagan lo que los ciudadanos demandan.
Decía Mijail Bakunin: “La dignidad de toda nación, como la de todo individuo, debe consistir fundamentalmente en que cada uno acepte la plena responsabilidad de sus actos, sin tratar de desplazarla a otros. ¿No son muy estúpidas todas esas lamentaciones de un muchachote con lágrimas en los ojos quejándose de que alguien lo ha corrompido y le ha puesto en el mal camino? Y lo que es impropio en el caso de un muchacho está ciertamente fuera de lugar en el caso de una nación, cuyo mismo sentimiento de autoestima debería excluir cualquier intento de cargar a otros con la culpa de sus propios errores”.
Parece llegado el momento de recuperar la autoestima como ciudadanos de Baleares y expulsar de la vida pública a todos aquellos que por acción o por omisión han contribuido a que la fetidez de la corrupción nos devore. Hace once años que les hicimos una cárcel en la carretera de Valldemossa, muy moderna y con todas las comodidades. Desde allí podrán meditar en profundidad sobre a dónde han llevado a este país. Y cuando salgan, que tengan que irse del país que han expoliado hasta la extenuación sin ningún rubor, riéndose “del sant i de la festa”. Sólo desde la regeneración podremos recuperar la autoestima como pueblo, el orgullo de sentirnos ciudadanos de Baleares.
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