En la mañana del día 6 de enero de 2008, los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola fueron detenidos por miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil en las inmediaciones de la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón. Los dos jóvenes venían de un monte cercano y les infundieron sospechas. Al pedirles la documentación y revisar las mochilas que portaban, comprobaron que llevaban 2 revólveres y 50 cartuchos de munición. Más tarde quedaría probado que los dos detenidos, junto a Mikel San Sebastián, fueron los autores del atentado con furgoneta bomba en la T4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006 y que causaron la muerte a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Por aquel crimen, fueron condenados por la Audiencia Nacional a 1.040 años de prisión cada uno de ellos. Sin embargo, al ser detenidos, según considera probado la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, fueron sometidos a malos tratos y torturas. Fueron golpeados e insultados, y siempre según la sentencia, que no es firme y ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, a salvo de miradas indiscretas en una pista forestal, les propinaron una paliza a cada uno a base de puñetazos y patadas. Igor Portu sufrió hematomas, enfisemas, policontusiones, fractura de una costilla y hemoneumotórax, lesiones por las que tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos. Mattin Sarasola sufrió policontusiones y hematomas de menor gravedad que el primero.
Los agentes que les detuvieron replicaron que los terroristas se resistieron violentamente a su arresto y que se vieron obligados a aplicar la fuerza necesaria y proporcional al objeto de reducirles. Además, argumentan (con innegable razón) que es costumbre en los miembros de ETA denunciar torturas y malos tratos cuando son detenidos. Sin embargo, el Tribunal considera que las lesiones no fueron producto de la resistencia sino de naturaleza distinta, y considera más verosímil la versión de los etarras, sustentada por los médicos forenses.
Una asociación de reciente aparición, denominada Asociación pro Guardia Civil APROGC –y que se autodescribe como formada por “guardias que se sienten orgullosos de ser guardias civiles, que son lo que quisieron ser, y que entienden esta noble profesión como algo más que un trabajo”– ha criticado la sentencia en un comunicado al afirmar que “socialmente, los guardias civiles ya estaban medio condenados desde hace tiempo pues “jugaban en campo contrario”. Otra asociación profesional de mandos de la Guardia Civil, la Unión de Oficiales, ha acusado a los jueces del País Vasco de “favorecer a ETA” y de permitir que “los terroristas ganen otra batalla”. El europarlamentario popular Alejo Vidal-Quadras ha escrito en la página web de Intereconomía: “En estos momentos tan dolorosos para la Benemérita, hay que reiterarles nuestra confianza plena, dar por buena su versión y no la de asesinos que siguen la consigna de denunciar agresiones cuando son detenidos llegando a autolesionarse y esperar que el Tribunal Supremo resuelva el recurso a favor de los defensores de la ley y en contra de sus transgresores. ¡Viva la Guardia Civil!”. Esta forma de poner en cuestión las decisiones adoptadas por los Tribunales de Justicia son altamente preocupantes en un estado de derecho, mucho más si provienen de un eurodiputado que actualmente es vicepresidente del Parlamento Europeo, por un lado, y por asociaciones profesionales de funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, por el otro. Entristece comprobar cómo se enaltece a los Tribunales cuando toman decisiones de acuerdo al sentir de cada uno, y como se les vilipendia y se les descalifica cuando lo hacen contrariamente.
En mi opinión, el problema radica en algo que he apuntado antes, en creer que la de guardia civil es una “noble profesión” (¿acaso hay alguna que no lo sea?) que ha de considerarse como algo más que un trabajo, porque precisamente ese plus al que algunos se apuntan, ese “algo más”, algo así como un sacerdocio o una misión divina, es lo que lleva o puede llevar a infringir la Ley. Ese querer hacer algo más que lo que la Ley exige y permite, coloca a quienes así piensan en un podio ficticio de superioridad moral sobre el resto de mortales que les brinda el salvoconducto necesario para conculcar la Ley cuando ellos lo consideren necesario, según su criterio personal. Lo que Portu y Sarasola se merecen, sin lugar a dudas, son los 1.040 años de prisión para cada uno que les recetó la Audiencia Nacional, de los cuales deberán cumplir 40 íntegramente y sin posibilidad de reducción. La paliza que sufrieron, según la Audiencia de Guipúzcoa, es un plus que les puede costar carísimo a los cuatro guardias civiles condenados y que nunca debió haberse producido. Si alguien le ha servido en bandeja una batalla a los terroristas no han sido los jueces, sino aquellos que saltándose la Ley, decidieron delictivamente excederse en el ejercicio de sus funciones. Era innecesario, ilegal, contraproducente e inmoral. Son más que suficientes los 1.040 años de cárcel.
Publicado en http://www.ultimahorapuntoradio.com/?p=4328
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