Llaman la atención las declaraciones del portavoz del sindicato de controladores USCA, César Cabo, cuando afirma que trabajan “bastante mejor militarizados que bajo las órdenes de AENA”. Acabo de oír en una emisora de radio al ministro de Fomento, José Blanco, afirmar que una cosa son la mayoría de los controladores que trabajan y otra cosa distinta son aquellos que les “coordinan, promueven e instigan”, en alusión bastante explícita a los dirigentes del sindicato, cargando sobre estos toda la responsabilidad de lo ocurrido. Además, ha criticado duramente a uno de los cabecillas del USCA que estos días ha estado “paseando de plató en plató diciendo que los tratábamos como esclavos” -sospecho que se trata del citado César Cabo- y ha desvelado sin citarle que entre el año 2008 y 2009 cobró 900.000 € brutos (casi 150 millones de pesetas en sólo dos años). “Aún ahora, ahora después de la reforma, van a cobrar un salario medio de entorno a 200.000 €, que lo cobra muy poca gente en este país. Es el triple de lo que cobra un cirujano de cualquier hospital o un catedrático de universidad”, ha afirmado Blanco. Puedo asegurar que en España no hay ningún militar ni civil en la Administración pública que gane esas cantidades ni de lejos, y los militares, como todo el mundo sabe, no pueden negocian su convenio colectivo, de modo que sus afirmaciones de que están mucho mejor militarizados que bajo las órdenes de AENA, están absolutamente fuera de lugar y demuestran un grado de frivolidad alarmante.
Los controladores que están siendo llamados a declarar ante la Fiscalía de Madrid -y previsiblemente el resto de controladores de todas las torres de control, incluidos los de Baleares, que tuvieron un papel determinante en la crisis del puente de la Constitución- se están acogiendo a su derecho constitucional a no declarar, alegando que desde la entrada en vigor de los decretos que dictó el Gobierno, la jurisdicción competente es la militar. Están en su derecho de hacerlo, pero es justo señalar que la burla toma proporciones descomunales. ¿Acaso piensan ellos que quizás sea mejor para sus intereses que les interrogue un fiscal jurídico-militar, que no deja de ser un funcionario militar del Ministerio de Defensa? Los responsables de USCA parecen haber perdido la cabeza por completo y están arrastrando a todo el colectivo a un callejón sin salida. Y a la vez, dándole sobrados argumentos al Gobierno para acabar con los dirigentes del sindicato con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, ya que no pueden prescindir de todos los expedientados, que son más de 400.
Los controladores harían bien en tomarse muy en serio las advertencias que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba hizo el viernes pasado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros: “Estas cosas no van a acabar sin nada. No puede ser. Aquí hay una gravísima responsabilidad y que por tanto el peso de la Ley, sea esta laboral, penal o civil, va a caer, lógicamente, sobre aquellos que cometieron esa gravísima irresponsabilidad, repito, y que ahora se pasean por ahí como si no nada hubiese pasado. Es gravísimo”.
De todos modos, uno de los objetivos de los controladores se ha cumplido. Es difícil escuchar una tertulia donde no se analicen pormenorizadamente las condiciones de trabajo y salariales de este colectivo de 2.400 trabajadores. Unos los catalogan de privilegiados y otros los sitúan como víctimas de una celada del Gobierno. ¿Por qué no se hace lo mismo con los funcionarios de la Guardia Civil o la Policía Nacional? ¿O con los profesores de universidad? ¿O con los controladores aéreos militares? ¿O con los auxiliares de enfermería? ¿O con los periodistas? ¿O con los becarios? ¿O con los recepcionistas de hotel? Como si los únicos que estuviesen fastidiados fueran los controladores... ¡Que vayan y le pregunten a los 4 millones y medio de desempleados!
Los controladores que están siendo llamados a declarar ante la Fiscalía de Madrid -y previsiblemente el resto de controladores de todas las torres de control, incluidos los de Baleares, que tuvieron un papel determinante en la crisis del puente de la Constitución- se están acogiendo a su derecho constitucional a no declarar, alegando que desde la entrada en vigor de los decretos que dictó el Gobierno, la jurisdicción competente es la militar. Están en su derecho de hacerlo, pero es justo señalar que la burla toma proporciones descomunales. ¿Acaso piensan ellos que quizás sea mejor para sus intereses que les interrogue un fiscal jurídico-militar, que no deja de ser un funcionario militar del Ministerio de Defensa? Los responsables de USCA parecen haber perdido la cabeza por completo y están arrastrando a todo el colectivo a un callejón sin salida. Y a la vez, dándole sobrados argumentos al Gobierno para acabar con los dirigentes del sindicato con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, ya que no pueden prescindir de todos los expedientados, que son más de 400.
Los controladores harían bien en tomarse muy en serio las advertencias que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba hizo el viernes pasado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros: “Estas cosas no van a acabar sin nada. No puede ser. Aquí hay una gravísima responsabilidad y que por tanto el peso de la Ley, sea esta laboral, penal o civil, va a caer, lógicamente, sobre aquellos que cometieron esa gravísima irresponsabilidad, repito, y que ahora se pasean por ahí como si no nada hubiese pasado. Es gravísimo”.
De todos modos, uno de los objetivos de los controladores se ha cumplido. Es difícil escuchar una tertulia donde no se analicen pormenorizadamente las condiciones de trabajo y salariales de este colectivo de 2.400 trabajadores. Unos los catalogan de privilegiados y otros los sitúan como víctimas de una celada del Gobierno. ¿Por qué no se hace lo mismo con los funcionarios de la Guardia Civil o la Policía Nacional? ¿O con los profesores de universidad? ¿O con los controladores aéreos militares? ¿O con los auxiliares de enfermería? ¿O con los periodistas? ¿O con los becarios? ¿O con los recepcionistas de hotel? Como si los únicos que estuviesen fastidiados fueran los controladores... ¡Que vayan y le pregunten a los 4 millones y medio de desempleados!
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