Cada vez que un menor comete un delito grave y que genera alarma social, se trae a debate el endurecimiento de la Ley Penal del Menor. Se lanza esta pregunta: ¿qué debemos hacer para que casos como este no se repitan? Y la dura realidad, aunque no se quiera reconocer, es que no se pueden evitar. Lamentablemente, en toda sociedad hay crímenes y hay criminales. Esto es así en todas las organizaciones sociales, en todas las épocas y con cualquier ideología en el poder. No vivimos en un mundo perfecto, por más que quisiéramos.
La Ley Penal del Menor es una buena ley y así lo reconocen la inmensa mayoría de los profesionales en estos temas. Una ley que incide más en la reeducación de los menores antes que en la reclusión pura y dura de estos en una cárcel, sin hacer nada más con ellos, donde lo único que iban a aprender es a ser aún peores. De la cárcel nadie sale mejor, sino todo lo contrario y aún más un chaval que ha cometido un delito cuando era menor. Pero por buena y efectiva que sea la ley, no impedirá que sigan produciéndose casos de homicidios o asesinatos protagonizados inexplicablemente por menores. Ahí nunca va a llegar ninguna ley. En cambio, sí podemos hacer (o al menos intentar) que los menores protagonistas de esos contadísimos casos (aunque ahora nos parezca falsamente que cada día se produce uno…) sean reintegrados a la sociedad y que no vuelvan a delinquir nunca más. Es lo que sucede en la inmensa mayoría de casos en que la Ley Penal del Menor se aplica, aunque no se explique convenientemente a la ciudadanía y aún haya quien lo niegue.
Cuando sucede un acto criminal como el acontecido la semana pasada, que le costó la vida a Cristina Martín en Seseña, hay quien pretende pescar en río revuelto, aprovechando la general indignación y el dolor de los familiares de las víctimas. Acabo de oír al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el popular Arturo Canalda, en una entrevista en la Cadena COPE hacer demagogia de la peor cuando afirma que en esta sociedad actual, donde no hay valores y la vida no vale nada, “empezando por la vida en el seno materno” (literalmente), poner más énfasis en adoctrinar a nuestros hijos con la asignatura de Educación para la ciudadanía antes que inculcarles principios, disciplina y respeto a la autoridad. A este punto de oportunismo político hemos llegado, donde se utiliza un crimen que a todos conmociona para sacudirle sin contemplaciones al gobierno, por su reforma de la ley del aborto y por la asignatura EpC.
El PP está haciendo una política oportunista y alejada del rigor que estos asuntos requiere. El fichaje de Juan José Cortes como asesor para la reforma del Código Penal, por el mero hecho de protagonizar una campaña a favor de la instauración de la cadena perpetua revisable a los 20 años (medida a mi juicio totalmente anticonstitucional), como si el padre de Mari Luz fuera un experto en derecho penitenciario, me parece de una frivolidad irresponsable. Por la simple naturaleza de las cosas, no es él la persona idónea para asesorar sobre la modificación del Código Penal.
Bien está que se modifiquen las leyes cuando sea preciso. Y que se haga con el mayor consenso posible (como así deberá ser al tratarse de leyes orgánicas –la del Código Penal y la de la Ley Penal del Menor- que requieren mayorías reforzadas en el Parlamento para su aprobación), pero hacerlo al pairo de la alarma social que estos casos general y aprovechando el caso para desgastar al gobierno, me parece altamente irresponsable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario