#Perboncamí

La EPA del cuarto trimestre indica que en Baleares hay 9.500 personas en paro menos que el año pasado. Sin embargo, los 134.600 desempleados siguen siendo una cifra altísima, un 22,25% de tasa de paro, cifra que continúa muy por encima de la media europea y es del todo inasumible. Dicen desde la Conselleria de Economía y Competitividad que se trata del séptimo trimestre consecutivo en que se crea empleo neto pero hay quien advierte de que, aunque es cierto que la cifra de afiliados a la Seguridad Social crece débilmente un 0,37% de media durante el 2013, las cotizaciones disminuyen porque los salarios son más bajos y menos las horas trabajadas. O sea, que se reducen las horas cotizadas a la Seguridad Social.

 

Estas cifras macroeconómicas enmascaran una brutal realidad que todos, en mayor o menor medida, hemos comprobado en nuestro entorno: muchos puestos de trabajo a jornada completa se han transformado en empleos a tiempo parcial. Vamos, que muchos trabajadores que estaban contratados a 40 horas, gracias a la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en febrero de 2012, fueron despedidos y contratados a media jornada o aún menos. Los famosos minijobs han acabado siendo aplicados por la puerta de atrás y sin que nos enteremos.

 

Mucha gente está siendo contratada por cuatro horas diarias y sin embargo, son obligadas a trabajar 8 horas reales. Por no hablar de que muchos trabajadores por cuenta ajena son obligados a pagar de su sueldo las cotizaciones sociales que correspondería abonar a sus empleadores. “Es lo que hay”, les dicen. Y aún son más los falsos autónomos, quienes mayoritariamente trabajan en exclusiva para una empresa, en las instalaciones de esta y con horarios que ella misma determina, de modo que el empresario se ahorra las cotizaciones sociales e incluso, a menudo, hasta las vacaciones del trabajador. Un fraude cada vez mayor.

 

Y así, como el Gobierno vende por un lado que se crea empleo, pero por el otro lado las cotizaciones a la Seguridad Social se desploman, poniendo en peligro el sistema, no ha tenido otra ocurrencia que, a través un Real Decreto Ley, suprimir las exenciones en conceptos salariales como los pluses de transporte, las ayudas de guardería, los planes de pensiones, los seguros médicos privados o los tickets restaurante. Un auténtico atraco a mano armada que cambia las reglas del juego con el partido empezado y que dispara los costes empresariales, como se han apresurado a denunciar las patronales. El Gobierno que iba a bajar los impuestos y a favorecer la contratación acribilla a empresarios y trabajadores indistintamente con una voracidad recaudadora nunca vista.

 

En conclusión, hay más gente sentada a la mesa, pero todos comemos menos. Y los que no están siquiera en la mesa, los hogares que tienen a todos sus miembros en paro en Baleares, suman 41.900, casi un 5% más que en 2012. Cada vez más pobres, contratados en condiciones más precarias y crujidos a impuestos. Pero como dirían Rajoy y Bauzá, ¡vamos por buen camino!

 

(Publicado en http://www.ciutat.es/opinion/columnistas/item/11471-perboncami)

 

JOANA MARIA CAMPS

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, es más nocivo que el virus de la gripe A. Su persistencia en defender en solitario las prospecciones petrolíferas, ya sean en el Mediterráneo o en Canarias, es solo comparable a la tozudez de la consellera de Educación y Universidades del Govern, Joana Maria Camps, en reivindicarse por la vía de los hechos como la menos idónea para un cargo de tanta importancia. Y no pretendan culpar del desaguisado a Patri Moreno, la jefa de prensa destituida. La responsable última del caos es Camps.

 

Aún prevenidos por ella misma en mayo de 2013, cuando avisó con franqueza de que “mi experiencia en el mundo de la cultura es la que puede tener cualquiera de ustedes”, su gestión durante estos 8 meses no puede ser peor. A base de inmovilismo, sordera, coacciones y expedientes disciplinarios, tiene a toda la comunidad educativa hecha unos zorros. Desde 1983 ha habido 13 consellers, de todas las formaciones políticas, unos mejores y otros peores, pero ninguno como la actual. Francesc Gilet (PP), Maria Antònia Munar (UM), Alexandre Forcades (PP), Bartomeu Vidal (UM), Bartomeu Rotger (PP), Joan Flaquer (PP), Manuel Ferrer (PP), Damià Pons (PSM-EN), Francesc Fiol (PP), Bàrbara Galmés (PSIB), Bartomeu Llinàs (PSIB) y Rafel Bosch (PP), fueron todas ellas personas altamente capacitadas, cada cual con sus propias debilidades y virtudes. Pero Camps aborrece su propio departamento, lo ignora todo de la cultura, -parece detestarla tanto como el propio presidente Bauzá, lo que ya es decir- hasta el punto de traducir el informe PISA en informe “trepitja”, un error que caricaturiza al personaje de forma precisa. Y es incapaz de solucionar ni el más leve de los graves problemas que afectan a la educación, como es de ver. Con ella todo va a peor.

 

¿Qué sucedería si un funcionario cualquiera de la Conselleria de Educación no asistiese a los actos públicos a los que se supone que tiene obligación de acudir? Si Camps pretende seguir cobrando sin trabajar, Bauzá debiera cesarla inmediatamente por zángana. Se escaqueó de la ceremonia de inicio del curso en la UIB, pasó de la toma de posesión de Carme Riera en la RAE, no fue a los premios Ciutat de Palma y desprecia al Consell Escolar, al que acudió ayer por primera vez en 8 meses. ¿Al margen de tuitear compulsivamente, hace algo para ganarse el abultado sueldo que le pagamos? En absoluto.

(Publicado en Última Hora)

UN FISCAL CONSPIRANOICO

Pedro Horrach ha desertado de su tarea de fiscal para ejercer obscenamente de abogado defensor de Cristina de Borbón. En el juicio del caso Scala, Horrach acusó al PP balear de atacar sistemáticamente a la Fiscalía con una “teoría de la conspiración”. Lo mismo que él hace ahora con el juez Castro. “Se llama teoría de la conspiración y se repite hasta la saciedad hasta que cala en parte de la opinión pública”, fueron sus palabras. En Mallorca todo el mundo conspira excepto él, un conspiranoico pertinaz que concede entrevistas a Vanity Fair repitiendo hasta la saciedad la inocencia de la Infanta, a ver si cala.

Se trata del mismo fiscal que ante la Audiencia declaró que a decir de sus respuestas, Jaume Matas más que el presidente del Govern, parecía una figura simbólica. El mismo que mostró su indignación no solo “por el saqueo premeditado de fondos públicos, tantas veces impune”, sino también por “ver cómo, sin escrúpulos, no se asumen las consecuencias penales derivadas de sus propios actos”. El mismo que habló de las dificultades para “romper las pantallas” que se convierten en “barreras casi infranqueables”, que los cargos públicos levantan para ocultar sus delitos. El mismo fiscal que afirmaba que “no es posible” que Matas no supiera nada de la contratación irregular de Antonio Alemany. Y que parafraseando al capitán Schettino, afirmó que Matas y Alemany “se cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí”. Él, que acusó al expresidente de “aprovecharse de forma sibilina” de su cargo y que sentenció “¡miente Matas y miente su mujer!”. Y que en alusión al desconocimiento del hotelero Miquel Ramis del trabajo desempeñado por Maite Areal se preguntaba alborotado “¡cómo lo vamos a saber nosotros!” y “¿se pueden creer que Ramis no supiese lo que hacen sus empleados y más siendo la mujer del presidente?”. El mismo fiscal que aseguraba al jurado que “en el mundo de la gente normal esto no sucede” y que “suena a chiste de mal gusto”. El mismo que alardeaba de “pasos cortos, vista larga y bastante mala uva” y de tener, en cuestiones de corrupción, una capacidad de sorpresa “cada vez menor”.

Recordamos sus televisivos alegatos. Si Horrach está determinado a ridiculizarse, arrastrando con él a toda la Fiscalía Anticorrupción, allá él. Pero mejor sería pedir una excedencia e irse a trabajar al bufete Roca Junyent. Y que no difame más a José Castro de forma tan soez.

 

(Publicado en Última Hora)

NEUTRALIZAR AL JUEZ CASTRO

Hace ya muchos meses que Cristina de Borbón, si no fuera la hija del Rey, hubiera comparecido ante el juez José Castro para dar explicaciones de su presunta participación en los hechos protagonizados por su esposo Iñaki Urdangarin a través de la sociedad Aizoon, propiedad de ambos. Su mismísimo secretario y miembro del personal de La Zarzuela, Carlos García Revenga, ya lo hizo como imputado en febrero del año pasado, ya que fue tesorero del Instituto Nóos. Los indicios son abrumadores para cualquiera que quiera verlos y los esfuerzos de la Fiscalía para ahorrarle el trance chocan frontalmente con un mínimo sentido de la Justicia muy difícil de aceptar. ¿Hemos de creer a Horrach cuando afirma, tras reunirse con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio  Salinas, que se está pensando si recurrir o no y que tiene las manos libres para actuar según su propio criterio? Es difícil hacerlo.

Hace falta estar muy convencido de lo que se hace para actuar como lo está haciendo el magistrado Castro. A pesar de sus comentarios a veces fuera de lugar y de su exceso de ironía, está demostrando tener un enorme coraje y un profundo sentido del deber. Los insultos y ataques que los medios conservadores y monárquicos profieren contra él, le enaltecen y retratan a la perfección a aquellos que los emiten, contrarios a que la Infanta sea investigada. La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado están actuando de una forma torticera para proteger a Dña. Cristina y a su través, a la Corona. Están consiguiendo justamente lo contrario.

En la anterior desimputación de la Infanta, la Sección 2ª de la Audiencia se mostró dividida y el magistrado Juan Jiménez emitió un voto particular al discrepar de sus colegas. Jiménez acusó al fiscal de neutralizar la acción investigadora del juez y de pretender “que la convocatoria a declarar ante el Magistrado Instructor contenga la determinación de los hechos que se imputan”, cosa que al final Horrach ha logrado. Además, afirmó refiriéndose a Urdangarin: “No se puede descartar que su esposa tuviera conocimiento de la situación”. Es de suponer que Jiménez mantendrá su criterio favorable al juez Castro y a que Dña. Cristina comparezca ante él como imputada. Lo que finalmente suceda está en manos de Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna, jueces que se mostraron implacables con UM. Habrá que ver si la hija del Rey les amilana.

(Publicado en Última Hora)

GESA: UN MAGNÍFICO MONUMENTO

Un informe pericial solicitado por el TSJB y realizado por la profesora Lilia Maure Rubio, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, dictamina que el edificio Gesa del arquitecto Josep Ferragut es un “magnífico monumento”, un “referente nacional” y un “hito de los años 60-70”. No se queda ahí: defiende que el grado de protección debiera ser aún mayor que la mera declaración de Bien Catalogado hecha en 2007. El juez de lo contencioso-administrativo nº 1 de Palma, Francisco Úbeda, anuló la catalogación del edificio en febrero de 2012, a pesar de reconocer que la tramitación de la catalogación fue absolutamente correcta y sin que se hubiese “aportado prueba alguna que permita determinar que la finalidad de dicha catalogación estuviere dirigida a alcanzar fines distintos de los legalmente previstos en la norma”. El juez asumió las tesis de un informe pericial encargado por José Luis Núñez y consideró que el edificio no merecía la catalogación.

 

La presidenta del Consell, María Salom, se vio en la obligación de recurrir aquella sentencia muy a su pesar. En marzo de 2012 ofreció una rueda de prensa junto a Mateo Isern, alcalde de Palma, y en tono compungido y lacrimoso, anunció: “Como presidenta no me queda más remedio, y en contra de mi voluntad, que tener que recurrir esta sentencia”. Si por ellos fuera el edificio Gesa hubiese sido reducido a escombros al instante. Dado que no hubo ningún funcionario del Consell dispuesto a suscribir tal aberración contra el patrimonio arquitectónico, los políticos del PP aparcaron momentáneamente, con gran tristeza, su promesa electoral de derribar el emblemático inmueble de la fachada marítima.

Isern afirmó entonces que “hacer política en base a vendettas tiene estas consecuencias”, obviando que la sentencia descartó motivaciones espurias. Además olvidó maliciosamente que la protección del edificio Gesa se hizo a instancias del Colegio de Arquitectos, con informes favorables de la UIB, de los técnicos de Patrimonio del Consell, de ARCA y otras muchas entidades. Y aunque el PP votó en contra (es decir, a favor de la destrucción de un “magnífico monumento” para levantar en su lugar 3 bloques de pisos de lujo de hasta 7 alturas), el resto de grupos (PSOE, UM, PSM-EN y EU-Verds) votaron a favor de su conservación. ¿Qué dirán ahora Isern y Salom? ¿Continuarán queriendo derribar el edificio?

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MOTIVOS BASTARDOS

Se queja el presidente Bauzá de la campaña de acoso y derribo por el asunto de su farmacia y su presunta incompatibilidad; que el PSOE persigue acabar con él por la vía del asedio judicial; que pretenden judicializar la vida política para lograr en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Posiblemente tenga razón, pero justamente eso es lo que hizo el PP contra Margarita Nájera en Calvià, de manos de un joven y arrogante abogado, Carlos Delgado, quien gracias a una brutal campaña de desprestigio iniciada en 2002 y que terminó con 12 denuncias archivadas, logró arrebatar a Nájera la alcaldía de Calvià. Delgado deja su cargo de conseller de Turismo y aduce razones personales, pero no es verdad. Su imputación por el caso Radio Calvià es inminente. El también vicepresidente del PP balear  trata de revestir su dimisión de una dignidad más impostada que el peluquín de un calvo porque las sospechas de corrupción en la adjudicación de la emisora municipal que él denomina como “insignificancias” averiguadas por quienes elaboran informes propios de “Torrente”, como él califica despectivamente a los investigadores de la Guardia Civil, le llevarán en breve a declarar como imputado ante la jueza María del Carmen González.

Cuando se tienen recursos para ello –y ni al PP ni al PSOE nunca le faltaron recursos para eso–, la tentación de empantanar al rival político en pleitos interminables que generarán portadas sensacionalistas y titulares envenenados se hace irresistible. Lo ha vivido en sus propias carnes el ex portavoz del GOB, Miquel Àngel March, triturado por un proceso penal impulsado por una denuncia “manifiestamente temeraria” y con “motivaciones espurias”, según sospechas del magistrado Eduardo Calderón, que se ha prolongado 6 años y por los que finalmente ha resultado absuelto. También ha pasado por esto Joaquín Rabasco, quien padeció una campaña mediática repugnante que fructificó en una condena a un año y medio de cárcel por incitar a la violencia de género, por parte del juez Francisco José Pérez Martínez, destituido en abril por “falta de idoneidad para el ejercicio de la función judicial”. La Audiencia de Palma determina que aquella sentencia llegó a conclusiones irracionales con interpretaciones insensatas que se alejaban del contenido del vídeo, transformando los hechos. Los partidos deben dejar de utilizar la Justicia para acabar con el rival político.

 

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CASTRO, ATURA'T!

Para atreverse a atacar al juez Castro, el fiscal Pedro Horrach debe estar muy angustiado. La dureza de sus críticas recuerda otros “avisos” de la Fiscalía a jueces incómodos para el Estado. Y deja entrever que lejos de una divergencia jurídica  estamos ante un pulso en toda regla, ya anticipado en Vanity Fair. Las cosas han llegado muy lejos, le vienen a decir al veterano magistrado. Como en el Parado de Selva: ‘tura’t ben aviat, perquè si no t’atures seràs ‘turat! ¿Seríamos testigos de una confrontación así de no afectar a la hija del Rey? En ningún caso. Como tampoco el fiscal hubiese nunca recurrido una imputación del juez si la encausada no fuera la Infanta Cristina. Que ahora acuse a Castro de dilatar el procedimiento con diligencias que él considera innecesarias, redundantes y contradictorias, es tan grave como sórdido. No descarten que pida que pida el procesamiento del juez por filtraciones a la prensa.

“No se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho”. Tiene razón el fiscal, pero omite que él mismo ha solicitado la imputación de decenas de personas con  menos indicios delictivos. Los ha interrogado con toda dureza para aclarar su implicación y no le ha preocupado el perjuicio que ello les pudiera acarrear porque forma parte de la acción de la Justicia. No estamos aún ante un juicio, sino ante una ciudadana que debe dar explicaciones de hechos delictivos protagonizados por su marido y de los que ella, cuanto menos, se ha beneficiado directamente, cosa que ya nadie duda. Horrach protege a la Infanta por ser lo que es, al margen de lo que haya hecho. Su nula voluntad de investigarla aflora en el reproche a Castro por haberlo hecho “provocando una dilación no conveniente”. No hay que restar importancia al “tipo, cuantía y color de los globos” de las fiestas del matrimonio ducal, porque bien que interesó el de las famosas escobillas de váter de Sant Feliu.

Tras 6 meses de minuciosa investigación del presunto soborno de Can Domenge, solo ha aparecido dinero no declarado en Andorra. ¿De quién? De Bartomeu Vicens. En el juicio nada dijo entonces del dinero en Andorra, sino que solo devolvió 160.000 € y aseguró no tener más. Mintió. Los fiscales no registraron su domicilio y solo fueron a casa de Munar y Nadal, donde nada hallaron. Igual si hubiesen ido a casa del “arrepentido” habrían tenido más suerte.

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HUMILLAR A MATAS

Si no hay circunstancias extraordinarias de reincidencia y peligrosidad, cuando alguien es condenado a una pena no superior a 2 años de cárcel y no tiene antecedentes penales, lo normal es que no sea encarcelado. Así lo recomienda la penología y la ciencia penitenciaria al atender los efectos perniciosos de la cárcel en delincuentes primarios, en aras de la reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad que  establece la Constitución. Así lo ha hecho casi siempre la Audiencia Provincial hasta que llegó el caso de Jaume Matas. Aunque no existe ningún riesgo de reincidencia, los jueces quieren darle un escarmiento, con extrema dureza, para que sirva de aviso a navegantes, lo que lleva implícito un agravio comparativo y un disfavor y por tanto una injusticia. Los magistrados y los fiscales quieren expiar sus propias culpas por su actuación hace años en Mapau y Bitel. El fiscal jefe Antonio de Vicente Tutor, fallecido recientemente, intentó sin éxito que aquello no quedara impune, lo que a la postre le costó el cargo entre cuchilladas de sus propios compañeros. Ahora parece que hay quien se lame las heridas y quiere cerrar un ciclo.

¿Por qué Antonia Martorell –por poner un ejemplo– condenada a 2 años por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, elude la cárcel si paga 7.200 € y Matas no puede eludir 9 meses pagando 10.840 €? En el primer caso, la esposa de Vicens elaboraba facturas falsas para ocultar los cobros ilegales a través de Metalumba hasta un total de 517.000 €. Por el contrario, en el caso de Matas el delito es de tráfico de influencias por haber beneficiado a Antonio Alemany con 140.000 €. ¿Dónde está la proporcionalidad?

Matas lo tiene todo en su contra y solo puede hacer dos cosas: claudicar e ir a prisión o esperar el indulto del Consejo de Ministros, que contará con los informes desfavorables de la Fiscalía y del tribunal. Si va a la cárcel, el primer trimestre estará en régimen cerrado, el segundo posiblemente se le conceda el tercer grado y los últimos 3 meses estará en libertad condicional. En nada se favorece la reinserción social del reo pero da igual porque lo que se persigue es humillar a Matas. Quizás le convenga al ex president que no le den el indulto porque las juezas que tan mal han encajado la sentencia del Supremo al enmendar su sentencia, se cobrarán venganza en los demás casos que están por juzgar.

 

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ENCHUFISMO

Copyright: Esteban Mercer.

Cuando el director de la Agencia Tributaria afirma que él no permitiría que hubiese injerencias políticas en su departamento –aunque es por eso que ha dimitido el director de Inspección–, suena casi tan falso como cuando el fiscal Pedro Horrach sostiene que él no está “para tapar a nadie ni para ocultar nada”. El entrevistado estrella de este mes en Vanity Fair –algo inaudito– se reivindica con una encendida apología de la Infanta Cristina de Borbón y nos fuerza a elegir entre creerle a él o creer al juez Castro. Naturalmente hay que confiar en Castro porque de momento no da entrevistas para justificarse ni para presionar a nadie y mucho menos para alimentar su vanidad.

 

Horrach dice que necesita algo a lo que agarrarse para imputar a la Infanta, aunque jamás ha necesitado tantos asideros para los centenares de mallorquines a los que ha imputado. El juez Castro se los proporciona en abundancia, pero ni él ni el Fiscal General del Estado los ven porque no quieren. Por el contrario se ha mostrado inflexible con Jaume Matas porque un hotelero –casualmente el principal competidor en la bahía de Alcudia de la compañía hotelera de la familia Horrach–  contrató a su mujer a requerimiento del ex president. Se ha montado un circo peripatético con dos fiscales, ¡dos!, acusando a Matas de recibir un soborno, con decenas de testigos y un jurado para que finalmente Matas sea condenado a pagar  9.000 € de multa, que es bastante menos de lo que ha costado el juicio. Contrasta el hecho que Maite Areal fuese nombrada asesora en la Comunidad de Madrid durante 5 años cobrando un suculento sueldo público, solo por ser la esposa del ministro de Medio Ambiente y sin embargo eso no constituya ninguna ilegalidad. Así está la Justicia. Los fiscales tras conocerse el veredicto se mostraron exultantes en público y se propinaron buenos abrazos en plena calle, como si Matas fuese el único que pidió trabajo para su mujer prevaliéndose de su cargo. Habrá que esperar a que José Mª Rodríguez algún día esté en disposición de hablar.

 

Para no perder la costumbre esta semana la Audiencia Provincial ha absuelto a otros 9 narcotraficantes de Ibiza al anular unas escuchas telefónicas. Suman 96 absoluciones en lo que va de año. ¿Ningún responsable policial va a ser cesado por esto? La Delegada del Gobierno, Teresa Palmer, debe abandonar su puesto si nadie asume su responsabilidad por este desastre continuado.

 

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FISCALES CONTRA EL RUIDO

En Girona la Fiscalía pedía 7 años de cárcel para una pianista por contaminación acústica y lesiones psíquicas a una vecina. Luego lo rebajó a 20 meses y lo mismo a los padres de la pianista por cooperadores necesarios. Afortunadamente fueron absueltos.  En Palma el intendente Antonio Vera acusa al fiscal Subirán de actuar contra él porque no se tramitó con la celeridad que le hubiese gustado una denuncia suya por ruidos.  Estos casos demuestran que a la Fiscalía no le gusta el ruido, ni el físico ni el mediático. Siendo Palma una ciudad estridente como pocas y la apatía que en esta materia atenaza a la Policía Local, se entiende el berrinche de Subirán. ¿Quién podría reprochárselo?

El policía Santiago Adrover ha reconocido ante la jueza el amaño del concurso de ascenso a oficial de la Policía Local de Palma y ha confesado que le facilitó las preguntas otro imputado. Además admitió ser militante del PP y acusó al intendente Vera de colocar a agentes afines al partido para puestos clave. Vera dice que él no ha sido y que amaños los ha habido siempre. Es un asunto feo pero que nadie lo saque de quicio porque eso de colocar amigos no es exclusivo de nadie y está bastante generalizado. Seamos honestos. ¿Alguien puede creerse que solo UM enchufaba a afiliados en el Imfof o en Emaya? ¿No lo hacen el resto de partidos? Lo que pasa es que nunca se ha investigado a los demás.

Hasta la Guardia Civil “amaña” ascensos, aunque lo hace con una técnica más perfeccionada y sutil. No se llega a la cutrez de filtrar las preguntas del examen desde el propio ordenador oficial, como parece haber sucedido en la Policía Local de Palma. En la Benemérita, como en la Policía Nacional, cada año se condecora a varios agentes. Las condecoraciones se imponen exclusivamente a propuesta del mando, bajo criterios subjetivos y solo a los agentes más afectos al régimen. Cada medalla tiene asignada una determinada puntuación, lo que hace que aquellos que las tienen estén muchísimo mejor situados para ascender que aquellos que no han recibido ninguna jamás, por muy buenos servicios que hayan protagonizado. El perfil de los condecorados –siempre hay excepciones– es muy claro y nada tiene que ver con su profesionalidad, sino con su docilidad y mansedumbre. Lo mismo que las medallas que Policía y Guardia Civil otorgan a algunos jueces y fiscales, que premian no ya la docilidad, sino la sumisión ovina.

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